Actuaciones valientes de Velásquez y Camargo contra Odebrecht en Guatemala: un llamado a la justicia frente a la corrupción

La corrupción está demostrada, pero el problema real es que el sistema castiga a quienes buscan justicia, mostrando que está diseñado para fallar.

Después del escándalo de Odebrecht, la expectativa era que se hiciera justicia, sin embargo, ni en Colombia ni en Guatemala fue así. En ambos países, el caso Odebrecht refleja una justicia influenciada que no sancionó la corrupción como se esperaba. En lugar de eso, se protegió a ciertos individuos poderosos y se castigó a quienes denunciaron. La preocupación principal no recae solo en la corrupción, sino en las acciones coordinadas para proteger a los responsables y limitar a los fiscales.

Aunque parezca extraño, hablamos de un mismo libreto con dos escenarios diferentes: En Colombia, Odebrecht no actuó sola, se asoció con el Grupo Aval, a través de Corficolombiana, para quedarse con la Ruta del Sol II. El contrato incluyó adiciones exprés, millonarios anticipos y sobornos ya reconocidos por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Los pagos ilegales superaron los once millones de dólares.

En Guatemala, Odebrecht obtuvo el contrato de la carretera CA-2 Occidente. Avanzó poco y cobró mucho: el 70% del valor total sin ejecutar ni la mitad. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), dirigida por Iván Velásquez, en coordinación con el Ministerio Público y la investigadora Luz Adriana Camargo, descubrió pagos por más de 17 millones de dólares en sobornos. Esta vez sí se imputaron funcionarios, se congelaron activos y se judicializó a figuras cercanas al poder.

Guatemala tomó una medida innovadora al crear la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), respaldada por las Naciones Unidas. Esta comisión fue diseñada para investigar y desmantelar redes de corrupción y crimen organizado que habían infiltrado diversas instituciones del país. Su enfoque internacional permitió coordinar esfuerzos con el Ministerio Público y otros actores, como el Dr. Iván velasquez y la Dra. Luz Adriana Camargo logrando avances significativos en casos emblemáticos como el de Odebrecht.

En contraste, Colombia optó por una estrategia interna para abordar el caso Odebrecht. En 2018, se designó un fiscal ad hoc, el reconocido Dr. Leonardo Espinosa, escogido por la Corte suprema para liderar las investigaciones, debido a los impedimentos del entonces fiscal general Néstor Humberto Martínez y su vicefiscal María Paulina Riveros. Martínez enfrenta un conflicto de interés y un reproche moral al haber sido asesor de los condenados en Estados Unidos, super ministro que ayudó a que los dineros se giraran con prioridad y hasta testigo de las denuncias relacionadas con las irregularidades de Odebrecht, expuestas por el auditor Jorge Enrique Pizano.

Ambos países adoptaron medidas distintas para enfrentar la corrupción: mientras Guatemala recurrió a un mecanismo internacional con apoyo de la ONU, Colombia intentó preservar la independencia en sus instituciones mediante soluciones internas. Sin embargo, los resultados y los obstáculos encontrados muestran un panorama complejo en la lucha contra la impunidad en ambos contextos.

La CICIG logró avances significativos en la lucha contra la corrupción en Guatemala, pero fue disuelta en 2019 por el entonces presidente Jimmy Morales, tras investigaciones que involucraron a su círculo cercano.

Tras el cierre de la CICIG, empezó la persecución de sus fiscales y de su director, Iván Velásquez, quien regresó a Colombia. Años más tarde, el Dr. Velasquez, ya como Embajador de Colombia en Roma y la Dra. Luz Adriana Camargo como fiscal general, enfrentan una exótica orden de captura emitida desde Guatemala, promovida por la fiscal general Consuelo Porras y el fiscal Rafael Curruchiche, funcionarios sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea por obstruir la justicia y por corrupción.

En Colombia, el patrón es similar. El valiente fiscal Gilberto Botache, quien avanzó técnicamente en el caso Odebrecht, y conoce a fondo lo que sucedió en el entramado corrupto, fue trasladado a una fiscalía seccional de violencia intrafamiliar, sin justificación disciplinaria ni administrativa. De investigar estructuras de corrupción, pasó a resolver disputas de pareja o maltrato.

El fiscal ad hoc, Dr. Leonardo Espinosa, asumió el caso Odebrecht en Colombia luego de que el entonces fiscal general, Néstor Humberto Martínez, se declarara impedido debido a un conflicto de intereses. Martínez había sido asesor de entidades involucradas en el escándalo, lo que comprometía su independencia en la investigación.

Aunque Espinosa tomó el caso en un intento por garantizar transparencia, su gestión fue breve y enfrentó numerosos obstáculos. Uno de los eventos más críticos fue el allanamiento a sus oficinas, donde se incautó información clave. Este allanamiento generó dudas sobre las intenciones reales detrás de estas acciones y dejó una sombra de incertidumbre sobre el destino de pruebas fundamentales para el caso.

Pareciera que la renuncia de Néstor Humberto Martínez como fiscal general, oficialmente atribuida al caso Santrich, tuvo un impacto indirecto pero significativo en la investigación de Odebrecht. Con su salida, la figura del fiscal ad hoc perdió fuerza, y las investigaciones sobre los vínculos entre los amigos del poder y la corrupción quedaron inconclusas, dejando a algunos responsables aún sin enfrentar la justicia. Como si la independencia en la Fiscalía fuera tolerable solo en dosis pequeñas.

La protección de los poderosos por el entramado de corrupción cada día tiene más vigencia en Colombia y en Guatemala, y es que suceden cosas que no permiten relativizar las circunstancias, pues mientras en Guatemala los corruptos tratan de perseguir a Velasquez y a Camargo, en Colombia todos los intentos por desplazar los fiscales, retrasar la investigación y los juicios son la estratagema más efectiva para la impunidad.

El evento más reciente en Colombia viene del propio Ministerio de Justicia, que debía traer las pruebas a Colombia, que se encuentran en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y con las que se condenó a Corficolombiana y al Grupo Aval por violaciones a la Foreign Corrupt Practices Act. Lo curioso es que, no se hizo, y cuando se revisa por qué una ministra de justicia no cumplió con ese deber mínimo, saltan a la vista otra vez las causalidades.

En 2023, la Dra. Ángela María Buitrago fue nombrada ministra de Justicia del gobierno Petro. Anteriormente, la Dra. Buitrago había defendido a Gina Parody en el caso Odebrecht, situación que no mencionó como posible conflicto de interés al asumir su nuevo cargo. Lo cierto es que, durante su opaca gestión como ministra, no se hizo lo suficiente para que se trajera de Estados Unidos, las pruebas que vincularían a otras personas aún impunes por el caso Odebrecht.

Fiscal General de Guatemala, María Consuelo Porras, quien avaló las órdenes de captura contra el Exministro y la Fiscal colombiana

Pero es que las coincidencias no son raras, son sistemáticas, pues a la Dra. Camargo y al Dr. Velasquez tratan de capturarlos con una vieja y conocida “jugadita” ji, ji, ji. La orden de captura se basa en la declaración de un “testigo A” una “fuente formal” con reserva, como diría la fiscalía colombiana. Sorprende que, en Guatemala para emitir estas órdenes de captura, se acuda a los reprochados métodos ya vistos en Colombia.

Por algo es por lo que el periodista Gonzalo Guillén @Heliodoptero opinó en su cuenta de x:

“La orden de captura en Guatemala contra el doctor Iván Velásquez se basa en un ‘testigo anónimo’, muy al estilo de los montajes judiciales de Martínez Neira.”

Lo grave no es solo que se proteja al corrupto, lo grave es que se castigue al fiscal que lo señala, se traslade al investigador que avanza y se silencie al expediente que molesta.

Colombia y Guatemala muestran, con distinta bandera pero misma mecánica, cómo los sistemas de justicia pueden ser capturados para proteger al poder económico. En ambos países, el caso Odebrecht no terminó con sentencias firmes, sino con fiscales removidos, expedientes fragmentados y pruebas internacionales ignoradas. No se trata solo de impunidad. Se trata de la capacidad del poder para desactivar el sistema desde adentro. Para convertir a los jueces en notarios, a los fiscales en obedientes, y a los ciudadanos en testigos pasivos.

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