Diana, Karen, Dignora y la conspiración Brazalete Blanco

La supuesta conspiración Brazalete Blanco consistía en atacar la 21ª Brigada de Infantería del Ejército en San Cristóbal, estado Táchira, con el fin de obtener armas y así atentar contra el gobernador Freddy Bernal y Nicolás Maduro. Aunque estaba programada para ser ejecutada el 31 de diciembre de 2023 y el 1 de enero de 2024, el fiscal general Tarek William Saab informó, a finales de febrero de este año, que la conspiración fue desmantelada antes de su realización.

Sin embargo, de acuerdo con la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de Naciones Unidas, el supuesto plan, como todos los anunciados por el gobierno, fue creado para amedrentar, detener y procesar a personas opositoras o críticas del gobierno.

Hasta el 20 de marzo, 44 personas fueron asociadas con el caso Brazalete Blanco. Catorce personas tienen órdenes de aprehensión por el Tribunal Segundo de Terrorismo y 24 fueron detenidas, entre éstas, cuatro mujeres: Rocío San Miguel, Dignora Hernández, Diana Desirée Victora y Karen Nayarit Gómez. Estos casos fueron relatados en el reciente informe detallado de la Misión. A continuación, reproducimos los tres últimos. Se han hecho algunos ajustes para facilitar la lectura.

Diana Desirée Victora

Trabajaba desde 2012 en la Brigada de la Guardia de Honor Presidencial (GHP). Fue detenida en la sede de la GHP el 15 de diciembre de 2023, el mismo día que su esposo Enrique César Siero y su cuñado Henry César Siero. A las 5:00 p.m., el general de brigada Crismar Darío Mago Sánchez, superior de Diana, le pidió que le entregara su celular y le comunicó que iba a ser trasladada a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Boleíta para ser sometida a un interrogatorio relacionado con la detención de su esposo. El coronel Reutilio José Santamaría Castillo, segundo comandante de la GHP, la llevó en un vehículo a la DGCIM.

En la DGCIM-Boleíta, los funcionarios interrogaron a Diana sobre su opinión del gobierno, sobre los “traidores”, y si conocía al capitán Anyelo Heredia —militar detenido en Colombia por el Ejército de Liberación Nacional y entregado a la DGCIM. Degradado y expulsado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, fue torturado para obligarlo a grabar un video inculpándose e implicando a, al menos, 15 personas en la supuesta conspiración—. A Diana también le preguntaron si sabía por qué estaba siendo interrogada. Seguidamente, le informaron que la iban a tener allí por 45 días por razones de investigación y que luego la dejarían ir. En ningún momento le mostraron una orden de detención.

Diana permaneció en el Sector B del Departamento de Investigaciones Penales y Criminalísticas (DIPC), ubicado en los sótanos de la DGCIM, hasta el 22 de enero de 2024. Ese día, el fiscal general Saab dijo en rueda de prensa que la orden de aprehensión de Diana fue solicitada el 19 de enero ante el Tribunal Segundo de Control de Terrorismo, pero para esa fecha ya estaba detenida.

Después del 22 de enero, Diana fue trasladada al Sector C de Boleíta, donde se le asignó una celda sin ventilación ni luz natural. La mantuvieron aislada en su celda sin permitirle salir de ella ni tener contacto con otros detenidos. También fue expuesta a música instrumental a alto volumen proveniente de un parlante afuera de la celda, lo que la perturbaba y alteraba su sueño. En esos días, Diana no tuvo acceso a artículos de higiene femenina.

A las 10:30 a.m. del 23 de enero, en el patio de honor del Ministerio para la Defensa, se llevó a cabo un acto de degradación y expulsión de 33 militares del Ejército por traición a la patria. Diana fue una de los 33 militares degradados y expulsados. Para el cierre del informe de la Misión, no se pudo constatar si la degradación y expulsión fue impuesta como pena accesoria derivada de un procedimiento penal militar.

En la noche del 24 de enero, sin publicidad, sin familiares y sin su abogado de confianza, se llevó a cabo la audiencia de presentación de Diana ante el Tribunal Segundo de Control de Terrorismo, a cargo del juez Juan Carlos Liendo. Diana fue imputada por los delitos de traición a la patria, conspiración para destruir la forma política republicana, homicidio intencional calificado en grado de tentativa en la persona del presidente de la república, homicidio intencional calificado en grado de tentativa en la persona del gobernador del estado Táchira, terrorismo y asociación.

El 4 de febrero, funcionarios de la DGCIM allanaron la casa de los esposos (Diana y Enrique) en San Antonio de los Altos, estado Miranda.

El 19 de febrero, un familiar logró dejarle a Diana un paquete con artículos personales y el 23 de febrero —70 días después de haber sido detenida— Diana pudo realizar su primera llamada telefónica a su familia. El 21 de marzo pudo hacer la segunda llamada.

El 23 de marzo —99 días después de haber sido detenida— Diana tuvo visita de sus familiares. Sus dos hijas menores de edad pudieron visitarla el 6 de abril.

El 10 de abril, Diana fue trasladada al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), donde continúa detenida. Desde este centro de detención, el 16 de abril, tuvo su audiencia preliminar vía telemática. El defensor público asignado no promovió ninguna acción por la defensa de Diana. El tribunal admitió la acusación fiscal en su totalidad.

Karen Nayarit Gómez

La primera teniente del Ejército Bolivariano trabajaba en la 64ª Brigada de Ingenieros Ferroviarios en Charallave, estado Miranda.

El 21 de enero de 2024, Karen fue requerida por el general de brigada Francisco Javier Sánchez Carballo para una reunión en las instalaciones de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) número 83 de Guatire, estado Miranda. Al día siguiente, Sánchez Carballo trasladó a Karen en un vehículo oficial del Ejército hasta las instalaciones de la ZODI, donde, después de una espera de aproximadamente una hora, fue detenida por agentes de la DGCIM junto con su pareja, el coronel Carlos Jesús Sánchez Vázquez.

Al llegar a la DGCIM-Boleíta, Karen fue esposada y trasladada a una celda. Los funcionarios de la DGCIM le ordenaron vestirse con un uniforme azul y le dijeron que la persona que la entrevistaría llegaría al día siguiente. Karen pudo enviar un mensaje de voz por WhatsApp a su familia para informar sobre su detención, pero sin mencionar el lugar donde estaba detenida.

A las 10:30 a.m. del 23 de enero, en el patio de honor del Ministerio para la Defensa, en Fuerte Tiuna, se llevó a cabo un acto de degradación y expulsión de 33 militares del Ejército por traición a la patria. Karen fue una de los 33 militares degradados y expulsados. Para el cierre del informe de la Misión, no se pudo constatar si la degradación y expulsión fue impuesta como pena accesoria derivada de un procedimiento penal militar.

El 2 de febrero, familiares entregaron artículos personales para Karen en la DGCIM-Boleíta como reconocimiento implícito de que ella estaba detenida en dicha instalación. Sin embargo, no permitieron visitarla.

Hasta el 21 de febrero, Karen permaneció aislada en una celda a bajas temperaturas, sin acceso a luz solar y expuesta permanentemente a música con volumen alto. Cada cuatro días, los guardias le permitían que tomara una ducha de entre tres y cinco minutos. En numerosas ocasiones recibió comida limitada.

En la noche del 19 de febrero, sin publicidad, sin familiares y sin su abogado de confianza, se llevó a cabo la audiencia de presentación de Karen ante el Tribunal Segundo de Control de Terrorismo. Karen fue imputada por los delitos de traición a la patria, conspiración para destruir la forma política republicana, homicidio intencional calificado en grado de tentativa en la persona del presidente de la república, homicidio intencional calificado en grado de tentativa en la persona del gobernador del estado Táchira, terrorismo y asociación.

El 22 de febrero, Karen fue trasladada a otra celda situada en la denominada “casa de los sueños”, ubicada en los sótanos de la DGCIM-Boleíta.

El 23 de marzo, Karen recibió la primera visita de sus familiares, pero no se le permitió ver a sus hijos menores de dos años. Hasta ese momento, había permanecido incomunicada.

El 10 de abril, Karen fue trasladada al INOF, donde permanece hasta la fecha.

A las 9:30 pm del 2 de mayo, Karen tuvo su audiencia preliminar.

Para el cierre del informe de la Misión, no se le había permitido ver a sus hijos.

Dignora Hernández

La exdiputada y secretaria política nacional del partido político Vente Venezuela fue detenida el 20 de marzo de 2024 luego de que, a la 1:20 pm, el fiscal general Saab anunciara en rueda de prensa su orden de aprehensión por supuesta delación de Emill Brandt —líder regional de Vente Venezuela en Barinas detenido el 9 de marzo. Fue obligado a grabar un video implicado, entre otros, a Dignora—.

Dignora caminaba por la avenida Sucre de la urbanización Los Dos Caminos del municipio Sucre, en Caracas. Frente a un restaurante, al menos tres vehículos todoterreno de marca Toyota, de color gris y sin placas bloquearon su paso. De éstos descendieron alrededor de diez funcionarios, entre hombres y mujeres, vistiendo uniforme de la División de Investigaciones Penales (DIP) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Sin mediar explicación ni presentar orden judicial, seis de estos funcionarios agarraron a Dignora e intentaron introducirla por la fuerza en uno de los vehículos, mientras ella se resistía dando golpes y gritando: “¡Auxilio, por favor, por favor, no!”. En el forcejeo, Dignora perdió el conocimiento y fue subida a uno de los vehículos por los funcionarios. La aprehensión fue grabada por un transeúnte y difundida en las redes sociales.

El 27 de marzo, Dignora se comunicó con su familia vía telefónica desde la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en El Helicoide. Confirmó que se encontraba bien y que contaba con atención médica, y pidió que le llevaran ropa.

A partir del 28 de marzo, Dignora ha recibido visitas periódicas de su familia.

Aunque esta información es posterior al cierre del informe de la Misión, es importante mencionar que, a comienzos de octubre, María Laura Márquez, sobrina de Dignora, denunció por medio de un video difundido en las redes sociales que su tía presenta alergias severas que pueden ocasionarle asfixia y que la atención que recibe en El Helicoide no es suficiente para salvaguardar su vida. Recordó, además, que es hipertensa. Posteriormente, Vente Venezuela denunció que Dignora presenta angioedema y urticaria. A Dignora se le ha negado contar con asistencia legal privada.

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