Renovación de la Misión de Determinación: qué esperar en la denuncia por crisis de DDHH

La Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, un mecanismo renovado por tercera ocasión, debe seguir en la denuncia de graves violaciones a los derechos humanos, poniendo énfasis en la situación alrededor de las elecciones presidenciales del 28 de julio y la actuación de colectivos. ONG coinciden en que su renovación, así como el mandato del Alto Comisionado Volker Türk, es una muestra de la preocupación de la comunidad internacional sobre el tema

El Consejo de Derechos Humanos aprobó el viernes la renovación de los mandatos de la Misión de Determinación de Hechos y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DDHH sobre Venezuela. 

Con 23 votos a favor, seis en contra y 18 abstenciones, se instó a que ambos mecanismos continúen sus actualizaciones por dos años más. Esta es la tercera renovación del mandato de la Misión de Determinación de Hechos y de la Oficina del Alto Comisionado para que revisen, desde diferentes perspectivas, las «graves vulneraciones» de derechos humanos en el país, como lo expresaron los Estados proponentes.

«Las actualizaciones del Alto Comisionado son herramientas fundamentales para recibir información actualizada y clara sobre la evolución de la situación de los derechos humanos en el país», al igual que evita «desatender esta importante situación durante períodos prolongados», justificó la representación de Argentina ante el Consejo. 

Antes de fin de año, la Oficina del Alto Comisionado Volker Türk deberá entregar un informe que será discutido por el Consejo. En marzo de 2025 se esperan otros dos informes,  de los 10 que deben hacerse durante todo el periodo, donde se podrá reflejar la situación alrededor del 10 de enero, cuando inicia un nuevo periodo constitucional en el país. 

Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia, expresó que la renovación de ambos mandatos «se hace en un contexto donde la represión en Venezuela se ha agudizado. La comunidad internacional ha tomado nota de esto y por eso no nos extraña que esta haya sido la votación más alta para renovar esta misión». 

Destacó que esta «es una victoria para las víctimas, que son la causa última de toda esta situación, víctimas que en este momento en Venezuela no son escuchadas y ahora podrán seguir contando con el apoyo de la documentación y denuncia por parte de la Misión de Determinación de Hechos». 

Además, el abogado señaló que los informes de la Misión «no se quedan en un escritorio, como muchos dicen. Por el contrario, los informes de la Misión han sido citados por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, de modo que esta documentación ha terminado ante el más alto órgano internacional de justicia en materia penal. Solo por eso vale la pena que la Misión continúe con su labor». 

Enfoques de la Misión y el Alto Comisionado

La Misión de Determinación fue encomendada a continuar la investigación sobre ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, tortura, al igual que violencia sexual y de género cometidos desde 2014. 

Se solicitó además un «enfoque particular» en la situación «antes, durante y después de las elecciones presidenciales de 2024, y en la violencia perpetrada por individuos armados conocidos como colectivos».

En su último informe, el pasado 17 de septiembre, los expertos Marta Valiñas, Francisco Cox y Patricia Tappatá afirmaron que en Venezuela se comete el crimen internacional de persecución, actualmente bajo investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. 

También señalaron que los delitos vinculados (detenciones arbitrarias, desapariciones, tortura y violencia sexual) «se produjeron como parte del mismo ataque generalizado y sistemático contra la población civil, en cumplimiento de una política estatal de silenciar, desalentar y sofocar a la oposición» en torno a las elecciones presidenciales. 

Los representantes de la Misión también han expresado su intención de profundizar en la identificación de la cadena de mando, es decir, los máximos responsables por estos delitos. 

En el caso de la Oficina del Alto Comisionado, se pidió que continúe el monitoreo, información y la cooperación técnica que ya mantiene con el Estado venezolano «con miras a mejorar la situación de los derechos humanos». 

El pasado 15 de febrero, la administración de Nicolás Maduro decidió expulsar a la representación de la Oficina del Alto Comisionado y suspender el memorando de cooperación en curso, esto tras las críticas a la situación de detención arbitraria y desaparición forzada de la defensora Rocío San Miguel. 

Tras las elecciones, el Alto Comisionado Volker Türk también criticó el aumento de las detenciones arbitrarias, el uso indiscriminado de la legislación antiterrorista para acusar a manifestantes, así como las violaciones al debido proceso, entre esas el tener y poder designar a un abogado de confianza. 

La resolución del Consejo de Derechos Humanos también insta a esta Oficina a que «continúe sus esfuerzos» para la protección de migrantes y refugiados y evalúe las recomendaciones que ha hecho en el pasado. 

¿Mecanismos insuficientes?

La investigadora Lexys Rendón, coordinadora del Laboratorio de Paz, considera que la renovación de ambos mandatos traen buenas y malas noticias, debido a la revisión que debe hacerse sobre la propia efectividad de la ONU para frenar las violaciones de derechos humanos en el mundo. 

«Como venezolana que se renueve por tercera vez una misión para crímenes de violaciones graves a los DDHH es  terrible. Un síntoma más de que Naciones Unidas está quedando corta para garantizar paz, democracia, derechos humanos y libertades de los pueblos», aseveró en redes sociales.

Rendón señaló que esta renovación implica que Venezuela no está cumpliendo las recomendaciones en materia de DDHH, que las libertades democráticas y de asociación van en franco retroceso y estamos frente a un «agravamiento» de la situación. 

La investigadora reiteró que «lo que sucede en Venezuela es grave», pero hay una preocupación latente de la comunidad internacional sobre estos hechos.

«Urgen muros de contención reales, efectivos, compromisos y acciones para que no siga siendo un repositorio de dolor, recomendaciones y víctimas. Por las víctimas insistimos, persistimos, y nos aferramos tozudamente al corpus y la institucionalidad de los derechos humanos, la participación, la paz y la democracia», afirmó. 

Óscar Murillo, coordinador general de Provea, también coincide en la visión de que «los conflictos abiertos han evidenciado una preocupante incapacidad y agotamiento del sistema universal. En este clima de incertidumbre y de necesaria reflexión sobre la regeneración de liderazgos y búsqueda de mayor eficacia colectiva en el concierto de naciones, el trabajo de la Misión de la ONU sobre Venezuela marca un precedente alentador».

Murillo considera que el trabajo de la Misión «reivindica el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (…) que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho marcan el norte de la acción, así esto moleste a los gobiernos, a sus amigos, cómplices o mucho peor, a los que guardan silencio».

*Lea también: Renuevan Misión de la ONU y mandato de la Oficina del Alto Comisionado sobre Venezuela

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