Venezuela: La Inestabilidad Como Consecuencia de la Violación de Derechos Humanos y la Represión Política

Nací en Manhattan y crecí entre dos países. Escribo como médica venezolana-estadounidense y como madre de un ex preso político.

En junio de 2016, mi hijo fue detenido mientras participaba en un referendo cívico legítimo en Venezuela. Fue liberado meses después. Muchos otros no lo fueron. Algunos continúan encarcelados. Para familias como la mía, hablar de “estabilización” no es un debate abstracto de política pública. Es la diferencia entre la libertad y la prisión.

Durante más de dos décadas, Venezuela ha sido gobernada por funcionarios señalados por investigaciones de Naciones Unidas y procesos judiciales en Estados Unidos por violaciones sistemáticas de derechos humanos y corrupsión. Misiones de verificación de la ONU han documentado detenciones arbitrarias, torturas y el desmantelamiento de la independencia judicial.

Estos hechos están en el dominio público.

Recientemente se aprobó una ley de amnistía presentada como un gesto de reconciliación. Sin embargo, según reportó el 20 de febrero el Los Angeles Times, la medida excluye a los presos militares y deja a más de 600 personas en detención política. Además, las solicitudes de amnistía deben ser evaluadas por los mismos tribunales que llevaron adelante los procesos judiciales previos.

El 14 de febrero, la agencia Associated Press informó que familiares de presos políticos iniciaron huelgas de hambre exigiendo la liberación de los detenidos. Cuando las familias se ven obligadas a recurrir a estas medidas extremas, el problema deja de ser administrativo y se convierte en humanitario. Ahora hay información reciente de que más de 100 presos políticos militares —y algunos no militares— se sumaron a la huelga de hambre como medida desesperada para llamar la atención sobre su indefensión ante unas autoridades violatorias de la ley y del debido proceso.

Al mismo tiempo, el canal NTN24 reportó que hombres armados ingresaron a la residencia en Caracas de Magalli Meda, integrante del equipo de María Corina Machado. Meda denunció públicamente el hecho en su cuenta en X. La coincidencia temporal con la aprobación de la amnistía ha profundizado la desconfianza de quienes consideran que las prácticas coercitivas y violatorias del Estado de derecho continúan.

Estos hechos evidencian un problema estructural.

Una amnistía que excluye a sectores clave de presos políticos no puede considerarse integral ni justa. Un proceso administrado por las mismas instituciones señaladas por persecución política y violación de los derechos humanos no restaura ninguna confianza. No puede hablarse de estabilidad mientras existan presos por razones políticas, así quede uno solo en las carceles.

Si Venezuela aspira a una recuperación democrática genuina, el orden de las acciones importa.

Fase 1: La fase de estabilización debe incluir estos tres elementos:

Primero, la liberación inmediata y completa de todos los presos políticos, incluidos los militares detenidos.

Segundo, la transferencia de la autoridad ejecutiva a una instancia de transición con legitimidad democrática y de origen: una junta de gobierno encabezada por el presidente electo Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, junto con otros miembros del liderazgo democrático que puedan incluir a los sectores más avanzados y comprometidos con la democracia dentro de la oposición. Esto implicaría desplazar al actual “gobierno designado”, investigado a nivel internacional por violaciones sistémicas de derechos humanos, corrupción y asociación con cárteles de la droga.

Tercero, la plena libertad de expresión sin intimidación.

Fase 2: La fase de transición

Debe incluir la transformación de todas las instituciones del Estado, incluyendo todos los poderes. Para ello, se deberá reestructurar el poder electoral bajo una junta de gobierno con legitimidad de origen y trayectoria democráticas, respetuosa de la ley y de los derechos humanos.

Fase 3: La fase final de rescate pleno de la democracia

Celebración de elecciones libres y soberanas, organizadas y controladas por autoridades probas que se hayan establecido en la fase 1.

Solo así podrá iniciarse una reconstrucción institucional auténtica.

La libertad y la justicia son la base sobre la cual debe construirse la estabilidad y el rescate de la democracia. Sin ambas, cualquier calma será temporal y peligrosa. Sin ambas, la llamada normalización ocultará —en lugar de resolver— la crisis y el sufrimiento de todos los venezolanos.