Muertos y Mentiras: El Oscuro Legado de la Violencia en Venezuela y su Contabilidad Desaparecida

Durante la gran peste de Londres de 1665, la última epidemia de peste bubónica que arrasó la ciudad y que en año y medio mató a unas cien mil personas (casi la cuarta parte de sus habitantes), la causa de cada muerte la establecían unas mujeres pobres, contratadas por la parroquia, que iban de casa en casa a mirar los cadáveres y decidir de qué habían muerto.

Se las llamaba las buscadoras. Daniel Defoe, que reconstruyó aquel año en Diario del año de la peste (1722), escribió que el fraude estaba en los oficiales de la parroquia y en las buscadoras, porque las familias les pagaban para que anotaran otra cosa, una fiebre, una calentura, cualquier cosa menos peste, y no les clausuraran la casa.

En Londres mentían los deudos, para esconder a su muerto. Aquí miente el que lleva la cuenta. De 2016 se cumplen ahora diez años, y de ese año hay que recordar dos cosas, una cifra escalofriante y una reja despreciable.

El Observatorio Venezolano de Violencia cerró 2016 con 28.479 muertes violentas y una tasa de 91,8 por cada cien mil habitantes, la segunda del mundo, detrás de El Salvador. El desglose es fundamental porque 18.230 fueron homicidios; 4.968 quedaron en averiguación (que es la casilla adonde va lo que nadie investigó); y 5.281 se anotaron como “resistencia a la autoridad”, fórmula administrativa que quiere decir que el muerto es obra del Estado.

Las zonas de paz

Esa cifra, casi 30 mil muertes violentas en un año, no salió de la nada. Su antecedente tiene fecha. En 2013, dentro del Plan Patria Segura, el viceministro de Seguridad Ciudadana, José Vicente Rangel Ávalos, puso en marcha las llamadas zonas de paz. Consistieron en retirar alcabalas y patrullajes de territorios determinados a cambio de que las bandas entregaran las armas. Rangel Ávalos declaró haberse reunido ¡con 280 grupos criminales! Nada de aquello quedó por escrito, lo que en su momento pareció una astucia y con los años resultó una confesión. Las bandas se quedaron con el territorio y con las armas. De ahí salieron las megabandas y salió el Coqui en la Cota 905. Las muertes violentas pasaron de 24.763 en 2013 a 28.479 en 2016.

Y entonces, a partir de 2017 el macabro monto empezó a bajar, con una explicación que no consuela a nadie. El país se vació. Ocho millones setecientas mil personas salieron de Venezuela, según las cifras de Naciones Unidas actualizadas en enero de 2026. Los primeros en irse fueron los hombres jóvenes, que son los que matan y los que mueren.

La economía se desplomó hasta un punto en que quedó poco que robar. Y la violencia se concentró, lo que el propio Observatorio explicó al cerrar 2023 como la disminución de la delincuencia calificada de desorganizada y la monopolización de la violencia por parte de las organizaciones criminales poderosas. Donde un solo traqueto manda en una zona entera y hace falta matar menos para cobrar lo mismo.

La parte que le tocaba al Estado, mientras tanto, siguió creciendo y cambió de nombre. El informe de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentado en julio de 2019, recogió5.287 muertes por resistencia a la autoridad ocurridas en 2018 (seis más que en 2016), y otras 1.569 entre el primero de enero y el 19 de mayo de 2019. Todas, según, cifras del propio gobierno.La proporción de presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad, y en particular por las FAES, le pareció a la Oficina sorprendentemente elevada.

Pagan con plomo y se dan el vuelto con silencio

El 30 de diciembre de 2023, el entonces ministro de Interior, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, anunció una tasa de homicidios de 5,2 por cada cien mil habitantes y declaró que el país era uno de los más seguros del mundo. Ese año el Observatorio contó 6.973 muertes violentas y una tasa de 26,8, de las cuales 953 correspondieron a intervenciones policiales y 4.064, el 58,3 % del total, quedaron en averiguación.

En septiembre de 2026, el director del Cicpc, Douglas Rico, informó 643 asesinatos en lo que iba del año, y una tasa de 1,85 por cada cien mil habitantes. No dijo dónde, ni cómo, ni quiénes. La metodología oficial deja fuera las llamadas intervenciones legales y anota como un solo caso lo que a veces son varios muertos en un mismo hecho.

Y no hay quien lo desmienta. Cómo, si el que mata es el mismo que lleva la cuenta. InSight Crime dejó a Venezuela en blanco en su balance anual de homicidios de América Latina, publicado el 11 de marzo de 2026. El país no tiene datos oficiales disponibles, no respondió a la solicitud de estadísticas y el Observatorio Venezolano de Violencia, de donde tomaba las cifras en años anteriores, dejó de publicar informes anuales. Las declaraciones oficiales sobre homicidios, anotó, no pudieron confirmarse.

La morgue de Bello Monte

Durante años la cifra verdadera se levantó en la morgue de Bello Monte, adonde los reporteros de sucesos iban a contar las camillas que entraban el fin de semana. De esa aritmética de pasillo salía el número con el que se desmentía al ministro de turno. La puerta se fue cerrando por etapas y cada etapa tiene fecha.

En diciembre de 2003, después de que la prensa publicara que en un solo fin de semana habían ingresado 89 cadáveres, cesaron las estadísticas oficiales. En 2010, cuando El Nacional sacó en primera página los cuerpos apilados en las camillas, sustituyeron la baranda abierta por un portón con candado. A finales de julio de 2016, el mismo año de las 28.479 muertes, pusieron rejas metálicas alrededor del estacionamiento de las camionetas forenses y del pedazo de acera donde los familiares daban declaraciones. La reja cumplió diez años en julio. La cifra los cumple en diciembre.

En septiembre de 2016, mientras en Venezuela se multiplicaban las muertes violentas, unos arqueólogos que excavaban el trazado de una línea de ferrocarril bajo el centro de Londres abrieron una fosa común del siglo XVII. Sacaron los dientes de aquellos muertos y les hicieron una prueba de ADN. Dio positivo a yersinia pestis, la bacteria que viaja en las pulgas de las ratas. 351 años después quedó probado en un laboratorio lo que la ciudad había supuesto siempre. Londres pudo escribir por fin en el acta de qué se había muerto su gente.

Nosotros seguimos sin acta. Pero lo que sí está claro es que los perpetradores siguen en el poder.