Colectivo LGBTI en Venezuela: Del desafío político a la lucha por derechos y reconocimiento
El 31 de octubre, después de haber sido aplazada desde junio por la emergencia del terremoto que golpeó al país, la Marcha Nacional del Orgullo en Caracas se convirtió en una radiografía clara de las contradicciones políticas que enfrenta el movimiento Lgbti (lesbianas, gays, bisexuales, gays, intersex) en Venezuela. A pesar de los compromisos asumidos anteriormente por el Gobierno del Distrito Capital, presidido por Nahum Fernández, del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), para garantizar la logística habitual, la madrugada previa al evento culminó en un silencio institucional rotundo.
Para los activistas, el incumplimiento a última hora y la difusión posterior de rumores de suspensión a través de redes sociales e incluso aplicaciones de citas como Grindr respondían a una maniobra orquestada. Sin embargo, la movilización se mantuvo y los grupos se congregaron en la plaza Brión de Chacaíto.
«A todas luces esto termina siendo un acto hostil en contra de la memoria histórica y de una tradición de 25 años de marcha nacional respaldada por el Estado. Si se nos hubiese dicho que no existía ese respaldo, nos habríamos planificado de otra forma, pero no pueden decirte a las 2:00 a.m. que no hay nada garantizado. Entendemos que allí hubo un sabotaje», denunció la abogada y activista Lgbti, Richelle Briceño.
Para Briceño, lo ocurrido en Caracas evidencia las «distintas barreras e inercias institucionales» que persisten, pero no opaca el giro de timón que observa en las más altas esferas del Poder Ejecutivo. Desde su análisis, las condiciones materiales e históricas abiertas en el panorama político reciente han configurado un escenario inaccesible en años anteriores.
«Esto que sucede en otro momento hubiera sido impensable. No habría sido posible en el gobierno de Nicolás Maduro, donde los grupos conservadores tomaron el poder dentro de la estructura del Estado. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, juzgando desde los hechos y no desde una perspectiva subjetiva, ha estado abriendo espacios a movimientos que antes estaban invisibilizados», indicó Briceño.
Entre esos hechos, la activista destaca la reciente reglamentación, tras 19 años de mora, de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, un acto en el Palacio de Justicia donde fue convocada e institucionalmente reconocida en su identidad como mujer trans. También resalta como un hito diplomático de alto calibre la designación de Oliver Blanco como canciller de la República.
«Que un hombre abiertamente homosexual ocupe uno de los cargos más altos dentro de la diplomacia venezolana tiene un peso innegable, es algo inédito. Sin embargo, así como digo una cosa, digo la otra: es una acción sobre una persona que repercute en él, pero nosotros necesitamos decisiones que se traduzcan en políticas públicas, leyes y jurisprudencia para todo el colectivo, para quienes no tienen los privilegios de un canciller», matiza.
Bajo este marco, el activismo evalúa la solicitud realizada por la presidencia a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para fijar doctrina en materia de diversidad como un derecho fundamental, impulsada tras los encuentros del Programa Nacional de Convivencia y Paz.
«El ánimo hoy es diferente. Todos los sectores estamos reestructurando nuestras estrategias. Venezuela en este momento podría estar encendiendo los motores para iniciar su despegue y nivelarnos con los avances de la región. Pero las respuestas tienen que llegar. La única manera de construir doctrina es que el TSJ finalmente sentencie las causas que tienen más de una década congeladas», enfatiza la abogada.
Briceño advierte, además, sobre el riesgo de que la causa Lgbti sea utilizada con fines electorales de cara a los posibles próximas elecciones presidenciales o atacada por discursos conservadores alineados con corrientes internacionales.
«El riesgo de la instrumentalización siempre va a estar. No podemos detenernos a pensar si van a hacer propaganda con nuestros derechos, porque los que vengan probablemente hagan lo mismo. Nuestro movimiento tiene que mantenerse firme, organizado y movilizado, esté quien esté en el poder», menciona.
En ese esfuerzo por interpelar a todos los actores políticos, la activista hace un llamado explícito a las instancias de la oposición tradicional: «Aún no hemos tenido la oportunidad de acercarnos a la mesa de diálogo de la Asamblea Nacional de 2015, pero nos encantaría tener un encuentro con Dinorah Figuera. Es fundamental que ella escuche a este sector social, tal como ha escuchado a otros grupos del país».
Entre la apertura de Delcy Rodríguez y el pragmatismo institucional
En junio pasado, en un lapso de apenas dos semanas, representantes del movimiento Lgbti venezolano lograron sentarse con dos de las instituciones que durante años han acumulado algunas de las principales deudas del Estado con la población sexodiversa: El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la Defensoría del Pueblo.
Los encuentros, enmarcados en el Programa Nacional por la Paz y la Convivencia Democrática, son vistos por los activistas como una señal de apertura política y cortesía institucional, pero la cautela se mantiene. No porque se le reste valor al diálogo entre las partes, sino porque mientras ocurre, la realidad exterior recuerda que el reconocimiento de los derechos fundamentales de la población sexodiversa sigue atrapado en un laberinto de sentencias engavetadas, leyes congeladas y compromisos internacionales bajo incumplimiento.
El pasado 15 de mayo, fueron recibidos por las propias Caryslia Rodríguez y Tania D’Amelio, presidenta del máximo tribunal y presidenta de la Sala Constitucional, respectivamente. Días después, una delegación de activistas se reunió con la defensora del Pueblo, Eglée Lobato, para presentar, entre otras cosas, propuestas relacionadas con discriminación, violencia institucional y acceso a derechos.
Para Giovanni Piermattei, presidente de la Asociación Civil Venezuela Igualitaria, participante en dichos encuentros, estos acercamientos representan una señal positiva dentro de una institucionalidad que históricamente ha mantenido cerrados estos espacios. «Reconocemos y festejamos que haya personas dentro del Estado, dentro de las instituciones de poder, que sabemos que están comprometidas realmente con nuestra causa», afirma.
Sin embargo, el verdadero examen para las instituciones, más allá de abrir una mesa de trabajo, es resolver expedientes que llevan años paralizados. De allí que él piense que «la deuda más grande que tiene el Estado venezolano con la población Lgbti es dar sentencia definitiva y a favor de las demandas que tenemos en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia».
Y es que la principal exigencia del movimiento señala hoy hacia ese organismo porque buena parte de las demandas históricas de esta población permanecen atrapadas en procesos judiciales que llevan años sin resolución. Entre ellas destacan la solicitud de nulidad del artículo 44 del Código Civil, que limita el matrimonio solo a la unión entre un hombre y una mujer, así como otras acciones relacionadas con el reconocimiento de las familias homoparentales y el acceso de las personas trans a una identidad legal acorde con la que tienen en su vida cotidiana.
Para Piermattei, el problema ya no es únicamente legislativo.
«Esas sentencias son las que van a dar el paso para que las leyes dentro del seno de la Asamblea Nacional puedan ser discutidas y debatidas libremente», explicó.
«Si la Sala Constitucional, máximo intérprete de la Constitución venezolana, decide que somos personas con todos los derechos y deberes que nos otorga la Constitución, entonces no va a haber ninguna discusión».
La situación es incluso más visible en materia de identidad de género, porque aunque el artículo 146 de la Ley Orgánica del Registro Civil, aprobado en 2009, contempla la posibilidad de modificar el nombre propio cuando no se corresponda con el género de la persona, el procedimiento sigue sin hacerse efectivo para la población trans.
En julio de 2023, el Consejo Nacional Electoral aprobó un instructivo para permitir el trámite de cambio de nombre en su sede administrativa. La medida quedó recogida en la Gaceta Electoral N° 1.025 mediante la resolución 230713-059. Sin embargo, casi tres años después, el instrumento sigue sin ser publicado en Gaceta Oficial, por lo que en la práctica continúa sin ser aplicado.
La abogada Richelle Briceño advierte que aun desde la renovación de autoridades del Poder Electoral ese mismo año, las solicitudes dirigidas al organismo para hacer efectivo este mecanismo tampoco habían recibido respuesta.
Por eso, durante el encuentro con la Defensoría del Pueblo, las organizaciones solicitaron acompañamiento institucional para impulsar la publicación definitiva de ese instructivo y garantizar el acceso al cambio de nombre de las personas trans.
Pero la agenda presentada fue mucho más amplia.
Las organizaciones también solicitaron respaldo al anteproyecto de Ley Orgánica contra toda Forma de Discriminación, consignado ante la Asamblea Nacional el pasado 13 de mayo de 2026; la creación de protocolos policiales que permitan erradicar detenciones arbitrarias, extorsiones y tratos degradantes contra personas Lgbti; la designación oficial de una Defensoría Delegada para la Sexodiversidad; así como políticas públicas en salud, empleo, educación y vivienda que permitan reducir brechas históricas de exclusión.
Aun así, los propios activistas marcaron distancia de cualquier lectura demasiado optimista: «Valoramos los avances y propuestas, pero lo decimos sin ambigüedades: ninguna política pública parcial sustituye el reconocimiento jurídico pleno. Sin igualdad ante la ley, estas medidas quedan siempre a merced de la discrecionalidad, la falta de aplicación o el retroceso», señalaron las organizaciones defensoras de derechos de las personas Lgbti en un documento conjunto.
La propia defensora del Pueblo reconoció la dimensión del problema.
«Cuando se vulnera un derecho humano elemental se comienza a desdibujar la dignidad de la persona. El mayor riesgo actual es normalizar aquellas conductas o discursos que anulan a los ciudadanos y los hacen sentir invisibilizados», afirmó Eglée Lobato en una publicación posterior a la reunión con actores de la comunidad Lgbti.
Pero eso no fue suficiente: el ente «mostró disposición a mantener canales de diálogo abiertos, privilegiando el acompañamiento progresivo, la sensibilización y la apertura de puertas», mas no hubo un «compromiso claro» para lograr «reconocimiento pleno, acciones específicas y respuestas institucionales verificables», dijeron los activistas.
El reloj de la ONU sigue corriendo
La reciente apertura institucional también coincide con un momento particularmente sensible para el Estado venezolano en materia de derechos humanos.
De acuerdo con la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA World), las organizaciones de la sociedad civil tenían hasta este 25 de junio para presentar información que servirá de insumo en nuevos procesos de evaluación internacional sobre el cumplimiento de obligaciones en materia de derechos humanos.
El contexto no juega precisamente a favor de Venezuela
En 2023, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el órgano encargado de supervisar la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, recomendó al Estado venezolano redoblar esfuerzos para combatir la discriminación y la violencia contra las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales.
Entre otras medidas, el organismo pidió investigar de forma efectiva los delitos motivados por orientación sexual o identidad de género, sancionar a los responsables, garantizar reparaciones para las víctimas y avanzar en reformas legales que permitan el acceso pleno a derechos y servicios. Sin embargo, balances elaborados por organizaciones venezolanas muestran pocos avances.
Un informe coordinado por la plataforma Alerta Venezuela junto a 15 oenegés, elaborado como parte del seguimiento al Examen Periódico Universal (EPU), concluyó que no existen actualmente políticas públicas integrales orientadas a garantizar los derechos de las personas Lgbti.
El documento también registró más de 45 casos de discursos de odio basados en prejuicios sobre la diversidad sexual y de género emitidos por funcionarios públicos de distintos niveles del Estado, incluyendo autoridades nacionales, regionales y municipales, aunque sin especificar el período en que se recogieron.
A ello se suma otro dato especialmente sensible: «Los casos de muertes violentas de personas trans no cuentan con información pública sobre procesos de justicia y las solicitudes de información ante el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo continúan sin respuestas», se lee en el boletín, publicado en el segundo semestre de 2025.
La situación adquiere un peso particular porque Venezuela reconoce al Examen Periódico Universal como el principal mecanismo internacional de evaluación entre Estados en materia de derechos humanos. Precisamente por ello, las organizaciones consideraron que el incumplimiento de recomendaciones aceptadas voluntariamente por el propio país pone en entredicho el discurso oficial sobre cooperación internacional y compromiso con los estándares de derechos humanos.
En ese contexto, no hay que negar que los recientes encuentros con el TSJ y la Defensoría del Pueblo son vistos por el activismo como una oportunidad, pero también como una prueba.
La disposición al diálogo abre una puerta que durante años permaneció cerrada, pero, después de más de una década de sentencias pendientes, como la del matrimonio igualitario, proyectos de ley congelados y promesas incumplidas, la discusión ya no pasa por si el Estado está dispuesto a escuchar, pues la pregunta real apunta a si está dispuesto a decidir.
Porque para la población Lgbti venezolana, el problema nunca ha sido únicamente acceder a una reunión. El problema ha sido que, tras años de reuniones, las decisiones siguen sin llegar, y mientras el reloj de la ONU avanza, la igualdad jurídica continúa siendo esa frontera invisible que separa el reconocimiento simbólico del goce pleno de los derechos de este colectivo.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
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