Familiares de Presos en Yare III Exigen Respuestas ante la Tortura y el Silencio del Sistema Penitenciario Venezolano

Organizaciones como Justicia, Encuentro y Perdón y el Observatorio Venezolano de Prisiones han señalado que el motín en Yare III deja en evidencia los problemas estructurales del sistema penitenciario: uso de «castigos» y torturas contra los detenidos, negación de atención médica, alimentación escasa y hacinamiento. Hasta la fecha no existe una lista pública sobre la cantidad de reclusos en el Complejo Penitenciario de Yare, cuántos habrían sido trasladados, sus identidades y su nuevo lugar de reclusión.

*Los nombres de algunos entrevistados fueron modificados por temor a represalias

El pasado 21 de abril, la visita en el Complejo Penitenciario de Yare se vio trastocada por la violencia. Según el Ministerio de Servicio Penitenciario, una riña entre los presos se transformó en un motín que dejó cinco muertos. Pero familiares aseguran, a 15 días del suceso, que la Guardia Nacional accionó sus armas dentro del penal y hay una cantidad de heridos que las autoridades no se han dignado a mencionar.

Sandra Rosales* es madre de Tomás Hernández, quien tiene ocho meses recluido en la cárcel de Yare III, se enteró que su hijo estaba herido por un compañero que trasladaron la semana pasada a la Comunidad Penitenciaria de Coro, en el estado Falcón, a 454 kilómetros de distancia de ese penal.

«Uno de los compañeros que llegó a Coro me dijo que estaba herido. Yo no sabía de Tomás desde el lunes pasado. Él llamó hace nueve días y dijo que estaba bien, pero yo sentí que no estaba bien. Ahora me entero por uno de los detenidos que llamó a su esposa, en la última salida que hicieron de los presos, le dijo que él (Tomás) estaba herido», relató.

La mujer salió a buscar a su hijo en el hospital de Ocumare del Tuy, el centro de salud más cercano a la prisión. Allí, un recluso que conocía a Hernández –y uno de los tres que esperaba por una operación– le dijo que él estaba herido pero no sabía si efectivamente lo trasladaron a algún ambulatorio o lo dejaron en la cárcel.

El recluso le comentó que al hospital trasladaron a 13 hombres: a los que no estaban tan malheridos los trataron en emergencias y los retornaron a la cárcel, aunque «no dejaron ningún registro, ni un papel que diga quiénes pasaron por ahí».

Asimismo, se enteró por terceros que en el motín ocasionó castigos. «Me dijeron que están aislados, que los tienen desnudos y les botaron todo, la poca comida que tenía, los insumos, hasta la pasta de dientes».

Rosales reclama la falta de información por parte de las autoridades. «Ellos no han llamado, no han dicho nada. ¿Entonces quizas los que no se han comunicado están heridos? Uno no sabe si necesitan algo para operación o algo. Uno no sabe nada».

Margarita González* tiene a su hijo de 31 años detenido desde febrero pasado en la cárcel de Yare III. También recibió una «fe de vida»: una llamada corta hace ocho días donde le dijo ‘mamá, estoy bien, te amo’.

«Eso fue todo, no sabemos nada de ellos, no sabemos si fue trasladado o no. Cada día es una tortura», dice González.

En la semana, se contactó con la abogada pública que lleva el caso pero no obtuvo mayor información. «No me dio explicación de nada. Que ella no sabía nada y eso salía de sus manos. Entonces dije ‘Dios mío, a quién acudo, a dónde voy porque yo necesito saber de mi hijo. No son perros, no son animales (…) No le dan explicaciones a uno de nada, de si están en tal parte. Esperando en Dios para que meta su mano, tengo fe».

El miércoles 29, González se acercó nuevamente al penal a obtener información sobre su hijo y los de otras dos mujeres, que no pudieron acompañarla por limitaciones con sus trabajos. «Me dijeron que no tienen información sobre los días de visita. Que espere la llamada para saber si está aquí o no… No sabemos nada ninguna de las tres de dónde están nuestros hijos».

Yesenia Cárdenas* también está en la situación de Sandra y Margarita: no tiene noticias sobre su familiar, que tenía cinco meses recluido en Yare III.

El motín, según supo, se produjo «por todas las irregularidades que se estaban viendo», como la «comida deplorable», la falta de estudio y trabajo para ejecución de pena o la negativa de traslados a tribunales.

Debido a la falta de respuesta, se trasladó a la sede del Ministerio de Servicio Penitenciario, pero el miércoles 29 de abril le dijeron que «no había luz» en la cárcel y «que no se sabe para cuando les darían llamadas o visitas. No tengo ni idea si mi familiar está bien o herido».

«Queremos que el ministro por lo menos de la cara ante todos los familiares, que deje de esconderse y nos de una solución. Lo que ha hecho en su gestión han sido ridiculeces, sacando de un penal y metiendo a otro pero no dan libertades a quien ya opta a formulas alternativas y al cumplimiento del 75% de la pena», afirma.

Sin respuestas sobre Yare III

Pese a que el Ministerio de Servicio Penitenciario y el Ministerio Público prometieron una investigación sobre los hechos, no se estableció un límite temporal para las pesquisas. TalCual solicitó información vía telefónica a la Dirección de Relaciones Institucionales del MP, pero al cierre de esta nota tampoco recibió respuesta alguna.

Organizaciones como Justicia, Encuentro y Perdón y el Observatorio Venezolano de Prisiones han señalado que el motín en Yare III deja en evidencia los problemas estructurales del sistema penitenciario: uso de «castigos» y torturas contra los detenidos, negación de atención médica, alimentación escasa y hacinamiento.

González asegura que en el caso de su hijo, detenido por agresiones contra una mujer, «al principio lo metieron en una cuestión que le dicen ‘el tigrito’. Otro muchacho que salió en libertad me dijo ‘eso no se lo deseo a nadie, eso es como el propio infierno’. Eso es en la tierra, no tienen aire. Le llegó la hemoglobina a 3.2 y no se murió porque los otros muchachos pidieron auxilio, pero igualito les dan unas pelas (golpizas). Es horrible, es una tortura».

Las oenegés también critican la evasión de responsabilidades del Estado venezolano, aludiendo a la presencia de «líderes negativos» en una «cárcel de máxima seguridad» como la causa principal del motín. «La ocurrencia de estos hechos no es por la peligrosidad de los detenidos, sino por la falla del Estado en cumplir su función», sentenció el Observatorio de Prisiones.

Otro punto que resaltan las organizaciones es la falta de información oficial. Hasta la fecha no existe una lista pública sobre la cantidad de reclusos en la cárcel de Yare III o en todo el complejo penitenciario, cuántos habrían sido trasladados, sus identidades y su nuevo lugar de reclusión.

*Lea también: OVP demanda transparencia ante traslados arbitrarios de más de 600 reclusos de Yare III

«En Venezuela, la detención de un ciudadano implica la condena colateral de su entorno afectivo (…) La incertidumbre sobre si sus seres queridos están heridos o han sido trasladados, es una forma de tortura psicológica que se prolonga en el tiempo. Es así como esta dinámica propiciada por el silecio estatal no solo encarcela al individuo, sino que expropia el tiempo y la dignidad de su familia, sometiéndoles a una espera circular hasta que se produzca algún tipo de respuesta por parte de las autoridades», ha señalado JEP.

Aunque el Observatorio Venezolano de Prisiones reportó el traslado arbitrario de más de 600 detenidos, entre los familiares circuló la versión de que en ese recinto aún se encontrarían al menos 50 presos, todos por razones políticas. Sobre los reclusos por «causas sociales», como los denomina el OVP, no hay mayor información.

Bajo ese escenario, la carga inevitablemente recae sobre los familiares que deben hacer largos recorridos para las visitas, sortear el aumento en los costos de transporte, alimentación y alojamiento; además de continuar el suministro de otros insumos básicos ante las carencias del sistema penitenciario.

A Margarita González, quien vive en un barrio al oeste de Caracas, le ayudaron a costear los pasajes para buscar información en el penal. Desde el terminal de Nuevo Circo debe tomar un autobús hasta la entrada que conduce a la cárcel de Yare III, en la carretera Ocumare-Santa Teresa (Valles del Tuy, estado Miranda).

«Cuando uno viene pesado (con la paquetería), se pagan 200 bolívares desde la pasarela hasta el portón. Los motorizados cobran un euro para subir desde el portón hasta la entrada de la cárcel», relata.

En las visitas, cada 15 días, casi todas las comidas deben entregarse cocidas. Apenas se permite el ingreso de algunos panes, condimentos, avena cruda, leche o chicha en polvo, que pueden batir en agua. También deben llevarles artículos de higiene, además de detergente, cloro y desinfectante.

«Tenemos que hacer sacrificios en grande para el pasaje, los alimentos, y todo tan caro que no le alcanza a uno para nada», dice González, quien estima que gasta un mínimo de 50 dólares quincenal para poder entregarle paquetería a su hijo, sin contar los gastos de pasaje.

González espera que las autoridades, más temprano que tarde, den información precisa. «El ministro (Julio) García Zerpa tiene que salir, tiene que decir qué pasa con los presos en Yare III, si es que todavía hay gente ahí, si se los llevaron a todos. Nosotras necesitamos saber dónde están nuestros hijos».

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

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