Guardia Nacional de Venezuela: Persecución, Tortura e Impunidad según la ONU
La participación de efectivos de la Guardia Nacional en crímenes considerados de lesa humanidad fue moldeada a partir de la modificación del entramado legal que rige la función de este componente, aseguró la Misión de Determinación de Hechos, así como sentencias del Tribunal Supremo de Justicia y órdenes directas de la Presidencia de la República, el escalafón más alto de la cadena de mando.
El último informe de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, un mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pone la lupa sobre un cuerpo de seguridad señalado de graves violaciones de DDHH durante los últimos 15 años: la Guardia Nacional (GN).
Este componente de la Fuerza Armada Nacional (FAN) es señalado por los expertos de la Misión, Marta Valiñas, Patricia Tappatá y Francisco Cox, de ser un «actor central» en la comisión de delitos que pueden ser considerados como «crímenes de lesa humanidad» desde hace más de una década en el país.
La actuación de la Guardia Nacional, afirmaron los expertos, es sostenida por una «impunidad estructural» que ha impedido la sanción a los funcionarios responsables –con rangos medio y altos fuera de acusaciones judiciales– y la obtención de justicia para las víctimas.
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Esa participación de efectivos militares en crímenes considerados de lesa humanidad fue moldeada a partir de la modificación del entramado legal que rige la función de la GN, así como sentencias del Tribunal Supremo de Justicia y órdenes directas de la Presidencia de la República, el escalafón más alto de la cadena de mando de este componente.
Bajo este escenario, hay seis elementos esenciales dentro del informe de la Misión de Determinación de Hechos:
1. Corresponsabilidad y control social
Los expertos de la Misión destacaron que la Guardia Nacional «se ha consolidado como un componente clave en la aplicación de políticas internas y control social, alineada con la agenda política del gobierno, lo que facilita la instrumentalización del aparato de seguridad para la persecución política».
Esto debido a la noción de “corresponsabilidad” entre el Estado y la sociedad civil en materia de defensa y seguridad.
«Este principio ha sido invocado para justificar la participación de la GNB en operativos conjuntos con cuerpos policiales, en contextos de protesta social y represión política. En la práctica, esta estructura ha diluido los límites entre funciones militares y policiales», afirmó la Misión.
Con esto, el margen de actuación de la GN pasó de «garante de la defensa territorial» a la «preservación del orden político interno», con operativos en todo el país «que deberían ser principalmente de carácter civil y policial».
2. Delitos cometidos
La Misión de Determinación de Hechos precisó que funcionarios de la Guardia Nacional están implicados en privaciones arbitrarias de la vida, detenciones arbitrarias, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluyendo violencia sexual y de género.
Estos crímenes fueron cometidos «tanto en el control de protestas como en persecuciones políticas selectivas».
Entre los casos que destaca la Misión en su informe está la violación contra Juan Manuel Carrasco por un funcionario de la GNB en 2014, las descargas eléctricas en los senos, insultos sexistas y amenazas de violación a los que fue sometida Gloria Tobón (también en el marco de la protestas de 2014); las agresiones y amenazas contra Marvinia Jiménez en 2014; o la violencia sexual a la que fue sometida una adolescente en 2017 en el comando de la GNB en La Carlota.
También sumaron dentro de los testimonios el de una mujer que estuvo detenida en un destacamento de la GNB en 2024. «Los custodios, principalmente sargentos hombres, exigían a las mujeres mantener relaciones sexuales a cambio de poder realizar llamadas telefónicas a sus familiares. La misma detenida también fue testigo de un acto de violencia sexual contra otra mujer dentro de su misma celda».
3. Responsables
La mayoría de los presuntos perpetradores, puntualizó la Misión de Determinación, fueron hombres. Una fuente comentó que el adoctrinamiento militar «incluía la idea de que “todo está permitido” si se trata de preservar la revolución bolivariana, y que no habría sanciones por el uso excesivo de la fuerza».
Además, se identificó a «funcionarias de la GNB… presentes en las primeras filas durante acciones de control de protestas, arrestos y custodia de manifestantes».
La presencia de mujeres militares, afirmaron, «no garantizaba un trato diferenciado. Por el contrario, múltiples testimonios recogidos por la Misión y organizaciones de la sociedad civil han señalado que las funcionarias replicaban las mismas prácticas violentas que sus colegas hombres, incluido contra otras mujeres».
Una exfuncionaria entrevistada por la Misión dijo que «las mujeres tienden a ser más duras, más arbitrarias… tienen que adaptarce a un mundo de hombres y cumplir con sus expectativas».
4. Persecución
La Misión de Determinación de Hechos acusa a la Guardia Nacional de ser un «actor central en el crimen de lesa humanidad de persecución por motivos políticos». Este componente ostenta el mayor número de detenciones políticas entre 2019 y 2020, además de tener «un papel clave» en la «Operación Tun Tun» tras las elecciones presidenciales de 2024.
Según la ONG Foro Penal, en el año 2019 la Guardia Nacional detuvo a 1.108 personas, la mayor cantidad de arrestos políticos de cualquier cuerpo de seguridad. «Esto coincide con la reconfiguración de la estructura, funciones y misión de la GNB tras las protestas de 2014», dijo la Misión.
Esa reconfiguración condujo a la colaboración con otros cuerpos de seguridad. Los expertos de la Misión también destacaron que «existe una estrategia conjunta que trasciende la estructura formal de la cadena de mando de cada una de esas fuerzas y que responde a órdenes emitidas directamente por altos funcionarios del gobierno, evidenciando una instrumentalización del aparato de seguridad del Estado para fines políticos».
Respecto a las detenciones selectivas, la mayoría fueron cometidas en alcabalas o puntos de control, especialmente en zonas rurales. Ponen como ejemplo el caso de Yosida Vanegas, de 67 años y detenida el 15 de agosto de 2023. Es madre del preso político Juan Carlos Monasterios, sargento mayor primero de la GN condenado a 30 años de prisión por el llamado “caso de los drones”.
Con la operacion tun tun de 2024, las detenciones selectivas pasaron a realizar en mayor proporción en las viviendas de las víctimas, gracias a «tareas de inteligencia consistentes en la identificación de las personas a ser aprehendidas a partir de videos, fotografías, mensajes en redes sociales o de WhatsApp».
La Misión remarcó que las tácticas de intimidación, detenciones ilegales y coerción no solo se producen contra la oposición. Un ejemplo es el caso de William Gómez, alcalde del PSUV del municipio Bolívar (estado Táchira), quien fue «forzado a dimitir dentro del partido con la ayuda de la GNB que llegó a detenerlo momentáneamente».
5. Uso de fuerza letal
La Misión de Determinación de hechos señaló que en los ciclos de protestas antigubernamentales se documentó el uso desproporcionado de la fuerza, entre ellos «disparos indiscriminados a zonas vitales y posible modificación de proyectiles para mayor daño».
«Funcionarios de la GNB han utilizado munición letal, incluidos fusiles de asalto y escopetas, disparando a manifestantes sin que mediara una amenaza inminente a la vida de otras personas. En el contexto de las protestas de 2024, los disparos impactaron zonas vitales de las víctimas (cabeza, cuello, tórax o abdomen), lo que sugiere que los perpetradores actuaban con el objetivo de matar», se aseveró.
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A partir de 2017, se identificó la modificación de los proyectiles utilizados por los funcionarios para causar mayor daño a los manifestantes.
6. Impunidad
La Misión de Determinación de Hechos destacó la impunidad y un «patrón de no cooperación» con las investigaciones del Ministerio Público. La Guardia Nacional se ha negado a proporcionar información como listas de personal desplegado, registros de armas o planes de operaciones en hechos donde ocurrieron delitos.
Asimismo, registraron la «alteración o manipulación» de escenas del crimen, la retención «indebida» de evidencia balística, la «desaparición de cadáveres», y la «siembra» de pruebas falsas para incriminar a los detenidos.
«En el caso de Santa Elena de Uairén, el 23 de febrero de 2019, la Misión concluyó con motivos razonables para creer que el actuar conjunto de la GNB y el Ejercito resultó en privaciones arbitrarias de la vida, como resultado del uso excesivo e indiscriminado de la fuerza, detenciones arbitrarias y actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes contra miembros de pueblos indígenas. Además, se atribuyó a la GNB acciones de encubrimiento de las violaciones y delitos, como señalaron algunos testimonios a la Misión, incluso transportando en los vehículos oficiales cuerpos sin vida después de la represión».
Las investigaciones judiciales suelen excluir a los funcionarios de rango medio y superior, resaltó la Misión, que también destacó las demoras prologadas en investigaciones judiciales, la inactividad prolongada de tribunales o la falta de cooperación institucional.
La Misión indicó que las investigaciones y procesos judiciales han permanecido «prácticamente paralizados» durante años, como en los casos de Luis Guillermo Espinoza, Gruseny Canelón, Diego Arellano, Miguel Castillo Bracho, Juan Pablo Pernalete o Armando Cañizales. «Las audiencias han sido suspendidas reiteradamente debido a la ausencia de imputados, cambios frecuentes de jueces o dilaciones en diligencias básicas. Los expedientes no han progresado más allá de etapas preliminares, y las víctimas continúan sin una respuesta judicial efectiva».
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
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