Detenciones de Alcaldes en Zulia: ¿Una Estrategia de Control Político y Narcotráfico?

Mientras el ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, asegura estar luchando contra grupos irregulares y la corrupción que representa militantes de su propio partido, fuentes políticas indican que Cabello busca demostrar quién manda en la zona.

Por #LaHoraDeVenezuela

El petróleo, la ubicación geoestratégica y su aporte a la economía nacional han convertido al estado Zulia, a lo largo de su historia, en una de las entidades más importantes de Venezuela.

Hoy, otros detalles han puesto el nombre del estado Zulia en el panorama internacional. La entidad, ubicada al occidente de Venezuela en el límite con los departamentos de La Guajira, Cesar y Norte de Santander de Colombia, se ha convertido en una zona de transporte aéreo, marítimo y fluvial para el narcotráfico, así como en un espacio de instalación y convivencia con grupos del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

A este complejo escenario se suman las acciones políticas tomadas desde la administración de Nicolás Maduro y de su ministro de Interior, Justicia y Paz, y líder del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, quien está decidido a recuperar el control de la frontera y de todas las operaciones que allí ocurren.

Desde la designación de Cabello, en los últimos seis meses, ocho de los 21 alcaldes que tiene el estado Zulia han sido detenidos y destituidos de sus funciones. Rafael Ramírez, alcalde de Maracaibo, y Nabil Maalouf, del municipio Cabimas, fueron los primeros. Luego siguieron Fernando Loaiza Chacón, Danilo Añez, Alberto Sobalvarro, Jorge Nava y Nervis Sarcos, alcaldes de los municipios Catatumbo, Enrique Lossada, Almirante Padilla, Miranda y Colón, respectivamente.

La última detención se llevó a cabo el miércoles 2 de abril, cuando fue trasladada a Caracas, a las instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), la alcaldesa del municipio fronterizo La Guajira, cuya capital es Sinamaica, Indira Fernández.

Los ocho mandatarios municipales han sido señalados, entre otros delitos, por corrupción, narcotráfico, tráfico de armas y contrabando, en un operativo liderado por el Ministro de Interior, Justicia y Paz, que llamaron “Operación Relámpago”.

Ocho alcaldes del estado Zulia han sido detenidos entre octubre de 2024 y abril de 2025. Durante sus últimas declaraciones sobre el tema, Diosdado Cabello los ha involucrado en una presunta red de narcotráfico (Connectas)

La razia va más allá de la militancia política. Ramírez, Maalouf y Sarcos son dirigentes de los partidos de oposición Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo, que apoyaron a María Corina Machado y Edmundo González Urrutia en la campaña presidencial de las elecciones del 28 de julio de 2024. Sobalvarro, Nava, Añez y Fernández son líderes del oficialismo, pues forman parte del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), mientras que Loaiza es del partido Acción Democrática, del ala que dirige el secretario general Bernabé Gutiérrez. En cada municipio ha quedado encargado, de acuerdo a los reglamentos internos, un representante del ejecutivo municipal o algún edil del Concejo Municipal de la circunscripción.

El poder en la frontera

En la última rueda de prensa ofrecida sobre el tema, el pasado 4 de abril, cuando confirmó la detención de la alcaldesa de la Guajira, Cabello aseguró que los alcaldes, tanto oficialistas como opositores, “son cómplices en una gran red de narcotráfico, tráfico de armas y entrenamiento de paramilitares”.

En esa intervención, el ministro Cabello afirmó que el empresario José Enrique Rincón, propietario de empresas camaroneras que operan en las riberas del lago de Maracaibo, fungía como intermediario para “el lavado de dinero y el traslado de droga proveniente de Colombia”.

Como parte del entramado, y con un toque que politiza la operación, Cabello responsabilizó a los líderes de la oposición venezolana, María Corina Machado y Edmundo Gonzalez Urrutia, de liderar la red, donde presuntamente los alcaldes serían enlaces tanto con representantes del ELN como de los carteles del narcotráfico.

El pasado 4 de abril el ministro venezolano Diosdado Cabello dio detalles oficiales de la Operación Relámpago y de la destitución de los alcaldes (Foto Ministerio Interior, Justicia y Paz de Venezuela)

Pero, aunque Diosdado Cabello expone que toda esta operación es una lucha contra la guerrilla y el narcotráfico en el estado Zulia, fuentes del PSUV consultadas por #LaHoraDeVenezuela aseguran que existe una pugna interna por el control de las zonas sensibles, en este caso la frontera entre el estado occidental venezolano y Colombia. Además de buscar fortalecer la decisión política de recuperar la gobernación del Zulia, administrada por el gobernador opositor Manuel Rosales del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), en las elecciones que se celebrarán el 25 de mayo.

“Diosdado Cabello siempre ha intentado tener el control de las fronteras. Llegó a tenerlo, especialmente en Apure, Táchira, Bolívar y Zulia, por la afinidad con los gobernadores, que pertenecen al ala del PSUV que él controla. (Nicolás) Maduro aprovechó la coyuntura política regional del Zulia (las elecciones regionales de 2021) para restarle poder, pero tras las elecciones de julio 2024, necesita fortalecer su relación con el ala militar y le otorgó nuevamente libertad para poner orden en la frontera”, asegura una fuente política relacionada con el PSUV en el estado Zulia, que pidió que se mantenga en reserva su identidad.

El vocero promueve la tesis de que la decisión contra los alcaldes de oposición es básicamente política, pero con los del Psuv pasa por la “falta de lealtad” mostrada por los alcaldes, “quienes han hecho negocios por su cuenta, sin respetar la línea de mando en el partido”.

La misma fuente indicó que la selección como candidato a la gobernación del Zulia por el PSUV del ingeniero Luis Caldera, quien ha sido los últimos 20 años el alcalde del municipio Mara (San Rafael de El Moján), una de las zonas en donde hay presencia del ELN y grupos de crimen organizado, es prueba del interés del Gobierno de consolidar un código de convivencia en la zona. “Caldera cuenta con el aval de Maduro y Cabello, pero también de los grupos irregulares”.

En su última referencia pública sobre el tema, en el programa televisivo Con el Mazo Dando del miércoles 9 de abril, Cabello informó que a esa fecha el Operativo Relámpago había incautado en la frontera entre el estado Zulia y Colombia, durante el mes de marzo, poco más de 31 toneladas de presunta cocaína. También lanzó una advertencia: “la investigación prosigue y ningún alcalde está protegido”.

La guerrilla y el narcotráfico mandan

La convivencia entre el poder y los grupos irregulares en los municipios zulianos más cercanos a la frontera con Colombia no es algo fuera de lo normal. Por eso, para los analistas políticos consultados por #LaHoradeVenezuela que solicitaron mantener su identidad en reserva, las detenciones ordenadas por Cabello están más relacionadas con el desarrollo de una nueva zona de control.

En el informe “ELN: Corrupción, Crimen Organizado e Internacionalización” publicado en 2024 por la Fundación Paz y Reconciliación, un trabajo conjunto con la Alianza Rebelde Investiga (ARI) de Venezuela, se explica que la presencia del ELN en el estado Zulia ha aumentado exponencialmente en la última década, especialmente cuando el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) dominaba el gobierno regional y todas las alcaldías.

La investigación señala que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) tiene presencia activa en, al menos, 10 de los 21 municipios del estado Zulia, específicamente en los municipios Jesús María Semprún, Catatumbo, Machiques de Perijá, Colón, Francisco Javier Pulgar, Rosario de Perijá, Jesús Enrique Lossada, la Cañada de Urdaneta, Mara e Indigena Guajira. Cuatro de estos 10 municipios estaban bajo el mando de un alcalde detenido.

Según las declaraciones de los habitantes de estos municipios para el mencionado informe, los alcaldes, tanto del oficialismo como de la oposición, sostienen relaciones con los representantes del ELN, para definir una especie de reglas de convivencia y garantizar la paz. “Ellos incluso dan dinero para el financiamiento de obras menores en los municipios, porque no mandan recursos de Caracas o de la gobernación”, afirmó uno de los habitantes del municipio Jesús Enrique Lossada, donde fue detenido el alcalde Danilo Añez (PSUV).

Con el narcotráfico, el escenario no es diferente. En el reporte “Narcotráfico en Venezuela 2024: Un negocio que lucra al poder y se expande”, realizado por Transparencia Venezuela en el exilio, se expone cómo se ha levantado un corredor de movilización, aérea, fluvial y marítima para la hoja de coca y la cocaína, un negocio bajo el control de los carteles de los Soles (Venezuela), Sinaloa (México) y del Golfo (Colombia), desde el Norte de Santander a través de diversos municipios del estado Zulia.

A pesar del discurso oficial de incautaciones y control, para quienes residen en los municipios fronterizos del estado Zulia con Colombia, la presencia del ELN y representantes de carteles venezolanos, colombianos y mexicanos es muy notoria (Ministerio de Interior, Justicia y Paz de Venezuela)

El informe de Transparencia Venezuela en el exilio, publicado el 19 de marzo de 2025, detalla que desde el Catatumbo (Norte de Santander) se hacen movimientos de cargas de cocaína hacia la población de El Cruce en el municipio Jesús María Semprún (Casigua El Cubo) y de allí trasladada a los municipios Machiques de Perijá, Rosario de Perijá y Maracaibo, por vía terrestre. El documento agrega que desde El Cruce se hacen movimientos al municipio Catatumbo y Colón para hacer traslados a través del Lago de Maracaibo hasta los puertos de Altagracia en el municipio Miranda y al municipio Almirante Padilla (isla de Toas).

“Toda esta articulación es conocida por las autoridades municipales, regionales y nacionales, es por ello que todas las acciones del ministro Cabello, más que decisiones para enfrentar el problema, son acciones para ratificar que hay un cambio en quien tiene el control y el poder en el estado Zulia”, expone una fuente del área de seguridad, consultada para este texto y quien pidió que se mantenga en reserva su identidad.

La fuente analiza la incidencia del ELN y de los carteles en los gobiernos locales, colocando como ejemplo lo ocurrido en el municipio Jesús María Semprún, en donde han habido tres alcaldes los últimos cuatro años. “Hay que recordar que en 2022, durante una operación denominada “Mano de Hierro”, las autoridades apresaron a la alcaldesa del municipio Semprún y militante del Psuv, Keyrineth Fernández Epieyu, también por narcotráfico. Se le incautaron 7,1 kilos de droga en un vehículo oficial, mientras transitaba por el estado Falcón, junto a la diputada nacional del chavismo, Taina González. Ambas se encuentran en prisión”, refiere el criminalista.

Fernández, quien fue electa en 2021, fue sustituida por Wuyhsmans González, quien falleció el 20 de julio de 2023, en un accidente vehicular registrado en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho en el estado Miranda. El actual alcalde es Darío Diaz, también militante del PSUV.

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