La caída de la dinastía Manzur: escándalos y corrupción en la familia conservadora de Córdoba

El recién elegido senador Wadith Manzur, quien se entregó a la justicia, heredó el caudal político de su papá, quien terminó en la cárcel, condenado por parapolítica.

Sin llegar aún a los 40 años, Wadith Manzur logró una de las votaciones más altas del país para el Senado. Con ese resultado buscaba dar el salto definitivo después de su paso por la Cámara de Representantes por Córdoba. Había heredado de su padre, el veterano congresista conservador Julio Manzur, un caudal electoral construido durante décadas y que supo mantener. A ese respaldo político se sumaba un patrimonio considerable: en sus declaraciones aparecen decenas de bienes —47 en total— y un capital superior a los 3 mil millones que reflejaba la prosperidad de una familia que durante años fue una de las más influyentes de la política cordobesa.

El poder conservador de Córdoba

Wadith Manzur es el heredero más visible de una dinastía política que durante décadas marcó el rumbo del conservatismo en Córdoba. Ese legado lo construyó su padre, Julio Manzur Abdalá, un dirigente que ocupó una curul en el Congreso por más de tres periodos y que llegó a convertirse en uno de los caciques electorales más poderosos del departamento, aunque su carrera terminaría marcada por las investigaciones de la parapolítica.

El hijo siguió el mismo camino. En 2018, con apenas 32 años, el ingeniero industrial consiguió una curul en la Cámara de Representantes. Su elección fue vista como el comienzo de una carrera política prometedora que prolongaba la influencia del apellido Manzur en la región. Obtuvo más de 70 mil votos, una cifra que fue posible en buena medida gracias al respaldo de la entonces senadora conservadora Nora García y de su estructura política, aliada histórica del clan familiar.

Su primer periodo en la Cámara transcurrió sin grandes protagonismos. Sin embargo, en su segunda legislatura el panorama cambió. En 2023 fue elegido de manera unánime como presidente de la Comisión de Acusaciones, una de las instancias más sensibles del Congreso, encargada de investigar a altos dignatarios del Estado. Desde ese cargo tuvo en sus manos procesos de enorme peso político, entre ellos la investigación sobre la presunta violación de los topes de financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro.

El episodio lo puso en el centro del debate nacional. Incluso llegó a enfrentar manifestaciones frente a su vivienda en Montería, donde un grupo de ciudadanos exigía decisiones firmes en ese proceso contra el mandatario. Aquella escena evidenciaba hasta qué punto su figura se había vuelto relevante en el tablero político.

El escándalo que frenó el ascenso

Pero ese mismo cargo terminó colocándolo bajo la lupa de la justicia. La Corte Suprema de Justicia lo investiga dentro del escándalo de corrupción que sacude a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Según la investigación, Manzur hace parte de un grupo de seis congresistas que habrían sido favorecidos con la asignación de contratos de esa entidad.

De acuerdo con los expedientes, esos beneficios habrían llegado por intermediación del entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. La hipótesis de la Corte es que algunos parlamentarios que integraban las comisiones económicas del Congreso habrían respaldado operaciones de crédito público impulsadas por el Gobierno y, a cambio, habrían recibido la destinación de contratos de la Ungrd para proyectos en distintas regiones.

La investigación busca determinar si esos recursos terminaron en iniciativas en municipios como Cotorra, en Córdoba; Saravena, en Arauca; y Carmen de Bolívar, en Bolívar. Por esos hechos los congresistas serán llamados a rendir indagatoria para explicar su participación.

Una familia marcada por los procesos judiciales

El caso de Wadith Manzur revive un antecedente incómodo para la familia. Su padre, Julio Manzur Abdalá, también terminó enfrentando a la justicia. Durante años fue una figura central del conservatismo cordobés, pero su carrera política quedó golpeada cuando fue vinculado al escándalo de la parapolítica.

Las investigaciones señalaron que habría recibido apoyo del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia para llegar al Congreso en las elecciones de 2002. Ese respaldo también habría sido clave en las disputas políticas del departamento, particularmente en los movimientos para frenar la llegada de Juan Manuel López Cabrales a la Gobernación de Córdoba.

La Corte Suprema lo acusó por el delito de concierto para delinquir, en un proceso que también involucró a otros dirigentes de la región, como la exsenadora Zulema Jattin. En 2009, presionado por las investigaciones, Manzur renunció a su curul después de tres décadas en el Congreso.

Años después, en 2015, fue detenido por orden de la Corte mientras avanzaba el proceso judicial. Aunque recuperó la libertad poco tiempo después, su situación jurídica siguió siendo incierta. En busca de beneficios judiciales, pidió ser aceptado en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

El tribunal lo recibió en 2020 con el compromiso de que aportara información sobre las reuniones que sostuvo con las autodefensas, presuntamente encabezadas por jefes paramilitares como Carlos Castaño y Salvatore Mancuso. Sin embargo, en 2022 la propia JEP decidió expulsarlo al considerar que no había entregado información relevante. Un año después fue readmitido, en medio de nuevas promesas de colaboración.

Los otros congresistas investigados

El expediente en el que aparece Wadith Manzur no está solo. La investigación también menciona a otros parlamentarios de distintos partidos y regiones del país.

Entre ellos están la senadora conservadora cordobesa Liliana Bitar; el senador liberal de Pereira Juan Pablo Gallo; el representante liberal antioqueño Julián Peinado; la representante que también acaba de entregarse y que fue elegida por las curules de paz en Arauca, Karen Manrique, y el congresista del Partido Verde Juan Diego Muñoz, del Meta.

Todos integraban las comisiones terceras del Congreso, encargadas de los asuntos económicos y del crédito público. La Corte intenta establecer si algunos de ellos avalaron operaciones financieras del Ministerio de Hacienda a cambio de beneficios derivados de contratos de la Ungrd.

Mientras avanza el proceso judicial, el caso vuelve a poner en entredicho el poder de uno de los clanes políticos más tradicionales de Córdoba. Para la familia Manzur, que durante décadas consolidó influencia electoral y presencia en el Congreso, el presente se ha convertido en una etapa de inciertidumbre.

El hijo que parecía destinado a renovar el liderazgo del clan hoy enfrenta el mismo escenario que alguna vez marcó la carrera de su padre: la defensa ante los tribunales. Y con ello, la dinastía que durante años dominó la política cordobesa atraviesa una de sus horas más dificiles.