Denuncias ciudadanas en Venezuela: La respuesta del Estado ante la vigilancia de EEUU en 2026

Tras un bienio donde arreció la persecucón, la clandestinidad y el terror de Estado, organizaciones de derechos humanos registran un incremento de víctimas que deciden alzar la voz. Voceros advierten que el aparato estatal responde con lentitud y selectividad política, guiado por el costo reputacional internacional

Autor: Maivy Silva 

Organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos en Venezuela como Laboratorio de Paz, Provea y el Comité por la Libertad de los Presos Políticos coinciden en un diagnóstico unánime: la recepción de denuncias ciudadanas ha experimentado un incremento en los primeros meses de 2026, marcando un punto de inflexión inequívoco tras los acontecimientos políticos del pasado 3 de enero. Sin embargo, las respuestas dependen de varios factores, entre ellos el tipo de denuncia y quiénes están detrás de ella.

Esta reacción de la población afectada describe un nuevo termómetro social donde el miedo, aunque persistente, ya no es paralizante. «El miedo se mantiene pero se entiende que el Estado está siendo mirado y controlado», precisa Lexys Rendón, directora de Laboratorio de Paz, en entrevista para TalCual, al evaluar cómo la mirada internacional ha modificado la relación de fuerzas entre el poder y la ciudadanía.

Para Rendón se han abierto «espacios para que las personas puedan estar en la calle, puedan denunciar, hacer señalamientos y hacer peticiones». Considera que al día de hoy puede manifestarse y movilizarse de un lugar a otro sin que las personas sean reprimidas con bombas lacrimógenas.

«Todavía las manifestaciones siguen siendo un poco reprimidas, es decir, no garantizadas en su totalidad, pero la gente no es víctma de detenciones masivas», detalla.

El impacto de la denuncia en 2026

El 20 de mayo, la suegra de Yanin Pernía, presa política recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), denunció que la joven presuntamente había sido «violada» por 30 custodios. Ante la gravedad de los hechos y la notoriedad que alcanzó, las autoridades se presentaron en la cárcel de mujeres para tomar el testimonio de Pernía.

Seis días más tarde, se conoció el caso del adulto mayor José Breijo, quien fue excarcelado con una medida de arresto domiciliario, pero encontró su apartamento invadido por el mismo funcionario policial que lo detuvo en 2023. Tras la denuncia pública, instituciones del Estado intervinieron y se restituyó la propiedad al preso político.

Las organizaciones consideran que la efectividad de las respuestas institucionales está condicionada a la naturaleza de cada situación. Rendón advierte que la reacción ante las denuncias depende «del caso, de la denuncia, de la persona y de quienes pudieran estar detrás de estas». A partir de estos factores, la directora de Laboratorio de Paz señala que se determina el «tipo de accionar por parte del Estado» para obtener algún tipo de respuesta ante la «violación que se pudiera estar cometiendo».

Para ilustrar este escenario, Rendón ejemplifica la parálisis institucional mediante el caso de la familia Baduel: «Sigue siendo un caso que a pesar de toda la repercusión y denuncias no pasa nada».

Lea También: #DóndeEstán | Mujeres buscadoras enfrentan al Estado para encontrar a sus desaparecidos

«Es un patrón  que se mantiene y que ahora se ha paralizado por un hecho sobrevenido que no depende de la voluntad del Estado», expresa la directora de Laboratorio de Paz, refiriéndose a la intervención militar del 3 de enero.

Por su parte, Diego Casanova, miembro del Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (Clippve), afirma a TalCual que «la denuncia ha significado una herramienta crucial», ya que a partir de ella se ha logrado «salvar la vida de diferentes personas».

En su opinión, parte de las respuestas también se deben a «la constancia que han mantenido» las víctimas luego del 3 de enero.

Óscar Murillo, coordinador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), sostiene -en entrevista para TalCual- que la denuncia pública suele registrar un rango de respuesta mayor y más rápido que las tramitadas por vías privadas. Para el vocero, «cuando se hace bulla, se consigue que haya algún grado de atención por parte de las autoridades». 

«Dentro de Provea, ha habido casos emblemáticos donde la denuncia pública, cuando se hace este bullicio, ha forzado la respuesta de las autoridades», detalla.

Casanova coincide en este análisis y explica que, según la perspectiva de su organización, mientras más auge tenga un reclamo en la opinión pública, el aparato estatal le presta mayor atención: «Si la denuncia pública tiene más alcance o se hace más viral, ellos actúan con más prontitud», asevera el miembro de Clippve.

Señala que el efecto comunicacional resulta determinante para forzar una respuesta institucional.

Las organizaciones concuerdan en que esta ligera flexibilización es consecuencia directa de los hechos ocurridos el pasado 3 de enero, debido a que Estados Unidos abrió «algunas posibilidades de hacer denuncias públicas, de hacer manifestaciones en la calle y de acercarse a las instituciones públicas», según Rendón.

El antes y el después 

Para 2025 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el uso de «prácticas de terrorismo de Estado en Venezuela para sembrar miedo y ejercer control sobre la población».

Rendón enfatiza que durante 2024 y 2025 el país experimentó un período de «terror de Estado». Esta política coercitiva tuvo como consecuencia que la población tuviera miedo de denunciar, viéndose obligada a sumirse en la semiclandestinidad, la clandestinidad, el exilio o a recurrir, por estrictas políticas de protección, a bajar la voz para no ser objeto de persecución o represalias institucionales. Debido a ello, en ese bienio solo se generaban «denuncias muy puntuales».

No obstante, aquellas quejas y reclamos, por más que se hicieran públicas en los medios independientes, «tampoco tenían eco en las autoridades», afirma Óscar Murillo desde Provea.

El Informe Anual Provea 2025: Situación de los Derechos Humanos en Venezuela plantea que luego de las elecciones del 2024, hubo un aumento de represión y que para 2025 «se consolidó la mayor regresión antidemocrática de la región latinoamericana en décadas».

Luego del 3 de enero 

El 3 de enero, aproximadamente a las 2:00 a.m., Estados Unidos inició un ataque militar en Caracas, Miranda y La Guaira con el objetivo de capturar a Nicolás Maduro y Cilia Flores. Luego de esto, fueron llevados al Centro Metropolitano de Detención, en Nueva York.

En el informe de Provea se afirma que aunque la extradicción de Nicolás Maduro y Cilia Flores por los Estados Unidos «violó el derecho internacional, abrió una posibilidad para avanzar hacia la reinstitucionalización democrática». Sin embargo, Murillo advierte que para que los poderes públicos funcionen debe haber un sistema democrático, en el que las «instituciones sean independientes y autónomas». 

Señala como un rasgo distintivo que durante los primeros meses del año, específicamente en febrero e incluso hasta marzo, las oficinas de Provea «se llenaron de víctmas que nadie convocó». Describe el fenómeno como una «reacción de la población afectada» en la vulneración de sus derechos fundamentales, principalmente por parte de familiares de personas desaparecidas forzosamente y víctimas de detenciones arbitrarias.

A su juicio, el escenario posterior al 3 de enero «ha hecho que estas nuevas autoridades presten mayor atención o estén en mayor disponibilidad de atender este tipo de denuncias».

Según el análisis de Rendón, tras el quiebre político se entiende que el Estado venezolano «está en una especie de observación constante por parte de una potencia extranjera», un factor que le genera al ciudadano una ventana de «posibilidad de hacer incidencia, de hacer las denuncias y peticiones». 

Siguiendo esta misma línea analítica, Casanova expone el caso de los gedeones, los 32 presos políticos en Guacaipuro, su familia permaneció aproximadamente un año insistiendo para obtener una fe de vida. El vocero de Clippve afirma que «gracias a la presión pública comunicacional, ellos pudieron, por primera vez, verlos y abrazarlos».

Sin embargo, la directora del Laboratorio de Paz aclara que la naturaleza del régimen no se ha modificado: el Estado sigue siendo el mismo «porque las personas siguen siendo las mismas que cometieron crímenes de lesa humanidad, una política de represión y terror de Estado».

Frente a las respuestas gubernamentales ante casos que alcanzaron alta notoriedad mediática —como los de José Breijo, o el de la señora y su hijo Víctor Hugo Quero—, Casanova expresa que la celeridad actual frente a la denuncia pública se debe estrictamente al «costo reputacional» que el Ejecutivo intenta cuidar ante la comunidad internacional. «Todo se basa en un interés político», remarcó el activista.

Murillo se ubicó en una línea analítica similar. El coordinador de Provea considera que las respuestas de los organismos estatales frente a las denuncias públicas se fundamentan en una «conveniencia política para quedar bien».

Qué hacer ante esta situación

A pesar de las limitaciones del contexto, las organizaciones defensoras reconocen la importancia medular de formalizar las denuncias y realizar un seguimiento riguroso de cada expediente.

Para Murillo, la ruta ciudadana exige «levantar la voz», puesto que defienden que este proceso de exigencia «es dignificante y es una manera de reivindicar la dignidad humana» frente a los abusos del poder.

Rendón, por su parte, señala que la ruta consiste en seguir haciendo «la incidencia interna y seguir visibilizando junto con los medios de comunicación las situaciones». Asimismo, aseveró que «es un momento de visibilizar las situaciones para que haya no solamente la posibilidad de que cambien» sino de que se haga justícia.

Las organizaciones ratifican su compromiso de facilitar el acompañamiento logístico, legal y humanitario en el terreno. Murillo expresó que en Provea «siempre están abiertos para orientar y ayudar a escribir exigencias a la víctima para que lo lleve a la Defensoría del Pueblo o al Ministerio Público».

Casanova reconoce que ellos como activistas y víctimas han identificado que «la denuncia funciona, sobre todo la denuncia pública». Para él es fundamental recordar que denunciar «las cosas como son» resulta vital para el movimiento social. El activista insiste en que es un deber ciudadano «tener solidaridad» frente a las estrategias estatales que buscan la «fractura de las víctimas».

Finalmente, exhorta a la población a «no perder la esperanza», alegando que «nada es eterno» y que la única vía institucional pasa por sostener «la lucha constante».

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Post Views: 56