Chavismo y Hostigamiento a la Prensa: Caracas Custodiada en la Catástrofe de los Terremotos

Catherine Ellis, periodista británica, denunció que durante su cobertura en el Parque del Este fue acosada por dos «funcionarios de intelijencia», quienes le exigieron mostrar su pasaporte. Días antes, había publicado una foto del catering disponible en la sala de prensa instalada en la base aérea militar de La Carlota para corresponsales internacionales. «¿Buscan impresionar? A los periodistas venezolanos no se les ofrece este servicio», cuestionó Ellis en sus redes sociales. Al día siguiente de su publicación, en la sala solo había café y agua.

Desde ese mismo lugar, Delcy Rodríguez ofreció una rueda de prensa. Permitió pocas preguntas y respondió de forma ambigua a los cuestionamientos sobre la tardía llegada de la ayuda al estado La Guaira, antes Vargas. En ese mismo contexto, su administración ha intentado limitar la cobertura periodística en la entidad y restringir el traslado de voluntarios civiles hacia una zona donde la magnitud de la destrucción aún no ha podido ser cuantificada. Desde el 24 de junio también se han registrado detenciones arbitrarias, además del regreso de las alcabalas policiales y militares, que instalaron puntos de control en zonas clave, incluidos los campamentos improvisados para damnificados en Caracas.

Todo indica que los terremotos del 24 de junio hicieron retroceder al chavismo en su intento de proyectar una imagen más conciliadora. El tono de Rodríguez al afirmar: «¡Aquí no habrá estallido social!», revela también una nueva faceta de su administración, en medio de cientos de reclamos ciudadanos por la respuesta oficial a la catástrofe.

Lo cierto es que el doble sismo ha cobrado la vida de más de 3.300 personas, según cifras oficiales. Sin embargo, organismos internacionales y recuentos extraoficiales hablan de más de 40.000 desaparecidos, un dato que la administración Rodríguez omite en sus balances diarios. Además, doce días después, amplios sectores de La Guaira continúan sin electricidad ni agua.

Tras los terremotos, el Colegio Nacional de Periodistas y Reporteros Sin Fronteras han documentado al menos nueve ataques y restricciones contra la prensa. Las agresiones incluyen impedimentos para cubrir los hechos, hostigamiento, detenciones arbitrarias y censura institucional en las zonas afectadas.

A ello se suma otro problema estructural que persiste pese al cambio de escenario político. Han transcurrido seis meses desde el inicio del tutelaje de Washington y, aun en medio de la mayor tragedia natural de las últimas décadas, los principales medios digitales independientes, como ocurre con este medio, La Gran Aldea, continúan bloqueados por Conatel y por operadoras como Movistar, Digitel y Cantv, lo que limita el acceso de millones de venezolanos a información independiente.

Los traslados supervisados

Desde la cuestionada sala de prensa instalada en La Carlota partían autobuses que trasladaban a los corresponsales hasta La Guaira. Así lo dispuso el Ministerio de Comunicación. Sin embargo, fueron pocos los viajes que llegaron a realizarse. De un momento a otro comenzaron a suspenderlos.

Ellis, presente en el lugar, preguntó a los voceros del ministerio por qué habían suspendido los traslados, pero nadie respondió. Ni ella ni el resto de los corresponsales recibieron explicación alguna. «Pasábamos dos o tres horas allí y no decían nada (…) Es frustrante la falta de infromación», comentó la periodista.

Al día siguiente, el ministerio oficializó la suspensión de los traslados durante 48 horas, alegando «razones sanitarias» y la necesidad de evitar interferencias en las labores de rescate. «Impedir el reporte en terreno no resuelve la emergencia (…) La situación puede agravarse y el país necesita información», reclamó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Tras la controversia, no volvieron a organizarse viajes tutelados.

Óscar Murillo, periodista, activista de derechos humanos y coordinador general de Provea, calificó la medida de «arbitraria» y aseguró que «en nada contribuye a generar un clima de transparencia».

Este es solo otro episodio de las violaciones a la libertad de prensa en Venezuela, donde más de 460 medios de comunicación han sido cerrados desde 1998. Decenas de portales de noticias siguen bloqueados y, hasta principios de 2026, al menos 24 periodistas y trabajadores de la prensa permanecían detenidos de forma arbitraria. Solo en enero, tras la captura de Nicolás Maduro, se le negó el ingreso al país a más de 200 periodistas extranjeros que pretendían cubrir esos acontecimientos, según Reporteros Sin Fronteras.

Caracas bajo custodia militar

Mientras Rodríguez asegura que en Venezuela no habrá un estallido social, Caracas permanece custodiada por fuerzas de seguridad del Estado.

En las plazas y demás espacios públicos donde pernoctan víctimas de los terremotos hay presencia de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), organismos señalados por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU para Venezuela como parte del aparato represivo de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Para Murillo, estas son «prácticas de carácter autoritario», aun cuando la presencia de estos funcionarios pudiera responder a un interés genuino por garantizar la seguridad. Sin embargo, considera que no son los organismos idóneos para atender una emergencia causada por un fenómeno natural, especialmente cuando en esos mismos campamentos improvisados no existen dispositivos médicos suficientes ni servicios de orientación para las familias afectadas.

«Estos organismos tienen antecedentes muy recientes y han estado en la primera fila de la persecución contra la disidencia política y social del país. El reflejo que eso proyecta es más una presencia intimidatoria e inhibitoria frente a una población que en este momento está afectada material, psicológica y emocionalmente», explica.

Detenciones arbitrarias y hostigamiento

Un tenso cruce de palabras entre Diosdado Cabello, una de las principales figuras del chavismo, y un rescatista estadounidense se difundió rápidamente en las redes sociales. En el video se observa cómo el rescatista parece preguntarle: «¿No quieres que vaya y ayude a la persona que está allí?». Sobre ese episodio, el Departamento de Estado de Estados Unidos aseguró que se trató de un «desafortunado malentendido».

Poco después, Wilmer Cruz, conocido como el «Topo de La Guaira», un ciudadano que colaboraba en las labores de rescate, permaneció desaparecido durante 48 horas. Provea alertó sobre un posible caso de desaparición forzada y detención arbitraria. Así fue. La organización confirmó posteriormente su excarcelación bajo una medida cautelar sustitutiva de libertad con régimen de presentación.

Tras la difusión del video entre Cabello y el rescatista estadounidense, Sebastián Martínez, un ciudadano venezolano que aseguró estar prestando sirvecio voluntario como traductor para soldados estadounidenses en Venezuela, afirmó temer por su vida.

«Estoy siendo persegido y acosado por organismos represores del Estado», escribió en sus redes sociales. También denunció que sus cuentas fueron suspendidas y posteriormente recuperadas. Martínez señaló específicamente a la Dgcim como responsable del hostigamiento y concluyó su mensaje con un llamado de auxilio: «Escribo esto pidiendo ayuda al Gobierno de Estados Unidos».

La opinión emitida en este espacio refleja únicamente la de su autor y no compromete la línea editorial de La Gran Aldea.