Autogestión en la USB Litoral: Cómo la comunidad enfrenta la crisis institucional y los desafíos educativos

Frente a las fallas de servicios y transporte, la comunidad de la USB Litoral se organiza para sostener y administrar a pulso un campus que, a más de dos décadas de sobrevivir la tragedia del deslave, sigue incompleto y está a merced del vacío institucional

Fotos: María de los Ángeles Graterol

Para que un profesor de la Universidad Simón Bolívar (USB) sede Litoral pueda escribir hoy en la pizarra, primero un estudiante de 20 años tuvo que darle el marcador. En Camurí Grande, el Centro de Estudiantes representa políticamente a sus compañeros y, al mismo tiempo, sostiene la institución gestionando soluciones temporales para las fallas de larga data en la casa de estudios.

«El que quiere el beso, busca la boca. Aquí toca resolver», así resume la dinámica Aitana Mora, presidenta del Centro de Estudiantes de la USB Litoral. Además de organizar eventos para recaudar fondos propios con los que compran insumos para docentes y estudiantes, la representación estudiantil se ha convertido en el administrador de los servicios públicos del campus.

«Nosotros tenemos que buscar ayuda en la gobernación de La Guaira. Ellos nos subsidiaron el gasoil. También los bidones de agua. Aquí en la universidad hay 70 bidones y semanalmente se vacían. Se pagaba $0,50 o $0,75 por cada bidón y nos exoneraron el servicio. Por lo menos ahorita que no hay agua, ellos nos han ayudado con cisternas para llenar los tanques», cuenta.

La autogestión también aplica en lo académico, ya que a los propios estudiantes les ha tocado buscar a los docentes para no retrasarse. Según datos de la Asociación de Profesores (Apusb), de las 333 vacantes docentes que tiene la Universidad Simón Bolívar, 97 corresponden a la división de Ciencias y Tecnologías Administrativas e Industriales, que es la que corresponde a la sede Litoral. «Eso debería buscarlo la coordinación, pero a veces nos dicen: ‘bueno, busca tú al profesor y nosotras te abrimos la materia’», relata Mora. Y asume esas responsabilidades mientras saca adelante su carrera de Comercio Internacional.

Ese vacío en las aulas no solo responde a la crisis salarial del sector educativo. «Algunos profesores de toda la universidad tienen problemas para emitir opiniones y declaraciones públicas porque la retaliación es bastante seria. Hemos tenido recientemente en la sede Litoral conocimiento de algunas renuncias de profesores que se han sentido acosados, perseguidos, generalmente por personal medio de la gerencia, que se dedican a este tipo de cosas», comenta William Anseume, secretario de Asuntos Laborales de la Apusb, quien asegura que el gremio intenta contener la situación ofreciendo apoyo legal y revisando expedientes.

Los docentes que se mantienen en el campus también lo sostienen por compromiso, porque los beneficios escasean. Cuando Elvin Barreto, sociólogo con maestría y aspirante a doctor, ingresó por concurso a la USB Litoral en 2009, la realidad era otra. Los profesores recibían apoyo financiero, tanto de la casa de estudios como del Ministerio de Educación Universitaria, para desarrollar sus investigaciones y asistir a congresos nacionales e internacionales. El Instituto de Previsión del Profesorado (IPP-USB) garantizaba un seguro médico robusto. La caja de ahorros funcionaba al punto de que el propio Barreto pudo comprar su vivienda gracias a ella. Nada de eso existe ya.

Pese a las dificultades, el desempeño de los estudiantes lo mantiene firme en las aulas. «En el último acto académico había cerca de 10 estudiantes Summa Cum Laude que eran de esta sede. Y eso a mí me llena de orgullo», afirma Barreto.

No obstante, ese orgullo académico coexiste con una realidad en la que el estudiantado sostiene la universidad, pero la universidad no lo sostiene a él. María Jiménez tiene beca y cuenta que los cinco dólares mensuales que le depositan a la tasa oficial del día llegan con retraso y no rinden ni para la mitad del plan de datos de su celular.

«Es bastante chimbo porque se supone que la beca universitaria está para ayudar a los estudiantes que no pueden o se les dificulta lo que es su vida estudiantil. Nadie depende de esa beca, nadie. Son 2.000 bolívares aproximadamente a tasa de hoy y un batido cuesta 800», añade María Victoria Caime, quien también recibe el beneficio.

La comunidad uesebista ha denunciado reiteradamente que las autoridades interinas designadas por el Consejo Nacional de Universidades (CNU) en 2021, las cuales debían convocar a elecciones pero llevan casi cinco años en el cargo, sustituyó el histórico modelo de consenso y excelencia por una gestión personalista, caracterizada por un sistemático silencio administrativo ante los reclamos y la persecución interna a la disidencia.

Esta parálisis institucional empuja a la sede de Camurí Grande a sobrevivir con lo que tiene disponible, en un limbo que contrasta con el esfuerzo histórico por levantar el campus.

Una universidad a medias

El deslave de Vargas en diciembre de 1999 arrasó con casi toda la USB Litoral, llevándose el 90% de las instalaciones. La reconstrucción de la nueva sede arrancó formalmente a principios de los 2000 y retomó operaciones en 2008. Sin embargo, casi dos décadas después de aquella reapertura, la nueva planta física sigue inconclusa.

El auditorio, por ejemplo, es una obra gris que hoy sirve de hogar para la fauna local. Debido al abandono, los estudiantes del Litoral deben subir a Caracas para celebrar sus actos de grado. Igualmente, lo que iba a ser la sede del Restaurante Escuela Camurí Alto (RECA) es puro concreto y cabillas al aire. En consecuencia, los estudiantes de Gestión de la Hospitalidad aprenden de atención al comensal en un cafetín que no había sido pensado con dicho fin, mientras que el terreno destinado a las canchas deportivas está cubierto por la maleza.

El artículo 9, numeral 4, de la Ley de Universidades establece que las casas de estudio «disponen de autonomía económica y financiera para organizar y administrar su patrimonio». Aun así, el Ministerio de Educación Universitaria, además de no financiar, asfixia presupuestariamente a las universidades públicas. De acuerdo con la investigación Universidades en rojo, publicada por la plataforma Connectas, para el año 2021 el gobierno apenas aprobó el 0,4% del presupuesto solicitado por la Universidad Simón Bolívar. Y esa (escasa) torta debe repartirse entre dos sedes. La realidad obliga a los estudiantes a asumir funciones que no le competen.

Ante la desatención del Estado, el financiamiento privado parece ser la alternativa. «Pudimos este año activar la comisión de actividades complementarias, porque el vicerrector administrativo y el rector las tenían suspendidas. Eso nos tenía de brazos cruzados. Se permitió que dos empresas, una de béisbol y una de fútbol, retomen los campos abajo. No hay nada firmado, pero es una vía. Sabemos que el Ministerio de Educación Universitaria no tiene presupuesto, tampoco la gobernación ni el Ministerio de Deporte», explica Ángela Sagrat Chikhani, directora de la sede Litoral.

Para mantener lo que sí está construido, la comunidad de la USB Litoral adopta medidas preventivas, como cerrar las ventanas para que el salitre no se coma los laboratorios y desenchufar los equipos para que no se quemen por la inestabilidad del servicio eléctrico.

No obstante, aún hay tareas pendientes. Hasta ahora, a los edificios no se les ha hecho tratamiento de impermeabilización. La biblioteca, la más grande del estado La Guaira, no tiene aire acondicionado en pleno calor costero y no se sabe cuándo lo van a reparar.

En lo que a dotación y renovación de equipos se refiere, la USB Litoral se apoya en la asociación de egresados AlumnUsb. Asimismo, la gobernación del estado La Guaira ha colaborado donando aires acondicionados.

A esta infraestructura congelada en el tiempo se le suma el aislamiento geográfico, lo que dificulta que los estudiantes permanezcan en el campus para algo más que cumplir con la presencialidad. La estudiante Serimar Rivas explica que la rutina se reduce a asistir a clases e irse, pues la distancia y la falta de garantías en el transporte le impiden hacer vida universitaria.

La USB Litoral apenas cuenta con dos unidades operativas, cuando alguna vez llegó a tener una flota de 12 buses. Para una comunidad de más de 800 estudiantes activos, según datos de la dirección, además del personal docente y administrativo, no dan abasto. Algunos alumnos se ven obligados a pagar transporte particular si por mala suerte el bus se llena antes de que llegue a su parada. Y si se accidentan, entonces el campus Litoral se apoya en el sistema de transporte del estado, específicamente la línea Caribe-Camurí Grande, pagando medio pasaje.

De acuerdo con la directora de la USB Litoral, al Consejo Estadal de Gestión Universitaria (CEGU) se le solicitó hace dos años la creación de una ruta estudiantil que beneficiara a las 20 universidades que hacen vida en La Guaira. Sin embargo, su petición no ha obtenido respuesta.

El cordón umbilical con Sartenejas

En teoría, el Litoral no es un apéndice de Sartenejas, sino una mitad con voz propia en el Consejo Directivo de la Universidad Simón Bolívar. Sin embargo, la directora Chikhani describe la relación como «subordinada», ya que «la comunicación para obtener las cosas no es nada sencilla» cuando hay problemas en el Litoral.

Frente a la distancia con Caracas y las autoridades interinas, la representación estudiantil se apoya exclusivamente en la gerencia local. «El rector no viene desde el 12 de febrero, que fue el aniversario de la sede. Tenemos a la directora. Ella es nuestra mano derecha y nosotros la de ella. Los rectores simplemente no se acuerdan de la sede», sentencia Mora.

Pero algunas de las peticiones de la dirección de la USB Litoral quedan engavetadas. «Sitssa en su momento, hace poco más de tres años, donó tres unidades de transporte a la universidad. La sede no pudo acceder a ninguna de esas unidades por la falta de conductores. Ahora ya tenemos un tercero. Yo he manifestado en los distintos consejos directivos, específicamente al vicerrector administrativo, que asigne la unidad Sitssa porque ya tenemos al conductor», cuenta Chikhani.

A la burocracia se suma la discrecionalidad en la distribución de los recursos que llegan al campus Camurí. Tras permanecer suspendido desde abril, el comedor recibió un lote de suministros enviado por el Ministerio el pasado 14 de mayo. Sin embargo, el servicio solo se reactivó para el «personal y sectores debidamente autorizados por el Vicerrectorado Administrativo», según consta en un correo enviado por el Departamento de Servicios de la Sede del Litoral a la junta directiva del Centro de Estudiantes.

«A mi juicio, eso está mal porque providencia estudiantil va para los estudiantes. Ese recurso no se le puede quitar. La universidad debería ver cómo gestiona eso», comenta la directora.

Los estudiantes de la Universidad Simón Bolívar (USB) exigieron a la ministra de Educación Universitaria, Ana María Sanjuán, el fin del silencio administrativo y la atención urgente a la crisis presupuestaria que atraviesa la institución. El jueves 23 de abril hubo una reunión con las autoridades ministeriales, las cuales escucharon las inquietudes de la comunidad uesebista sin llegar a acuerdos concretos. Se suponía que habría otro encuentro el 4 de mayo, que al final se suspendió. Bajo el amparo de un rectorado interino silente, la USB sigue en el limbo, esperando a que el Ejecutivo atienda sus demandas, mientras su comunidad asume el costo de mantener las aulas abiertas.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

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