¿Cuáles son los retos que tiene el CNE para las elecciones?

Griselda Colina, exrectora del Consejo Nacional Electoral (CNE) afirma que el llamado a comicios hecho por el Consejo Nacional Electoral está plagado de irregularidades que profundizan el deterioro del derecho a elegir en Venezuela. Jesús Castellanos, experto en temas electorales considera que la no celebración de las auditorías poselectorales —de las votaciones del 28 de julio— torpedean la organización de nuevos eventos electorales. Coinciden en que los ciudadanos no podrán acceder a información de los candidatos debido a la magnitud del evento

Faltan menos de 90 días para las elecciones regionales y parlamentarias. El Consejo Nacional Electoral (CNE), luego de convocarlas, primero para el 27 de abril, y luego reprogramarlas para el 25 de mayo, no ha aparecido para anunciar a la ciudadanía el estatus del calendario y mucho menos para detallar los retos técnicos a superar para evitar que se repita lo que ocurrió el 28 de julio, cuando su resultado fue desestimado por sectores políticos y ciudadanos de oposición que cantaron «fraude».

Griselda Colina, exrectora del Consejo Nacional Electoral (CNE), asevera a TalCual que el llamado a estos comicios está plagado de irregularidades que profundizan el deterioro del derecho a elegir en Venezuela. Por lo que explica, el primer reto que tiene el ente hasta ahora es oficializar el llamado, porque «los ciudadanos lo que tienen es una seudo convocatoria«.

Argumentó que al llamado a votaciones que hizo el CNE no se le puede llamar aún «convocatoria» porque ese anuncio no está apegado a lo establecido en la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Señala que de acuerdo con la norma los rectores del CNE deben llamar al evento, anunciar la fecha y publicar el cronograma en la Gaceta Electoral.

Enfatiza que el país no cuenta con una página en la que pueda evaluar el cronograma electoral que, agregó, tampoco está en ninguna gaceta, documento que permitiría a ciudadanos, organizaciones sociales y políticas conocer las fases de los comicios.

Colina asevera que el silencio que los rectores del CNE han mantenido empaña el proceso de elección. «No hay ni una cuenta activa en redes donde los rectores, los cinco rectores puedan aportar información», apunta.

Con respecto al reto que significa para el CNE garantizar unas elecciones transparentes, opinó que «este reto nació fallido», porque, añadió, ni se «ha explicado al país por qué hubo cambio de fecha en las elecciones».

Advierte que la postura del CNE debilita la fortaleza del voto.

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Son pocos los pormenores que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha dado sobre cómo va el proceso. En cuanto al cambio de fecha, lo único que señaló el pasado 19 de febrero fue que la reprogramación se hizo «a solicitud de los diversos actores de la vida democrática del país que han decidido participar en el proceso electoral».

CNE prevé hacer la tarea

Para los comicios parlamentarios y regionales el CNE incluyó entre sus 93 actividades pautadas, un total de 16 auditorías, incluidas aquellas que también se fijaron en las presidenciales y no hizo.

En 2024, tras las presidenciales, una de las auditorías fijadas en el cronograma, pero que no se realizó fue la de Telecomunicaciones, que estaba prevista para el 29 de julio. Este proceso consiste en verificar los métodos de transmisión, por lo que con ella se ha podido determinar cómo ocurrió el hackeo denunciado por las autoridades comiciales.

El CNE tampoco hizo la auditoría al proceso de verificación ciudadana y la de datos electorales fase II, un proceso que permite verificar el banco de huellas dactilares del sistema.

Jesús Castellano, experto en temas electorales, dice que no puede denominar el evento del 25 de mayo como unas «elecciones». A su juicio, esto es un evento que pretende, «al margen de la Ley y de estándares democráticos internacionales», convocar a venezolanos a escoger entre opciones que no representan la pluralidad del país.

Coincide con la exrectora del CNE al afirmar que este evento «inició y continúa muy grave». Subraya que ante la ausencia de la publicación de resultados de los comicios presidenciales del 28 de julio en la Gaceta Electoral y la página web oficial, «todo lo que sigue queda afectado».

Sostiene que «el CNE sabe que las Gacetas Electorales y la página web son un recordatorio del fraude de los resultados electorales y el incumplimiento de Ley y de procedimientos electorales, en la elección del 28 de julio». Menciona que la no celebración de las auditorías postelectorales tampoco ayuda a organizar nuevos eventos electorales.

Para Castellanos la no publicación formal de los actos que supuestamente se han producido impide el cumplimiento del reto del CNE de garantizar transparencia a los comicios. Señala que la ratificación de los miembros de mesas y de juntas electorales; la conformación de grupos de electores; lo relacionado con la conformación de nuevos partidos políticos; el cierre del registro para conformar el padrón electoral (sin una jornada especial de inscripción y actualización) son algunas de las actividades de las que hasta ahora no se sabe si fueron realizadas con éxito.

«Unos de los problemas medulares en este evento del 25 de mayo, es la falta absoluta de confianza y credibilidad del CNE, que dificulta la vocería de los rectores del organismo. No hay información oficial de la página pero tampoco de los rectores, salvo casos excepcionales, como las entrevistas a Conrado Pérez o noticias puntuales», expresa.

Griselda Colina destaca el hecho de que la Asamblea Nacional del 2020 es cuestionada por gran parte de la ciudadanía. En este sentido, alerta que la actuación de los rectores del CNE deja ver que no hay una disposición real para que se abone el camino hacia una nueva institucionalidad en ese Parlamento.

«Estas elecciones presentan un reto reto significativo en el número de cargos. Si multiplicas el número de cargos por el número de aspirantes el resultado es cuantioso. Eso representa un reto a la hora de garantizar la información que se le da al elector sobre la oferta. Eso no lo vamos a ver, pese a ser un punto básico en un proceso electoral», añade Colina.

El pasado 11 de marzo el secretario del Partido Socialista Unido de Venezuela, (PSUV), Diosdado Cabello, informó que en estas elecciones se elegirán 285 diputados. Explicó que el aumento (ocho más que en 2020) se debe a la anexión del estado Guayana Esequiba.

Lo dicho por Cabello permite inferir que entre gobernadores y diputados de la AN, serán 309 cargos los que se elegirán en los comicios. Al sumar a la cuenta a los al menos 253 legisladores regionales que serán electos, el número total de funcionarios a elegir da un total de 562.

CNE hace mutis

Tras reprogramar las elecciones, el CNE no ha publicado un nuevo cronograma electoral, pero tampoco detalló si cumplió o no con algunas de las actividades que correspondían a ser realizadas antes de que se cambiaran la fecha. La modificación de la fecha de las votaciones implica un ajuste en los días de realización de las actividades previas al proceso.

El primer cronograma para estas elecciones, divulgado por Whatsapp y no en Gaceta Electoral contemplaba que entre el 24 y 25 de febrero se realizara la primera auditoría de cara a las elecciones. Se trata de la auditoría al Registro Electoral.

De acuerdo con la Ley Orgánica de Procesos Electorales, el Registro Electoral es la base de datos que contiene la inscripción de los ciudadanos que, conforme a la Constitución, pueden ejercer el derecho al voto. El Registro Electoral venezolano se rige por cuatro principios: ser de carácter público, continuo, con eficacia administrativa y automatizado.

Este registro es administrado por el CNE a través de la Comisión de Registro Civil y Electoral y la Oficina Nacional de Registro Electoral.

El cronograma, el único hasta ahora, que el CNE divulgó por Whatsapp señala que el 10 de marzo estaba previsto el cierre del Registro Electoral, un proceso que al igual que la campaña informativa, pautada desde el primer llamado a elecciones, pasó por debajo de la mesa.

Auditar el Registro Electoral consiste en hacer una revisión de los datos de los ciudadanos inscritos, así como verificar que los electores existen y cumplen con los requisitos constitucionales para formar parte del registro, y depurar a electores fallecidos o inhabilitados.

De acuerdo con Aula Electoral, perteneciente al Observatorio Electoral Venezolano,  las auditorías son una verificación de todos aquellos recursos materiales, tecnológicos y datos utilizados en la ejecución de las distintas fases del proceso electoral, para que estos garanticen su transparencia y confiabilidad. Las auditorías se aplican al conjunto o algunas de las fases. Así están definidas en la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre).

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

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