Retiro de Venezuela de la CPI: Implicaciones en Investigaciones de Crímenes de Lesa Humanidad

Desde diciembre de 2025, el Ejecutivo venezolano había anunciado su decisión de apartarse de la Corte Penal Internacional (CPI) por la «instrumentalización de la justicia internacional» que, aseguran, ha funcionado contra el país debido a la investigación de crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, la medida no afecta las investigaciones en curso por torturas, detenciones arbitrarias y violencia sexual.

El 24 de julio pasado, el canciller Félix Plasencia informó sobre la decisión del Ejecutivo de denunciar el Estatuto de Roma y, por tanto, «iniciar su retiro definitivo de la CPI». La decisión, aseguró el funcionario, obedece al «sesgo geográfico» sobre países como Venezuela y una justicia internacional «instrumentalizada para profundizar las desigualdades entre los pueblos y desconocer su derecho a la autodeterminación y a la soberanía». 

Las denuncias de Venezuela al respecto no son nuevas. En diversos documentos y espacios, el Ejecutivo venezolano ha verbalizado dicha «instrumentalización» para desechar las denuncias de graves violaciones de derechos humanos que, tanto víctimas, sociedad civil y organizaciones, han señalado a lo largo de los años. 

En 2018, seis Estados parte introdujeron una petición para que se evaluara la presunta comisión de delitos de lesa humanidad en el país. En noviembre de 2021, la Fiscalía de la CPI, a cargo del británico Karim Khan (recientemente destituido por denuncias de abuso sexual), informó sobre el inicio de una investigación al respecto.

En ese entonces, Khan también anunció un memorando de entendimiento con la administración de Nicolás Maduro –basado en el principio de complementariedad– para «reformar y revitalizar el sistema penal y de justicia», ello con el objetivo de establecer «una rendición de cuentas genuina en Venezuela a favor de las víctimas de presuntos crímenes».

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Bajo ese enfoque, en junio de 2023 se firmó un nuevo memorando de cooperación –que no es público– y se estableció la creación de una oficina de la Fiscalía en Caracas sin facultades de investigación, a diferencia de la creada en Ucrania, y que fue cerrada en diciembre del año pasado.

En todo caso, ¿la decisión de la administración de Delcy Rodríguez frena la investigación dentro de la CPI? La respuesta es que no. El Estatuto de Roma, el instrumento que creó y rige el trabajo de la Corte, establece en su artículo 127 que una vez denunciado el Estatuto al secretario general de Naciones Unidas debe transcurrir un año para que se haga efectiva. 

Sin embargo, esto no exonera a los Estados parte –en este caso a Venezuela– de las obligaciones contraídas antes de esa denuncia. Es decir, ni los exámenes, investigaciones o enjuiciamientos penales así como las obligaciones financieras se disuelven. 

Sobre Venezuela se investigan en particular denuncias de torturas, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y violencia sexual contra decenas de personas en un contexto de persecución política. El pasado 28 de mayo, en un encuentro con medios nacionales, el vicefiscal adjunto Mame Mandiaye Niang dijo que la investigación «sigue avanzando satisfactoriamente», a un ritmo pleno «y con total dedicación».

Asimismo, el vicefiscal reconoció las expectativas de los denunciantes, oenegés y sociedad civil sobre los avances de la investigación, pero señaló que aunque los procesos pueden parecer lentos «y en la mayoría de los casos no son visibles para el público, la lentitud no es un signo de fracaso». 

«Es la prueba de que la labor se está realizando de forma adecuada», dijo el funcionario de la CPI.

Tras el anuncio hecho por el canciller Plasencia, la Corte dijo que no había sido notificada de la decisión, pero lamentó que Venezuela quiera «apartarse del esfuerzo colectivo para poner fin a la impunidad por los crímenes internacionales más graves».

¿La nueva relación con Estados Unidos puede tener que ver en la decisión? Posiblemente. Estados Unidos fue el primero en felicitar a Venezuela por retirarse de la Corte Penal Internacional, una decisión que justo coincidió con la campaña iniciada por la administración de Donald Trump para «desmantelar» el organismo.

EEUU

Si bien ya las autoridades venezolanas habían expresado su decisión de abandonar este organismo por la «instrumentalización de la justicia».  

El cierre de la oficina de la Fiscalía de la CPI en el país por la falta de «progreso real» en la complementariedad por parte del Ejecutivo, una decisión anunciada el lunes 1° de diciembre de 2025, trajo una respuesta inmediata de la administración de Nicolás Maduro: el anuncio de retirarse. Un día después, la Asamblea Nacional –de mayoría oficialista– aprobó un acuerdo y una ley derogatoria del Estatuto de Roma.

Poco más de siete meses después, la denuncia se hizo efectiva ante Naciones Unidas.

¿El retiro de la CPI afecta posibles órdenes de captura? En la etapa de investigación, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional puede solicitar a la Sala de Cuestiones Preliminares la ejecución de órdenes de detención o comparecencia –de forma pública o no– sobre personas que consideren son responsables de los crímenes señalados.

La Sala es la que aprueba estas solicitudes (siempre a individuos particulares, pues la CPI no investiga gobiernos) si considera que se ha cometido un crimen que les compete y para asegurar que la persona comparezca en juicio, que no obstruya o ponga en peligro la investigación ni las actuaciones de la propia Corte o para impedir que la persona siga cometiendo crímenes.

Sin embargo, la ejecución de estas detenciones depende íntegramente de la voluntad de los Estados parte, pues el organismo no cuenta con una fuerza policial para hacerlas efectivas. Sin embargo, el director de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, recorma que existe el precedente de Filipinas.

Rodrigo Duterte, siendo presidente de ese país, denunció el Estatuto de Roma. Daniels señala que «ya siendo expresidente el propio Gobierno de Filipinas lo entregó a la Corte y hoy está detenido, está en Países Bajos y está siendo juzgado. Esa es la prueba de que si hay intención de colaborar, se hace y no se puede alegar que el país ya no forma parte del Estatuto para no cumplir con las órdenes de captura. Efectivamente, la obligación pervive porque la denuncia es para hechos futuros, no para hechos que ya están siendo investigados como el caso Venezuela I».

La administración chavista nunca ha mostrado una verdadera intención de cooperar plenamente en la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad o la posibilidad de que las víctimas obtengan justicia dentro del país, como lo ha reconocido la propia Corte.

¿Cuánto debe Venezuela a la CPI? El Estado acumula una deuda con la Corte Penal Internacional de más de 14 millones de euros, ya que se ha atrasado en los pagos correspondientes desde el año 2018 –cuando hizo su último pago de forma parcial– bajo el alegato de incapacidad producto de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y otros países.

Las cuotas anuales de Venezuela son de aproximadamente 2.018.603 euros. Según el artículo 112 par. 8, el derecho al voto se pierde por deber el equivalente a dos o más contribuciones anuales. Hasta el año 2021, el país estuvo sin participación dentro de la Asamblea de la CPI por la deuda acumulada.