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Crecimiento alarmante del 56% en ideación suicida entre jóvenes en 2025: una emergencia de salud mental en Venezuela

Crecimiento alarmante del 56% en ideación suicida entre jóvenes en 2025: una emergencia de salud mental en Venezuela

Los registros de Cecodap revelan un repunte de la ideación suicida en niños, niñas y adolescentes: los casos vinculados a alteraciones en el estado de ánimo aumentaron de 173 durante el primer semestre de 2024 a 271 en el mismo período de 2025, una realidad que golpea principalmente a las adolescentes mujeres y a jóvenes de la comunidad Lgbti.

¿Cuánto peso puede soportar la mente de un adolescente antes de quebrarse? Si atraviesan sin el debido acompañamiento dinámicas como la violencia doméstica, las rupturas afectivas o el acoso en entornos físicos y digitales, pueden llegar al límite. Ante este malestar emocional que muchas veces no encuentran cómo verbalisar, surge la ideación suicida, un fenómeno que está cada vez más presente entre las infancias venezolanas.

Durante el año 2024, el Servicio de Atención Psicológica (SAP) de Cecodap, organización defensora de los derechos de los niños, identificó 460 casos de jóvenes que presentaban ideación suicida. De acuerdo con Walter García, psicólogo miembro del SAP, se presentó en 35% de los casos que fueron atendidos por alteraciones en el estado de ánimo, aunque también estaba presente en casos asociados a violencia, conflictos familiares y otras situaciones de vulneración que influyen en la aparición de conductas de riesgo.

Para precisar la gravedad de la situación, la organización clasificó estos casos según su nivel de severidad. Del total de consultas del servicio, un 22,61% se ubicó en riesgo moderado —caracterizado por ideas no estructuradas, gestos suicidas, fantasías de muerte o autolesiones acompañadas de alteraciones en el estado de ánimo—, mientras que un 3,26% correspondió a riesgo severo, con presencia simultánea de ideación suicida estructurada, autolesiones, intentos previos y alteraciones significativas del estado de ánimo.

Los datos del primer semestre de 2025 muestran una tendencia que genera preocupación, de acuerdo con el experto. Los casos de ideación suicida asociados a alteraciones en el estado de ánimo aumentaron de 173 durante el primer semestre de 2024 a 271 en el mismo período de 2025. Un incremento del 56,67%.

A pesar de la crudeza de este panorama, ninguno de los casos vinculados a ideación suicida atendidos por Cecodap durante 2024 tuvo un desenlace fatal. «Este hallazgo demuestra que cuando los niños, niñas y adolescentes tienen acceso oportuno a servicios psicosociales de calidad, acompañamiento familiar y redes de protección adecuadas, es posible reducir significativamente el riesgo de muerte asociado al suicidio», menciona.

Las caras de la vulnerabilidad

Al poner la lupa sobre las estadísticas, estas muestran que la crisis está atravesada por el género. Las adolescentes mujeres de entre 12 y 17 años representaron el 46% de los casos de ideación suicida y el 56,96% de los registros de autolesiones, las cuales estuvieron asociadas principalmente a alteraciones del estado de ánimo y situaciones de violencia. Las mediciones del primer semestre de 2025 mostraron una tendencia similar, con 44,86% de los casos siendo mujeres jóvenes.

Sin embargo, uno de los hallazgos más preocupantes es el crecimiento sostenido entre los varones. Desde 2021 la proporción de casos de ideación suicida en esta población pasó de 13,51% a 18,24%. Asimismo, la ONG señala con preocupación que pasaron de 17 casos en el primer semestre de 2024 a 41 durante el mismo periodo de 2025.

Adolescentes de la comunidad Lgbti también son vulnerables. Casi la mitad de los jóvenes sexodiversos que fueron atendidos en 2024 por el SAP de Cecodap presentaban ideación suicida, una cifra que duplica la media de la población adolescente general. El panorama se agravó en los primeros meses de 2025, donde ocho de cada diez adolescentes Lgbti manifestaron estas ideas.

Según García, la discriminación estructural, la exclusión social y las diversas formas de violencia que enfrentan en su cotidianidad constituyen factores de riesgo severos, los cuales se ven agravados por el temor generalizado a sufrir estigmatización o revictimización al momento de buscar apoyo especializado.

Una red de contención frente al riesgo

Proteger a los niños, niñas y adolescentes es una responsabilidad que comparten la familia, la comunidad educativa y también el Estado.

En el entorno escolar, cuando se presenta un caso de ideación suicida, debe brindarse seguridad física y emocional inmediata al adolescente. García detalla que lo primero será asegurarse de que no esté en riesgo su salud y, luego, buscar un espacio tranquilo para conversar, donde se pueda sentir escuchado sin juicios de valor ni amenazas. Este abordaje inicial debe manejarse con absoluta privacidad para no exponer al joven ante sus compañeros de aula ni otro personal del colegio.

Además, el psicólogo recalca que el proceso debe tomar en cuenta la opinión y la voluntad del niño o adolescente, haciéndolo parte activa al consultarle en qué miembros de la institución o referentes familiares confía plenamente, para involucrarlos en su protección. A partir de allí, el colegio tiene el deber de orientar a los familiares hacia servicios especializados.

Sin embargo, cuando estas vías internas fallan, la escuela puede apoyarse en los Consejos de Protección, los órganos administrativos que, según lo establecido en el artículo 158 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopnna), en cada municipio y por mandato de la sociedad, se encargan de asegurar la protección, en caso de amenaza o violación de los derechos y garantías de las infancias.

Gloriana Faría, coordinadora del Servicio de Atención Jurídica de Cecodap, explica que los consejeros de protección tienen una batería de medidas de protección. «Está la orden de tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico, según la gravedad del asunto. También debería mantenerse la escolaridad con unos ajustes razonables, si es necesario hacer el cambio de sección de plantel para asegurar el bienestar del chico. Si la situación ocurre desde casa, el consejero de protección podría evaluar, dictar una medida de abrigo, que es una medida temporal con otro cuidador para protegerlo del núcleo de la violencia», detalla.

Si otro adolescente es el agresor, la abogada señala que debería ordenarse el tratamiento psicológico especializado, la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima, la separación de aulas o la supervisión estricta de algunos adultos responsables.

El Código Penal vigente establece que quien induzca a algún individuo a que se suicide o, con tal fin, lo haya ayudado, será castigado, si el suicidio se consuma, con pena de siete a 10 años. En estos casos, si el hecho se materializa, podría configurarse un delito sancionable bajo figuras como la instigación al suicidio, el homicidio doloso o culposo, o las lesiones graves.

«Según lo que establece la Lopnna, tendría que evaluarse esa conducta y sería responsable el o la adolescente a partir de los 14 años de edad. Ahí tiene que evaluarse las pruebas, las llamadas, los mensajes, por qué se configura esa instigación al suicidio, esa violencia psicológica que puede dar lugar a esa responsabilidad penal adolescente», señala la abogada Faría.

La ley también alcanza a los representantes. La experta legal recuerda que tienen la obligación jurídica de orientar, supervisar y corregir a los hijos. Por lo tanto, los consejeros de protección pueden hacer que los padres del agresor asuman esa responsabilidad de crianza, mientras que con los padres de la víctima pueden dictar medidas para que cumplan tanto con su rol de protección y supervisión.

La deuda del Estado

Las carencias típicas del contexto venezolano entorpecen las acciones de contención y apoyo. Desde el área jurídica de Cecodap se enfatiza que, como parte del plan de la infancia a nivel nacional, el Estado tiene la obligación de crear programas de protección, entre los cuales debe haber unos destinados a la atención de la salud mental. La realidad muestra otra cosa.

«Las escuelas deberían contar con al menos un profesional de la psicología de atención primaria en salud mental. En la práctica ocurre que solo existen a veces orientadores en esos equipos psicosociales muy reducidos. ¿Qué se recomienda? Acudir a otras organizaciones o entes del Estado que tengan programas de manejo de emociones, de prevención de la violencia, de consumo de sustancias y la revisión de las iniciativas existentes. Que las escuelas tengan en ese referente un mapa donde esté allí quiénes prestan estos servicios», señala Faría.

La abogada considera que, en vista de que no hay protocolos nacionales de prevención del suicidio y autolesiones en el ámbito escolar, desde el Estado sería obligatorio que existiera un diagnóstico del tema de la salud mental en niños, niñas y adolescentes y, a partir de ahí, determinar cuáles son las necesidades existentes para planificar las políticas públicas donde intervengan diversos actores, como las familias, los docentes e incluso los mismos jóvenes.

A su juicio, si se atiende el suicidio de forma aislada sin atajar otros tipos de violencia como la familiar, de género y de acoso escolar, entonces los esfuerzos quedan a medias. «Es como una espiral», advierte.

El psicólogo García coincide en este punto. Ante el déficit de servicios públicos, Cecodap ofrece primeros auxilios psicológicos, enlace con redes de apoyo y la opción de ingresar a psicoterapia o referir a una institución cercana. Asimismo, promueve grupos de acompañamiento conformados por jóvenes, donde usan el juego, los dibujos y la escritura para enseñarle a las infancias a manejar sus emociones y expresarlas y, de este modo, generar entre ellos una red de apoyo significativa.

Pero el experto también señala que para que el servicio pueda dar respuesta a esta problemática, es necesario que se refuercen los servicios ya establecidos para la niñez y adolescencia en hospitales u otras instituciones accesibles.

«En un contexto marcado por dificultades económicas, limitaciones en los servicios básicos y una prolongada emergencia humanitaria, no adoptar medidas específicas para proteger a las poblaciones más vulnerables constituye una forma de vulneración de derechos que puede tener consecuencias graves sobre su bienestar y desarrollo», puntualiza.

Además del servicio de atención psicológica —disponible a través del WhatsApp +58 414-2696823 y + 58 424-2842359, o mediante el correo [email protected]—, Cecodap cuenta con un directorio de centros de salud mental para niños, niñas y adolescentes en Caracas y La Guaira.

De igual modo, la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) desarrolló «Psicomapa», un registro digital del país donde se pueden ubicar, estado por estado, 102 organizaciones y centros de atención psicológica que atienden de forma gratuita o a bajo costo (menos de 30 dólares).

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