Transición democrática en Venezuela: La libertad de comunicación como eje fundamental

I

¿Un nuevo “momento político” para el periodismo venezolano?

El ciudadano debe adquirir conciencia de que la discusión sobre los medios, sobre la libertad de expresión, acerca del derecho a la información y el derecho a estar informados se vuelve, obligatoriamente, un debate sobre la democracia. ¿Cómo hacer que el asunto de la libertad de comunicación y, por ende, de la libertad de expresión no siga siendo solamente un debate de los comunicadores-periodistas o un debate de élites?

A partir del 3 de enero de este 2026 en Venezuela se abrió un nuevo ciclo histórico y político al mismo tiempo. Nunca habíamos imaginado que iba a ocurrir lo que ocurrió en la madrugada de ese día ni lo que comenzaría a desarrollarse a partir de ahí. Se trata, como ya han dicho, de un hecho inédito en el país. Hay un nuevo mapa del poder, como también se ha expresado. Como lo apunta el periodista Boris Muñoz en el diario El País:

La ironía es brutal: en nombre de una salida política, Venezuela ha cedido su soberanía y ha puesto el destino de su lucha democrática, al menos por ahora, en manos de Trump. Desde ese momento, las aspiraciones democráticas del país quedaron atadas —para bien y para mal— a los cálculos, caprichos y límites de ejecución del presidente estadounidense, así como a la creciente turbulencia de la política interna de Estados Unidos.

Hoy estamos en presencia no de una transición, como algunos medios extranjeros y analistas han venido declarando. Una transición política de un régimen autoritario para dar paso a uno democrático no se caracteriza, al menos según la teoría política, por mantener en el poder la estructura autoritaria que venía gobernando con Nicolás Maduro y que ahora sigue gobernando, pero sin la cabeza de la dictadura. Es más, se mantiene en el poder el mismo aparato gubernamental y el mismo partido. El politólogo y profesor Javier Corrales lo expresa claramente:

La gran sorpresa fue descubir que se llevaron al dictador, pero se quedó el gobierno: el gabinete, el aparato estatal y el partido. Hay muy pocos casos de intervenciones de este tipo donde ocurra algo así y luego Estados Unidos haga las paces con esa estructura. Se habla de una nueva “normalización” y de concesiones a Estados Unidos, pero las concesiones que se están haciendo no son democratizadoras: son inversiones. Punto. Por eso es difícil usar la evidencia histórica para predecir lo que puede pasar. Hay muy pocos precedentes comparables.

Así, una verdadera transición política comporta un proceso de cohabitación entre las fuerzas que vienen gobernando con sentido dictatorial y la oposición democrática. Toda transición conlleva acuerdos para ir liberalizando gradualmente, por etapas, y dar paso a una democratización real del país.

En los meses que llevamos de esta especie de “tutelaje” de la República se han dado algunos cambios que, en su mayoría, tienen que ver con reformas económicas y muy poco con reformas políticas y sociales. Por ejemplo, allí están la llamada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática; la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos; el Proyecto de Ley Orgánica para la Protección de los Derechos Económicos; el decreto con rango, valor y fuerza de ley que reserva al Estado las actividades de exploración y explotación del oro y demás minerales estratégicos… y, con toda seguridad, las que vendrán.

Sin embargo, un tema tan estratégico como el sector de las comunicaciones ni se menciona. Hay un silencio del gobierno de los Estados Unidos, del gobierno administrado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, y de la clase política en la oposición que hace vida en la actual Asamblea Nacional, entre los que destacan Henrique Capriles, Stalin González, Henry Falcón, Antonio Ecarri y Pablo Pérez. Un tema de tal envergadura se sigue eludiendo.

En otro texto nuestro ya apuntábamos que, si hoy analizamos con suficiente objetividad y serenidad los cambios producidos en Venezuela desde 1999, la realidad del presente supera lo que se llegó a expresar y theorizar en aquel momento. Los diagnósticos que se hicieron acerca del futuro cercano —unos mejor que otros— han sido superados por el desarrollo de los acontecimientos planificados desde la cúspide del poder. Esto es cierto en todos los órdenes de la vida de los venezolanos. El mundo de las comunicaciones, centrado en la información y la cultura, es uno de los espacios donde el régimen se ha ensañado con mayor fuerza, usando todos los resortes del poder.

La principal lección que debemos extraer de la situación actual del país y de la devastación impuesta como política pública en el campo de las comunicaciones es que ese mundo no puede ser dejado de lado, ni académica ni políticamente, a los designios de fuerzas oscuras. Sin embargo, resulta inconcebible que desde las teorías sociales se siga olvidando o relegando al sector de las comunicaciones, que hoy configura nuevas maneras de concebir el poder y nuevas formas de interacción social. Como decía Antonio Pasquali: “El mundo necesita cada día más quien piense comunicaciones”.

Dentro de una perspectiva teórica, lo que apunta el sociólogo británico John B. Thompson en Los media y la modernidad (1998) cobra fuerza para entender este olvido:

[…] en los textos de los teóricos sociales, la preocupación por los medios de comunicación brilla por su ausencia. ¿Por qué este olvido? […] Para los teóricos interesados en los procesos de cambio social a largo plazo, los media podrían parecer una esfera de lo superficial y lo efímero […]

Desde una visión latinoamericana aparece el mismo planteamiento. Hoy, las comunicaciones representan “una relevancia insoslayable en la renovación de los modelos de análisis de la acción social, de la agenda de investigaciones y la reformulación de la teoría crítica”.

Nuestra experiencia indica que el sector de los periodistas-comunicadores y el de las empresas mediáticas es útil para visibilizar intereses políticos, corporativos o individuales. Pero no solo son vehículos de información: son un factor esencial para entender la transformación de la esfera pública. Incluso la categoría de ciudadanía sufre mutaciones, dando paso a los llamados ciudadanos mediáticos, es decir, formas de ciudadanía vinculadas directamente a la acción de los medios.

Todo esto implica que, para comprender la naturaleza política del régimen, debemos reconocer la estrategia desarrollada durante años para dominar el aparato mediático y convertir la información pública en un apéndice del poder. En ese sentido, Antonio Pasquali lo resumía así: “El chavismo es el primer gobierno del país que comprende la importancia capital de las comunicaciones para modelar sociedades, y es una lástima que haya aplicado esa comprendida a la causa equivocada”. Y Alberto Barrera Tyszka lo remata: “Este gobierno puede improvisar en todo menos en las comunicaciones”.

II

Las COMUNICACIONES para la reconstrucción democrática

Si bien ha habido silencio —no sabemos si por ignorancia o complicidad—, algunas voces han llamado la atención sobre la libertad de expresión y comunicación como eje central de la vida democrática. Se trata de entender que el acceso a la información es parte esencial de los derechos ciudadanos.

Félix Ortega y María Luisa Humanes lo explican claramente:

Estar bien informado es el equivalente funcional de ser miembro políticamente activo […]

Debemos destacar el documento de los cardenales Baltazar Porras, Diego Padrón y Ovidio Pérez, quienes advierten sobre la hegemonía comunicacional que ha configurado un Estado-comunicador-autoritario. “La libertad de comunicación se desprende inmediatamente del derecho a la vida”, afirman.

Desde otra perspectiva, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) señala:

[…] expresa su profunda preocupación ante la exclusión de las libertades de expresión y de prensa de la agenda pública […]

Finalmente, la Alianza por la Libertad de Expresión en Venezuela advierte que la reconstrucción democrática requiere garantías mínimas para la libertad de expresión, información y prensa.

Si se logra una “nueva democracia”, nos atrevemos a plantear un conjunto de acciones de política pública para el sector:

Derogar leyes restrictivas como el vilipendio, desacato, Ley contra el odio, entre otras, que colidan con la Constitución.Restituir el carácter técnico de CONATEL bajo criterios de independencia.Devolver concesiones y bienes a sus legítimos propietarios.Garantizar acceso pleno a fuentes oficiales y documentos públicos.Crear un sistema público de radiotelevisión independiente del gobierno.Desbloquear páginas web, redes sociales y servicios de internet censurados.Cesar bloqueos arbitrarios y presiones contra medios.Reformar la Ley Orgánica de Telecomunicaciones para limitar el poder discrecional del Ejecutivo.Revisar el sistema de medios comunitarios para garantizar pluralismo real.Eliminar el uso de recursos públicos para perseguir periodistas y ciudadanos.Desmantelar la infraestructura de vigilancia política.

Este conjunto de medidas constituye un “miniplán” dentro del proceso de transición necesario, con el objetivo de garantizar, a mediano y largo plazo, una democratización real de las comunicaciones y la construcción de una nueva institucionalidad en el sector.

La opinión emitida en este espacio refleja únicamente la de su autor y no compromete la línea editorial de La Gran Aldea.