Reformas a las leyes electorales: ¿qué pretenden cambiar los partidos este año?

Garantizar una representación proporcional, revisión del Registro Electoral o financiamiento de partidos con fondos del Estado son algunas de las propuestas con mayores coincidencias para las reformas de leyes electorales que espera concretar la Asamblea Nacional 2020 antes de que finalice el año. El diputado Luis Eduardo Martínez, presidente de la mesa legislativa, comentó que se ha hablado informalmente de la creación de un Código Orgánico Electoral

Desde el 13 de agosto la presidencia de la Asamblea Nacional 2020 presiona por la reforma de todas las leyes electorales, tras la crisis desatada por las elecciones presidenciales, las protestas subsiguientes y las constantes denuncias por parte del oficialismo de «actos terroristas» supuestamente planeados por dirigentes opositores. 

Con la venia anticipada del gobernante Nicolás Maduro, el presidente de la AN 2020, Jorge Rodríguez, convocó a un «diálogo político» con todos los partidos que postularon candidato el 28 de julio para recoger las propuestas. Luego se conformó una subcomisión con tres mesas (legislativa, constitucional, técnica y de reglamento) para filtrar los planteamientos.

ÚLTIMA HORA | Maduro respalda propuesta para «reformar todas leyes electorales y que no puedan participar en elecciones aquellos que desconozcan las leyes, los Poderes Públicos y la Constitución»

«En Venezuela el fascismo no pasará». https://t.co/16TlSmWWsR pic.twitter.com/hZIDW3F8xu

— AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) August 23, 2024

Garantizar una representación proporcional eliminando las ventajas del voto lista, la revisión o construcción «desde cero» del Registro Electoral permanente, así como permitir el financiamiento del Estado a los partidos políticos «para evitar que factores exógenos intervengan para lesionar la soberanía interna» son las propuestas con mayores consensos, señala Luis Eduardo Martínez y otros representantes de partidos consultados para este tema. 

También hay planteamientos sobre un régimen sancionatorio más severo para aquellos que violenten las normativas electorales, como la prohibición de participar en procesos electorales a aquellas personas que cometan delitos de traición a la patria, terrorismo o corrupción, aunque todavía no hay un desarrollo específico. 

El diputado Martínez, que dirige la mesa legislativa de la subcomisión, indica que han recibido 118 propuestas que incluye reformas a cuatro leyes orgánicas, una ley ordinaria y la compilación de varias normas del Consejo Nacional Electoral (CNE) y sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en un solo instrumento legal.

«Hay un primer tiempo límite que es el 30 de diciembre que nos hemos impuesto bajo la convicción de que cualquier reforma que se introduzca antes de esa fecha serán aplicables en las elecciones regionales y/o municipales. Posterior a esa fecha podría haber un nuevo periodo de tiempo. Hemos hablado informalmente de analizar la conveniencia de aprobar un Código Orgánico Electoral. Eso requiere más tiempo, pero pudiéramos perfectamente aprobar reformar puntuales actualmente en discusión y dejar otros temas para ese código que nos permitirá reunir todas esas propuestas con más calma», explica el parlamentario. 

También hay una serie de propuestas constitucionales, refiere Martínez, que ameritarían una reforma o enmienda, por lo que los plazos de revisión, aprobación y ratificación son mucho más largos.  

El diputado recuerda que el tiempo encomendado para un primer bloque de reformas es corto, por lo que en las próximas semanas esperan ya tener un primer borrador de las leyes a modificar. «Estamos obligados a trabajar muchísimo. Este fin de semana vamos a estar en todo el país en consultas públicas. Este jueves (17 de octubre) hubo una reunión con el Consejo Nacional de Universidades para mostrar el trabajo que ha realizado la mesa legislativa. El martes 22 se espera aprobar un calendario de consultas con diversos sectores de la sociedad». 

¿Qué reformas aspiran los partidos?

Las propuestas de los 22 partidos dentro de la mesa legislativa son variadas. La Acción Democrática intervenida espera que se evalúe una doble vuelta presidencial, que se garantice la paridad de género; se tomen en cuenta los cocientes electorales, «para que haya una representación mucho más equilibrada en los distintos órganos legislativos»; al igual que el tema del Registro Electoral.

El abogado José Manuel Romano, representante de Soluciones para Venezuela en la mesa legislativa, dice que su principal exigencia es la representación proporcional, a través de una propuesta en la que se establezca que el voto uninominal incida en la obtención del voto lista. 

«Hay muchos elementos que se pueden considerar pero si no llegamos a consensos esenciales vamos a perder el efecto de la convocatoria para los partidos de la reforma electoral y eso quedará en el mismo ámbito legislativo, no sería tan democrático», afirma Romano. 

Unidad Visión Venezuela, según el diputado Omar Ávila, propone que la vicepresidencia se vote al igual que la Presidencia, la reducción del periodo presidencial a cinco años y cuatro años para gobernadores y alcaldes, así como el derecho al voto en blanco. 

El PSUV entregó un documento con algunos temas por escrito, como reformas constitucionales sobre la libertad de expresión, cambios sobre la propaganda electoral y blindar la protección del CNE ante ataques cibernéticos. Se espera que también se incluyan otras propuestas luego de una reunión de la Dirección Nacional de ese partido el lunes 21, según indicó el diputado Pedro Carreño, éste último uno de los proponentes de un nuevo Código Electoral. 

El diputado José Brito, en representación del ala intervenida de Primero Justicia, dijo que pedirán que los activistas expulsados no puedan militar en otra organización; mientras que Patria para Todos, en vocería de su secretario nacional de organización, Carlos Martínez, solicita una reforma constitucional para que se retire la nacionalidad venezolana a aquellas personas que incurran en «delitos contra la patria».

Arepa, el partido que encabeza el excandidato presidencial Daniel Ceballos, apuesta por la digitalización. Plantean el voto y plataformas de participación ciudadana de forma digital, auditorías de los procesos electorales en tiempo real, protección de datos personales, registro y rendición de cuentas vía tecnológica de las organizaciones políticas.

También fomentar el uso de la inteligencia artificial en procesos burocráticos y electorales, auditorías públicas a los informes anuales de partidos políticos o la prohibición expresa del uso de recursos públicos para la propaganda electoral. 

Lo que quiere Jorge Rodríguez

En varias alocuciones el presidente de la AN 2020, Jorge Rodríguez, ha planteado que las reformas a las leyes electorales deben tomar en cuenta el artículo 130 constitucional que establece el «deber de honrar y defender a la patria, sus símbolos y valores culturales; resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la Nación».

Eliminar la observación internacional, el fortalecimiento del Poder Electoral, incluir dentro de los requisitos para postularse a un cargo de elección popular el cumplir con el artículo 130 de la Constitución o que se elimine la opción de «guardar puesto» y la supuesta duplicidad de militancia son partes de las cuestiones mencionadas por Rodríguez.

#Video | El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, indicó que la mayoría de las leyes electorales se han quedado rezagadas con respecto al desarrollo y devenir de la acción política en el país. #3Oct pic.twitter.com/pMevO6iROe

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También ha dicho que los candidatos deben tener «una hoja de vida intachable. Si eres un corrupto no puedes volver a optar por un cargo público (…) No permitiremos que un tránsfuga, un corrupto, un fascista, sea candidato nunca más en Venezuela».

Cuestionó además que no existan penas estrictas sobre los partidos debidamente inscritos ante el CNE, pero que no cumplen los requisitos para mantener la organización.

Recomendaciones pendientes

En las elecciones regionales y municipales de 2021, el Consejo Nacional Electoral aceptó la observación internacional de la Unión Europea, que envió una misión al país –a cargo de la europarlamentaria Isabel Santos– y entregó su informe con una veintena de recomendaciones para mejorar los futuros procesos electorales del país. Ninguna fue tomada en cuenta para las presidenciales. 

La misión observó entonces «deficiencias estructurales» como la falta de seguridad jurídica, debido a la inhabilitación arbitraria de candidatos, la entrega de los símbolos y la tarjeta electoral de partidos a facciones internas minoritarias, el amplio uso de recursos del Estado en la campaña o el acceso desigual de los candidatos a los medios de comunicación. 

Entre las recomendaciones para las “mejoras del proceso y al fortalecimiento de instituciones”, la MOE refirió: 

Separación de los poderes del Estado, en especial del Poder Judicial (TSJ) para que puedan dar mayor autonomía al CNE en las materias que sean de su competencia.
Derogar la facultad de la Contraloría General «de despojar a los ciudadanos de su derecho fundamental a presentarse en elecciones mediante procesos administrativos sin notificación oportuna, lo que repercute negativamente en su derecho a la defensa».
Elaboración de campañas de educación al votante enfocadas principalmente en la confianza, integridad y secreto del voto electrónico.
Reforzar las facultades sancionadoras del CNE con un sistema de control de un rango de penalizaciones en función de la gravedad de esas transgresiones, en especial en lo referente al uso de recursos por parte del Estado en la campaña.
Garantizar una «correcta cobertura mediática y equilibrada» de las campañas electorales, especialmente en los medios que controla el Estado.
Promoción de la libertad de expresión mediante la derogación de la Ley contra el Odio con el fin de crear condiciones que garanticen que los periodistas no se autocensuren.
Hacer más esfuerzos para informar a los ciudadanos sobre su selección como miembros de mesa con el fin de aumentar su presencia y competencia, considerando una combinación de medidas de incentivos y sanciones.

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