Adolescentes detenidos: sin edad para votar, pero enfrentados al delito de terrorismo

Desde el pasado 29 de julio, el Estado venezolano detuvo a un centenar de adolescentes y los acusa de delitos graves como instigación al odio, terrorismo, traición a la patria, asociación para delinquir y obstrucción de vía pública. Algunos de estos jóvenes sólo conocen un salón de clases y sus planes a futuro eran seguir estudiando, jamás estar presos en una celda, como se encuentran ahora

La vida de Victoria y Adrián, ambos de 16 años de edad, apenas comienza. Al igual que las personas de su edad tienen sueños y planes a futuro. No se conocen, pero ambos en este momento enfrentan el terror de estar encerrados en una celda porque organismos de seguridad del Estado venezolano los detuvieron, sin motivos. Ahora luchan contra el miedo que produce tener una acusación desconocida para ellos: terrorismo.

El 29 de julio, un día después de la elección presidencial en Venezuela, la vida cambió para estos jóvenes y para otros 134 adolescentes que también fueron detenidos. Algunos participaban en las manifestaciones postelectorales, pero otros, simplemente, iban de paso por alguna calle de Caracas o del país.

De los 1.674detenidos que hay en Venezuela, después de la jornada electoral, la Organización No Gubernamental, Foro Penal contabiliza 136 detenciones de adolescentes  –de 13 a 17 años de edad– presos por el gobierno de Nicolás Maduro en medio de las protestas contra los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral. A pesar de no tener edad para votar, estos menores de edad son acusados de terrorismo, incitación al odio, traición a la patria y otros delitos graves.

«Las acusaciones de terrorismo y otros delitos graves de más de un centenar de adolescentes es un hecho sin precedentes en la región», Zair Mundarain

El abogado Zair Mundaray, exfiscal del Ministerio Público (MP), explicó que las acusaciones de terrorismo y otros delitos graves de más de un centenar de adolescentes es un hecho sin precedentes en la región. 

El artículo 4 de la La Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, aprobada en Venezuela el 30 de abril de 2012, define el terrorismo como aquel acto intencionado que pueda perjudicar gravemente a un país, cometido con el fin de intimidar gravemente a una población, así desestabilizar estructuras políticas fundamentales, constitucionales, económicas o sociales de un país.

Estas acusaciones no se parecen a Victoria. Estaba por comenzar a cursar el quinto año de bachillerato, es parte del Sistema Nacional de Orquestas, se dedica al modelaje y también trabaja como recepcionista en su tiempo libre. El 29 de julio, cuando la detuvieron, no estaba protestando, sino que caminaba con una prima por una calle de Caracas.

Su madre, Carmen Morillo, describió a su hija como una chica con muchos sueños, a quien además le apasiona el cuatro y la guitarra. Esto lo dijo a través de un vídeo publicado por la ONG Foro Penal, en sus cuentas de redes sociales.

«Victoria quiere estudiar en un conservatorio de música porque le gusta componer canciones y es una niña muy noble, empática y humanitaria», comentó la madre de la adolescente.

Actualmente se encuentra en un centro de reclusión de menores, pero su detención está llena de irregularidades, de acuerdo con abogados y defensores de derechos humanos.

El día de su aprehensión, Carmen Morillo recibió información de que a su hija la habían trasladado al destacamento de la Guardia Nacional ubicado en Maripérez y luego le indicaron que se encontraba en Zona 7, centro de reclusión preventiva de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Boleíta.

Al llegar a estos sitios no le confirmaban si Victoria estaba allí detenida. Pasaron más de las 24 horas establecidas por la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopnna) para que un adolescente detenido sea presentado y finalmente se conoció que todo se hizo en silencio y sin defensa privada.

Los detenidos, como Victoria, se encuentran en estado de indefensión y se les viola el debido proceso porque no hubo flagrancia ni orden judicial al momento de su captura.

Grito de liberación 

«Es una cosa absurda. Son niños que no saben qué es terrorismo. Uno se siente impotente al no poder hacer nada», expresó entre lágrimas Leticia Torrealba, madre de Adrián, adolescente detenido el 29 de julio.

Con ella coinciden las familias de más de un centenar de adolescentes detenidos que claman por la liberación de cada uno.

Torrealba no desea que otra madre pase por su dolor. A su hijo de 16 años lo detuvieron funcionarios de la Guardia Nacional en las adyacencias de Parque Central, en Caracas, cuando caminaba junto a unos amigos. Lo trasladaron a la Zona 7, sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), en Boleíta.

Estuvo ocho días sin saber nada del adolescente y finalmente, cuando lo pudo ver, él le comentó que se encontraba en malas condiciones, en una celda oscura, sin ventilación y con hombres mayores de edad.

Después le confirmaron que lo trasladaron al retén de menores de Coche, conocido como Cochecito. En ese centro de reclusión no se le permitió ver a su hijo, sino hasta el 16 de agosto, dos semanas después de su aprehensión.

Cuando detuvieron al estudiante de bachillerato, no participaba en ninguna protesta, de acuerdo con el relato de su madre, quien es empleada de una cadena de cines en Caracas. «Venía caminando por una calle cuando un grupo de policías lo detuvo», comentó al equipo de El Pitazo. 

Aunque Leticia Torrealba al momento de expresarse se muestra como una persona calmada, el grito de liberación se siente en su interior. Solo llora y anhela abrazar a su hijo. Como madre se siente desesperada y pide que sea excarcelado.

El abogado Zair Mundaray desconoce un caso de procesamiento de adolescentes por legislación antiterrorista en Latinoamérica. «La dictadura venezolana marca un nuevo hito de barbarie y dolor. Secuestrar a un niño, desmoviliza y aterra a la familia, vecinos, amigos, esa es la lógica, por eso tanto ensañamiento con este segmento vulnerable de la población”, precisó en entrevista para la alianza Venezuela Vota y La Hora de Venezuela.

Aseguró que en estos casos hay vulneraciones a la presunción de inocencia, no se les ha permitido defensa privada o de confianza y algunos estuvieron desaparecidos porque no fueron presentados ante el Ministerio Público en el lapso que establecen las leyes.

La tragedia de Lau

Lauriannys Valentina Cedeño Farías tiene 16 años y se graduó hace unos meses de bachiller y sus amigas la llaman Lau. Fue detenida el pasado 14 de agosto en su vivienda, en Carúpano, estado Sucre. La acusaron de instigación al odio luego que una funcionaria pública la denunciara por mensajes que envió en un grupo de WhatsApp tras la elección presidencial del 28 de julio.

La detención de esta joven no quedó solo en su acusación. La trasladaron a un hospital debido a que presentó ataque de nervios y desesperación, lo que le ocasionó un colapso que terminó en daños cerebrales. «Fueron más de 20 motorizados que llegaron a su casa al momento de la detención-secuestro y allí convulsionó». La adolescente permanece recluida en un centro de salud del estado oriental y la privaron de su libertad sin derecho a defensa, según comunicó el expreso político venezolano Julio César Rivas. Su familia no quiere declarar, tiene miedo.

De acuerdo con la legislación venezolana, la privación de libertad de un adolescente solo procede cuando ha cometido delitos como homicidio, lesiones gravísimas, violación, robo agravado, secuestro, tráfico de drogas en cualquiera de sus modalidades de robo o hurto sobre vehículos automotores.

En una nota publicada el 20 de agosto por la alianza Venezuela Vota y La Hora de Venezuela, Zair Mundaray explicó que en el contexto de la represión política después de la elección, los adolescentes están siendo acusados de instigación al odio, terrorismo, traición a la patria, asociación para delinquir y obstrucción de vía pública, cargos que califica de excesivos.

Advirtió que el patrón de detención que se aplica  incumple con lo que establece la legislación vigente sobre el proceso penal que debe ser oral, reservado, rápido y ante un tribunal especializado. La norma también señala que las resoluciones, sentencias y sanciones se pueden revisar e impugnar, pero no hay evidencia de que se respeten estos principios con los adolescentes detenidos.

En el país se crearon tribunales de delitos de terrorismo en 2013 y están integrados en el Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes en 2019, de acuerdo con una resolución de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.

Delito de terrorismo: condena desproporcionada

La organización Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap) expresó el pasado 21 de agosto su preocupación por la aplicación de cargos de terrorismo contra los adolescentes detenidos y exhortó al Estado venezolano a  no criminalizar a los menores de edad, incluyendo a los casos en los que los adolescentes fueron capturados en flagrancia al quemar propiedad pública y privada.

Carlos Trapani, director de Cecodap, explicó que calificar estos actos de terrorismo conlleva a una condena desproporcionada que no correspondería con la gravedad de los hechos. Detalló que los adolescentes tienen derecho a ser juzgados por un juez especializado en responsabilidad penal de menores de edad.

“Es fundamental que se realicen investigaciones de calidad para determinar si los actos que cometieron realmente se enmarcan dentro del delito de terrorismo, y no criminalizar a los adolescentes sin una base legal sólida”, dijo Carlos Trapani en declaraciones para Radio Fe y Alegría.

También denunció los tratos que reciben los adolescentes detenidos en los centros de reclusión, debido a que presuntamente los mantienen incomunicados de sus madres, padres y abogados, lo que conlleva a otra violación del debido proceso.

Este 29 de agosto se cumple un mes del día en que las familias de estos jóvenes no sabían los difíciles momentos que estaban por llegar. Sus hijos no están en casa y en circunstancias desconocidas para ellos, sin condiciones de alimentación y en un mundo totalmente distinto: la prisión.

Adrián, Victoria, Lau y muchos de los adolescentes detenidos solo conocen de salones de clases y de proyectos a futuro. Estar en una celda, en un espacio reducido y no tener buena alimentación, es algo que nunca se les cruzó por la mente.

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