Lluvias Extremas en Venezuela: Desafíos, Riesgos y la Necesidad de Infraestructura Resiliente

Las inundaciones en Venezuela no son un problema nuevo, pero los registros disponibles, recopilados por la Universidad de California, muestran por qué es necesario tomarlas en serio. Entre 1980 y 2000 se reportaron siete eventos de inundación en el país; entre 2001 y 2020 fueron 13, casi el doble. Solo en 2018, las inundaciones afectaron a 10.700 personas. Las cifras no explican por sí solas cuánto de ese impactopuede atribuirse al cambio climático, mas sí reflejan una amenaza que ha obligado a miles de personas a abandonar sus hogares.

Hoy la pregunta es qué tan preparada está Venezuela para enfrentar nuevos fenómenos climáticos. En 2025, la entonces ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, informó que las lluvias habían estado 300% por encima de lo esperado y afaectaron a más de 7.000 familias. La funcionaria lo planteó como “consecuencia de lo que se denomina crisis climática”. Ahora, el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) advierte sobre la posibilidad de precipitaciones extremas en el occidente del país a partir de diciembre.

“El cambio climático ha incrementado la probabilidad de que se produzcan precipitaciones extremas y, como consecuencia, la frecuencia y magnitud de las inundaciones fluviales”, dice la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, la cantidad de agua que cae, o no, no determina por sí sola el daño, pues también importa dónde cae, cómo circula por el territorio, si los drenajes tienen capacidad suficiente y qué tan expuestas están las comunidades.

En Caracas, al menos durante 2026, los registros no apuntan a un año particularmente lluvioso. Valdemar Andrade, ingeniero hidrometeorólogo del Departamento de Ingeniería Hidrometeorológica de la Universidad Central de Venezuela (UCV), explica que las precipitaciones acumuladas han estado por debajo del promedio durante buena parte del año. Septiembre fue especialmente seco, pues cayeron alrededor de 35 milímetros, frente a los 116 milímetros que suelen registrarse en ese mes.

«El resto de los meses prácticamente ha estado por debajo del promedio», señala Andrade. La excepción fue enero, cuando se registraron 55,3 milímetros de lluvia, cuando el promedio mensual es de 20,2. En agosto las precipitaciones estuvieron cerca de la media y, según el especialista, lo que ha transcurrido de octubre también se ha comportado de manera similar al promedio.

Pero la diferencia importa para entender el riesgo de inundaciones. Si las lluvias han sido inferiores a lo habitual, no se puede describir 2026 como un año de precipitaciones excepcionalmente altas en Caracas, pero eso tampoco significa que la ciudad esté preparada para responder cuando ocurre un episodio intenso de lluvia.

Andrade explica que buena parte de los drenajes de Caracas fueron diseñados hace unos 50 años, con criterios basados en precipitaciones de menor intensidad y para una ciudad menos urbanizada. Desde entonces han aumentado las calles asfaltadas y las edificaciones, mientras disminuyen las superficies con vegetación. El resultado es que una mayor proporción del agua corre por la superficie y llega a los sistemas de drenaje en lugar de infiltrarse en el suelo.

«Los drenajes deben adecuarse a la actual situación y a la posible futura situación de la ciudad», advierte el ingeniero.

El problema, por tanto, no depende únicamente de cuánto llueve. También intervienen la intensidad de cada episodio, la capacidad de los colectores, el mantenimiento de los sumideros y la transformación del territorio. Una lluvia puede provocar anegaciones en puntos vulnerables aunque el acumulado mensual esté por debajo del promedio.

Para él, esta distinción también obliga a ser muy cuidadosos al relacionar las inundaciones con el cambio climático. Andrade señala que, en las zonas tropicales, la evidencia de sus efectos sobre los patrones de lluvia no es tan clara como en otras regiones. Sin embargo, observa indicios de un posible aumento en la intensidad y la frecuencia de los episodios de precipitación máxima en el país, un comportamiento que considera compatible con la influencia del cambio climático, aunque requiere más información para establecerlo con precisión.

«En cuanto al régimen o el patrón de lluvias en el país, pareciera que hay un incremento de la intensidad y la frecuencia con que ocurren estos eventos máximos de lluvia, que uno podría asociar al cambio climático», afirma. Al mismo tiempo, insiste en que la creciente impermeabilización de las ciudades incrementa el escurrimiento incluso cuando la cantidad de lluvia es la misma.

La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela (Acfiman) advierte sobre otra dificultad, que es precisamente las proyecciones climáticas, pues no siempre permiten anticipar qué ocurrirá en una zona específica. Durante un seminario organizado por la institución, la doctora Lelys Bravo de Guenni advirtió que los “estudios y predicciones existentes se han realizado con datos muy generales y que estos no se pueden aplicar a contextos locales (…) Sin datos claros para calibrar los instrumentos y modelos, las proyecciones pueden perder precisión y dificultar la planificación de infraestructura”.

Saber que una región podría enfrentar lluvias extremas es una alerta que puede llevar a determinar qué zonas necesitan obras, qué drenajes deben ampliarse o dónde hay viviendas en situación de riesgo que requieren información detallada. De allí que hagan falta registros locales de precipitaciones y caudales, estudios de las cuencas e inventarios de los puntos críticos, como los que han desarrollado, con la capacidad que tienen, en el departamento de Hidrometeorología de la Universidad Central de Venezuela.

También es necesario revisar si las condiciones de lluvia utilizadas hace décadas para diseñar una carretera, una urbanización o un sistema de drenaje siguen siendo representativas.

El Observatorio Venezolano de Ecología Política plantea más estudios y estrategias para prevenir y mitigar los daños derivados de estos desastres naturales, ya que no basta con explicar cada evento por una tormenta o una onda tropical, sino que también hay que entender qué condiciones hicieron vulnerable al territorio.

En las ciudades, parte de la respuesta está en cómo se ocupa. Cuando la lluvia cae sobre calles, estacionamientos y construcciones, una mayor proporción del agua se va hacia los drenajes en lugar de infiltrarse en los suelos. Si los drenajes están tapados o las salidas de agua presentan problemas, el agua puede acumularse y afectar viviendas, vías y servicios.

De allí que el crecimiento urbano también pueda modificar la forma en que corre el agua y trasladar el problema a otros sectores. Eso se traduce en que ocupar cauces o áreas de desbordamiento, por ejemplo, o impermeabilizar el suelo sin prever cómo se comportará el agua y construir nuevos desarrollos urbanísticos sin evaluar sus efectos aguas abajo puede aumentar la presión sobre sistemas que ya se vuelven insuficientes.

Celia Herrera, directora del Centro de Investigación y Desarrollo de Ingeniería de la Universidad Católica Andrés Bello, advierte que no se puede afirmar que las lluvias hayan aumentado por igual en todo el país sin información específica de cada localidad y que tampoco es posible concluir, sin evaluaciones técnicas, que reconstruir en el mismo sitio sea siempre inadecuado, ya que lo primero a hacer es determinar qué provocó el daño y si el riesgo puede reducirse.

Para Herrera, una de las primeras medidas debe ser revisar los puntos críticos de drenaje antes de las temporadas de lluvia. «El mantenimiento preventivo precisamente es eso, es evitar lo que sabemos que pudiera ocurrir», señala. Propone priorizar drenajes, alcantarillas, entradas y salidas de colectores y cruces sobre quebradas, en lugar de hacer limpiezas generales sin establecer dónde se necesita intervenir con urgencia.

Cada punto debería tener una ubicación identificada, un registro de su condición, una descripción de los trabajos requeridos y responsables definidos. También debe verificarse que las labores se ejecuten correctamente y que los residuos sean tratados de forma adecuada, para evitar que vuelvan a obstruir los drenajes.

La coordinación es clave porque una cuenca funciona como un sistema continuo, aunque su mantenimiento dependa de distintas instituciones, como una alcaldía o una gobernación.

“Cuando la programación de esos trabajos no está articulada, pueden atenderse algunos tramos mientras permanecen obstrucciones en otro. Eso reduce, por supuesto, la efectividad del mantenimiento. Limpiar una parte del sistema no garantiza que el agua encuentre una capacidad suficiente en el tramo siguiente”, explica Herrera. Por eso plantea una programación conjunta por cuencas y subcuencas, con inventarios compartidos, cronogramas conjuntos y seguimiento durante las lluvias.

El mantenimiento puede reducir las inundaciones causadas por obstrucciones, pero no resuelve todos los problemas.

Es necesario mantener inspecciones durante la temporada de lluvia para ir haciendo monitoreo, mediante el uso herramientas tecnológicas y los sistemas de alerta temprana a través de sensores o cámaras “que pueden dar información en tiempo real de qué está pasando. Porque la condición de una quebrada o un colector puede cambiar después de cada evento y es importante entonces hacer un seguimiento. Lo importante es asegurar la continuidad operativa entre las instituciones y entre todos los componentes del sistema”.

Construir y reconstruir sin repetir los daños

La prevención también debe formar parte de las decisiones sobre cómo crecen las ciudades. Herrera, también miembro de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, propone revisar los criterios de diseño de las ciudades y las condiciones para autorizar nuevos desarrollos urbanos, con atención a la protección de cauces, las áreas de desbordamiento y la impermeabilización del suelo. Cada proyecto, según explica, debería considerar cómo modifica la caída de las aguas y qué consecuencias puede tener para los sectores ubicados aguas abajo.

Y no, no se trata únicamente de poner tuberías más grandes. Hay que limitar las superficies impermeables y exigir soluciones para retener temporalmente parte del agua de lluvia y reducir el volumen que circula rápidamente por las calles. Esa agua, además, puede aprovecharse para usos como el riego de áreas verdes o los sanitarios.

El mismo criterio debe aplicarse después de un desastre. Antes de reconstruir una vivienda o una vía en el mismo lugar, hay que determinar “si el daño estuvo relacionado con una inundación, erosión, socavación, inestabilidad de una ladera o una combinación de factores. A partir de esa evaluación se puede decidir si el riesgo puede reducirse con obras o si es necesario considerar otra ubicación”.

La dimensión económica también muestra lo que está en juego. Un informe de la Fundación Iberoamericana Empresarial, elaborado con el patrocinio de Mapfre y CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, estima que cuatro de cada 10 habitantes de la región han sufrido el impacto de algún desastre natural en los últimos 50 años. El balance regional se acerca a las 100.000 muertes y supera los 360.000 millones de dólares en pérdidas económicas.

El documento plantea que la región necesita invertir hasta 31.000 millones de dólares anuales en infraestructura resiliente frente a inundaciones y huracanes, además de movilizar otros 15.000 millones hasta 2030 para adaptación y gestión del riesgo. Son estimaciones regionales, no un cálculo específico de las pérdidas o necesidades de Venezuela. Pero dimensionan el costo de prepararse para reducir los daños, en lugar de concentrar los recursos en reparar lo que ya se perdió.

Los antecedentes de inundaciones y desplazamientos en Venezuela, junto con las nuevas proyecciones climáticas, refuerzan la necesidad de conocer mejor los riesgos locales. Sin registros suficientes, es difícil anticipar dónde se concentrarán las lluvias extremas; sin mantenimiento y obras adecuadas, los drenajes pueden fallar; y sin planificación urbana, el crecimiento de las ciudades puede aumentar la exposición. Por eso, aunque la lluvia no se puede controlar, sí se puede investigar dónde causa más daño, mantener la infraestructura antes de que colapse y evitar que nuevas construcciones repitan las condiciones que vuelven vulnerables a las comunidades.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.