Defensores de DDHH son blanco de detenciones arbitrarias: gobierno busca silenciarlos

Luego de las elecciones presidenciales, organizaciones no gubernamentales han reportado la intensificación de las detenciones y persecución contra los activistas. Al menos seis defensores de DDHH han sido arrestados arbitrariamente u hostigados por fuerzas policiales en agosto

La actuación de las organizaciones de la sociedad civil se ha vuelto un campo minado luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio. En las últimas semanas se han reportado abusos, acusaciones infundadas y detenciones arbitrarias contra organizaciones y activistas por los derechos humanos. 

Según los reportes de organizaciones de derechos humanos y el registro en redes sociales, al menos seis defensores han sido hostigados y detenidos desde el pasado 2 de agosto, es decir, cuatro días después de las elecciones y en el contexto de las protestas en rechazo a los resultados electorales anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) que dieron como ganador a Nicolás Maduro, sin presentar la data desagregada.

Las organizaciones de la sociedad civil invocan el artículo 68 de la Constitución, el cual contempla el derecho a la manifestación pacífica y condenan que los ciudadanos sean un blanco para las fuerzas de seguridad durante marchas o concentraciones. 

En el contexto de las protestas poselectorales, la  represión y el hostigamiento no solo ha afectado a las personas que manifiestan su descontento  en las calles, sino también a los profesionales cuya misión es la defensa de los derechos de quienes son vulnerados.

“Defender los derechos humanos no es un delito” es la frase que han usado las organizaciones y la ciudadanía, como campaña en redes sociales, para concienciar y denunciar la persecución que han enfrentado los activistas desde antes de los comicios, pero que sin duda aumentaron luego de ellos. 

Tan solo en el mes de julio, el Centro para los Defensores y la Justicia documentó 56 ataques e incidentes de seguridad contra activistas por los derechos humanos. El informe detalla que hubo 26 casos de estigmatización; 20 de intimidación y hostigamiento; cinco ataques digitales; y cuatro amenazas.

«La violencia de Estado se implementa con mayor fuerza para intimidar con el fin de limitar el actuar de la sociedad civil mediante el miedo, el terror y la inhibición».

Destaca el informe que, a partir del 28 de julio, en el contexto de represión poselectoral se registró el 20% del total de las agresiones documentadas durante el mes.

Y aunque tras las elecciones se ha intensificado la persecución contra los defensores, el registro data de mucho antes.  Entre los casos figura la detención de Javier Tarazona, director de Fundaredes, hecho ocurrido el 2 de julio de 2021, y Rocío San Miguel, defensora de derechos humanos y directora de la ONG Control Ciudadano, detenida el 9 de febrero de 2024. Ambos arrestados de forma arbitraria, con irregularidades para presentar su defensa. 

Defensores y ciudadanos están expuestos por igual. La ONG Foro Penal informó que hasta el 26 de agosto ha contabilizado 1.780 presos por motivos políticos en Venezuela, de los cuales 1.581 fueron detenidos durante las protestas poselectorales generadas desde el lunes 29 de julio. De acuerdo con el balance, unos 1.550 son hombres y 230 son mujeres. Además, indica que de ese número global de presos políticos, 1.624 son civiles y 156 militares; al tiempo que reportan la detención de 114 adolescentes.

Al día de hoy #28Ago registramos en el @ForoPenal 1780 presos por motivos políticos en #Venezuela. 230 son mujeres. 114 son adolescentes. pic.twitter.com/3X1xwQPfJW

— Gonzalo Himiob S. (@HimiobSantome) August 28, 2024

La ONG expresa su alarma al asegurar que se trata del “mayor número de presos con fines políticos conocido en Venezuela, al menos en el siglo XXI”.  

La organización Provea, por su parte, también señala que las detenciones arbitrarias registradas en apenas 15 días del mes de agosto, corresponden a más del 50% de los arrestos en tres meses del ciclo de protestas ocurridas en 2017. 

Organizaciones alzan la voz 

Oscar Murillo, coordinador general de Provea, aseguró a TalCual que el objetivo del gobierno es intimidar a los defensores de derechos humanos para que limiten su actuación.

“Con el amedrentamiento y la intimidación directa a representantes de la sociedad civil, es decir, a personas que representan los derechos de otras personas, los voceros, los interlocutores, lo que se busca es silenciar, inhibir y paralizar a la sociedad venezolana para que no se active en la defensa de los derechos y a seguir luchando por lo que es una causa noble y justa”. 

Para Provea, “las desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias pasaron a ser la nueva normalidad bajo el gobierno de Nicolás Maduro. Sin respeto a integridad, sin órdenes de detención, sin el debido proceso en la mayoría de los casos, denunciado por familiares, ONG venezolanas y organismos internacionales”, señala la organización en una publicación en la red social X.

En Venezuela las desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias pasaron a ser la nueva normalidad bajo la dictadura de Nicolás Maduro.

En 3 semanas más de 2400 fueron víctimas de detenciones, alardeado por el propio Maduro.

Sin respeto a integridad, sin órdenes de detención,… pic.twitter.com/VxHC5jx6RQ

— PROVEA (@_Provea) August 19, 2024

Sobre el tema, Beatriz Borges, directora del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), explica que la política de terror de Estado identifica también el miedo de quienes defienden los derechos de las demás personas. 

“Hay un incremento en la intimidación y amenazas a las organizaciones, criminalizando las acciones de las ONG que promueven los derechos humanos y humanitarias. Extendiéndose a defensores, abogados, actores claves y a toda la población”, dijo en conversación con TalCual. 

Estas acciones, señala la especialista, se pueden traducir como “amenazas, anulación de pasaporte e intimidación, como se ha hecho a través del programa Con el Mazo Dando”.

Borges explica que estas acciones también van dirigidas para “amedrentar a las víctimas que buscan orientación legal de las organizaciones”. 

Tras estos actos de violencia, diversas organizaciones han alzado su voz para rechazar estos atropellos y denunciarlos ante organismos internacionales, exigiendo justicia y la libertad inmediata de los activistas. 

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó su preocupación por el “elevado y continuo número de detenciones arbitrarias, así como por el uso desproporcionado de la fuerza que se ha registrado tras las elecciones presidenciales en Venezuela, y el clima de miedo resultante”, según se describe en un texto compartido por el organismo.

“Entre los detenidos desde las elecciones hay “manifestantes, defensores de derechos humanos, adolescentes, personas con discapacidad, miembros de la oposición o personas percibidas como relacionadas con ellos, así como de personas que sirvieron como observadores electorales acreditados por los partidos de oposición en los colegios electorales”, subrayó Türk en el documento publicado el martes 13 de agosto.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también compartió un comunicado en sus redes sociales en el que destaca la labor de los activistas de derechos humanos. “Las personas defensoras son un pilar fundamental para asegurar y consolidar democracias estables y duraderas. Venezuela debe cesar las prácticas violatorias de derechos humanos inmediatamente y restablecer el orden democrático y el Estado de derecho”.

#Venezuela: La #CIDH condena la detención arbitraria del defensor Kennedy Tejeda, de 24 años, integrante de @ForoPenal, quien permanece privado de libertad desde el #2Agosto en Montalbán, Carabobo. Tejeda fue detenido e incomunicado en un comando militar de la Guardia Nacional… pic.twitter.com/Org9suv50G

— CIDH – IACHR (@CIDH) August 27, 2024

¿Quiénes son los defensores detenidos y hostigados tras el #28Jul?

Kennedy Tejeda, abogado.

La detención de Kennedy Tejeda, miembro de la organización Foro Penal en Carabobo, fue una de las primeras registradas. Se produjo el 2 de agosto cuando levantaba información sobre detenidos en protestas poselectorales en el destacamento rural de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en Montalbán (Carabobo). El joven de 24 años de edad es abogado y vive del libre ejercicio de la profesión, además de ser mototaxista.

Aún se encuentra recluido en el Core 2 de Valencia. El abogado Luis Armando Betancourt, coordinador del Foro Penal en el estado Carabobo, señaló que “está a la orden de los tribunales con competencia en terrorismo de la ciudad de Caracas”, aunque se desconocen los delitos imputados. 

Henry Gómez, coordinador de pueblos indígenas.

Henry Gómez, coordinador de pueblos indígenas de la ONG Foro Penal en el estado Amazonas, fue privado de libertad arbitrariamente el 17 de agosto cuando se encontraba en una manifestación pacífica en Puerto Ayacucho. Desde esta fecha permanece recluido en el Comando de la GNB N°63 de la ciudad. 

“Un grupo de personas se encontraba orando y cantando el Himno nacional cuando fueron reprimidos por la GNB. Al pasar por el lugar vio cómo maltrataban a dos mujeres, una de ellas en condiciones de discapacidad psicológica, y los detuvieron a los tres”, reza el comunicado compartido en sus redes sociales.

 Edward Ocariz, Comité de DDHH de Coche.

Edward Ocariz, miembro del Comité de Derechos Humanos de la parroquia Coche, en Caracas, fue arrestado -mientras estaba en su casa cocinando el almuerzo- por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) sin una orden previa. Se encuentra detenido en la cárcel de Tocuyito desde el 9 de agosto; sus familiares denuncian que no les permiten las visitas y mucho menos una defensa privada.

“La detención de Edward y de cientos de civiles forma parte de una política sistemática de Estado intensificada por Nicolás Maduro para perseguir y reprimir a voces disidentes y civiles, la cual cada día se profundiza más tras los resultados del CNE”, señaló la ONG Provea en su cuenta en X.

Yendri Velásquez, presidente del Observatorio de Violencia LGBTIQ+

Yendri Velásquez, activista y presidente del Observatorio de Violencia LGBTIQ+, fue detenido el 3 de agosto en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Se dirigía a Ginebra para participar en el Comité Interracial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) cuando funcionarios le notificaron que su pasaporte había sido anulado.

Su padre, Omar Velasquez, fue quien alertó de su desaparición, luego de perder comunicación con él. Durante todo el proceso de retención, Yendri estuvo completamente incomunicado. Amnistía Internacional condenó su detención y exigió su liberación inmediata. El activista fue liberado unas seis horas después.

Las razones para su detención no se hicieron públicas. Sin embargo, en los días previos había denunciado situaciones irregulares  durante las elecciones.

Edni López, defensora de DDHH y profesora de la UCV.

 A Edni López, defensora de los DDHH y  profesora de la UCV, la detuvieron el 4 de agosto en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Ella se dirigía a Argentina cuando le notificaron que no podría abordar su avión porque su pasaporte estaba “vencido”. Luego fue arrestada.

Tras más de 48 horas sin conocer su paradero, familiares denunciaron que se encontraba detenida por la policía de inteligencia militar. Sus allegados no tuvieron información sobre el motivo de la detención, no se les permitió verla, ni asignar un abogado. Fue excarcelada con medidas cautelares el 9 de agosto, luego de cinco días detenida. 

 Koddy Campos, activista por los derechos Lgbti

El pasado 9 de agosto, Koddy Campos, activista por los derechos Lgbti, tuvo que huir de su casa ubicada en la parroquia La Vega, al oeste de Caracas, cuando encapuchados identificados como miembros de la División de Inteligencia Estratégica (DIE), intentaron ingresar a su hogar sin orden de allanamiento o de arresto. Al escapar pudo evitar su detención.

Este hecho fue denunciado en tiempo real a través de un live en su cuenta de Instagram al que se sumaron más de 9.000 personas. Señaló que los funcionarios rompieron la ventana de su casa mientras le gritaban que saliera “a conversar”, pero él se negó. También detalló que minutos antes, un grupo de civiles identificados como miembros de “colectivos” afines al gobierno habían rodeado la vivienda, tomaron fotos y lo acusaron de ser el “fascista de La Vega”. 

Un poco antes de la medianoche, los funcionarios se retiraron del lugar y vecinos le advirtieron que los “colectivos” podrían volver para buscarlo. Campos terminó su transmisión mientras hacía una maleta para buscar un lugar de resguardo.

*Lea también: CIDH denuncia en la OEA «terrorismo de Estado» y grave represión en Venezuela

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