Desapariciones Forzadas en México: El Informe de la ONU y la Resistencia Familiar ante la Impunidad

El informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU denuncia la persistencia del fenómeno en México. ¿Qué hay detrás de la reiterada posición del gobierno de Claudia Sheinbaum de negar sus conclusiones, a las que considera parciales y sesgadas?

Por Fabiola Chambi | CONNECTAS

«Dani fue sustraído el 18 de mayo del 2021 por elementos de la Fiscalía del Estado de Jalisco, en conjunto con el crimen organizado». Esta no es una acusación al calor de la rabia o desesperación, es la verdad que ha mantenido en pie a Héctor Flores durante cinco años, con la esperanza de encontrar a su hijo.

El caso de Héctor Daniel Flores Fernández tiene una connotación importante. En junio de 2025, un tribunal mexicano lo reconoció como víctima de desaparición forzada y señaló en la sentencia que agentes estatales participaron directamente, y que el Estado mexicano violó sus obligaciones en materia de derechos humanos.

Para Flores, cofundador del colectivo Luz de Esperanza, este fallo es histórico y dice claramente que su hijo «fue desaparecido», y no se escapó, se perdió casualmente o está deambulando por ahí, como suelen justificar algunas autoridades. Sin embargo, en los hechos este documento tampoco le ha servido mucho, pues hasta ahora no ha habido avances concretos en las investigaciones.

«Es una impunidad total y es indignante para mí como su papá, para toda la familia ver como todo el aparato institucional, todo el gobierno se enfocan en entorpecer las investigaciones y perpetuar la desaparición de un joven de 19 años que estaba lleno de ilusiones. (…) No solo es buscar fosas o picar la tierra, que es parte indudablemente del trabajo, sino la exigencia de la verdad, la memoria y la justicia de que nuestros seres queridos aparezcan con vida», dijo Flores a CONNECTAS.

En la mira de la ONU

Justamente hace pocos días, el jueves 2 de abril, el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED) presentó una decisión formal al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, para que remita urgentemente ante la Asamblea la situación de las «desapariciones forzadas en México», con el fin de que esta organización apoye al Estado en términos de prevención, investigación, castigo y erradicación de este flagelo.

Las desapariciones forzadas en México podrían equivaler a crímenes de lesa humanidad, señala un Comité de la ONU, que pide a la Asamblea General que tome medidas para prevenir, investigar, castigar y erradicar estos crímenes.https://t.co/Y2TqlGFu4P

— Noticias ONU (@NoticiasONU) April 2, 2026

Como era de esperarse, el gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum, no recibió bien el informe. En su popular conferencia mañanera, la mandataria quiso demeritarlo: «Este es un comité que no es un comité de Naciones Unidas, está vinculado a Naciones Unidas». Es decir, su primera maniobra de defensa fue descalificar al emisor, la peor señal en una problemática tan sensible.

Además Sheinbaum argumenta que el informe es «parcial y sesgado» porque solo tomó en cuenta a algunos estados y a gobiernos anteriores a los de su partido, Morena. Sin embargo, el Comité no solo está respaldado por el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, también por un trabajo de más de una década que incluyó la información proporcionada por el propio Estado mexicano, por organizaciones como el Comité para la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y familiares directos de las víctimas. «En México se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad», indica parte de las conclusiones.

Para Edith López, abogada experta en litigio internacional y derechos humanos, es muy importante que la primera vez que se activa este artículo sea precisamente con México porque eso «tiene un peso político», aunque aún faltan algunos pasos para que el caso llegue ante la plenaria de la Asamblea General. «Esta decisión la toma el secretario general y seguramente él va a querer nuevamente escuchar al Gobierno mexicano, al comité, a los colectivos y hacer las valoraciones para ver si lo expone ante todos los países de Naciones Unidas», explica a CONNECTAS.

El Comité aclara que no encontró pruebas de una política federal de cometer desapariciones forzadas mediante acción u omisión deliberadas. Pero señala que recibió información fundamentada sobre la participación directa, apoyo o aquiescencia de funcionarios públicos en estos hechos. Y es que la realidad es tan grande que la sola retórica o los simples descargos gubernamentales no la pueden esconder. Por ejemplo, el caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, que luego de más de una década sigue sin resolverse. O más recientemente, en marzo de 2025, el descubrimiento del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, cuando el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco (GBJ) hizo una transmisión en vivo que dio la vuelta al mundo al mostrar miles de objetos personales apilados en un sitio que habría sido usado para reclutamiento e inhumaciones clandestinas.

Lamentablemente esas imágenes del terror no son un caso aislado. Una investigación de CONNECTAS reveló que hay «otros Izaguirres» y que el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha sostenido durante más de una década un corredor de adiestramiento en el occidente de México. Allí, reclutadores captan a adolescentes y jóvenes para someterlos a entrenamiento en la sierra, con solo dos opciones: delinquir o morir. Aunque muchas veces no tienen forma de sobrevivir.

🔜🔎 Una investigación de @El_Universal_Mx y #CONNECTAS destapó una red reclutamiento, en la que desaparecidos se convierten en parte de una maquinaria criminal.

“Los otros Izaguirre: el corredor del adiestramiento del narco”. 🚨🇲🇽

👉🏽 Entérate este lunes 10 de noviembre. pic.twitter.com/CCuLTp9qyG

— CONNECTAS (@ConnectasOrg) November 8, 2025

El Gobierno federal tiene una posición muy cuestionable, pero López rescata la postura de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que más bien ve este informe como una oportunidad para poner nuevamente en el centro de la agenda política las desapariciones y recibir ayuda técnica internacional para mejorar los procesos de registro y búsqueda.

Este camino requiere alta voluntad política y políticas oficiales que por ahora están siendo poco eficientes. Por eso Darwin Franco, profesor e investigador de la Universidad de Guadalajara, considera necesario que los gobiernos reconozcan la crisis. Ninguno ha querido aceptar la dimensión real y las acciones son menores.

En este contexto, Franco identifica tres elementos claves: uno, la búsqueda con la presunción de vida como consigna; dos, la investigación de las personas responsables para su respectivo arresto, procesamiento y juicio, y tres, la inhibición del delito. «Como no hay una aceptación de la problemática, no se busca a todas las personas, ni se investiga a fondo. Por ejemplo, yo vivo en Jalisco y aquí tenemos alrededor de 13.000 personas desaparecidas, pero solo unas 16 sentencias condenatorias, esto habla de una impunidad brutal. Las desapariciones se siguen cometiendo porque quien la comete sabe que no va a ser investigado ni castigado».

La estadística del engaño

La crisis de las desapariciones no se enmarca solo en la administración de Morena, que comenzó con el anterior presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO). En los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto las cifras ya eran preocupantes, con casi 17.000 casos en cada sexenio. Pero durante la administración de AMLO se dispararon hasta unos 50.000, según las cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Y en el gobierno de Claudia Sheinbaum van 19.000. Alrededor de 40 personas desaparecen por día. Una tragedia que tiene nombres, apellidos y familias desesperadas.

En México han desaparecido más de 120.000 personas desde 2006, según cifras oficiales.

El estado de Jalisco concentra 12% de las desapariciones, principalmente hombres jóvenes, un patrón que expertos asocian con el reclutamiento forzado. /jpc pic.twitter.com/J6bX22BVvx

— DW Español (@dw_espanol) April 19, 2025

«Lamentablemente las desapariciones en México están vinculadas con la delincuencia organizada en la gran mayoría de los casos. No es la violencia del Estado como fue en los años setenta, incluso en una parte de los ochenta», sostiene Sheinbaum. Además la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) respalda a la presidenta y asegura que la resolución del Comité de la ONU es «tendenciosa» y carente de «rigor jurídico». Sostiene que no recoge las medidas que se están implementando para hacer frente el problema, en contraste con la inacción de los gobiernos anteriores del PRI y el PAN. «El Gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas. Además, resaltamos que en esta Administración se ha emprendido una reforma legislativa e institucional, en coordinación con colectivos de familiares, para atender este flagelo», señala parte del comunicado.

Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, a la fecha México reporta unas 133.000 en esa situación. El gobierno las clasifica de una manera particular para explicar cómo debe entenderse este fenómeno.

En un primer grupo incluye a las personas con datos incompletos, es decir, los que no cuentan con nombre, género, fecha de nacimiento, contexto de desaparición, y fecha o lugar de los hechos. Estos vacíos informativos, por tanto, imposibilitarían la búsqueda. Aquí, la versión oficial ubica a unas 46.000 personas.

En un segundo grupo, correspondiente a unos 40.000 individuos, el registro tiene datos suficientes para la búsqueda, pero después de una revisión administrativa se encontraron «actividades posteriores a la fecha de desaparición», como una referencia de vacunación o cambio de domicilio. Para el Gobierno se trata de «personas que no quieren ser encontradas».

Finalmente, el tercer grupo contempla a unas 43.000 con datos completos, pero después de una búsqueda en los registros administrativos no se han establecido coincidencias, ni actividad posterior a la fecha del reporte de desaparición.

Según Lauro Rodríguez, periodista mexicano y autor de la investigación «Desaparecidos: el engaño estadístico de México», con esta presentación de las cifras el gobierno ha indignado a los colectivos y debería encender la alerta sobre cómo está manejando la problemática. «Para el Gobierno el primer grupo ya no contaría porque no hay manera de buscar a las personas con registros incompletos, cuando más bien se debería verificar porqué están incompletos, si hubo una omisión de parte de las fiscalías o las comisiones de búsqueda y que haya consecuencias (…) Ahora la estrategia parece que solo se va a centrar en buscar a quienes tengan carpeta de investigación y no todas tienen, apenas hay 3.000, según la misma presidenta y esto también es negligencia de las fiscalías». La Ley General de Personas Desaparecidas, desde 2017 ya obligaba a abrir una carpeta investigativa incluso de oficio ante una noticia o denuncia de desaparición.

El Gobierno mexicano argumenta que «de los registros de 2006 a 2026, el 36% del total, es decir, de 46.742, no tienen datos suficientes para la búsqueda». Detrás de las frías cifras, se esconde una realidad aún más dolorosa: los familiares lamentan la falta de empatía no solo de los funcionarios, sino de una sociedad que ha convertido su tragedia en una forma de paisaje. «Si se los llevaron, por algo será», suelen escuchar.

⚠️ Colectivos de buscadores alzan la voz
🗣️ “Tomaremos las calles”
⚽ Realizan “cascarita” contra el olvido en Reforma#México #Desaparecidos #DerechosHumanos #Justicia #Protestapic.twitter.com/fUleDzYFY9

— Emeequis (@emeequis) April 12, 2026

Aferrados a la esperanza en México

A finales de marzo, la activista Ceci Flores, reconocida por su liderazgo y firmeza para enfrentar al sistema, vivió el cierre del calvario que significaron más de siete años de búsqueda de su hijo Marco Antonio. Ella misma localizó los restos óseos y prendas en una zona desértica de la región de Hermosillo, y luego unas pruebas de ADN confirmaron el hallazgo. Ceci, que siempre transmite sus travesías con otras madres buscadoras, dijo que no podía detenerse a llorar porque «aún queda mucho por buscar». Tiene otro hijo desaparecido.

¿Cómo se hace para no perder la esperanza a pesar de los años? Héctor Flores responde con voz entrecortada: es el amor. «Sé que parece trillado, pero es así. Ningún padre, madre o familiar perdemos la esperanza de encontrarlos con vida, aunque dada la realidad que estamos viviendo en México sabemos que tal vez no los volveremos a ver. Yo ansío poder ver de nuevo a mi hijo, que se realice como persona, que conozca a su hija, que tenga una vida normal y que se convierta en un gran hombre (…) Eso nos mantiene en la lucha, a pesar de los ataques del gobierno, la violencia del crimen organizado y a veces también una terrible falta de empatía de la sociedad», relata.

El mundial de fútbol, que tiene como uno de los países anfitriones a México y una de las sedes a Jalisco, será una oportunidad para visibilizar esta problemática. Por eso muchos colectivos se preparan para protagonizar acciones de memoria y pronunciamientos. «No es que estemos en contra de un evento de tal importancia para cualquier país, solo estamos señalando esta disparidad del gasto público».

Las cifras que se mueven, borran o reinterpretan y los lugares vacíos en las mesas de las familias mexicanas dicen que la crisis de las desapariciones no es solo una narrativa, ni una mala gestión del pasado. Es real, dolorosa y aún está lejos de terminar.

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