El empresario vinculado al partido de Trump que incumplió contrato con el Ejército colombiano en la reparación de helicópteros rusos

James Montgomerie, de 58 años, es un empresario estadounidense que hasta ahora ha gozado de una buena reputación como fundador, presidente y CEO de Vertol Systems Company INC., una compañía en cuyo portafolio de servicios está ligado a la reparación y mantenimiento de Aeronaves. El éxito que muestran sus estados contables y su prestigio están apalancados también, en amplia medida, por sus buenas relaciones políticas.

Montgomerie y otros miembros de su familia, algunos vinculados a la empresa con oficinas, talleres y hangares en la ciudad de Destin, Florida, aparecen hace veinte años como donantes a las campañas de caracterizados líderes republicanos como Matt Gaets y Ron DeSantis.

La buena reputación de la firma no ha encontrado eco en Colombia por obra del incumplimiento, ya verificado por la Contraloría General de la República, de un contrato firmado con la División de Asalto del Ejército colombiano para el mantenimiento de la flotilla de helicópteros rusos M-17 para el transporte de tropas y equipamiento militar.

El 6 de octubre de 2025. La Contraloría delegada para el Sector Defensa advirtió sobre un riesgo inminente para el patrimonio del Estado, debido a la alta probabilidad de pérdida de más de USD $13 millones de los USD $16,231 millones entregados como pago anticipado. Identificó, al propio tiempo, varios factores de riesgo de incumplimiento del contrato que vence este sábado 15 de noviembre de 2025.

Cuando los investigadores advirtieron que el avance de lo ejecutado es hoy inferior al 10 por ciento, encendieron nuevas alarmas. Ante esa situación el Ministerio de Defensa tomó la decisión de hacer efectivas las pólizas de incumplimiento cuyo valor supera los US$8 millones.

Una decena de helicópteros rusos M17 están detenidos en los hangares del Ejército y no hay cómo arreglarlos.

Uno de los elementos que más preocupa es la improbabilidad de establecer un contacto franco y expedito con el fabricante que hasta ahora no ha vuelto a dar la cara. Aunque Montgomerie y sus ejecutivos no se han pronunciado todavía, conocedores y analistas de la industria y el gasto militar creen que la inclusión del presidente Gustavo Petro en la lista OFAC podría ser pretexto para montar una mampara de incumplimiento.

Aunque preocupante, la situación no es clara. No se sabe con certeza si la limitación impuesta unilateralmente al presidente de La República, que implica que ninguna empresa o nacional estadounidense pueda celebrar negocios o mantener relaciones comerciales con él, puede hacerse extensiva o no al gobierno.

Esa ausencia de claridad al respecto se hizo patente durante el viaje de finales de octubre del presidente Gustavo Petro a Emiratos Árabes, cuando algunas empresas proveedoras de combustibles se negaron a bastecer el avión presidencial por temor a sanciones y represalias del gobierno estadounidense de Donald Trump.

Aun antes de que se produjera la decisión sobre la decisión sobre la lista OFAC -más conocida por la designación de uno de sus componentes como Lista Clinton, la Contraloría había advertido sobre otros factores de riesgo de pérdida de los recursos invertidos por Colombia para la rehabilitación de las naves.

“Existe -dice uno de los documentos del órgano de control- una alta probabilidad de pérdida de los recursos entregados como pago anticipado, debido a que la empresa contratista es extranjera, catalogada como una compañía de responsabilidad limitada, circunstancia que dificulta que los socios respondan con su patrimonio personal por las obligaciones e incumplimientos de la empresa, sumado al hecho de que no se cuenta con información financiera suficiente para solicitar el decreto de medidas cautelares efectivas, quedando como única alternativa la afectación de las pólizas contractuales”.

¿Ha habido también manipulaciones en el tema de las pólizas? La CGR advirtió sobre tres modificaciones a las garantías de cumplimiento a cargo del contratista. La última de ellas fue prorrogada en su momento hasta el 11 de marzo de 2025 y se redujeron los porcentajes de cubrimiento exigidos para los amparos. Adicionalmente, la póliza que respalda la devolución del anticipo vence en noviembre de 2025 y no cubre el plazo de liquidación del contrato, que en teoría podría extenderse hasta dos años más.

Un negocio que nació mal

La adjudicación del contrato a Vertol estuvo caracterizado por la precipitud y la ausencia de previsiones sobre su real capacidad para reparar naves que fabricación rusa, cuyos repuestos quedaron desabastecidos en el mercado cuando estalló guerra por la invasión rusa a Ucrania.

El órgano de control ha señalado, desde el comienzo, que, pese a no acreditar experiencia técnica ni capacidad financiera por parte del contratista, se le otorgó aval jurídico, lo que contraviene el principio de selección objetiva.

La División de Aviación Asalto Aéreo del Ejercito Nacional, a través del supervisor del contrato, advirtió en reiteradas ocasiones los incumplimientos del contratista y conminó a este a dar cumplimiento al clausulado contractual. No obstante, pese a los oficios de advertencia de fechas 21 de febrero, 30 de junio y 23 de agosto de 2025, el Ministerio de Defensa solo adoptó la decisión de iniciar el debido proceso del incumplimiento contractual hasta el 3 de septiembre de 2025, lo que refleja una reacción tardía frente a los riesgos contractuales advertidos oportunamente.

“La falta de cumplimiento del contrato -dijo la Contraloría- conduce a que no se ejecute el mantenimiento requerido por la flota MI-17 y no se cuente con los repuestos necesarios para aeronaves que se encuentran disponibles, conllevando a la inmovilización parcial de esta flota de helicópteros, que afecta directamente la capacidad operativa de la Fuerza Pública, al limitar la movilidad aérea, el transporte de tropas, el abastecimiento logístico y la respuesta oportuna frente a amenazas a la seguridad nacional”.

El día que Estados Unidos descalificó a Rusia para reparar los helicópteros

En de 2023, Las2Orillas reveló la celebración de una reunión de alto nivel entre representantes de los gobiernos de Colombia y Estados Unidos que hoy cobra mayor sentido. En ella el entonces embajador de Estados Unidos en Colombia, Francisco Palmieri, transmitió la incomodidad y preocupación de Washington por el hecho de que el Ejército colombiano hubiera contratado con Rusia la fabricación de varias naves de su flotilla de helicópteros.

De acuerdo con la posición transmitida por el diplomático, no era conveniente que, en medio de la sangrienta invasión a Ucrania, un país dotara de recursos a Moscú que podrían ser utilizados para financiar la invasión.

El primer sorprendido por la observación fue el entonces ministro de Defensa y actual embajador ante la Santa Sede, Iván Velásquez Gómez. En medio de su desconcierto, Velásquez comentó que no estaba informado de la existencia de algún contrato para la reparación de las aeronaves y tampoco de que el Ejército hubiera enviado unidades a Rusia, como se dijo en algún momento.

Según uno de los asistentes, en medio de su inocultable molestia el ministro anunció que averiguaría de inmediato quienes estaban detrás del negocio para la reparación de los helicópteros en medio de ese conflicto.

En medio de los análisis y discusiones sobre la oportunidad de una operación que implicaría el desembolso de no menos de US$26 millones, el presidente Petro desistió a comienzos de enero de cerrar la negociación. Explicó entonces que sería necesario elaborar un documento CONPES para habilitar la habilitación de los helicópteros, pues el que estaba vigente en la época en que hubo un acercamiento con fabricantes franceses ya había caducado.

Aunque en ese momento el tema de Rusia no había sido tocado expresamente, el propio Petro de encargó de ponerlo en la agenda pública al decir que Colombia no enviaría ningún material militar al área de influencia de Moscú porque el país no apoyaba ni invasiones ni guerra.

La sensibilidad frente a estos asuntos del gasto militar era extrema entonces pues Colombia ya había anunciado que cerraría la compra a un proveedor europeo la compra de aviones de combate ante el fin de la vida útil de los K-Fir. El anuncio, que luego fue retirado, parecía descartar naves recomendadas por la Fuerza Aérea y producidas por la multinacional de origen estadounidense Lockheed Martin. De hecho, el negocio sería adjudicado más adelante a un fabricante sueco.

Por esa razón la sorpresiva alerta de la embajada de Estados Unidos sobre el envío de los MI para que fueran reparados en hangares rusos tuvo un impacto especial.

En un primer momento, oficiales del Ejército quisieron minimizar el hecho. La explicaron al ministro que la mayoría de lo helicópteros del Ejército estaban cumpliendo sus récords de vuelo y que necesitaban ser reparados, algo que consideraban rutinario. Estos helicópteros son utilizados para transporte de personal y también de material logístico y el hecho de tenerlos en tierra forzosamente resultaba muy costoso. Así, no podría ser visto con malos ojos que fuera el propio fabricante el que los revisara.

Sin embargo, el día de la reunión con el ministro y con funcionarios de la Contraloría el embajador americano tenía un segundo anuncio. La firma fabricante de los helicópteros, la estatal rusa Joinet Stock Company National Aviation Service (Nacsc), había sido incluida en la Lista Clinton. La decisión hace parte de la estrategia de Estados Unidos de bloquear hasta donde le sea posible los movimientos financieros internacionales rusos mientras Moscú no desista de la invasión a Ucrania.

Las consecuencias de que nadie en los círculos castrenses le hubiera informado al ministro Velásquez acaban de trascender. El ministro de Defensa verificó la existencia del contrato y decidió pedirle la renuncia a su asesora Ana María Garzón, que hasta ahora había sido una de las funcionarias de mayor confianza, y de otros servidores de la Dirección de Contratación Estatal del Ministerio, según lo publicó este lunes 6 de febrero el diario El Tiempo. Las renuncias fueron aceptadas el viernes 3 de marzo.

El contrato con Nacsc incluía la reparación de aeronaves Mi-17-1V, Mi-17MD, Mi-17-V5 por valor de US$20,2 millones.

El contrato era una reanudación de otro suscrito con una empresa que hace tres décadas mantiene los helicópteros de la Aviación del Ejército. Lo que nadie esperaba entonces es que la firma estadounidense recomendada para la reparar los M-17 fuera a incumplir con consecuencias tan costosas para el Erario.