La dualidad del gobierno venezolano: Human Rights Watch revela la coexistencia de violadores de derechos humanos y promotores de reformas

Para la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, «hoy coexisten dentro del gobierno venezolano, por un lado, personas que han estado directamente vinculadas a hechos de violaciones graves a los derechos humanos a lo largo de estos últimos años en Venezuela y personas que han tomado decisiones que, insisto, han contribuido a reducir la represión«

Hace 18 años, el entonces director de Human Rights Watch salió de Venezuela formalmente expulsado por el gobierno venezolano. En Miraflores aún estaba Hugo Chávez y el trabajo de la organización internacional pisó algunos cayos. Casi dos décadas después, más de tres lustros de señalamientos contra HRW, y un cambio forzoso de gobierno en Caracas, una delegación de esta organización entró al país formalmente, se reunió con diversos sectores y hasta se sentó en la misma mesa con quien lidera el poder Ejecutivo.

La delegación encabezada por el subdirector ejecutivo de HRW, Federico Borrello, sostuvo encuentros también con el fiscal general Larry Devoe, el diputado Jorge Arreaza (integrante de la delegación oficialista para la mesa de acuerdos), los miembros de la AN 2015 que dialogan con el chavismo, con familiares de presos políticos, embajadas en el país y organizaciones de la sociedad civil. Una agenda de cinco días que no terminó en expulsión.

En conversación con TalCual, Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW, sostiene lo que esa organización divulgó en un comunicado: la represión en Venezuela está menos afilada, hay «una pausa», pero no por desmontaje del aparato represor sino por decisiones de sus autoridades, de manera que no es irreversible.

A su juicio, «hoy coexisten dentro del gobierno venezolano, por un lado, personas que han estado directamente vinculadas a hechos de violaciones graves a los derechos humanos a lo largo de estos últimos años en Venezuela y personas que han tomado decisiones que, insisto, han contribuido a reducir la represión«.

Pero no es suficiente. Por eso en la reunión con Delcy Rodríguez sacaron la cartilla, pues las deudas en materia de derechos humanos son muchas., empezando por los presos políticos.

El cierre del Rodeo I

Human Rights Watch visitó el campamento de familiares que permanecen en vigilia a las afueras de la cárcel del Rodeo I. Allí pudieron conversar con ellos a propósito de las situaciones que ya previamente han venido documentando: malos tratos, tortura, falta de acceso suficiente a alimentación, falta de acceso a atención médica básica. «Si bien el Helicoide fue efectivamente un centro de tortura en los últimos años, venía teniendo unas condiciones que, en comparación con Rodeo I, eran mejores. Personas que fueron trasladadas del Helicoide al Rodeo I reportaron cómo las condiciones eran aún peores, con encierros permanentes, celdas de aislamiento con luz constante o en permanente oscuridad, casos de torturas, de golpizas, etc», revela Goebertus.

Todo eso se lo plantearon directamente a Delcy Rodríguez, así como la solicitud de que cierre esa cárcel por completo. «La presidenta no rechazó esta propuesta. Tampoco asumió un compromiso específico, pero no rechazó de plano esta propuesta. Nosotros además insistimos en el ingreso del Comité Internacional de la Cruz Roja a todos los centros de detención y la respuesta que hemos recibido del gobierno es que está en curso un proceso para permitirlo».

De igual forma, «mencionamos también la necesidad de garantizar que los organismos de inteligencia no tengan a su cargo centros de detención, ni los ordinarios ni los clandestinos que operan en casas privadas. Esperamos que las autoridades se tomen en serio el desmontaje de estos centros clandestinos y que no haya más control de ningún centro de detención por parte de organismos de inteligencia».

TSJ y CNE para un nuevo gobierno

Juanita Goebertus dice que percibió «una disposición a tratar varios de los otros temas, particularmente en materia de reforma al sector seguridad, derogación de leyes que han restringido el funcionamiento del espacio cívico y el funcionamiento de la prensa, acreditación y garantías para la operación de todos los medios de comunicación».

En ese sentido, el jefe de la misión, Federico Borrello, mencionó que hay recomendaciones de aplicación inmediata que presentaron al Estado: la liberación de todos los presos políticos y la instalación de una comisión técnica para revisar casos pendientes; cerrar la cárcel Rodeo I, calificado como centro de tortura, al igual que los centros de detenciones clandestinos; derogar la Ley contra el terrorismo primero y las leyes contra el odio y Simón Bolívar también; desbloquear todos los medios de comunicación y comenzar una reforma del sector seguridad.

Son acciones que también se han discutido en el marco de la mesa de acuerdos entre el oficialismo y la AN 2015. «Abordar temas de garantías civiles y políticas serían avances significativos, en la medida en que efectivamente respondan a la protección de derechos humanos. Por supuesto que si el acuerdo, en materia del TSJ, se traduce efectivamente en una elección de un tribunal verdaderamente imparcial e independiente, significaría un avance muy importante para el proceso de reinstitucionalización y de democratización en Venezuela».

De igual forma, la abogada menciona como fundamentales la composición de un nuevo Consejo Nacional Electoral, el establecimiento de un cronograma electoral, la restitución de las organizaciones políticas y la habilitación de los distintos candidatos «para que pueda haber elecciones libres y justas. Y tal vez añadiría otro tema: que haya realmente avances desde la mesa en el tema de reforma al sector seguridad, que es un elemento fundamental para garantizar que las violaciones a derechos humanos que hemos visto durante las últimas décadas en Venezuela no se repitan. De eso depende el desmantelamiento del aparato represivo que aún existe en el país».

Como parte de la agenda, también visitaron una zona de Petare donde los principales problemas son socioeconómicos y de servicios públicos. «Allí la situación no solo no ha mejorado, sino que algunos incluso llegan a decir que se ha deteriorado aún más este año, particularmente con los cortes de energía y con la falta de acceso a agua. Percibí una impaciencia grande y también un sentimiento en contra de Estados Unidos porque a pesar de los cambios que se han visto en la represión la vida no está mejorando».

La visita de Human Rights Watch al país es vista por sus integrantes como una oportunidad para volver a tener presencia más constante en el terreno, y afinar los estudios que hacen. Las gestiones de gobierno para que ocurrieran estuvieron en manos del vicecanciller Oliver Blanco y la ministra Ana María Sanjuán «que nos hablaron de la disposición a que hubiese reuniones».