El Regreso del Fantasma de los Controles de Precio en Venezuela: Realidad y Consecuencias

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Con cada golpe de martillo, otro déjà vu

El gobierno nuevamente está poniendo el control de precios sobre la mesa—esta vez “acordado” con empresas privadas—mientras desata violencia contra plataformas de cambio de divisas y cuentas en redes sociales que rastrean tasas no oficiales. El objetivo emblemático es El Dorado, un mercado para el intercambio de stablecoins con monedas nacionales (incluido el bolívar), y su joven fundador Guillermo Goncálvez, quien se graduó de la Universidad Metropolitana en Caracas en 2017 y ahora vive en el exterior. Últimas Noticias, el vocero impreso de la represión contra el dólar paralelo, informó que la Policía Nacional Bolivariana (PNB) allanó las propiedades de Goncálvez.

En Telegram, Canal Patria Digital publicó una lista negra de diez organizaciones acusadas de “manipular el valor del dólar” (aunque es el bolívar el que sigue devaluándose). La lista abarca desde sitios de pares hasta empresas de remesas registradas en EE. UU. y cuentas de Instagram. La policía también ha comenzado a arrestar personas que, según ellos, usan o promueven la tasa dólar no oficial. En Maracay, El Pitazo reportó que agentes asaltaron Inversiones Orange en un centro comercial; cuando no pudieron encontrar al dueño, se llevaron a su hija de 19 años, quien ahora está encarcelada bajo cargos de terrorismo y lavado de dinero.

El legislador chavista Ramón Lobo—un presidente del Banco Central olvidable durante la era de hiperinflación—dice que pronto vendrá un nuevo “esquema de precios para bienes esenciales”. En el pasado, el chavismo justificó los controles como una forma de combatir “abuses flagrantes de poder monopólico y cárteles empresariales.” Ahora habla de establecer “precios razonables” en negociacón con esos mismos negocios, aunque el miedo que inspiran estas medidas se siente mucho como en 2011 o 2014.

Diosdado Cabello está encargado de cazar “mafias” del dólar, mientras que Delcy Rodríguez se jacta de que ya ha fijado nuevos precios para el pollo, huevos y grasas de cocina y elogia a Farmatodo por mantener “un espacio seguro en la economía” al apegarse a los precios en bolívares. Afirma no saber quién es el dueño de la cadena de farmacias más exitosa de Venezuela, aunque el mismo presidente y el VP de operaciones que ahora protege en vivo fueron arrestados en 2015 por las largas colas fuera de una tienda en Caracas. Cómo han cambiado las cosas.

Reuters informó esta semana que Maduro está aumentando impuestos al sector privado y subiendo tarifas de servicios públicos, aunque el gobierno aún no ha comentado. El motivo, por supuesto, es la caída de los ingresos petroleros, lo que obliga al estado a sacar más dinero de los ciudadanos y endurecer las inspecciones. Ayer, por ejemplo, la unidad oficial de impuestos saltó de 9 a 43 bolívares.

Infiernos de múltiples propósitos

Nada ilustra mejor la soberanía del terror del estado que las prisiones de Venezuela y las muchas funciones que ahora cumplen para el régimen. El actual vice-ministro de Relaciones Exteriores de Colombia—poco enemigo de las dictaduras de izquierda—se reunió con familiares de prisioneros colombianos detenidos en El Rodeo, quienes han estado en aislamiento por más de un año, según El Tiempo. Los esfuerzos para liberarlos se han estancado. Mientras tanto, la guerrilla del ELN descansa cómodamente en suelo venezolano, y el presidente Gustavo Petro tiene sobre su escritorio una solicitud de extradición para cuatro miembros del Tren de Aragua que son codiciados por Maduro (uno es cofundador “Larry Changa”; otro es buscado en Chile por intentar disponer del cuerpo del teniente Ronald Ojeda en Santiago).

Las prisiones también siguen siendo vertederos para detenidos abandonados—aquellos sin nadie que les lleve comida o medicina. Esta semana, Rangely Hernández, una mujer de 26 años, murió en la prisión de Uribana. Para el mundo militar, la cárcel es una táctica de intimidación. La tortura y el maltrato pueden ser incluso más severos para los soldados. CLIPPVE reportó la posible desaparición de los sargentos Geomer Martínez y Andrés Paredes, encarcelados en Ramo Verde desde que intentaron amotinarse en un puesto de la Guardia Nacional en Cotiza en enero de 2019, dos días antes de que Juan Guaidó asumiera. Sus familias no han tenido pruebas de vida en más de tres semanas.

Más noticias y lecturas recomendadas:

Mientras los tres grandes del chavismo—Maduro, Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez—recorren el país para apoyar a nuevos gobernadores e incumbentes, Elvis Amoroso anunció elecciones municipales para el 27 de julio, un día antes del primer aniversario del robo electoral a Edmundo González.

El Pitazo informa que residentes de El Morro (estado Sucre) protestaron después de que la policía entrara en varias casas, supuestamente buscando mercenarios colombianos y armas traficadas desde Trinidad y Tobago. En este artículo de Efecto Cocuyo, el CICPC lanza una línea de ayuda contra el suicidio, lo que insinúa que el estado tiene datos sobre el aumento de las tasas de homicidio que el resto del país no puede ver.