“Esto sigue siendo una democracia”

No es un enfrentamiento común. La batalla del gobernador Ron DeSantis contra dos iniciativas electorales en Florida tiene su propia marca y se distingue mucho de controversias anteriores. Y no solo por ser una confrontación sin precedentes, sino porque ha estado llena de polémicas, acusaciones y controversias legales.

Desde el uso de recursos estatales hasta demandas judiciales, DeSantis y su administración están empleando todas las herramientas disponibles para derrotar dos medidas que legalizarían el cannabis y restaurarían el acceso al aborto en Florida.

¿Cómo está usando DeSantis los recursos estatales? Spoiler: de formas sin precedentes

La última movida del gobernador incluye el uso de múltiples agencias estatales para combatir las medidas.

El Departamento de Transporte ha financiado anuncios advirtiendo sobre los peligros de la marihuana, mientras que la Agencia para el Cuidado de la Salud lanzó un sitio web y campaña publicitaria contra la iniciativa del aborto.

Los críticos señalan que estas acciones podrían violar leyes que prohíben el uso de fondos públicos para influir en elecciones.

Un senador republicano, Joe Gruters, fue contundente: “No importa dónde te encuentres en un tema, esto sigue siendo una democracia, y en una democracia no gastamos dólares de los contribuyentes antes de una votación política”.

A lo largo de la campaña, las acciones del gobierno han generado múltiples demandas y controversias:

El Departamento de Salud envió cartas de cese y desistimiento a estaciones de televisión que transmitían anuncios a favor del aborto

La oficina de crímenes electorales investigó presuntos fraudes en las peticiones para colocar las medidas en la boleta

La administración modificó el lenguaje del impacto financiero en la boleta electoral para la enmienda del aborto

Smart & Safe Florida, el comité político que respalda la iniciativa del cannabis, estima que los anuncios de servicio público relacionados con la marihuana pagados por el estado se han transmitido 13,000 veces, con un costo aproximado de $50 millones.

“Las agencias estatales tienen la autoridad y los fondos dedicados para educar al público sobre temas importantes, especialmente aquellos que impactan la salud y la seguridad de mujeres y niños”, defendió Bryan Griffin, portavoz de DeSantis.

La intensidad de los esfuerzos ha llamado la atención de expertos. “No ha llegado a este nivel antes, ahora estamos en las grandes ligas”, señaló Daniel Smith, profesor de ciencia política de la Universidad de Florida.

Con solo días para la votación, el resultado sigue siendo incierto. Lo que es seguro es que la forma en que DeSantis ha utilizado el poder estatal para combatir estas medidas marca un precedente que podría transformar cómo los gobiernos intervienen en futuras iniciativas electorales.

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7 segundos antesoctubre 31, 2024