La tragedia del Urbanismo Hugo Chávez: Terremotos que devastan vidas y estructuras en Venezuela

A las 6:04 de la tarde del miércoles 24 de junio, Nancy Rengifo estaba en su casa viendo el partido de la Copa Mundial de Fútbol FIFA entre Brasil y Escocia, que se transmitía por televisión desde Miami y recién comenzaba. A partir de ese instante, una seguidilla de dos terremotos, uno de magnitud 7,2 y otro de 7,5, apenas separados entre sí por 39 segundos, sacudieron a Venezuela. 

Al cabo de casi dos minutos de espanto, el movimiento de la tierra dejó estrujada la estructura que rodeaba el apartamento de Rengifo. Ella, junto con su hija y su yerno, quedaron prisioneros de un amasijo metálico, bajo la placa del techo y de los otros tres pisos del edificio, en apariencia intactos. 

Rengifo vivía en la planta baja de una de las 196 torres del urbanismo Hugo Chávez de Playa Grande -también identificado en algunos documentos como Ciudad Chávez-, en el oeste del estado La Guaira, antes Vargas. Se trata de una obra emblemática de la Gran Misión Vivienda, uno de los más importantes programas sociales del chavismo, que el régimen nunca dudó en usar como bandera propagandística. El complejo quedó inaugurado en octubre de 2013, cuando se entregaron las viviendas de su primera etapa, y recibió entonces el nombre del comandante revolucionario -su principal promotor-, fallecido apenas siete meses antes.

Allí los sismos causaron el hundimiento de las construcciones, en lugar de derrumbarlas como enormes milhojas de escombros, que fue lo más común tanto en el resto del Litoral Central como en Caracas. En cuestión de segundos, casi por acto de magia, muchos de los pequeños edificios, de color celeste y cuatro niveles, quedaron reducidos a tres pisos, pues sus plantas bajas se hundieron, aplastaron y desaparecieron. O como dice Nancy Rengifo: “Parece que la tierra se las tragó”. 

Durante un recorrido por el sitio se llega a ver algunos edificios en los que el achatamiento eliminó dos pisos, de cuatro. Los voceros de la comunidad hablan de más de 3.000 familias afectadas. Alrededor de ocho de cada diez edificios, o más de 150 de ellos -aplastados, hundidos o inclinados-, registran daños. Pero, de acuerdo a los vecinos con los que Armando.info conversó, hasta aquellos inmuebles que lucen bien por fuera quedaron destrozados en su interior, sin techos ni paredes. 

Justo al momento del recorrido, funcionarios del CICPC (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, policía auxiliar del Ministerio Público) retiraban dos cadáveres del lugar.

Nancy Rengifo, de 76 años de edad, es una sobreviviente. A ella y a sus dos parientes, atrapados entre el metal y otros materiales de construcción que las fuerzas telúricas retorcieron, los rescataron otros familiares que por una ventana consiguieron entrar y abrir un espacio en el amasijo. Recuerda que, cuando se vió tapiada, pensó: “¿Cómo salimos si estamos enrejados?”. 

La imagen que en ese momento de angustia acudió a su mente fue certera. Su edificio, como todos los del complejo reservados para viviendas, es un inmueble prefabricado, consistente de una estructura de metal forrada con fibra de vidrio -un aislante térmico que a simple vista parece gomaespuma-, madera contrachapada, paredes de drywall -o sea, yeso y papel-, y recubierta por una fachada de listones plásticos. El diseño y el sistema constructivo, probablemente concebidos para abaratar los costos y agilizar el levantamiento de viviendas, no dejaba vías de escape y, para el caso de los terremotos en la costa caribeña al norte de Caracas, dieron lugar a unas jaulas mortales para los habitantes tanto de las plantas bajas como de los primeros pisos de la urbanización, vecina al aeropuerto de Maiquetía. 

Nancy Rengifo corrió con la suerte suficiente para salvar la vida. Pero muchos vecinos tuvieron suertes distintas. Según relata la propia Rengifo, ahora damnificada, varios de ellos quedaron enterrados en la trampa metálica de las plantas bajas y murieron en el lugar. Otros, también aprisionados, llegaron a ser rescatados, pero fallecieron luego en centros hospitalarios.  

La misma noche del doblete sísmico, tres edificios del urbanismo se incendiaron por la explosión de una bombona de gas industrial que estaba frente a uno de ellos; los planes para el lugar alguna vez previeron la dotación del servicio directo de gas, algo que nunca se materializó. Hoy siguen en pie los esqueletos metálicos, desnudos y chamuscados por el fuego. En medio del paisaje post apocalíptico, se encuentran pistas de por qué las estructuras funcionaron como unas trituradoras de las que fue muy difícil escapar. Las paredes tenían amarres en forma de rombos y unas cruces, también metálicas, que solo dejaban libres unos espacios triangulares muy estrechos para huir durante una emergencia como la del reciente Día de San Juan, el 24 de junio.

Ratonera por etapas

Hasta ahora no se cuenta con cifras oficiales sobre el número de fallecidos específicamente en el urbanismo Hugo Chávez. De cualquier manera, las imágenes de las estructuras prefabricadas, con sus característicos perfiles, como de casitas de cuatro pisos, pero aplastadas y hechas trizas entre materiales dispersos -que incluían la aparente gomaespuma-, llamaron enseguida la atención de enviados de prensa extranjeros. Uno de ellos se animó a preguntar a la Presidente Encargada, Delcy Rodríguez, en una rueda de prensa inusualmente abierta según los estándares de los últimos años en la Venezuela chavista,  sobre la calidad de las viviendas del Complejo Hugo Chávez. La sucesora de Nicolás Maduro, respaldada desde Washington por la administración de Donald Trump, se las arregló para esquivar el cuestionamiento con una generalidad: “El 80% de los edificios que colapsaron son de desarrollos privados. Yo no voy a culpar en este momento ni a los desarrollos sociales [construidos por la ‘Misión Vivienda’), ni a los privados, porque la verdad es que hubo un doble terremoto”.

Pero, si bien es cierto que la destrucción resultante de los terremotos gemelos fue extensa en el Litoral Central, el caso del urbanismo Hugo Chávez tiene sus particularidades.

La primera de esas singularidades surge en las redes sociales y en las conversaciones de los lugareños, donde a menudo también se refieren a la urbanización como “Suma”. El apelativo en realidad alude a la empresa que hizo la construcción, el Grupo Summa de Turquía. 

El 8 de agosto de 2012, “jueves de vivienda”, unos meses antes de las elecciones presidenciales de octubre en las que derrotaría al candidato opositor Henrique Capriles Radonski, y  apenas cuatro meses antes de que se le viera por última vez, Hugo Chávez hizo una visita de inspección in situ a las obras. Al inicio de la transmisión televisada de su supervisión propagandística, el comandante dijo que con ese proyecto creaba “vida, condiciones para la vida”. Saludó además “a los hermanos y compañeros de la empresa turca”, a la que, sin embargo, titubeó en mencionar. Así que enseguida volteó a preguntar a Rafel Ramírez Carreño, para la época Vicepresidente Ejecutivo de la República y Presidente de la estatal petrolera Pdvsa -financista del desarrollo urbanístico-, buscando su ratificación: “¿Suma?”. 

En esa inspección, Chávez calificó el desarrollo como una “maravilla” que contaba con “una tecnología muy apropiada para esta zona frente al mar”, sin saber que, 14 años más tarde, las fuerzas de la naturaleza dejarían muy en entredicho tanto el tipo de construcción como los materiales utilizados. 

A Summa se le otorgó el contrato en el marco del Convenio Venezuela-Turquía de 2011. Entonces Ricardo Molina, para el momento Ministro de Vivienda y actual miembro de la Dirección Nacional del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), anunció una inversión de 101 millones de dólares para construir, en una primera etapa, cerca de 1.500 viviendas sobre un terreno de 17 hectáreas en el sector de Playa Grande, en la llamada Meseta de Machado, entre Maiquetía y Catia La Mar. 

De hecho, la Memoria y Cuenta del Ministerio de Vivienda describía en 2011 un proyecto “bajo el sistema constructivo de Marcos Ligeros de Acero Galvanizado” que permitiría completarlo en tan solo diez meses gracias a “la aplicación de una tecnología que no ha tenido mucha difusión en nuestro país y que apunta a la renovación y actualización de la industria de la construcción”. 

Pero en la ya mencionada transmisión de TV de agosto de 2012, Hugo Chávez y el vicepresidente Ramírez enmendaron las cifras: se trataba de un proyecto para levantar 2.368 viviendas a un costo de 113 millones de dólares, sobre un área de 37 hectáreas. “Y ahora es que hay terreno”, se ufanaba el ex Teniente Coronel y líder revolucionario. 

A la postre, se construirían 3.136 unidades habitacionales en tres etapas, de las que la última se completó en 2015, según se documentó en posteriores entregas de la Memoria y Cuenta del despacho de la vivienda. 

Contratados porque sí

En intercambio por correo electrónico con Armando.info, el analista político y actual profesor de la Universidad Internacional de Florida (FIU, por sus siglas en inglés) en Miami, Imdat Oner, asegura que cuando “Hugo Chávez visitó Libia y vio los proyectos de Summa en ese país, le gustó lo que vio y decidió trabajar con ellos”. Oner lo supo y lo recuerda porque estuvo destacado como diplomático en la Embajada de Turquía en Caracas. Por eso ve normal que el Agregado Comercial de la embajada, Ali Attila, estuviera en diversos actos y gestiones de Summa, como parte de la promoción de los negocios de empresas turcas en Venezuela, a la que estaba obligado por su cargo. Pero también subraya que a Summa no se le conoce como una empresa del entorno del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, firme aliado del chavismo.

El empresario turco Mete Bora fundó Summa en 1989. Al fallecer el patriarca en 2017, el grupo empresarial quedó en manos de sus hijos Selim, Fatih y Sinan, quienes ya laboraban para la empresa. Hoy, desde su sede principal en Estambul, aunque nacido en Ankara, el Grupo Summa es un conglomerado con presencia en 13 países de cuatro continentes -la mayoría en Europa Oriental y África- y dos frentes corporativos resaltantes: la Sociedad Anónima de Turismo Summa (en turco, Summa Turizm Yatırımcılığı A.Ş.) y la Sociedad Anónima de Construcción, Industria y Comercio Summa (Summa Zemin Teknolojileri İnşaat Sanayi ve Ticaret A. Ş, registrada en varios países como Summa Construction).

A la larga Fatih Bora quedaría al frente de una empresa constructora desprendida del holding, FB Group, y Selim, el hermano mayor, pasó a ser la cara reconocible de Summa. Selim Bora, de 57 años de edad, fue quien plantó la bandera de Summa en Venezuela, única nación sudamericana donde la compañía tiene actividades, y su involucramiento con los negocios en el país llegaría a ser tal que en 2017 fue designado como presidente del Consejo de Negocios Turquía-Venezuela, donde tuvo como contraparte al presidente del Banco Central de Venezuela (BCV) entre 2018 y 2025, Calixto Ortega Sánchez, actual representante del gobierno interino de Delcy Rodríguez ante el Fondo Monetario Internacional (FMI). Bora también es miembro del Consejo de Negocios Turquía-Estados Unidos, e incorporó en el país norteamericano la empresa Summa Construction USA en 2014.

En el website corporativo, Selim Bora ofrece con cierta candidez un relato sobre las conexiones que le llevaron a obtener la asignación para construir el urbanismo de Playa Grande. De acuerdo a su propio testimonio, Bora llegó a Caracas el 10 de diciembre de 2010, espoleado por un viejo amigo de su padre, Faruk Sade, quien poco antes le había avisado desde la ciudad de Ankara que “un amigo de toda confianza tiene muy buenos contactos en Venezuela para futuras oportunidades de negocios”. Apenas un par de días más tarde tuvo un encuentro en la Casa Amarilla de Caracas, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, con Nicolás Maduro, entonces Canciller de Venezuela. “Tras media hora de reunión con el ministro Maduro, tuve la sensación de que habíamos superado la entrevista con éxito”, rememora en su relato. El 16 de diciembre, continúa, Bora logró reunirse con Hugo Chávez en el Palacio de Miraflores y, tras esa cita, el propio presidente “llevó a nuestra delegación a Vargas, un barrio cercano al Aeropuerto Internacional de Caracas, donde quería que construyéramos viviendas sociales”. Bora revela además que Chávez ya tenía referencias de la empresa “por nuestra actividad en Rusia y Libia” y que se “había informado sobre nosotros a través de sus canales en esos países antes de nuestra reunión”. Un impulso del caudillo venezolano, en lugar de una presunta recomendación de Erdoğan, bastó para darle inicio a la aventura comercial de Summa en Venezuela y a la construcción del inmenso desarrollo habitacional de interés social.

En cualquier caso, Selim Bora y Summa llegarían a conseguir el reconocimiento del gobierno turco. Estuvieron entre los distinguidos con los Premios al Logro en Servicios de Contratación en el Extranjero, que se entregaron en un acto al que asistió el presidente Erdoğan.

Ciertamente, la cronología de la expansión internacional de los negocios de Summa es impresionante. En mayo de 2022, la revista británica The Economist destacaba en sus páginas a Selim Bora como un ejemplo del éxito de los emprendedores turcos en África. Summa manejaba minas de oro en Níger y desde 2015 proyectos en Eswatini, nación antes conocida como Suazilandia, a la que Selim Bora empezó a servir como Cónsul Honorario en Ankara, la capital turca. Pero en medio de tantas conquistas, un revés ensombreció la campaña triunfal de Bora: según reportes de 2025, en Senegal, en cuya capital había levantado el nuevo Estadio Nacional de 50.000 asientos, Summa perdió el favor del gobierno tras la caída del presidente Macky Sall, depuesto en 2024 tras 12 años en el poder; en consecuencia, Bora mudó su atención a Nigeria, donde capturó el contrato para levantar el nuevo Aeropuerto Internacional Lekki-Epe, al este de Lagos, la capital. 

En 2018, en su rol de presidente del Consejo Empresarial Turquía-Venezuela, y en el marco de una visita del presidente Nicolás Maduro a Estambul, Selim Bora destacó que el mercado venezolano era uno de los más importantes que Summa atendía, donde “desde diciembre del año 2010 estamos muy activos”, en clara referencia a aquellas primeras reuniones que desembocaron en la posterior firma del contrato para la edificación del urbanismo en Playa Grande. 

También en 2018, pero en diciembre, Bora se reunió con el entonces gobernador oficialista del estado Zulia, Omar Prieto, como cabeza de una delegación de empresarios turcos en busca de negocios en esa región del país. En 2020, en plena pandemia de la Covid-19, el entonces Canciller, Jorge Arreaza, suscribió en Caracas con su homólogo turco varios acuerdos, entre ellos, un “acta de compromiso” para la construcción de un hospital por parte de Summa. La edificación iba a tener capacidad para 288 camas, pero nunca se erigió.

Resulta llamativo que, en el recuento que de sus obras hace en el propio sitio web, Summa no menciona ningún otro proyecto masivo de viviendas de interés social que no sea el de Venezuela. Destaca, en cambio, proyectos de infraestructura como estadios de fútbol en Senegal y Ruanda, aeropuertos en Guinea-Bissau, Sierra Leona y Moldavia, y hasta hoteles de lujo en Libia y Benín. Para lo que terminaría siendo el Urbanismo Hugo Chávez, la empresa se abocó a enviar materiales y estructuras prefabricadas por barco desde Turquía, un trayecto de 40 días, y puso en el sitio personal especializado turco.

Pese a sus negocios en Venezuela, en el Registro Nacional de Contratistas (RNC) no hay rastro de la compañía turca, pero sí hay documentos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) relacionados con litigios laborales, en los que se alude a Summa Inversión Turística S.A como responsable del proyecto en Playa Grande, aunque sin especificar el número de registro fiscal, ni una dirección de oficina en el país. 

Armando.info contactó por correo electrónico a Summa, solicitando una entrevista con un vocero oficial o una versión corporativa sobre su trayectoria en Venezuela. En su respuesta, la agencia de comunicaciones de la compañía manifestó que “Summa no puede responder a peticiones de entrevistas en este momento”. 

Pisando la inestabilidad

El Urbanismo Hugo Chávez nació bajo el signo de la premura. Las inundaciones y derrumbes por las intensas lluvias del año 2010, que dejaron miles de damnificados -muchos de ellos en Caracas y el mismo Litoral Central-, urgieron al gobierno a ofrecer una solución. Durante la firma del convenio con Summa en agosto de 2011, el ministro Ricardo Molina impuso como meta la construcción del complejo en tan solo diez meses, “un reto tecnológico (…) nosotros estamos empeñados en que los proyectos tengan fecha de inicio y fecha de cierre ciertas”. Un año después, durante su inspección a las obras en agosto de 2012, el presidente Chávez se entusiasmó con los avances que había encontrado: “El que tenga ojos, que vea; el que tenga oídos, que oiga (…) Vean cómo en revolución las cosas cambian rápido”.

A la prisa se sumaron las características del terreno. El desarrollo urbanístico se levantó sobre una explanada elevada, propiedad del Estado, bajo control del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, que, según denunció Chávez, “los adecos y copeyanos dejaron lleno de chatarra”, en realidad, contenedores, vehículos y equipos en estado de abandono. Lo cierto es que la construcción allí fue una auténtica temeridad desde las perspectivas de la geología y del urbanismo, y lo que el doblete sísmico del 24 de junio dejó podría volver a llamarse chatarra. 

A partir del llamado Deslave de Vargas de 1999, el Estado venezolano creó dos normativas con lineamientos específicos para la construcción en esta región costera. El primero, en el año 2005, denominado Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso del Área de Protección y Recuperación Ambiental del Estado Vargas y el segundo, llamado Plan de Ordenación Urbanística del Estado Vargas (POU). 

El estado La Guaira descansa sobre un eje sísmico de envergadura, en el que predominan los suelos sedimentarios, propensos a la licuefacción durante eventos sísmicos, y esto era de conocimiento de las autoridades. El POU, elaborado por el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda, ya advertía que “el área del Sistema Urbanístico del estado Vargas” se ubica “en una provincia sismo-tectónica activa, correspondiente a la zona de contacto y desplazamiento de la placa de Sudamérica con la del Caribe, formando parte de una de las zonas de mayor actividad sísmica del país”. 

Con eso en cuenta, el mismo documento clasificó el sector de Playa Grande como una zona para Nuevos Desarrollos Residenciales Especiales -tipo 2 (NDRE-2), categoría cuyo rótulo puede aún verse en los mapas incluidos en el POU que corresponden a los terrenos donde tiempo después se erigieron los edificios del Urbanismo Hugo Chávez. 

Las regulaciones contemplaban para el lugar un posible uso residencial “con una densidad bruta máxima de ciento cincuenta habitantes por hectárea (150 hab/ha) sobre área desarrollable, así como actividades de comercio local y equipamiento urbano. Estas áreas deben ser sometidas a estudios geotécnicos de detalle para especificar con exactitud los sectores con mejores posibilidades de ser urbanizados” (cabe destacar que la densidad que al final estableció el complejo habitacional fue mucho mayor, de 450 habitantes por hectáreas, aproximadamente, calculada a partir de la información que Summa da sobre el desarrollo y del número de edificios y unidades habitacionales que realmente se construyeron). Y agregaba: “La ejecución de nuevos desarrollos urbanos planificados deberá seguir en forma estricta las disposiciones y requerimientos de la Norma COVENIN 1756-2001 sobre Edificaciones Sismorresistentes y/o sus actualizaciones”.

El par de terremotos del miércoles 24 de junio dejaron en pie algunas edificaciones, en las que se aprecia que siguen levantadas sobre una losa de concreto. Sin embargo, bajo las hundidas o con niveles aplastados no se puede verificar si también la tenían.

Para que opinara al respecto, al ingeniero civil Julio Gutiérrez, presidente de la seccional del del estado Lara del Colegio de Ingenieros, se le mostraron algunas fotografías que Armando.info tomó en el sitio. Gutiérrez presume que allí “fallaron las fundaciones [de los edificios] y se inclinaron y se hundieron”. 

Las construcciones inclinadas lucen para el ingeniero como un indicio de que “no fueron piloteadas (…) Los pilotes son los que llegan hasta el manto rocoso o a un manto más firme y [permiten] entonces manejar y evitar el efecto de licuación. Presumimos que se fueron para abajo por este efecto”, detalló, agregando que cuando las fundaciones son apenas superficiales o semisuperficiales, “hacen que la estructura de la edificación empiece a hundirse y a inclinarse hacia un lado” durante un  movimiento sísmico, sobre todo en suelos con muchos sedimentos como los del Litoral Central. 

En una entrevista con el canal VPI TV el pasado 1 de julio, Carlos Genatios, Doctor en Ingeniería, quien tras el deslave de 1999 fue designado como Autoridad Única de Vargas y que en el desempeño del cargo desarrolló el plan de reconstrucción para la entidad, refrendó la hipótesis del incumplimiento de normas de construcción. Al referirse al Urbanismo Hugo Chávez, asomó que, por lo que ha podido ver, “fue hecho con materiales inadecuados y lo más probable es que no haya respondido a ninguna norma sísmica como las que existen en Venezuela”. 

Damnificados de nuevo

Por la historia del proyecto urbanístico, su génesis y posterior desarrollo, entre los vecinos del Urbanismo Hugo Chávez abundan los damnificados por partida doble. Nancy Rengifo es una entre muchos. Con el doblete sísmico del 24 de junio se hizo de esa aciaga distinción: venía de quedar damnificada en 1999 por el deslave de Vargas. Vivía en Mare Abajo y la reubicaron lejos, en el estado Zulia; la estadía debía ser temporal pero se prolongó por diez años. Volvió por su cuenta al terruño costero. En diciembre de 2013 recibió el apartamento. Ahora la catástrofe sísmica de hace diez días la vuelve a dejar en la calle. 

“Yo viví el terremoto del 67 y aquello no fue ni la cuarta parte de esto. Horrible. No pude salvar nada, pero salvé la vida”. Cabizbaja, adolorida por el techo que le cayó en la espalda y le afectó la cintura, quedó convencida de que los sismos del Día de San Juan literalmente dejaron al descubierto las fragilidades de su edificio y del resto del complejo habitacional. Apela a una imagen: “Como que montaron tres pisos sobre cuatro hisopos”.   

Williams Pico, vocero de la comunidad de la torre 13 y quien también perdió su apartamento, coincide en el uso de símiles tajantes: “El terreno de aquí es un problema, hay que decirlo, pero además esto es una lata forrada con madera, fibra de vidrio y plástico”. Pico insistió en que los edificios nunca recibieron el mantenimiento debido, a pesar que por un buen tiempo Summa mantuvo una oficina en Playa Grande. “Dijeron que iban a venir todos los años y no lo hicieron. Hace más de un año se quemó una torre y no hicieron nada, no vinieron”, dijo en un tono que mezclaba la frustración con la rabia. 

Las quejas no representan una reacción retrospectiva ante la tragedia actual. En realidad, datan de hace mucho tiempo. Ya en 2017, la revista Clímax reseñaba los reportes de los lugareños sobre filtraciones y daños estructurales en los edificios. Una de las declarantes en ese reportaje ubicó, sin saberlo, un presagio del desastre venidero en otro Día de San Juan. “Cuando llegamos a vivir aquí estábamos muy emocionados (…) El sitio es bellísimo y muy tranquilo. [Pero] nos dimos cuenta de que algo raro pasaba el 24 de junio de 2014. Ese día llovió durante horas y afuera corría un río de agua. Cuando escampó, salimos a ver y toda esa agua ya no estaba, se había percolado por el suelo”. 

A seis días del doble terremoto, buena parte de los afectados habían decidido irse a la casa de algún familiar. Otros permanecían en los colegios del urbanismo, activados como refugios temporales, o en el estadio César Nieves de Catia La Mar, a diez minutos del lugar. También había quienes prefirieron quedarse a custodiar sus apartamentos y las escasas pertenencias rescatables.

Esta precaución no resulta excesiva, aunque lo parezca. Lo que le ocurrió a Carmen Sofía López, vecina del urbanismo, es muestra de ello. Tras el terremoto pudo salir de su vivienda y bajó corriendo por la avenida principal de Playa Grande hacia el mercado de Catia La Mar. Cuando regresó, varias horas más tarde, le habían saqueado el apartamento. “Me robaron la mitad de los corotos, la otra parte la guardé”, dijo López a Armando.info. La amarga experiencia, sin embargo, no la persuadió de abandonar el lugar. Escoge por ahora quedarse a cielo descubierto antes que irse a un refugio: “Eso es horrible, ya uno lo vivió (…) Es mentira que eso es temporal, se olvidan de uno”. En efecto, López quedó damnificada en 2009 tras unas lluvias intensas que derribaron su casa en Antímano, en el oeste de Caracas. Estuvo seis años en un refugio y finalmente recibió un apartamento en el complejo de Summa.

Williams Pico espera que el gobierno llegue a tener la capacidad y la voluntad para costear a los afectados la compra de una nueva vivienda. “Aquí hay bastante dinero, robaron mucho, pero todavía hay dinero y va a llegar más”, señaló Pico, otro damnificado por segunda vez. Antes de vivir en el complejo, residía en Alta Vista, en Catia, oeste de Caracas. Las lluvias torrenciales de 2010 lo desalojaron de allí. “Lo que sufrimos en el refugio ya no lo queremos vivir de nuevo”, avisa. Pero, contrariando tal disposición, el pasado viernes 3 de julio las autoridades notificaron a Pico y al resto de sus vecinos que se disponían a llevarlos a un refugio en Los Caracas, balneario del este del estado La Guaira, y a otros lugares de acogida improvisados en escuelas de la región.

“La revolución bonita nos hizo esto otra vez”, ironiza Pico.