Condiciones Esenciales para una Transición Democrática en Venezuela: Expertos Opinan sobre las Elecciones Presidenciales
Especialistas electorales coinciden en que una nueva elección presidencial en el país requiere mucho más que fijar una fecha. Un acuerdo político, un nuevo Consejo Nacional Electoral, la actualización del registro, observación internacional, garantías de competencia y respeto a los derechos humanos figuran entre las condiciones necesarias para encaminar una transición democrática. ¿Para cuándo serán?
Cinco meses después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas militares estadounidenses, las autoridades venezolanas siguen sin hablar de elecciones presidenciales. Sin embargo, actores políticos, organizaciones civiles y gobiernos extranjeros ya discuten una pregunta clave: ¿Qué condiciones son necesarias para celebrar una elección capaz de conducir una transición democrática?
Los especialistas consultados por TalCual coinciden en que una nueva elección presidencial requiere mucho más que una convocatoria formal. Entre las condiciones prioritarias mencionan un acuerdo político amplio, la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), la actualización del registro electoral, la recuperación de los mecanismos de auditoría, la observación nacional e internacional, garantías para la competencia política y el respeto de los derechos humanos.
En días recientes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, urgió a establecer «lo antes posible» las condiciones para celebrar elecciones en Venezuela. Entre ellas mencionó la necesidad de conformar un nuevo CNE y avanzar hacia unos comicios «multipartidistas, libres y justos».
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Este medio conversó con expertos en materia electoral para indagar qué significa realmente crear condiciones para la realización de una elección presidencial en el contexto actual.
«Estamos hablando de unas elecciones para apuntalar a una transición democrática en Venezuela», afirma Griselda Colina, exrectora del CNE e integrante del Observatorio Global de Comunicación y Democracia.
Con esta visión coinciden el polítologo Jesús Castellanos; la coordinadora nacional de Voto Joven, Wanda Cedeño; y Humberto Villalobos, coordinador nacional electoral de Vente Venezuela, quienes además insisten en que las elecciones venideras tambien deben reconstruir la confianza ciudadana y abrir el camino para recuperar la institucionalidad.
Pese a que cada uno de los especialistas suma aspectos distintos, todos sostienen que un nuevo proceso electoral requiere transformaciones previas en dimensiones políticas, técnicas y hasta de derechos humanos.
La elección empieza antes de la elección
Los expertos electorales coinciden en que antes de convocar unas elecciones presidenciales, definir cronogramas, candidatos… es necesaria la existencia de un acuerdo político que genere confianza entre los actores involucrados.
Griselda Colina sostiene, al igual que los demás consultados, que la construcción de condiciones prioritarias pasa por una negociación entre las partes involucradas: quienes tienen el poder en la actualidad en el país, el «Rodrigato»; la oposición, con representación de María Corina Machado y la Plataforma Unitaria; y Estados Unidos, quien mantiene el tutelaje sobre Venezuela tras el 3 de enero.
Castellanos enfatiza que debe haber «un acuerdo político macro con relación a las condiciones electorales». Dice no estar de acuerdo con un estatuto porque supone la aprobación de la Asamblea Nacional y conlleva «modificaciones legales e inclusive constitucionales».
Por su parte, Humberto Villalobos explica que desde Vente Venezuela están buscando «convencer a la administración de los EEUU de la necesidad de hacer algunas cosas antes de que entremos en el proceso electoral y de qué manera deberíamos hacer este proceso», que ellos visualizan para el año 2027.
Un árbitro electoral distinto
Todos los expertos en materia electoral consultados concuerdan de forma unánime en que para elegir un nuevo presidente en Venezuela es urgente cambiar a las autoridades electorales.
«Lo más importante y yo también sostengo esto es el cambio de la actual directiva del Consejo Nacional Electoral», expone Castellano, afirmación con la que concuerda Griselda Colina, quien añade: «Ese nuevo CNE tendría que ser, no solamente producto de un acuerdo, sino Ad Hoc, para que lleve adelante ese proceso» y que sean representantes con «una comprobada independencia y solvencia moral que ofrezcan confianza al país».
En esa misma línea, Villalobos sostiene que son necesarias dos condiciones, además del estatuto que rija la elección, y «un nuevo CNE Ad Hoc», menciona un modelo aprobado mundialmente llamado «elecciones postconflicto» y afirma que el conflicto con quienes han administrado el país en las últimas décadas «ha sido peor que una guerra».
Desde Voto Joven, Wanda Cedeño expone que cambiar el Consejo Nacional Electoral es necesario: «Es evidente que luego del 28 de julio el CNE no cumplió su rol y para que se pueda llevar un proceso de transición, se necesita una autoridad electoral independiente».
Griselda Colina también indica que sería ideal la participación de figuras externas como «un actor internacional que sirva de garante del proceso» y destaca que es muy «necesaria la presión de los venezolanos» para exigir las elecciones presidenciales.
Actualizar el registro electoral
Otro de los puntos que tiene consenso entre los especialistas es la actualización del registro electoral. Insisten en que millones de venezolanos permanecen excluidos del padrón electoral o mantienen su información desactualizada y no solo quienes viven en el exterior, sino también quienes permanecen en el territorio nacional.
Wanda Cedeño comenta que desde la organización que representa estiman que casi cuatro millones de jóvenes que viven en el país, con edad para inscribirse en el registro electoral, no lo han hecho por obstáculos, costos o «por la falta de confianza hacia la institucionalidad del ente».
En cuanto a los electores en el extranjero, Cedeño recuerda que es un número amplio al que le vulneraron el derecho a participar en las elecciones de 2024, al establecer restricciones con la solicitud de requisitos fuera de la ley.
La exrectora del Consejo Nacional Electoral dice que primero hay que ocuparse de hacer operativos permanentes «con más de 2.000 puntos en el país» por al menos un año completo. Castellanos coincide en que la ampliación del Registro Electoral debe convertirse en una prioridad y sostiene que el proceso requiere acercar los mecanismos de inscripción a las comunidades.
Colina indica que incluso organismos internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) podrían desempeñar un papel importante en la identificación y registro de ciudadanos venezolanos fuera del país.
No obstante, Jesús Castellano admite que en «una elección de transición no se tienen todas las condiciones ideales. Es una elección complicada y se va a procurar que haya la mejor de las situaciones».
Transparencia y control ciudadano
La discusión sobre el sistema electoral también pasa por la recuperación de mecanismos de transparencia que se han debilitado durante los últimos años.
La exrectora Griselda Colina recuerda que Venezuela posee un sistema altamente automatizado que involucra prácticamente todas las etapas del proceso electoral, desde la inscripción de los votantes hasta la totalización de los resultados y, por eso, precisamente, considera indispensable restablecer las auditorías en cada una de las fases.
«La tecnología electoral tiene que ser 100% auditable», sostiene.
La especialista insiste en que las revisiones deben realizarse antes, durante y después de la elección, con participación de actores políticos, organizaciones nacionales y observadores internacionales.
Observadores internacionales durante las elecciones presidenciales de 2024. Foto: Luna Perdomo
El politólogo Jesús Castellanos coincide en la necesidad de recuperar procedimientos de verificación y auditoría que permitan garantizar la integridad del proceso: «Soy de la idea que debemos mantener el sistema automatizado de votación; fue lo que permitió demostrar que Edmundo González ganó las elecciones presidenciales de 2024».
Colina también insiste en la importancia de recuperar el acceso a la información pública y permitir a los medios de comunicación hacer su trabajo. Recuerda que, en los últimos procesos, el CNE ha dejado de publicar documentos, procedimientos y resultados que forman parte de la rutina institucional.
Afirma que la falta de acceso a la información contribuye al deterioro de la confianza ciudadana.
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Observación electoral: indispensable
Wanda Cedeño, Griselda Colina y Jesús Castellanos dicen que es indispensable que en un proceso electoral haya observación.
«La observación electoral para mí es fundamental, tanto la nacional como la internacional», asegura el politólogo.
En ese sentido, Colina menciona experiencias previas que han acompañado los procesos electorales en el país como la Unión Europea, Naciones Unidas y el Centro Carter y plantea que organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA) también pueden tener un papel relevante como observadores del proceso electoral para elegir a un nuevo presidente.
«Necesitamos una observación electoral nacional que esté presente en todas y cada una de las auditorías, porque ellos tienen elementos técnicos que puedan complementar, que puedan enriquecer esa experiencia», dice Jesús Castellano y recomienda como observadores externos los mismos organismos mencionados por Griselda Colina.
Garantías de competitividad
Más allá de la organización técnica de los comicios, los especialistas coinciden en que una elección de transición requiere garantías políticas que permitan una competencia real entre las distintas fuerzas del país.
Griselda Colina considera indispensable revertir medidas que durante los últimos años han limitado la participación de dirigentes y organizaciones políticas. Entre ellas menciona las inhabilitaciones impuestas por vía administrativa y la restitución de mecanismos que permitan a los ciudadanos identificarse con las opciones políticas de su preferencia.
«Sería urgente poder eliminar las inhabilitaciones que por vía de sanción administrativa la Contraloría ha hecho con los actores políticos», señala. Un claro ejemplo es la inhabilitación en contra de María Corina Machado, líder de la oposición, quien no puede postularse para ejercer cargos públicos hasta el año 2036.
La exrectora del CNE también plantea la necesidad de revisar casos como el de la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), cuya utilización fue bloqueada por las autoridades electorales. «En el caso de algunas de las tarjetas, como de la MUD, que se la quitaron, la bloquearon y la eliminaron, pues retornarle, habilitar nuevamente esa tarjeta», sugiere.
Jesús Castellanos coincide en que la competencia electoral solo puede considerarse legítima cuando todos los actores cuentan con posibilidades reales de participación. A su juicio, el proceso debe garantizar que las organizaciones políticas puedan postular candidatos, hacer campaña y competir en igualdad de condiciones, sin restricciones arbitrarias que alteren la voluntad de los electores.
Desde Voto Joven, Wanda Cedeño sostiene que las condiciones electorales también pasan por asegurar que los ciudadanos tengan la posibilidad de elegir entre distintas opciones políticas.
La activista considera que una transición democrática requiere recuperar espacios de participación y garantizar que los actores políticos puedan desarrollar sus actividades sin obstáculos que limiten el pluralismo.
DDHH entre las condiciones electorales
Aunque buena parte del debate sobre la preparación de unas elecciones se centra en aspectos técnicos, los expertos también destacan el restablecimiento de los derechos fundamentales.
La investigadora Griselda Colina sostiene que cualquier proceso destinado a impulsar una transición democrática debe abordarse desde tres dimensiones simultáneas: la técnica, la política y la de derechos humanos. A su juicio, no basta con organizar una elección desde el punto de vista operativo si persisten restricciones que afectan libertades esenciales para la participación ciudadana: «No solamente tenemos que ver para un proceso electoral la dimensión técnica (…), sino también una dimensión de derechos humanos donde tenemos que garantizar que ese proceso avance y ofrezca garantías», señala.
La coordinadora de Voto Joven considera que una de las primeras condiciones para convocar una elección competitiva es la liberación de los presos políticos: «Sin liberación de presos políticos es poco probable que podamos ir a unas elecciones realmente competitivas y, sobre todo, que generen confianza suficiente en las personas para participar», afirma.
La dirigente también menciona la recuperación del espacio cívico como un requisito indispensable. En particular, cuestiona las leyes aprobadas que restringen el trabajo de organizaciones sociales y representan obstáculos para la promoción de la participación ciudadana.
«Partimos del análisis de estas condiciones, no desde un punto netamente electoralista, sino pensando en que el derecho a elegir y votar, como derecho humano, también está rodeado de otros derechos», explica Cedeño.
Para Jesús Castellanos, la situación de los presos políticos también forma parte de las demandas prioritarias de la sociedad venezolana. El especialista sostiene que, junto con las reivindicaciones económicas y la exigencia de elecciones, la defensa de las libertades fundamentales constituye uno de los principales reclamos ciudadanos de cara a cualquier negociación política futura.
Se requiere tiempo
Los especialistas rechazan la idea de convocar elecciones inmediatas porque consideran urgente las transformaciones planteadas. Griselda Colina explica, desde el punto de vista técnico, que la organización de las elecciones presidenciales requieren entre ocho y 10 meses.
Incluso, la exrectora plantea la posibilidad de también realizar elecciones a la Asamblea Nacional. Detalla que un nuevo Parlamento tendrá un papel fundamental en la posterior designación de autoridades del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Supremo de Justicia y Defensoría del Pueblo.
Por su parte, el politólogo Castellanos alerta que no se pueden convocar unas elecciones pronto sin realizar los cambios necesarios porque «básicamente es mantener elecciones que no son elecciones, que entran dentro de un régimen de casi autoritarismo cerrado, donde no se elige, donde el resultado ya está definido y que lo impone quien está en el poder».
Para Colina, además, el desafío trasciende la simple organización logística de una votación: «No estamos hablando de hacer elecciones ya, sino de empezar a construir unas condiciones», reitera. La idea también es compartida por Humberto Villalobos, representante de Vente Venezuela, quien sostiene que la discusión no solo debe centrarse en cuándo se realizarán las elecciones, sino en que las condiciones estén dadas.
Según explica, las conversaciones que se han desarrollado con Estados Unidos apuntan a un tiempo «de tres a cuatro meses para que tengamos una fecha y cronograma y, posteriormente, 10 meses a un año es lo mínimo que se necesita para hacer una elección en las condiciones que estamos indicando».
Bajo esa estimación, considera que unos comicios presidenciales podrían celebrarse durante el segundo semestre de 2027.
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