Refugiados Venezolanos: Resistencia a la Falsa Normalización y Retos Humanitarios

En Venezuela cambió el poder pero no las necesidades de la población. Mientras los países receptores cierran sus puertas en medio del crecimiento de una falsa premisa de normalización, el sistema internacional se queda sin recursos: el Plan de Respuesta para refugiados de Venezuela apenas ha recaudado 10,2% de sus fondos

Autoras: María de los Ángeles Graterol | Luna Perdomo

La detención de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero abrió un supuesto “nuevo momento político” para Venezuela, pero no borró las razones del éxodo. La figura del refugiado venezolano sigue tan vigente como antes. Aunque los matices de la crisis cambiaron respecto a los años en que miles cruzaban a pie y a diario las fronteras de la región, las causas estructurales del desplazamiento de más de ocho millones de personas permanecen intactas; no es casualidad que todavía al menos 40% de los jóvenes en el país contemple la idea de irse. 

Porque la realidad es que «cambió quien está encargado del gobierno (…) un poco el contexto político, sin decir que realmente ha cambiado la situación en Venezuela”, explica la vicepresidenta para el Programa de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Maureen Meyer. Y es que en el país todavía existen más de 400 presos políticos, “se continúan registrando violaciones graves de derechos humanos» y aún no existe una fecha para nuevas elecciones presidenciales «que pueda llevar a una transición democrática». 

El contraste es evidente: los inversores extranjeros están retornando, la producción petrolera sube mes a mes y hay un alivio de las sanciones económicas, pero ese flujo no ha permeado en las finanzas del hogar promedio venezolano, que se sigue enfrentando a la inseguridad alimentaria severa o moderada, que implica reducciones en la cantidad de alimentos que comen o quedarse sin comida. 

Esta radiografía, así como la apreciación de la representante de WOLA, coincide con una encuesta del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), publicada en abril de este año, que señala que 35% de los venezolanos consultados indicó una posible intención de regresar a su país y que 9% podría considerarlo para dentro de un año.

«Casi dos tercios de las personas encuestadas no tienen actualmente intención de regresar. El deseo de volver a conectar con familiares en Venezuela está condicionado por factores socioeconómicos y políticos, entre ellos, la recuperación del mercado laboral en el país, condiciones de seguridad y la disponibilidad de servicios básicos fiables», expone el informe de Acnur.

La cifras que exponen las vulnerabilidades, sin embargo, no parecen estar moviendo la percepción de una comunidad internacional que pareciera voltea la mirada ante las urgencias de los venezolanos. Y justamente esa mirada contraria que apunta hacia una supuesta mejora en Venezuela preocupa a las organizaciones. ¿La razón?  Es un elemento adicional sumado a la reducción de 30% en la financiación de los donantes en 2025, arrastrada por los recortes de los proyectos financiados por Estados Unidos a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés).

Los efectos de este recorte financiero ya eran visibles desde mayo del año pasado, cuando la Organización Internacional para las Migraciones informó del despido de 6.000 de sus empleados en Ginebra y la paralización de proyectos; una tijera que terminó golpeando también a cientos de organizaciones de apoyo al migrante en toda la región. 

«Nos preocupa la respuesta internacional que ellos vean eso y digan: ‘Ah, bueno, no hay que proveer más financiamiento o más apoyo porque las cosas han cambiado en Venezuela’”, cuenta  Rachel Smichkte, defensora principal para América Latina de la organización humanitaria Refugiados Internacionales. 

La especialista advierte también que «en muchos países se redujo mucho la asistencia humanitaria» y los mecanismos de regularización que beneficiaron a las primeras olas migratorias se han reducido o cerrado. Pone a Colombia como el ejemplo más claro: El Estatus Temporal de Protección (ETP), que abría las puertas a la salud, educación y empleo formal por 10 años, ya no admite nuevos aplicantes. Eso, asegura, “está perjudicando a gente que quizás están saliendo ahorita de Venezuela».

Este desamparo institucional no solo coincide con un panorama financiero incierto que  la propia Organización Internacional para las Migraciones (OIM) sino que también encuentra su explicación, de alguna forma, en el boletín «Programa y presupuesto 2026» de este mismo organismo.

Tras alcanzar en 2024 el techo de recaudación más alto de su historia, unos 3.700 millones de dólares, por la «reducción sin precedentes» de sus fondos de 2025, la OIM se enfrentó a un déficit de más de $1.000 millones respecto al presupuesto original que necesitaba, tasado en $4.000 millones. En el documento también se reconoce que ese «abrupto giro» del año pasado forzó una “resignación” presupuestaria para 2026: la proyección de ingresos globales cayó apenas a unos 2.600 millones de dólares. 

El impacto de este recorte incluso se ve claro en los números de la propia crisis venezolana. El reporte de la Plataforma R4V al 30 de abril de 2026 muestra que el Plan Regional de Respuesta apenas ha recaudado 142,09 millones de dólares; es decir, 10,2% de los 1.400 millones que se necesitan para atender a esta población. 

En el fondo, la narrativa regional que empuja a redefinir a los refugiados como simples migrantes no es solo un giro político sino también el reflejo de un sistema internacional que se está quedando sin recursos para protegerlos. 

¿Existen los refugiados venezolanos?

Los refugiados son “las personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada (…) o por la violación masiva de los derechos humanos”. La declaración de Cartagena, un instrumento jurídico que amplió el derecho de asilo y reafirmó el principio de no devolución, así lo estableció hace más de 30 años. 

Hoy apenas 395.474 venezolanos son plenamente reconocidos bajo la figura de refugiado y al menos 1.363.522 tienen solicitudes abiertas para que se les otorgue ese beneficio migratorio. 

Las nuevas narrativas de la normalización en la era post Maduro, sin embargo, han sembrado la duda respecto a si esta población, bajo el contexto actual, merece esa calificación o si, incluso, los que aún siguen cruzando hacia otras fronteras, porque sí, Venezuela no ha dejado de ser un país generador de refugiados, necesitan esa protección internacional. 

Un territorio donde 68,5% de los hogares son pobres y tres de cada 10 personas vive en pobreza extrema no califica como un lugar seguro para que un refugiado vuelva, afirma Smichkte, también excoordinadora adjunta de protección de la Cruz Roja Internacional. 

El problema, que no comenzó desde el 3 de enero sino que se ha arrastrado por años, es que “la mayoría de venezolanos en la región por definición son refugiados pero no han accedido a ese estatus porque hay muchos mecanismos de protección temporal distintos. Entonces, aunque sí calificarían, los Estados no están implementando esa definición de Cartagena prima facie (a primera vista)”. 

El propio Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) admite que 69% de todos los refugiados del mundo, 73,5 millones de personas, provienen de sólo cinco países, Venezuela, por supuesto, es uno de esos y es el único de las Américas. Y acá se entra en un punto mucho más complejo. 

Maureen Meyer en un foro académico sobre movilidad humana. Foto: Shrenka Gutiérrez, EFE.

Para Meyer, la experta en temas migratorios de WOLA, sí es verdad que “hay una parte de la población que ha salido por razones de persecución”, pero además de estos refugiados amparados en las definiciones tradicionales, están quienes migraron por razones humanitarias relacionadas con la crisis económica y el deterioro de los servicios básicos; estos “siguen necesitando protección, aunque no en todos los países puedan calificar bajo la definición de refugiado”.

Es aquí donde cobra relevancia la distinción entre el migrante común y quien requiere refugio humanitario, que se vincula más hacia la figura de un permiso temporal para proteger a personas afectadas por crisis estructurales graves o situaciones de vulnerabilidad extrema. A diferencia del refugio convencional, este mecanismo reconoce que la urgencia de resguardar la vida y la dignidad va por encima de lo estricto de tener que demostrar una persecución política. Pese a este matiz, la persistencia de las causas de salida borra cualquier intento de normalización discursiva. 

Por eso, tal y como afirma Meyer, siempre que exista un grupo de personas que abandona Venezuela por motivos que encajen dentro de las definiciones internacionales de refugio, existirán.

Todo depende del país receptor

La forma en que los venezolanos pueden acceder a protección internacional está fragmentada y depende en gran medida del país receptor. Mientras que en México se aplican definiciones más amplias inspiradas en la Declaración de Cartagena para reconocer a quienes huyen de violaciones de derechos humanos, por ejemplo,  la realidad es que en el resto del continente es mucho más restrictiva.

En Estados Unidos l endurecimiento institucional bloquea las vías de regularización y los criterios están más centrados en la persecución por razones políticas, religiosas o de pertenencia a determinados grupos sociales.

«En EEUU realmente no están procesando casi ningún asilo; de hecho, están activamente tratando de cancelar las solicitudes y deportar a las personas», recuerda Meyer, quien además señala que a los venezolanos en ese país se les ha eliminado los distintos mecanismos de protección como el Estatuto de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés) o el parole humanitario.

Esta política de asfixia legal responde a una línea ideológica antes que a la realidad en el terreno. Al respecto, Rachel Schmidtke advierte que la administración de Donald Trump «no está basando la denegación del asilo ni la denegación de protecciones humanitarias en lo que está pasando realmente en los países de origen».

La especialista de Refugiados Internacionales afirma que la política de la Casa Blanca se ha desentendido de las evaluaciones técnicas de país: «Están diciendo que la inmigración en Estados Unidos es algo malo y si pueden quitar esa protección, lo van a hacer. En condiciones normales sí se evaluaría qué está pasando en Venezuela para determinar si se acepta o no el asilo, pero ahorita no creo que sea un factor importante para la administración».

Y en el sur de la región el escenario no es tampoco nada alentador. En Chile y Ecuador los discursos oficiales se concentran en limitar la permanencia de migrantes y promover el retorno a sus lugares de origen. Meyer lo ejemplica con el del presidente chileno José Antonio Kast, quien está fomentando el regreso de venezolanos bajo la premisa de que la situación en Venezuela ha mejorado y como respuesta a dinámicas políticas internas.

Ante el cierre progresivo de fronteras y la reducción de vías legales, las académicas sostienen que la discusión regional debe dar un giro urgente. Más allá de las fronteras físicas, América Latina enfrenta hoy el desafío de integrar a una población que ya está establecida, por lo que las políticas de los Estados de acogida deberían centrarse en la regularización a largo plazo de quienes ya residen en sus territorios.

Pero muy pese a las presiones políticas y las narrativas de normalización discursiva que empujan al retorno masivo, las condiciones reales muestran otra realidad. Como concluye la vicepresidenta de WOLA, Maureen Meyer,  es muy prematuro concluir que en Venezuela hay condiciones adecuadas para que los venezolanos regresen masivamente: «Yo creo que justamente la situación venezolana en lo general no ha cambiado lo suficiente para poder decir: ‘Ya todos pueden y deben regresar a su país’».

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Post Views: 30