Corte Suprema: 30 congresistas implicados en corrupción de contratos en Invías
La testigo estrella María Alejandra Benavides, asistente del exministro Bonilla, aportó pruebas que vinculan a pesados como Efraín Cepeda y Katherine Miranda.
El expediente que ha construido la Corte Suprema de Justicia con base en los testimonios de múltiples personas vinculadas al escándalo de la UNGRD, entre estos el de María Alejandra Benavides, la asistente del ministro de hacienda Ricardo Bonilla, menciona a 30 congresistas.
La testigo estrella, quien colabora con la justicia y cuyo testimonio envió a la cárcel a su jefe, presentó documentación de visitas, chats y reuniones que dan cuenta de los compromisos adquiridos por Minhacienda con Invías.
La pieza clave de todo el entramado habría sido Juan José Oyuela, quien fue directivo y estuvo a cargo de la operación y ejecución del contrato, e incluso fue nombrado en mayo de 2023 como director encargado de la entidad para asegurar el voto en el Congreso de las tres decenas de parlamentarios señalados. Varios de ellos resolvieron incluso no buscar su reelección el pasado 8 de marzo.
El documento al que tuvo acceso la revista Semana, expediente que cuenta con más de 5.000 folios y que recopila las indagaciones realizadas entre el 14 de marzo y 01 de diciembre de 2025, presenta en detalle cada uno de los contratos y guarda evidencias como chats, videos, tablas de asignación de cupos, seguimiento a cada uno de ellos y los nombres de los congresistas que, presuntamente, se habrían beneficiado de la contratación.
De acuerdo con lo que se ha podido conocer, la investigación apuntaría directamente a los congresistas de las comisiones terceras y cuartas de Senado y Cámara, respectivamente, que están a cargo de los temas económicos, la aprobación del Presupuesto General de la Nación y los multimillonarios créditos del Gobierno ante la banca internacional.
Por lo anterior, la Corte Suprema de Justicia buscaría establecer si desde el Ministerio de Hacienda se habría ordenado o no la entrega de más de 60 contratos para comprar el respaldo de los congresistas frente a las iniciativas del Gobierno Petro en el Congreso.
Los investigadores de la Corte Suprema de Justicia llegaron hasta Invías y, lista en mano, corroboraron cada uno de los contratos en los que los congresistas tendrían algún interés y verificaron su estado.
La Corte tendría la mirada puesta en contratos que estaban “quietos” y a los que les hicieron millonarias adiciones presupuestales, incluso superiores al monto inicial de la contratación.
Los nombres de los presuntos implicados
En el expediente figuran los nombres de congresistas como Efraín Cepeda Saravia, Wadith Alberto Manzur, Juliana Aray Franco, Juan Loreto Gómez, Liliana Esther Bitar Castilla y Daniel Restrepo Carmona del Partido Conservador; Elkin Rodolfo Ospina, Wilmer Yair Castellanos, Olga Lucía Velásquez, Juan Diego Muñoz y Katherine Miranda Peña del Partido Verde.
La lista la completan otros nombres pertenecientes a distintos partidos tanto de Cámara como Senado:
Wilmer Carrillo Mendoza, Juan Carlos Garcés Rojas, José Alfredo Gnecco y Milene Jarava Díaz, por el Partido de la U; Sandra Bibiana Aristizábal, Silvio José Carrasquilla, Álvaro Henry Monedero, Kelyn Johana González, Jazmín Lizeth Barraza, Wilmer Yesid Guerrero, Juan Diego Echavarría, Karina Espinosa Oliver, Juan Pablo Gallo Amaya, Laura Ester Fortich y Julián Peinado Ramírez, del partido Liberal; Wilder Iberson Escobar Ortiz por el movimiento Gente en Movimiento; Carlos Alberto Cuenca y Néstor Leonardo Rico por Cambio Radical; Karen Astrid Manrique de la Asociación de Víctimas Intercultural y Regional, y Jairo Alberto Castellanos de En Marcha.
Dado los nombres tan relevantes que aparecen en el listado, la Corte pidió corroborar cada evidencia aportada por Benavides, al igual que su testimonio, y por eso le pidió a Invías la copia de los contratos o convenios interadministrativos relacionado específicamente en dichos documentos. Asimismo, solicitó la totalidad de la documentación correspondiente a los proyectos financiados con recursos asignados a través de esos negocios jurídicos.
En la matriz de entrega de contratos, nuevamente estarían mencionados los nombres de los exministros de Hacienda Ricardo Bonilla y del Interior Luis Fernando Velasco, detenidos por el escándalo de corrupción en la UNGRD.
La investigación detalla diligencias fundamentales en este caso, como los interrogatorios a Benavides a finales de 2024 (21 y 30 de octubre, y 8 y 21 de noviembre de ese año) en el marco de su principio de oportunidad. La Fiscalía Novena, delegada ante la Corte Suprema de Justicia, adelanta la indagación preliminar, entre otros, contra Bonilla, “con ocasión de hechos sucedido en el segundo semestre de 2023.”
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