Un mes de «terror de Estado»: represión fue más intensa y letal que en protestas pasadas

Desde Provea y Cepaz señalan que el gobierno de Nicolás Maduro ha aplicado una represión masiva, pero a su vez mantiene la persecución y detención selectiva de opositores para mostrar castigos «ejemplarizantes». La Comisión Interamericana no duda en llamarlo «terrorismo de Estado», debido al uso indiscriminado de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, acusaciones infundadas de «instigación al odio» y «terrorismo», anulación de pasaportes o el cierre de medios

El estupor ante los anuncios del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre los resultados de las presidenciales, dando como ganador a Nicolás Maduro, desataron el 29 de julio un centenar de protestas ciudadanas. El ímpetu del reclamo popular fue respondido de forma similar por el gobierno: cientos de detenidos y 21 muertos se registraron entre el propio día de las elecciones y el 31 de julio, según datos de Monitor de Víctimas. 

Organizaciones como el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) y el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) coinciden en que la represión contra este ciclo de protestas fue más intenso y letal, debido a la cantidad de detenidos y muertos en un corto periodo de tiempo, en comparación a los años 2014, 2017 y 2019, cuando se suscitaron escenarios similares. 

Por su parte, organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ponen el término de «prácticas de terrorismo de Estado», para definir las miles de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y, en general, la persecución política contra la oposición o cualquier persona percibida como tal. 

A juicio de la CIDH, el gobierno de Nicolás Maduro siembra terror «como herramienta para silenciar a la ciudadanía y perpetuar el régimen autoritario oficialista en el poder».

Los datos hablan por sí solos: Según Provea, en el ciclo de protestas registrado entre febrero y mayo de 2014 fueron detenidas un total de 3.459 personas, casi 51 ciudadanos diariamente. 

En las protestas de 2017 que sucedieron entre abril y agosto de ese año, cada día se detuvo a un promedio de 17 personas. En 2019, durante las manifestaciones entre enero y mayo, cerca de 16 personas fueron detenidas cada día por las autoridades.

En este ciclo poselectoral la cifra promedio de arrestos durante los primeros 16 días se elevó a 150 personas. 

En 2014, según los números de Cepaz, en cinco meses se registraron 3.306 detenciones arbitrarias y 43 personas asesinadas. En el 2017 el número de detenciones aumentó a más de cinco mil y el número de asesinados a 120. «Si lo ves, estas cifras en las últimas cuatro semanas son cifras seis veces mayor. Muestran como ha empeorado, como es efectivo y como tiene ese efecto ejemplarizante en la población para instalar el terror y el miedo», asegura Beatriz Borges, directora ejecutiva de Cepaz.

Represión diferenciada

En la evaluación hecha por Cepaz de este ciclo de manifestaciones poselectorales, explica Beatriz Borges, la principal diferencia con otros años es el «perfeccionamiento y la sofisticación» de la persecución. 

«Lo que nosotros veíamos como un patrón de violencia y control ha evolucionado a un sistema perfeccionado que intimida, silencia y somete a la población. Como lo ha denominado la CIDH, una política de ‘terror de Estado’ que es masiva, generalizada y busca impartir miedo. Lo que lograron en meses en 2014 y 2017, son los números de semanas», insiste. 

Marino Alvarado, coordinador de exigibilidad legal de Provea, señala que han identificado cuatro particularidades: la aplicación indiscriminada de la ley antiterrorista, con la imposición de cargos a los 2.229 detenidos –según la Fiscalía venezolana– sin individualizar responsabilidades; desapariciones forzadas, implementadas de forma masiva y de corta duración; imposición de defensores públicos a todos los arrestados, lo que violenta el debido proceso y derechos fundamentales; y el «ensañamiento» contra adolescentes, debido al alto número (114 según el Foro Penal) en centros de detención. 

*Lea también: Adolescentes detenidos: sin edad para votar, pero enfrentados al delito de terrorismo

Subraya que para la ONG, al igual que el Foro Penal, todas estas personas son nuevos presos políticos, que se suman a los más de 300 que ya estaban en cárceles antes del 28 de julio. 

A juicio de Alvarado, el gobierno de Nicolás Maduro es capaz de mantener esa represión masiva con una más selectiva «porque la crisis económica y social con seguridad obligará a muchas comunidades y organizaciones gremiales a salir a la calle a exigir derechos, y muy probable el gobierno dé como respuesta la represión». 

La persecución selectiva, destaca el representante de Provea, va dirigida contra dirigentes políticos y sociales considerados con «capacidad de incidir en la movilización de calle o en la opinión pública. Igualmente continuarán en riesgo los trabajadores de los medios de comunicación, puesto que el propósito del gobierno es intimidar también a los medios».

Y es que desde las elecciones, 11 periodistas han sido detenidos en todo el país. Los últimos fueron Biagio Pilieri, dirigente político de Convergencia, y la periodista de espectáculos Carmela Longo, quien fue presentada en un tribunal con competencia en terrorismo y acusada de los supuestos delitos de «incitación al odio y terrorismo». 

Del grupo resalta el caso de Ana Carolina Guaita, corresponsal de La Patilla en La Guaira e hija de dos dirigentes políticos en ese estado.

Su madre, Xiomara Barreto, dijo que era «una rehén del gobernador y de Goncalves (secretario de gobierno) desde el martes 20 cuando fue detenida (…) ¿Ustedes van a asesinar a mi hija? ¿ustedes le van a hacer daño a una muchacha inocente porque no me pudieron agarrar a mí que me están acusando de barbaridades terribles?». 

Imponer el miedo

A diferencia de otros años, el Ministerio Público anunció de forma temprana la detención de 749 personas en dos días de protestas. En apenas 24 horas, se arrestaron a otras 313. 

«Quiero ver a organismos internacionales diciendo que estos son presos de conciencia, malandros hamponiles (…) están detenidos luego, llorando, pidiendo clemencia, pero no va haber clemencia, justicia. Tiene que haber justicia por todo el daño que han cometido», aseveró Tarek William Saab en una rueda de prensa.

Ya había asomado que a todos los detenidos se les imputarían delitos como instigación pública, obstrucción de vías públicas, instigación al odio, resistencia a la autoridad y en los casos más graves, terrorismo, al igual que se les dictará privativa de libertad.

Para el coordinador de Provea, el gobierno ha dado cifras oficiales «con el propósito entre otras razones de dar un mensaje de terror, pero ha dado esa cifra oficial de 2.229 personas detenidas, que sumado a los 300 presos políticos que ya había antes de las elecciones del 28 de julio, podemos afirmar que en Venezuela existen actualmente un poco más de 2.500 presos políticos».

Señala que hasta la fecha ningún dirigente político del PSUV ha cuestionado la represión, «sin embargo es posible que puedan surgir voces que rechacen de manera abierta esta represión y le exija al gobierno la liberación de presos. Un gobierno que no cuenta con el apoyo del pueblo y que pretende sostenerse a punta de represión tendrá enormes dificultades para gobernar en un permanente estado de debilidad y ampliando día a día su expediente ante la Corte Penal Internacional». 

Por su parte, la directora de Cepaz coincide que esta estrategia de dar cifras, que no pueden ser corroboradas de manera independiente, busca un efecto ejemplarizante. «El gobierno maneja cifras que dice ‘con este grupo le mando un mensaje a toda la población’. Lo hizo básicamente en los primeros días y ha continuado con un sistema de detenciones selectivas (…) Ese método que busca un efecto ejemplarizante, selectivo que busca menor costo político pero una mayor eficiencia, profundidad y crueldad, que es otra de las cosas que hemos visto diferente y afectan la defensa de debido proceso, acceso a un abogado, acceso a información de los familiares». 

Sostiene que «hay una política de opacidad en todo sentido, no hay dónde obtener cifras oficiales, pero en este caso no solamente habló de cifras sino de su plan, el fiscal de la República y el presidente anticipó lo que vendría a quien exigiera sus derechos y fue criminalizado desde el inicio. Incluso la cartilla de delitos a imponerse en este contexto. Básicamente develó su plan de persecución y su operación para reaccionar rápidamente y con mayor crueldad para parar cualquier acción de protesta, la exigencia de sus derechos y la voluntad expresada el 28 de julio». 

Estrategias ciudadanas

La ciudadanía se ha mantenido en las calles, aunque no con la misma fuerza de las protestas espontáneas que se dieron los días posteriores al 28 de julio debido a la represión. Pero las organizaciones brindan estrategias para proseguir el reclamo a la voluntad expresada en elecciones de manera efectiva. 

Marino Alvarado subraya que la estrategia ciudadana debe plantearse en tres niveles: «En primer lugar, comprender que tiene el derecho a defender sus derechos y por lo tanto apoyándose en sus organizaciones comunitarias, en su gremios, en sus organizaciones sindicales, en las asociaciones estudiantiles, debe mantener la exigencia de las reivindicaciones. Lo segundo, desarrollar múltiples iniciativas de protesta pacífica que en la medida de las posibilidades disminuyan la actuación represiva del Estado». 

Por último, recomienda la documentación de los hechos en coordinación con organizaciones de derechos humanos. Esto también contribuirá a documentar en intancias internacionales de protección de derechos humanos, como la Corte Penal Internacional. 

Sin dejar los reclamos, aconseja cuidar el lenguaje en las redes sociales. Especialmente de expresiones que pueden ser calificadas como mensajes de odio o de incitación a la violencia. 

«Lo mejor es reivindicar siempre la Constitución. Los artículos de la Constitución son un arma fundamental para reivindicar el derecho a la defensa, el cese a la represión, la exigencia de mejores servicios públicos, el rechazo al abuso de poder», ratifica el coordinador de Provea. 

Beatriz Borges coincide en la importancia de «mantener la capacidad de la población de seguir exigiendo sus derechos, documentando y denunciando, especialmente ante organismos internacionales que son los que pueden ahorita proteger y escuchar de forma independiente a los venezolanos, pero también es momento de tener mecanismos y protocolos de seguridad que preserven la vida y seguridad física y personal». 

Destaca además el trabajo de denuncia y visibilización de venezolanos en el exterior. «También es un momento relevante para que organismos internacionales y mecanismos de protección protejan a las organizaciones, protejan a los activistas, incluso aquellos que están saliendo de Venezuela por persecución política, es momento de solidaridad y protección de los venezolanos que se encuentran en riesgo y es tiempo para priorizar una respuesta efectiva, solidaria».

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