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El gobierno silencia Barbados para controlar presidenciales

El gobierno silencia Barbados para controlar presidenciales

El  llamado Acuerdo de Caracas es la guía que seguirá el gobierno en términos electorales, según dijo el mandatario Nicolás Maduro. El internacionalista Mariano de Alba sostiene que es muy pronto para concluir que el Acuerdo de Barbados está muerto. Sin embargo, los politólogos Fernando Spiritto y Pablo Quintero lo dan por concluido. Quintero destaca que el oficialismo trasladó la negociación al terreno local

Con la reciente firma del Acuerdo nacional sobre principios generales, calendario y ampliación de garantías electorales para la elección presidencial 2024, el gobierno dejó de lado el Acuerdo de Barbados que suscribió en octubre del año pasado con la Plataforma Unitaria.

Aunque oficialmente no se ha clausurado la Mesa de Negociación y Diálogo, desde el chavismo silenciaron el proceso de Barbados para imponer los nuevos acuerdos.

«Ahora nos guiamos por el Acuerdo de Caracas», puntualizó Nicolás Maduro la tarde del 29 de febrero.

Asimismo, el gobernante dijo que el nuevo texto, «recoge lo mejor de México, lo mejor de Barbados, pero es mucho más amplio porque incorpora a todos los sectores sociales, laborales, empresariales, culturales, intelectuales, religiosos y a 43 partidos políticos legalizados en el Consejo Nacional Electoral (CNE)».

En el acuerdo nacional sobre las elecciones presidenciales, que plantea 27 fechas posibles de los comicios de este año, no participó la Plataforma Unitaria. El viernes 1 de marzo, el documento fue entregado por el presidente de la Asamblea Nacional (AN) de 2020, Jorge Rodríguez, al CNE.

“Desde mí punto de vista este Acuerdo de Caracas es el desarrollo del acuerdo de Barbados y lo sustituye porque lo más puede lo menos. El Acuerdo de Barbados es un subconjunto de este conjunto, que es mucho más grande mucho más amplio, están aquí todas las fechas y todas las propuestas”, argumentó Rodríguez.

El internacionalista Mariano de Alba cree que la intención de la narrativa del gobierno de Maduro es provocar a la oposición y al Gobierno estadounidense «para que sean ellos quienes den por muerto el Acuerdo de Barbados y, especialmente el gobierno de Estados Unidos, reaccione con medidas como la reimposición de sanciones».

Aunque admite que «el panorama no es nada alentador», de Alba sostiene que es muy pronto para concluir que el Acuerdo de Barbados está muerto.

«Nos encaminamos al mes de abril, donde sí el gobierno no implementa buena parte de lo que está previsto en ese Acuerdo de Barbados, es muy probable que Estados Unidos responda restituyendo alguna de las sanciones. Si ese fuese el caso, probablemente el gobierno utilizaría esa reacción como excusa para dar definitivamente por muerto el Acuerdo y procedería a tratar de realizar las elecciones presidenciales asegurándose el ventajismo que le otorga su férreo control momentáneo de todas las instituciones, empezando por el CNE», afirma Mariano de Alba.

Gobierno pausa diálogo

Por su parte, el politólogo Fernando Spiritto dice no tener dudas de que el Acuerdo de Barbados feneció. Recuerda, además, que desde el gobierno se han dado varios reveses al proceso de diálogo como ocurrió, por ejemplo, cuando puso pausa al proceso de México tras exigir la liberación del empresario Alex Saab, quien fue canjeado con Estados Unidos por una veintena de presos políticos en diciembre de 2023.

En enero de este año, Maduro designó a Saab como presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva.

«El resultado de cualquier negociación sincera implicaría que tarde o temprano el gobierno de Maduro iba a perder poder. Y el gobierno nunca va a permitir perder algo del control que tiene de la sociedad venezolana. Y Barbados no es la excepción», señala Spiritto.

El también investigador recuerda que el corazón de la firma de Barbados tiene que ver con las garantías electorales y la posibilidad de que los partidos políticos puedan postular a sus candidatos, «pero esas condiciones implicarían un gran peligro para el gobierno porque significaría que María Corina Machado sea la candidata y un proceso con garantías plenas. Por lo tanto, Barbados estuvo muerto desde el principio».

Spiritto refiere que el texto de Barbados prevé la realización de presidenciales en el segundo semestre de este año.

«¿Por qué al gobierno le convienen elecciones ya? Porque se quitan a María Corina Machado de encima y, por la otra parte, no va a dar tiempo para todas las garantías electorales que figuran en el Acuerdo de Barbados, por ejemplo, el Registro Electoral», destaca Fernando Spiritto.

El 1 de marzo, en el marco de la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), Maduro se comprometió con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, a convocar elecciones en Venezuela en el segundo semestre de 2024.

En el acuerdo firmado el 28 de febrero en la Asamblea Nacional se prevé la ejecución de las auditorías previas a la elección, durante la elección y luego del proceso. Esto pasa por  “garantizar la actualización del Registro Electoral (RE), en Venezuela y en el exterior de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento jurídico y promover el acceso a los medios de comunicación públicos y privados, a partidos políticos y candidatos en igualdad de condiciones”.

Según Spiritto, «la oposición está contra la pared y no tiene recursos inmediatos para combatir al gobierno y, por lo tanto, no habrá movilización popular. Y eso es justamente lo que el gobierno quiere. Nombrar en este momento a un sucesor de María Corina Machado, lo veo cuesta arriba».

Para el internacionalista Mariano de Alba, «la oposición no tiene otra alternativa que seguir exigiendo el cumplimiento del Acuerdo de Barbados y tratar de organizar el descontento y deseo de cambio que hay en el país».

Asimismo, sostiene que María Corina Machado tiene un amplio margen de maniobra al ser la líder actual de la oposición, aunque, señala, debe fortalecer su coordinación y los mecanismos de toma de decisión y ejecución de estrategia con el resto de las fuerzas opositoras. «En los próximos meses, tendrá que tomar decisiones fundamentales visto que es muy probable que su inhabilitación se mantenga y las condiciones electorales sigan siendo ampliamente favorables para el gobierno».

María Corina Machado febrero 2024 María Graterol 004

De Alba agrega que Machado sigue estando muy expectante de lo que puedan hacer algunos países de la comunidad internacional, empezando por Estados Unidos, «pero la realidad es que el margen de acción internacional es limitado y el desenlace de este año depende fundamentalmente de si se despliega una estrategia y se hace el trabajo en Venezuela».

Relaciones EEUU-Venezuela

El politólogo Pablo Quintero señala que el fin forzado de Barbados va a tensar un poco más las negociaciones entre el Gobierno de los Estados Unidos y el gobierno venezolano. «Esto puede generar un estancamiento dentro de las negociaciones directas entre Estados Unidos y Barbados y, por otro lado, les dificulta el trabajo a los facilitadores de Noruega en entender la profundidad del Acuerdo de Caracas».

Añade que el nuevo proceso desplaza a la Plataforma Unitaria por actores locales que no están reconocidos dentro de la negociación con el Reino de Noruega.

«El gobierno, evidentemente, está construyendo su propia mesa de negociación con un poco más de control», indica.

Quintero destaca que el punto es la legitimidad de la nueva negociación, cuyo peso no es igual al proceso bajo la gestión de Noruega.

Al mismo tiempo, dice que Maduro está construyendo una estrategia electoral para diluir el voto opositor y aprovechando la fragmentación opositora «para construir de alguna manera o diseñar una oposición con la cual pueda negociar mucho más fácil».

A su juicio, no ha habido posibilidades de una elección al 100% competitiva. «De momento, las presidenciales siguen sin ser competitivas, siguen estando sometidas a la incertidumbre total, bajo escenarios altamente volátiles, bajo una política de control electoral», concluye.

 

*Lea También:AN-2020 firma acuerdo para presidenciales con foco en garantías y regulación de campaña

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