Con las dos manos forma un corazón

Paul León trabaja en el canal VPItv. Fue detenido mientras se preparaba para cubrir una manifestación en Valera, estado Trujillo. En una audiencia telemática, un tribunal especial en Caracas lo imputó por delitos de terrorismo. Con él son cuatro los trabajadores de la prensa puestos tras las rejas después de las elecciones del 28 de julio. 

Luis Rivero | La Vida de Nos

“Mis viejos, mis abuelitos, tía Mari, mis hermanos y Daniela, estoy bien. Llegará el momento de hablar de esto, pero quiero concentrarme en decirles que ustedes son todo lo que tengo, y confío en que vamos a salir de esta situación que, no les negaré, me entristece mucho, pero me llena de fuerza pensar en ustedes y en volverlos a ver pronto. Gracias por todo lo que están haciendo por mí. No tendré cómo pagarles cuando estemos juntos de nuevo. LOS AMO. Dios con nosotros”.

La carta estaba escrita a mano, con lápiz de grafito, en un pedazo de hoja arrugada. Las letras no eran uniformes, algunas parecían más bien garabatos. Quizá, al escribir, la mano temblaba (¿de miedo, rabia, cansancio, tristeza?), pero por la sintaxis, y en general por la cuidada redacción, era claro que detrás de esas líneas temblorosas estaba Paul, el joven tesista de comunicación social, el que ya trabajaba como periodista y camarógrafo en Valera, la ciudad de Trujillo donde nació y creció.

Al leer la carta, el 5 de agosto de 2024, su familia se sintió aliviada. Habían pasado cinco días —cinco interminables días— sin certezas, ahogados en la angustia de no saber nada de él.

Paul nunca se había involucrado en la política. Estudiante de la Universidad de Los Andes, era más conocido por ser locutor y presentador deportivo (muy aficionado al Trujillanos Fútbol Club), y porque fundó, con amigos de la universidad, Voces Solidarias, una ONG que ayudaba a los niños en desnutrición. También era conocido por su relación con movimientos de música alternativa en Valera.

La mañana del 30 de julio, esa en que sería detenido, había salido temprano de su casa para encontrarse con Daniela, su novia, en un puesto de comida rápida de la ciudad.

Se sentaron a desayunar y, mientras comían, hablaron de lo que todos los venezolanos hablaban en ese momento. De las elecciones del 28 de julio. De los resultados que anunció el Consejo Nacional Electoral, según los cuales Nicolás Maduro había sido reelecto. De las actas de escrutinio que había recabado la oposición y que, públicas en un portal web, indicaban un resultado muy distinto al oficial. Hablaban de su estado, Trujillo, que claramente ya no era un bastión del chavismo: según la página que alberga las actas, el opositor Edmundo González había obtenido allí 64 por ciento de la votación.

Hablaban del país, de la incertidumbre que sentían, del futuro. Daniela, también periodista, le había asomado en diciembre de 2023 la idea de irse de Venezuela. Sin embargo, él, a pesar de tener a un hermano y a muchos amigos en el extranjero, se mostró renuente: no, él no se iba a ir.

¿Ahora sí?

Valera, habitada por unos 600 mil habitantes, es más bien un pueblo grande, siempre tranquilo. Esa mañana, parecía más apagado que de costumbre: la mayoría de los locales permanecían cerrados, y por calles y aceras se paseaba más la basura arrastrada por el viento que los autos y los peatones.

Pronto habría más movimiento. La gente, sin mayor organización que el “boca a boca”, había convocado a una manifestación a las 11:00 de la mañana, muy cerca de la Avenida Bolívar. Era una de las cientos que brotaron en el país desde el mismo momento en que el CNE anunció sus resultados: solo entre el 29 y el 30 de julio, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social documentó 915 protestas.

Después de desayunar, Paul se dirigió hacia allá, a encontrarse con la periodista Mayra Linares, su compañera en el canal VPItv. Aunque él solía abordar temas deportivos, la coyuntura hacía necesario que colaborara con esta cobertura: haría de camarógrafo.

En el camino, notó que algunas personas también iban rumbo al lugar de concentración. Y que había piquetes policiales en distintos puntos de la carretera. Él y Mayra se pusieron tensos, pero siguieron adelante, con sus credenciales, las cámaras y los micrófonos.

Todavía no había comenzado la manifestación, cuando, a eso de las 10:30, se les acercaron unos 10 motorizados con uniformes de la Policía Nacional Bolivariana. Les dijeron que no podían grabar. Ellos se defendieron diciendo que eran periodistas. Los policías los ignoraron e intentaron detenerlos sin darles explicación. Paul y Mayra corrieron, trataron de pedir ayuda a quienes estaban alrededor, pero todo ocurrió muy rápido: a él le quitaron el bolso en el que guardaba sus equipos, le arrebataron su celular y lo agarraron bruscamente, obligándolo a poner los brazos detrás de su espalda.

Lo hicieron subir a una moto y se lo llevaron.

Minutos después, Mayra Linares hizo un contacto telefónico con VPItv, en el que narró lo sucedido y terminó diciendo:

“No sé dónde está Paul”.

Quizá fue por eso que, pocos minutos después, un compañero de trabajo llamó a Daniela, la novia, para decirle lo que ocurría. Ella entonces le marcó a la mamá de Paul para avisarle, se acercó al lugar donde había ocurrido la detención, y grabó un video que publicó en redes sociales a las 11:22 de la mañana:

“Esta es la situación que se vive en Valera. Podemos observar al fondo la presencia de efectivos policiales. Nos informan que detuvieron al camarógrafo de VPI (…)”.

Su voz luchaba por no quebrarse.

Y entonces comenzó la búsqueda. Los familiares hicieron llamadas, fueron a los comandos policiales y a los centros de detención. No les decían nada. Pero cerca de la 1:00 de la tarde les llegó el rumor de que lo tenían en la Coordinación Policial 2.0, de Valera.

Hasta allá fue su familia a buscarlo.

No les dieron respuestas. Allí estaban también decenas de personas que, como ellos, intentaban obtener información sobre los detenidos. Madres, padres y hermanos de otros presos se hacían las mismas preguntas: “¿Dónde están? ¿Por qué los agarraron?”. Interrogantes sin respuesta que parecen escucharse como un eco en la ciudad, en el país entero: entre el 29 de julio y el 17 de agosto, el Foro Penal verificó 1 mil 416 arrestos, de los cuales 26 de ellos ocurrieron en Trujillo, gobernado por Gerardo Alfredo Márquez, militar y militante del Partido Socialista Unido de Venezuela.

“Nunca habíamos visto un pico represivo con esta intensidad”, ha dicho el abogado Gonzálo Himiob, director del Foro Penal, asombrado por la cantidad de detenidos en tan poco tiempo.

Paul creció en una casa a las afueras de Escuque —un municipio pequeño y montañoso del estado Trujillo, en Los Andes venezolanos—, junto a sus dos hermanos, su papá, su mamá y sus abuelos paternos. Es una familia pequeña, que, aunque comenzó a dispersarse por el mundo, siempre procura volver a encontrarse. Paul era quien más insistía en organizar esas reuniones, el más “familiero”. La noticia de su detención los conmocionó a todos.

Buscaban información, se asesoraban con abogados, llamaban a todo el que creían que podía ayudarlos. Pero ni siquiera lograban tener detalles claros sobre su paradero. Sin tener la certeza de que él estaba en esa coordinación policial que les dijeron, le entregaron a los funcionarios alimentos, ropa y artículos de aseo personal para él. Se los recibieron. Al rato les devolvieron los envases de comida vacíos.

Afuera, veían por redes sociales a Nicolás Maduro hablar de dos nuevas cárceles para los “terroristas de las guarimbas”, de que las penas serían de 15 o 30 años de cárcel para los “traidores a la Patria”.

“¿Se llevarán para allá a Paul? ¡Ay, Dios!”.

Su madre, su novia y el resto de la familia comenzaron a ir todos los días a ese lugar, y seguían intentando obtener información. Su mamá le preparaba arepas de trigo con mantequilla, su comida favorita, con la fe de que él se las comiera. No podía evitar pensar en la posibilidad de que Paul no estuviera allí, que no estuviera recibiendo nada, y que, donde sea que lo tuvieran, pensara que lo habían abandonado.

Por horas, miraba las paredes de la Coordinación Policial, las ventanas, los pasillos, el corredor… cualquier espacio por el que pudiera verse alguna señal de su hijo. Lo pensaba tanto, lo recordaba tanto, que su mente le hacía creer que lo veía, que lo escuchaba. A su hijo de 26 años de edad.

El miércoles 31 de julio, un día después de la detención, comenzaron a instalar en la parte de afuera unos toldos blancos grandes. ¿Para qué? ¿Era para meter a los detenidos allí? El rumor que oían era que serían presentados en una audiencia preliminar telemática ante un tribunal con competencia en terrorismo en Caracas. Sin embargo, no sabían a qué hora serían estas audiencias. O si ya las habían hecho.

Rumores, rumores, rumores. Los rumores eran vientos que cambiaban la dirección de los ánimos de un momento a otro.

A veces, eran esperanzadores. “Escuché que los van a presentar hoy y que después los van a dejar ir”. “Al parecer, los detuvieron para que la gente no siguiera protestando, pero como ya está todo tranquilo los van a soltar”. “En la noche, para que no haya mucho escándalo los van a dejar salir”.

Otras veces, eran demoledores. “Los van a mandar para la cárcel de Tocorón” (a casi 500 kilómetros de distancia). “Ayer se los llevaron, en la noche, cuando no había nadie”. “Tengo un amigo que me dijo que ahí adentro nunca hubo gente detenida por protestas, que los toldos son para otra cosa”.

Y en medio de esos vientos contradictorios, el corazón de los familiares, batuqueado entre creer y no creer.

Fue así que transcurrieron esos cinco días. Hasta que la familia recibió el papel arrugado, escrito a mano, con la letra de Paul. Y volvieron a respirar. Sí, estaba ahí, estaba vivo, estaba bien, había podido recibir la comida que le habían mandado.

El martes 6 de agosto, lo volvieron a ver: a lo lejos, pudieron presenciar el momento en que lo llevaban a la Dirección de Investigaciones Penales (DPI) de la Policía Nacional, en Carvajal, a 30 minutos de Valera. No lo sabían en ese momento, pero después se enteraron de que un tribunal especial en Caracas ya lo había imputado, en una audiencia telemática, por delitos de terrorismo.

No le permitieron defensa privada.

Paul es uno de los cuatro trabajadores de la prensa detenidos después de las elecciones presidenciales del 28 de julio, de acuerdo con la data del Foro Penal. Todos, como él, empleados de medios regionales. El Instituto Prensa y Sociedad Venezuela registró, entre el 29 de julio y el 4 de agosto de 2024, 79 vulneraciones a la libertad de prensa. “Esta documentación pone en evidencia un recrudecimiento del patrón sistemático de represión y control sobre la información de interés público en Venezuela”.

En el DIP, su novia, su madre, otros familiares y amigos, han podido ver a Paul. Todos los días le llevan sus arepas de trigo, libros y ropa. Una semana después de la detención, Daniela recibió una pequeña nota:

“Le doy gracias a Dios, que esto me pasó a mí, y no a ti”.

Eso la desarmó. Fue el “te amo” más noble que le hubieran dicho jamás.

Los encuentros siempre son breves: no más de 10 minutos. El resto de los días, se paran muy cerca de una baranda que da hacia la DIP y le hablan fuerte, para que él los escuche. Han podido verlo asomado por las rejas de la ventana, desde donde les hace señas: con las dos manos forma un corazón para decirles que los ama.

Paul, les ha dicho, tiene la esperanza de poder demostrar en su juicio —aún sin fecha— que él no es un terrorista. Mientras tanto ha pedido que le lleven todo lo que se escriba sobre él. Quizá como una manera de recordarse quién es. Tal vez para sentirse menos solo.

*Lea también: SNTP denuncia arresto de periodista Ana Carolina Guaita en La Guaira

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