Venezuela criminaliza la participación ciudadana: caso comanditos

Los miembros de los comanditos de la oposición y otros ciudadanos que se organizaron para la defensa del voto el 28 de julio han sido víctimas de detenciones arbitrarias y amenazas. Esta criminalización de la participación ciudadana ha encendido las alarmas por el impacto que puede tener en el espacio cívico y la capacidad de los venezolanos para organizarse y defender sus derechos de manera pacífica

Unos días después de las elecciones presidenciales, la madre de Ana Páez* recibió una llamada inquietante. Al otro lado de la línea, una desconocida voz masculina le preguntó si su hija necesitaba un servicio funerario. “Nos dijeron que tu hija lo va a necesitar pronto”, dijo antes de colgar.

No era la primera vez que Ana recibía una amenaza así. Le enviaron cartas anónimas, le escribieron por WhatsApp, hicieron publicaciones en redes sociales con su rostro y la vigilaban en su casa.

¿Su delito? Ser una de las lideresas de la llamada Gran Alianza Nacional (GANA) -impulsada por María Corina Machado- y estar encargada de la conformación de comanditos en varias zonas.

Los comanditos fueron diseñados con una estructura descentralizada para evitar las vulnerabilidades de las organizaciones convencionales de mando, en respuesta a la necesidad de una organización más flexible y resistente. Entre sus funciones está la vigilancia electoral y el fortalecimiento de la participación ciudadana. Sin embargo, desde el discurso oficial se ha criminalizado a los comanditos y han sido catalogados como “células terroristas y asociaciones para delinquir”, vinculándolos con actividades violentas y vandálicas.

Ana sabe el peligro de las amenazas y, al igual que muchos integrantes de estas organizaciones comunitarias, se mantiene en resguardo. No ha podido regresar a su casa ante la posibilidad de un allanamiento y la detención sin respeto al debido proceso.

En un país donde hay presos políticos que no tienen acceso a defensa privada, ha optado por mantenerse en constante movimiento, trasladándose entre distintos lugares para no quebrar la moral de su equipo. Asegura que no retrocederá en la defensa de los resultados, aunque sabe que el costo de seguridad es alto.

En su opinión, las acusaciones contra los comanditos y sus integrantes buscan imponer una narrativa de miedo y justificar la persecución de políticos, periodistas y ciudadanos críticos.

«Sabíamos que habría repercusiones y persecuciones. Si el Gobierno intentaba neutralizar a una figura clave, esto podría causar graves fallas en la organización, entonces en lugar de depender de una cúpula organizativa central, la estrategia se basó en empoderar a los ciudadanos locales, convirtiéndolos en los principales organizadores de la campaña”, dice Páez al explicar cómo se crearon los comanditos.

La intimidación y hostigamiento hacia los comanditos comenzó incluso desde los actos de juramentación, donde funcionarios policiales se mantenían vigilantes. Pero además de los  cuerpos de seguridad, fueron hostigados por las UBCH (Unidades de Batalla Hugo Chávez) y los consejos comunales en sus respectivas comunidades.

“A algunas familias les han quitado beneficios como el CLAP o la venta del gas, considero que se ha intentado a través de una política de Estado castigar a los miembros de ese movimiento ciudadano, sin embargo, muchos de ellos han asumido valientemente la responsabilidad de actuar con prudencia para protegerse y contrarrestar la narrativa que busca desmoralizar a quienes defendieron su voto”, señala la entrevistada.

¿Cómo se organizaron los comanditos?

Más de 600.000 ciudadanos estuvieron involucrados en esta dinámica. Para el 12 de agosto, la líder opositora María Corina Machado había confirmado el registro de 60.069 comanditos, que debían gestionar y difundir información en tiempo real, actuando como canales directos de comunicación sin pasar por estructuras que podrían haber sido interceptadas.

El registro de estas agrupaciones, que debían ser de mínimo 10 personas, se manejó desde una plataforma confidencial, diseñada para proteger la privacidad de los miembros y generar confianza en la ciudadanía.

Para el periodo de campaña, apoyaron en la educación electoral y en la gestión de recursos de cara al limitado acceso a materiales de campaña tradicionales. La persecución a líderes de oposición impidió que grandes imprentas aceptaran hacer franelas o imprimir folletos y pendones en grandes cantidades. En respuesta, los comanditos tomaron un rol creativo en la manera en la que difundían las convocatorias y enseñaban cómo votar. Las iniciativas iban desde pancartas hechas a mano hasta el uso de redes sociales para llamar a la participación.

El día de las elecciones, ofrecieron asistencia a los testigos de mesa y voluntarios, proporcionando servicios médicos, hidratación, alimentos y kits de emergencia en los centros de votación.

De organización ciudadana a grupo «delictivo»

Las reglas del juego cambiaron desde el 29 de julio, cuando Nicolás Maduro declaró que el país se encontraba frente a la amenaza de una “organización delictiva financiada por el narcotráfico colombiano”. El fiscal general designado por la extinta asamblea constituyente Tarek William Saab responsabilizó a los comanditos por 27 asesinatos que -según dijo en una alocución- dejaron las protestas de los días 29 y 30 de julio en rechazo a los resultados de las presidenciales del 28 de julio, cuando el Consejo Nacional Electoral nombró como ganador al mandatario Nicolás Maduro.

Foto: Comanditos ConVzla

Para Alejandro Pérez*, miembro de la Gran Alianza Nacional, los comanditos se encuentran en una situación de indefensión ante las acusaciones del gobierno. Señaló que las funciones de este movimiento estaban estrictamente enfocadas en actividades electorales y cívicas, sin involucrarse en conductas fuera del contexto electoral.

Destaca que la violencia la ejercen quienes tienen las armas, que en este caso es el Estado, y criticó el uso indiscriminado de la represión por parte de sus funcionarios. Denunció que el gobierno ha obligado a las personas que detienen a grabar videos declarando que reciben  dinero en efectivo para incitar al odio y organizar disturbios, sometiéndolos al escarnio público sin presentar pruebas.

“Acusan a compañeros de terrorismo y le inventan cargos con toda una red conspirativa. Esto sólo son unos guiones que ellos mismos se creen, porque al final la función de los comanditos era ser partícipes del proceso para saber cuál es el resultado en su centro de votación. No pueden imponer y cambiar esa verdad a través de la violencia”, puntualiza.

La verdad como motor de resistencia

Carlos López*, miembro del equipo nacional de Vente Venezuela, no ha vuelto a su casa desde el mes de mayo -antes de que iniciara la campaña- debido a las constantes amenazas que enfrenta por ser dirigente político en su región. Sin embargo, está convencido de que la verdad ha sido el gran empuje para proteger los resultados.

«¿Hay miedo? Sí. ¿Nos ha inmovilizado y silenciado? No. Seguimos asistiendo a convocatorias, organizándonos, recogiendo actas, articulando con la comunidad internacional y denunciando los hechos que se vienen presentando en cada una de las comunidades”, afirma.

A su parecer, la persecución constante ha llevado a los comanditos a ser más precavidos, fortaleciendo las medidas de seguridad y protección entre sus miembros.

López resalta que la resistencia pacífica ha evolucionado y se manifiesta en vigilias, oraciones y encuentros comunitarios que han tomado fuerza en sectores populares del país.

«Antes, estas expresiones de protesta pacífica eran más comunes en zonas de clase media o alta. En Carabobo, por ejemplo, ahora las comunidades populares como Las Agüitas, Las Palmitas, Flor Amarillo, Miguel Peña, El Socorro o Santa Inés están alzando su voz en defensa de la libertad, la dignidad y la verdad”, añade.

Cree así que este cambio no solo representa una ampliación del movimiento, sino un vínculo más profundo entre los venezolanos.

Foto: Comanditos ConVzla

La asfixia del espacio cívico

TalCual consultó a expertos en derechos humanos y organizaciones no gubernamentales que defienden la participación ciudadana en el país, sobre las implicaciones de la criminalización de este movimiento por parte del Estado.

Rodrigo Diamanti, presidente de Un Mundo Sin Mordaza, advierte que la persecución contra los «comanditos» evidencia la intención del Estado de desmantelar cualquier forma de organización independiente que escape a su control, una práctica que, según él, es propia de regímenes totalitarios.

Con Un Mundo Sin Mordaza coinciden otras organizaciones no gubernamentales, cuyos voceros pidieron mantener su identidad en reserva. Ellos aseguran que la criminalización de los comanditos es «nada más un preámbulo» de lo que viene en materia de criminalización contra la ciudadanía y la disidencia a través de la aprobación de la ley antifascismo, cuyos postulados son tan discrecionales que todo aquel que piensa diferente puede ser considerado fascista.

«Esto básicamente hace entrar a cualquiera dentro de los supuestos de la ley que podrían ser sancionables, negando incluso la libertad de poder disentir y expresarse libremente acerca de las posturas políticas personales, sobre el acontecer nacional o sobre cualquier cosa en el país», advierten los voceros.

Sobre los patrones de violaciones de derechos humanos que han registrado las organizaciones en los casos de persecución y amenazas contra los miembros de los comanditos y testigos de mesa, Diamanti pone en primer lugar las detenciones arbitrarias, sin respeto por el debido proceso.

En estos casos no hay órdenes de aprehensión; simplemente son secuestrados y luego desaparecidos de manera forzada, ya que no son presentados ante los tribunales durante los primeros días, e incluso se les niega información a sus familiares sobre el lugar donde han sido llevados.

Otro patrón importante es que no se les permite la defensa privada en ninguno de los casos.

«Todo esto se hace para generar un estado de vulnerabilidad mucho más profundo. Por eso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha declarado que esto constituye terrorismo de Estado ejercido en contra de los comanditos y todas las personas que participaron en las movilizaciones del 28J», comenta Diamanti.

Foto: Comanditos ConVzla

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¿Qué se espera de la comunidad internacional?

El presidente de Sin Mordaza subraya la urgencia de que el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) se pronuncie contra la persecución política que sufren defensores de derechos humanos, periodistas y organizaciones civiles en el país.

«De igual modo, debe haber una condena firme por parte de los presidentes de la región contra esta persecución del espacio cívico. Esta es la única manera en que las organizaciones de la sociedad civil podrán seguir trabajando: si las instancias internacionales se pronuncian y condenan al régimen por esta persecución política», explica Diamanti.

Además, considera obligatorio que se emitan órdenes de captura contra quienes persiguen a los venezolanos por pensar distinto y defender la democracia.

Foto: Comanditos ConVzla

Por otro lado, las organizaciones no gubernamentales han demostrado una preocupación porque el gobierno venezolano ha aprendido a resistir a la presión internacional e ignorar las medidas externas.

«El chavismo ha demostrado que las medidas de protección de organismos internacionales no le interesan. Cualquier medida cautelar emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sido pasada por alto, no solo con personas que ya tienen detenidas, sino también con aquellas que detienen después de que se han otorgado estas medidas de protección», señalan.

Según documentan, el gobierno se ha dado cuenta de la poca capacidad que tienen los organismos internacionales para generar una situación de incomodidad real, por lo que resaltan la importancia para la sociedad civil de mantener viva la memoria de los hechos, incluso frente a los esfuerzos del gobierno por silenciar la disidencia y crear una ilusión de normalidad.

«Lo importante y vital para cualquier movimiento de derechos humanos que resista un autoritarismo es que las víctimas del régimen autoritario no sean olvidadas, ni nuestros presos políticos, ni nuestros perseguidos, ni nuestros exiliados. Tampoco debe olvidarse el hito histórico del 28 de julio. La respuesta de la comunidad internacional y de los defensores en el exterior debe ser mantener viva esa llama para que nadie olvide lo que está ocurriendo en Venezuela», señala uno de los voceros entrevistados por TalCual.

*Los nombres fueron cambiados por motivos de seguridad, para resguardar la identidad de los entrevistados.

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