La lucha por encontrar a los desaparecidos tras el terremoto en Venezuela: un drama humanitario y legal sin fin

Tras tres meses del doblete sísmico, las autoridades admiten la extrema dificultad de hallar cadáveres completos. En el caso de denuncias por desaparecidos, las fichas se llenan buscando rasgos particulares, sonrisas o tatuaajes en fotografías. Cofavic ha documentado más de cinco casos de entrega errónea de cadáveres a familias por alteración, borrado o intercambio de códigos en las morgues. La vivencia de una sobreviviente refleja la dualidad del sistema: mientras logró el acta de defunción de su hermana tras el hallazgo de restos parciales identificados por ADN, el expediente de su sobrina quedó en un limbo abierto por años como «desaparecida presuntamente fallecida».

A tres meses del doble terremoto que estremeció a Venezuela el 24 de junio, la tragedia no ha concluido para cientos de familias en La Guaira y otras entidades del país. Superada la primera fase de emergencia y rescate entre los escombros, un drama silente, amargo y burocrático se abre paso: el de las personas que figuran como desaparecidas.

Sin la entrega de un cuerpo ni un certificado formal de defunción, las víctimas indirectas han quedado atrapadas en un limbo jurídico, económico y emocional, confrontando el desconocimiento de la ley, las deficiencias institucionales en la cadena de custodia forense y la falta de protocolos científicos internacionales para cerrar la búsqueda.

En el ordenamiento jurídico venezolano, la figura de la muerte no puede asumirse por mero paso del tiempo ni por decretos administrativos de los cuerpos de seguridad. El abogado penalista y criminólogo Luis Izquiel explica que el marco legal establece mecanismos específicos en el Código Civil para regular la situación patrimonial de quien desaparece durante un desastre natural, pero aclara que ningún organismo de investigación o fuerza pública tiene la potestad de declarar fallecida a una persona sin el hallazgo previo e identificación de sus restos.

«Esos son los artículos 438 y siguientes del Código Civil. Hablan de la presunción de muerte de una persona que desapareció en un terremoto. Un juez declara la presunción de muerte y los herederos toman posesión provisional de sus bienes. Luego de tres años ya los herederos pasan a tomar posesión definitiva de esos bienes. Esas son las consecuencias civiles principales», precisa Izquiel.

*El especialista remarca que, desde la perspectiva legal estricta, la declaración de defunción exige el hallazgo físico del cadáver o la intervención judicial a solicitud expresa de los allegados:

«Salvo ese procedimiento, puede que se encuentre el cuerpo completo o parte del mismo, sea identificado, y luego sí se expediría una constancia de muerte. Pienso que ningún cuerpo del Estado puede declarar la muerte por iniciativa propia. Eso solo podría ocurrir si encuentran el cuerpo o parte del mismo y es identificado. En teoría, el civil debe acudir e iniciar el procedimiento ante un juez civil. Esto es importante, entre otras cosas, para el traspaso de propiedad de apartamentos, casas, carros, cuentas bancarias y otras propiedades de personas que hayan muerto en el terremoto, pero que todavía no hayan sido declaradas como fallecidas», subraya Izquiel.

Sin embargo, la realidad social tras la catástrofe muestra una brecha abismal entre la norma escrita y la práctica ciudadana. El desconocimiento generalizado y el costo de los trámites legales han comenzado a empujar a los supervivientes a la informalidad patrimonial en medio del duelo.

«El 99% ni sabe que existe esa posibilidad. El Estado tampoco informa o colabora. Muchos bienes seguro van luego a ser traspasados de manera informal: ventas privadas y cosas así. Apartamentos, carros u otros bienes vendidos de ‘palabra’ por familiares de personas fallecidas en el terremoto», advierte el criminólogo.

Señala además que la solicitud formal bajo el artículo 438 requiere la contratación de un abogado privado y la publicación de carteles de prensa por tres meses antes de evacuar las pruebas ante un Tribunal de Primera Instancia Civil.

No es solo un trámite técnico

Desde la perspectiva de los derechos humanos y el acompañamiento a víctimas de desastres y violencia, la gestión de la desaparición no puede reducirse a un dilema de traspaso de propiedades. Ronnie Boquier, coordinador jurídico de Cofavic, enfatiza que ante emergencias masivas –como la tragedia de Vargas en 1999 o el doble terremoto de junio de 2026– el Estado venezolano tiene la obligación irrenunciable de agotar los protocolos científicos y dar explicaciones transparentes a cada familia.

«En una situación normal, sin una catástrofe, cuando una persona está ausente y no se sabe dónde está, el derecho establece un procedimiento de ausencia y luego un procedimiento donde queda establecido que la persona no está, para dar seguridad jurídica sucesoral o de patria potestad. Pero en una situación donde existe una catástrofe como este doble terremoto, se abren unos protocolos específicos. Y estos protocolos establecen el reconocimiento porque hay un tiempo determinado para poder hacer todo lo que estaba en manos del Estado para la búsqueda, para la identificación y la entrega. No son procedimientos solo técnicos o administrativos, sino que se trata de una obligación de que el Estado dé una respuesta clara de qué ha pasado en cada caso», afirma Boquier.

Boquier advierte que el cierre de la búsqueda no se mide por plazos caprichosos de calendario, sino por la verificación rigurosa de cada paso exigido por los estándares internacionales de la Cruz Roja (CICR) e Interpol.

«Los protocolos te marcan un checklist de pasos a dar. Si esos pasos se cumplen y se llegan a su finalidad, tú podrías establecer que se ha hecho todo lo posible. Hablar a veces de tiempo puede ser engañoso: tú puedes pasar tres meses y cumplir todo lo que el protocolo te exige, o puedes pasar seis meses sin cumplir ningún paso. Más allá del tiempo, tiene que ver con cuáles fueron las herramientas, las capacidades, el paso a paso de cómo se hizo. Y también por una cosa importante: puede haber actuaciones que no se hicieron bajo el protocolo y eso causó perdida de evidencia o pérdida de algún cadáver. Si no se cumplen los protocolos, ahí queda una duda, ahí queda un dolor, ahí queda un espacio», detalla a TalCual.

*Boquier critica con severidad las irregularidades detectadas durante la manipulación de cuerpos y la asignación de códigos en las morgues y centros de acopio tras el sismo, revelando patrones de revictimización contra los familiares.

«Nuestra mayor preocupación viene de que hemos tenido conocimiento de más de cinco casos en donde familiares han denunciado la entrega de cadáveres que no corresponden con su familiar, a través de unos códigos que las autoridades les reconocieron, luego cambiaron los códigos o los códigos se borraron. Estos procesos han generado la entrega posible de cadáveres que no correspondían. Además, hemos acompañado a víctimas a las que se les ha colocado la tarea complicada, sin acompañamiento psicológico, de ver más de 400 o 500 cadáveres, tanto en fotografías digitales como en reconocimiento in situ de cuerpos en descomposición. Nadie está preparado para eso; se necesitan profesionales para garantizar que el proceso no sea más revictimizante», expone Boquier.

Para Cofavic, la cadena de custodia debe ser inquebrantable, apoyada por equipos multidisciplinarios independientes que integren a antropólogos forenses, arqueólogos, médicos, odontólogos, genetistas, criminalistas y fotógrafos.

«Tiene que haber una identificación a través de antropología física, odontología, registros médicos y un banco de ADN. La entrega de restos a los familiares tiene que ser después de que se garantice que hay una prueba de ADN que confirme una relación de 99,9%. Si el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) se ve sobrepasado por el volumen de la tragedia, el Estado venezolano tiene la posibilidad y el deber de pedir apoyo a grupos especializados internacionales, como el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) o el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), para el análisis de terreno, remoción de escombros y cotejo de bancos genéticos», añade.

Protocolos

La Cruz Roja y la Organización Panamericana de la Salud establecen en sus manuales que el código único (de identificación) es inviolable. Los textos indican que todo cuerpo o resto humano recuperado debe ser marcado desde el primer instante con un código único impreso en material resistente a la humedad y la descomposición. Advierte que modificar, borrar o reasignar códigos durante el traslado vulnera la trazabilidad y constituye una falta grave.

Ambas organizaciones recomiendan que los cadáveres no identificados deben ser sepultados en fosas individuales bien documentadas y mapeadas en cementerios formales, prohibiendo categóricamente el uso de fosas comunes anónimas. Por otra parte, el CICR establece que las investigaciones forenses en desastres tienen un fin puramente humanitario: aliviar la incertidumbre de las familias. La búsqueda no se da por concluida hasta que no se determine con certeza científica el destino final de cada persona.

La Interpol tiene un manual para la Identificación de Víctimas de Catástrofes (IVC), que recomienda hacer un cotejo ante mortem y post mortem.

De acuerdo con este manual la identificación no puede basarse solo en la visualización física del rostro o vestimentas, sino que exige el cruce de datos (fichas dentales, radiografías previas, cicatrices, tatuajes y muestras de ADN de familiares directos) con los hallazgos post mortem. También aconseja que en ausencia de registros estatales eficientes, las organizaciones civiles y familiares deben recopilar fichas antropométricas detalladas de las personas no localizadas para su entrega formal al Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.

El manual también señala que si existen sospechas de que la persona desaparecida pudo haber sido trasladada, desorientada o socorrida hacia otros centros hospitalarios fuera de la zona de desastre, se emite una Notificación Amarilla de Interpol para coordinar la búsqueda transfronteriza o interinstitucional.

Al respecto, Boquier recalca que el Ejecutivo debe facilitar el acceso a la justicia y no delegar el peso del duelo exclusivamente en los particulares. «El Estado ha generado una jurisdicción especial para la tragedia a través de tribunales municipales para dar respuesta en el ámbito civil a temas de suseciones. Ojalá esto se extienda a otros procesos como propiedad e identificación, porque la gente no solo perdió a familiares, también perdió sus propiedades y sus documentos. En lugar de dejarlo solo a distancia de parte, se deben dar facilidades jurídicas y orientación gratuita a través de la Defensoría del Pueblo, la Defensa Pública y la jurisdicción especial para que la gente sepa cómo tramitar la ausencia y recuperar su proyecto de vida», añade.

Estatus de desaparecidos por varios años

En el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) la recepción de expedientes por desaparición a raíz del doble terremoto del 24 de junio sigue un curso burocrático que refleja la magnitud del colapso. Una funcionaria que prefiere resguardar su identidad, detalla la dinámica a la que se enfrentan las familias cuando deciden acudir al organismo a formalizar el reporte.

«Poner a una persona desaparecida a este tiempo es haber agotado los recursos, es lo principal. ¿Cuáles son los recursos? Haberlo buscado, haberse comunicado en el lugar de la residencia, ir al Senamecf, haber visto los videos, haberse hecho la prueba de ADN en Caracas y hacerse la entrevista antropológica. Después de todo ese proceso, la persona se cansa de que ya no encuentra a su familiar y como no tiene un cadáver, no sabe si está fallecido o no, para ellos sigue desaparecido. Es cuando coloca la denuncia como una persona extraviada. ¿Qué debe traer? La cédula de la persona y una foto. Con eso se toma la denuncia por la persona desaparecida a raíz del terremoto», relata la funcionaria.

A pesar del transcurso de los meses, desde el propio organismo de investigación reconocen que el censo de víctimas no localizadas no se va a clausurar en el corto plazo debido a la cantidad de restos e informaciones pendientes por procesar.

«¿Que si la estadística se lleva todavía? Sí. ¿Cuándo se va a cerrar esa estadística? No se va a cerrar todavía porque quedan muchísimos cadáveres desaparecidos. Eso va a durar mucho tiempo. Esos cadáveres se dejan solicitados. Después que el familiar, si lo encuentra o identifica, una vez que lo reporta ese nombre sale de la lista de personas desaparecidas, ya se coloca como una persona fallecida», sostiene la funcionaria.

En el plano administrativo y policial, la ausencia de un cadáver bloquea la emisión del acta de defunción, un documento indispensable para registrar el fallecimiento ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf). «Si colocas a la persona desaparecida, esa persona queda solicitada en el sistema Sipol (Sistema de Información Policial)», explica.

La funcionaria detalla que la recepción de denuncias se ha convertido en un filtro donde el propio familiar debe acreditar que ya no le quedan puertas por tocar:

«Como dije, es agotar los recursos: los recursos siempre serán buscar en el lugar donde vivía o donde posiblemente la vio o le dijeron que estaba, es lo esencial. Venir a ver las fotos —que todavía existen fotos—, posterior a eso las entrevistas de antropología, el ADN en Caracas, pasar por Caracas, porque allá también hay cuerpos que ya están enterrados y algunos ya están un poco identificados. Y bueno, ya después de agotar todo eso y decir: ‘Bueno, no encuentro a mi familiar, pero para mí no sé si está fallecido o no está fallecido porque no tengo un cadáver’, se le toma su denuncia», explica.

La policía indica que hay baja afluencia de personas en las oficinas para llenar las planillas formales, debido a que muchos allegados permanecen atrincherados en los escombros con la esperanza de rescatar a sus familiares de primera mano. Para formalizar la ficha en el Cicpc, el organismo solicita la cédula de identidad, los antecedentes médicos o rasgos distintivos, y una fotografía específica: «Llenamos una planilla con la cédula de identidad y una foto de la persona donde se pueda por lo menos especificar la dentadura y la sonrisa. Y especificar si tiene tatuajes, una pulsera que no se quitaba, cosas así».

Lolita, reside en Pariata, en el centro de La Guaira. Sin embargo, vivió en carne propia la diferencia entre hallar restos parciales y enfrentarse a la desaparición absoluta tras el desplome del edificio Roca Park, en Caribe, lugar donde se encontraban su hermana, Luz Estrella, y su sobrina de seis años.

Para confirmar la muerte de su hermana, la familia tuvo que recorrer las sedes de inspección forense en el sector Los Silos, donde funciona la morgue, someterse a peritajes de antropología y someterse a pruebas de extracción de ADN.

El cuerpo de su pariente no estaba completo cuando fue hallado. Ese día, recuerda, fueron a Los Silos. «Se pasó por inspección, por antropología y por ADN. Se hicieron las pruebas y el reconocimiento, porque no estaba el cuerpo completo. Lo que nos pidieron fueron los documentos: su partida de nacimiento y su cédula para hacernos el trámite del acta de defunción, y nos preguntaron cómo y dónde murió, la dirección como tal», relata.

El trámite con su sobrina de seis años, en cambió, tomó un rumbo distinto. Al no haberse encontrado sus restos entre los escombros, la denuncia ni siquiera figuraba abierta de manera formal en las primeras semanas.

«Con la niña fuimos en estos días (el 22 de septiembre) porque parece que la denuncia no la habían abierto como tal. Nos pidieron los documentos: su partida de nacimiento, el acta de defunción de la mamá y la partida de nacimiento del papá. Se abrió una investigación y la niña queda como desaparecida, presuntamente fallecida en el terremoto. Nos dijeron que el caso queda abierto, que es aproximadamente abierto como hasta tres años y, dependiendo, hasta 10 años», relata la mujer.