La falsa ideología del madurismo con los derechos LGBTQ+

Al cierre del 2023 el Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+ registró al menos 461 casos de discriminación o ataques contra la comunidad en Venezuela, la mayoría sin investigar.

El pasado 31 de octubre del 2024, la Asamblea Nacional designó a Tarek Wiliam Saab como Fiscal General por siete años, pese a las críticas a su rol contra los  adversarios políticos del gobierno y contra organizaciones defensoras de los derechos humanos.  Incluso, miembros de la comunidad LGBTQ+ han sido categorizados como “irresponsables, crueles y satánicos” con anterioridad por William Saab. 

Este es uno de los ejemplos del compromiso del «gobierno bolivariano» por el respeto y garantía a los derechos humanos de las personas  sexodiversas.

El Estado venezolano usa la ideología como una máscara para mostrarse como progresista en el extranjero y acumular alianzas, sin embargo, esta fachada poco a poco se ha ido desmontando por su falsa solidaridad y sus actos de incongruencia extrema. 

La ideología como máscara

Con su fallos y aciertos internacionales, los movimientos políticos de izquierda han sido  comúnmente asociados con la reivindicación de los derechos de grupos en situación de vulnerabilidad como las personas LGBTQ+, las mujeres, las personas con discapacidad y pueblos indígenas. 

Y si bien esta asociación no necesariamente es exclusiva, pues también hay progresistas de derecha; la lucha por los derechos de la comunidad ha sido considerada un elemento básico de los partidos de izquierdas, al punto en que sería ampliamente debatible si un partido político de izquierda puede considerarse como tal si no promueve el clamor de las minorías.

El madurismo, como sucesor del chavismo, reclama para sí la ideología socialista, se identifica como izquierda y se vende internacionalmente como un exponente exitoso de ese modelo político. Sin embargo, nunca ha mostrado un verdadero interés por los derechos de las personas LGBTQ+, sino que ha utilizado a estos grupos para obtener simpatía internacional. 

La falsa solidaridad

En la marcha  del orgullo LGBTQ+ en Venezuela año tras año se ven franelas con el logo del PSUV, fotos de Hugo Chávez y a decenas  de seguidores del gobierno convencidos del  compromiso del régimen madurista con las personas queer.

El Estado Venezolano, a través de su canciller Yván Gil, se ha parado en él dialogo interactivo del último Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y ha asegurado que “ha fortalecido medidas para prevenir y sancionar toda discriminación, de conformidad con la Constitución, incluida las relativas a la orientación sexual.”

Este tipo de actos públicos, sin plantearlos en contexto-país podrían pasar como indicadores de compromiso por la lucha de garantías para las personas LGBTQ+, sin embargo, sobran ejemplos de omisión a los derechos de la comunidad.  El chavismo no ha implementado las regulaciones que existen desde 2012 para el cambio de nombre para las personas trans, ni ha avanzado en la legalización de uniones civiles igualitarias. 

El año pasado el desprecio por las personas LGBTQ+ alcanzó niveles de criminalización cuando el Estado privó arbitrariamente de su libertad a 33 hombres que se encontraban en un centro social privado acusándolos de crímenes contra la moral pública, siguiendo la misma lógica con la que la Ley de Vagos y Maleantes justificaba la persecución por orientación sexual. 

En este contexto, el régimen de Maduro claramente no puede considerarse un aliado para la causa de las personas LGBTQ+.

La incongruencia a niveles extremos 

El madurismo ha adquirido matices todavía más perturbadores al aliarse con sectores religiosos radicales y conservadores, con el fin de obtener votos en las pasadas elecciones presidenciales, dotándolos de millones de dólares sin una finalidad clara y designando al propio hijo del mandatario como Vicepresidente de Asuntos Religiosos del Partido Socialista Unido de Venezuela. 

Esto resulta especialmente preocupante cuando estos grupos son los principales promotores de los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG), mal llamadas terapias de conversión, catalogados por Naciones Unidas como formas de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes.

En Venezuela, la organización de la sociedad civil, País Plural reportó al menos 130 casos de individuos sometidos a estas prácticas, prohibidas en al menos 16 países.

Ante todas estas irregularidades, es difícil catalogar al madurismo como pro LGBTQ+, y mucho menos puede considerarse un gobierno de izquierdas, cuando no existe un interés por el desarrollo social de los grupos vulnerables.

Es mucho más fácil ver a Maduro como un autócrata populista que ha asumido tintes conservadores y religiosos de la corriente antiderechos mundial.

Es mucho más importante aliarse con las personas LGBTQ+ que darle solidaridad automática a un Estado que les desprecia e instrumentaliza para luego criminalizarlos.

Es mucho más fácil invertir en construir memoria de todas las personas LGBTQ+ que han visto violados sus derechos humanos de manera estructural por un Estado profundamente discriminador. 

Esta columna es posible gracias a una alianza entre La Gran Aldea y la ONG Defiende Venezuela

La opinión emitida en este espacio refleja únicamente la de su autor y no compromete la línea editorial de La Gran Aldea.