Escándalo en la hidroeléctrica Urrá: pérdidas millonarias por rebajas irregulares en precios de energía

En julio de 2024, la empresa hidroeléctrica Urrá era noticia por una denuncia hecha por Ricardo Bonilla, entonces ministro de Hacienda y representante de los intereses de la Nación en esa empresa de servicios públicos en la que esa cartera es socio mayoritario, con un 98,99 por ciento de participación.

Primero ante el Consejo de Ministros y luego ante la Fiscalía, Bonilla presentó evidencias según las cuales en la Hidroeléctrica de Urrá se venía dando una multimillonaria firma de contratos de venta de energía a empresas comercializadoras sin criterio técnico de asignación.

La información técnica recaudada revelaba que durante el primer semestre de ese año diez empresas comercializadoras -varias de ellas con marcada influencia en círculos del poder- hicieron sigilosamente un gran negocio: pactaron con Urrá la compra de 5.319 gigavatios, pero lo hicieron a precios inusualmente bajos.

Los cálculos de entonces señalaban que los contratos rondaban en monto los $1,4 billones y les dejaban a los compradores réditos por encima de los $300.000 millones, lo que representaba par la empresa un enorme detrimento patrimonial.

El Ministerio de Hacienda dio poder a la oficina de abogados de Mauricio Pava, un jurista que entonces tenía una relación con el gobierno y los órganos de control recibieron de sus manos un amplio dosier. Aun así, el escándalo fue flor de un día porque hasta ahora no se han conocido decisiones sustanciales y de fondo sobre los responsables.

Sin embargo, el espectro de la rebaja en los precios de energía en Urrá, a hurtadillas y sin rigor técnico, ha vuelto a rondar. Solo que esta vez la Contraloría General de la República lo detectó a tiempo y acaba de increpar a la empresa por un posible detrimento patrimonial superior a los $241.000 millones.

El problema se dio durante el segundo semestre del mismo año, 2024, y en parte de 2025 y está relacionado con la determinación del precio de oferta de energía durante el periodo de aplicación del Estatuto para Situaciones de Riesgo de Desabastecimiento.

El Estatuto establece un conjunto de reglas que definen cuando activar el mecanismo de recuperación forzada del sistema. Este consiste en frenar el desembalsamiento, al sustituir despacho de energía ofertado desde las centrales hidroeléctricas, por fuentes térmicas. En el proceso, se almacena energía en forma de agua al reducir el uso del agua de los embalses hidroeléctricos.

Establece también que durante los periodos altamente lluviosos el precio de oferta debe bajar, para despachar la mayor cantidad de energía posible, evitar vertimientos y conformar un bajo precio de mercado. Por el contrario, durante periodos de baja hidrología, los precios deben subir para que se preserve el agua y el aumento de precio permita el ingreso de plantas más costosas, como las térmicas, para cubrir la demanda.

Sin embargo, según una comunicación enviada por la gerencia departamental de la Contraloría en Córdoba a Juan de Jesús Acevedo Rocha, Presidente de la empresa, URRÁ S.A. E.S.P., mantuvo siempre por debajo del precio de escasez su precio de oferta diaria de energía. “Con respecto al precio en bolsa, el precio de oferta diaria de energía estuvo por debajo y con gran margen en los 46 de los 52 días de aplicación del Estatuto, solo del 15 al 20 de noviembre de 2024”, señala el documento de la Contraloría.

¿La cuerda se rompe por lo más delgado?

La conclusión del órgano de control es que la improvisada “rebajona” en los precios conllevó a un impacto financiero negativo para la empresa, en la que Hacienda es socio mayoritario, al asumir cargos por valor de $241.614.659.909,12, pagados durante la vigencia 2025, con lo cual no solo se ven afectados los ingresos y liquidez, sino el patrimonio de Urrá.

Las glosas también han llegado desde Departamento Nacional de Planeación, que en su informe de cierre 2024 advierte que la capacidad de la empresa para cumplir sus obligaciones a corto plazo se debilita. Y que si bien no presenta insolvencia inmediata, la caída sugiere presión sobre el capital de trabajo y una gestión ineficiente de activos y pasivos corrientes.

Para la Contraloría, del análisis financiero surgen hallazgos de carácter disciplinario que deben ser puestos en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación y otra incidencia para ser puesta en conocimiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

¿Quién responde por el detrimento? Hasta ahora la única funcionaria que, como dice el aforismo popular, parece quedarse con el pecado y sin el género, es la Ingeniera Margarita Diaz Cabrera, Gerente Área de Comercialización. Durante las visitas de auditoría hechas por investigadores de la Contraloría, desde el gerente de la empresa hasta el jefe de control interno, dijeron que ella no estableció “líneas de interacción” y terminó prácticamente fijando las tarifas discrecionalmente.

“Las decisiones -se lee en el informe de control interno- no involucraron a la alta dirección de la Empresa: fueron tomadas totalmente por la Gerencia de Comercialización que no informó al Comité Ejecutivo o a la Junta Directiva sobre las dudas profundas por la aplicación del ESRD (Estatuto para Situaciones de Riesgo de Desabastecimiento) y la incertidumbre sobre sus impactos en los resultados financieros de la Empresa para terminar la vigencia 2024, en un periodo decisivo para la definición del Presupuesto de la vigencia 2025.”

Ni la Contraloría ni ninguno de los funcionarios comprometidos en las rebajas irregulares de precios no dicen todavía quienes se vieron beneficiados. Cuando el entonces ministro Bonilla hizo las primeras denuncias si había razones sociales, nombres y apellidos.

En aquella ocasión fueron mencionados El dueño mayoritario de GENERARCO S.A., Mauricio Sanguino Kuri, socio de años atrás de Danilo Romero, casado con una de las mejores amigas de Verónica Alcocer y cercano Ricardo Roa, quien por esos días lo proponía como la cabeza de CENIT, dentro del grupo Ecopetrol.

También apareció en escena Energéticos ESP, de Marisol Segura Díaz, propietaria de la casa donde funciona la empresa de Julián Caicedo Cano, pareja de Ricardo Roa y de una hija de Santiago Vargas, financiador de la Colombia Humana.

También Energía Limpia y Eficiente (ELEFI ESP). Su gestor de negocios ha sido uno de los mejores amigos de Nicolás Petro.

Lo único que parece haber cambiado en Urrá es la rienda política. Como lo reveló recientemente Las2Orillas, ante la mala hora que vive el clan de los Calle, uno de los más poderosos de la política de Córdoba, sus competidores históricos parecen estar sacando partido. El grupo Chagüí, que había sido excluido de la hidroeléctrica de Urrá, vuelve por sus fueros mediante una alianza política que parecía improbable: decidió apoyar la aspiración de Jorge David Pastrana Sagre al Congreso y recuperar por intermedio suyo la cuota de poder en la empresa.