Damnificados en Vargas: Temor a las Viviendas de la Gran Misión Vivienda tras el Terremoto

Los damnificados de La Guaira esperan viviendas, pero algunos temen que el gobierno los reubique en edificaciones estatales similares a las que colapsaron en los terremotos. Otros no quieren perder sus comunidades si fuesen asignados a otros estados.

«No me voy a ir para ese tipo de vivienda. Viendo cómo pasó todo esto, todas esas viviendas caídas, yo no me voy a meter en una».

Joysen Rojas tiene 19 años viviendo en La Guaira. Perdió su apartamento en el terremoto del 24 de junio y ahora espera que el censo de damnificados sirva para encontrar una nueva vivienda. Pero hay una condición que tiene clara y es que no quiere que sea una de las edificaciones construidas bajo los programas habitacionales de la Gran Misión Vivienda Venezuela.

No es que no quiera una casa, sino que tiene miedo de la casa que puedan darle. «Yo busco otra manera (…) un alquiler en otro lado, pero en una Opppe no me voy a meter. Mire todo lo que se cayó, todos los muertos. No ayudaron a nadie, los mismos familiares eran los que sacaban a la gente», dice Rojas, quien vive en la parroquia Macuto.

Se refería a las torres edificadas por la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (OPPE), creada en el 2009 durante el último mandato de Hugo Chávez. Cifras oficiales dan cuenta de que en ese estado había alrededor de 3.637 apartamentos levantados por planes de ese despacho. Al menos 14.500 personas pudieron verse afectadas según estimaciones del medio Armando.Info, que ha investigado fallas estructurales, opacidad en contratos y omisión de normas sobre sismorresistencia en las construcciones del Estado venezolano.

El temor no es aislado ni injustificado.

Gabriela Ceada también perdió su hogar. Vivía en Punta Brava, un edificio de 19 pisos ubicado cerca de El Gradisca, una de las estructuras afectadas severamente durante el terremoto que en Vargas dejó al menos 100 edificaciones totalmente colapsadas, según reportes de las autoridades de la administración de Delcy Rodríguez.

Dos meses después, aún no se siente preparada para volver a vivir en una edificación proveniente de planes estatales.

«Yo no estaría dispuesta a vivir en una Misión Vivienda. La mayoría de los que se derrumbaron eran estos edificios hechos por el Gobierno. No sé si fue por un mal terreno que escogieron o por una mala estructura, pero después de todo esto es difícil mudarse a un edificio cuand han pasado todos estos hechos», señala.

Y ese miedo se mezcla con otra preocupación que apunta más hacia con quiénes podrían terminar viviendo.

A Joysen le pasa lo mismo. Quiere que, si el gobierno construye o asigna nuevas viviendas, los antiguos vecinos permanezcan juntos. No quiere que el proceso termine mezclando a las familias que vivían en edificios privados con personas de otros urbanismos o comunidades que ya recibieron viviendas públicas.

«Mejor que sea con todos los de mi círculo de mi residencia».

Gabriela piensa parecido: «Mi edificio era de 19 pisos y por cada piso había ocho apartamentos. Yo creo que deberían estar las personas que realmente vivían ahí. Después de todo lo que pasó, uno quiere volver a estar con la gente que conoce, con los vecinos, con las personas con las que creció», expresa.

Para el sociólogo Tulio Ramírez, la resistencia de los sectores medios a las soluciones habitacionales estatales «no constituye una actitud de rechazo irrazonable». No lo ve como «discriminación, actitudes racistas o clasistas». Catalogarlo sólo de esa forma sería «injusto», pues lo ve como una actitud de preservación de lo perdido. La respuesta, entonces, fundamentada desde las bases sociológicas, apunta más bien hacia lo que él define como la autodefensa del sector social.

«Ante la pérdida del patrimonio material, esa familia busca salvaguardar su capital social (…) Exigir viviendas junto a sus pares comunitarios es una demanda de reconstrucción integral de su modo de vida y de su dignidad socia. Cambiar de una rutina, unos hábitos, un círculo de amigos, de la noche a la mañana, va a suponer la ruptura de sus redes, lazos de amistad por años construidos, y además la ruptura de su intimidad con respecto a otros».

Ese rechazo deja una de las preguntas más incómodas del proceso de reconstrucción: ¿qué significa reconstruir una vivienda para alguien que ya no confía en el tipo de vivienda que le pueden ofrecer?

La respuesta no debería reducirse a levantar edificios y repartir apartamentos. La reconstrucción después de un desastre también implica garantizar que las familias puedan recuperar sus medios de vida, sus redes comunitarias y condiciones de vivienda seguras. ONU-Hábitat, la agencia principal en asentamientos humanos y urbanismos sostenibles, lo dice en su guía de Apoyo a la reconstrucción de viviendas más seguras tras desastres: planificación e implementación de asistencia técnica a gran escala. Ha insistido en que la recuperación posterior a desastres debe poner a las personas y a las comunidades en el centro de la planificación, con criterios de seguridad, habitabilidad y participación.

En La Guaira, sin embargo, todavía ni siquiera está claro dónde vivirán quienes perdieron sus casas. El primer paso es el censo y ahí ya comenzó otro problema.

¿Censar damnificados para qué?

El gobierno interino ha presentado este proceso como el primer paso para determinar cuántas familias quedaron damnificadas y avanzar hacia la asignación de nuevas viviendas. Sin embargo, todavía falta lo más importante: saber cómo se decidirá quién recibe qué vivienda, dónde y bajo qué condiciones.

Roger Silva, trabajador de la Gobernación de La Guaira encargado del operativo, explicó que el registro estaba dirigido a las personas cuyas viviendas habían sido clasificadas con etiqueta roja, es decir, aquellas consideradas pérdida total. Una vez concluido el registro, el Ministerio de Hábitat y Vivienda trabajaría con el gobierno nacional para asignar apartamentos disponibles en distintos estados.

Y eso vuelve a poner sobre la mesa la preocupación de quienes no quieren abandonar La Guaira.

Gabriela dice que ama su estado y que no quisiera irse. «Yo amo mi pueblo. Siempre que iba a algún lado me preguntaban: ‘¿De dónde tú eres?’ Y yo decía: ‘De La Guaira’. Con mi pueblo no te metas. Nací aquí y realmente, si fuera por mí, no quisiera irme», dice.

«Si me toca vivir en otro estado, creo que me tocará, pero no me iría más allá de Caracas porque estaría cerca de donde vivía», continua.

El censo, entonces, en teoría, no debería ser solamente para estar contando cuántas familias perdieron sus viviendas. Hay que ver qué quieren esas familias recuperar y qué no están dispuestas a aceptar.

Para algunos damnificados, volver a tener un techo no significa simplemente recibir las llaves de un apartamento, sino que quieren seguridad, quedarse cerca de su comunidad para poder conservar sus redes de amigos.

Katherine Linares, habitante del Bloque 1 de La Páez, ubicado hacia el extremo norte del estado, en Catia La Mar, pasó por el proceso, marcado por colas, desorganización y esperas sentidas como interminables, y salió con más preguntas que respuestas.

«Ahí no te daban ningún tipo de información porque ni ellos lo saben. Ellos están haciendo el censo, pero ellos no saben. No tienen ni idea, ni sectorización, nada. Nadie tiene ni idea de nada”, afirma.

Linares también cuestiona la promesa de que los datos del censo puedan cruzarse automáticamente con otras plataformas del Estado.

«Ellos dicen que los datos que está recogiendo Hábitat y Vivienda se entrelazan con Patria y el Seniat para hacer una verificación real. Eso no es cierto».

Entonces… ¿Se asignarán las casas según el orden en que las personas fueron censadas? ¿Las primeras parroquias registradas serán también las primeras en recibir viviendas? ¿Se dará prioridad a familias con niños, adultos mayores o personas con discapacidad? ¿Se mantendrán juntos los vecinos de un mismo edificio? Nada está claro todavía.

Tampoco se sabe si la reconstrucción pasará necesariamente por entregar un apartamento nuevo a cada familia.

Después de un desastre, las opciones pueden ser distintas, como lo ha planteado Naciones Unidas. La reconstrucción puede incluir viviendas nuevas, reparación de estructuras recuperables, apoyo para alquileres o transferencias de dinero, materiales de construcción y asistencia técnica para que las propias familias reconstruyan sus viviendas.

ONU-Hábitat recomienda precisamente que las personas afectadas no sean tratadas únicamente como receptoras de una vivienda terminada. Sus principios sobre reconstrucción segura plantean que las comunidades deben tener acceso a recursos, asesoría técnica y participación en las decisiones sobre cómo reconstruir.

En programas de reconstrucción de ese organismo de Naciones Unidas se han utilizado subsidios, materiales, capacitación de constructores y asistencia técnica para que las comunidades rehabiliten o levanten sus propias viviendas, en lugar de depender exclusivamente de grandes proyectos de construcción.

Esto también podría abrir otra posibilidad para La Guaira, como ya se está viendo en Caracas, donde los propios vecinos están buscando presupuestos en constructoras y grandes ferreteras para ellos mismos, por contrataciones privadas, reparar sus edificios con etiqueta roja, sólo aquellos que aunque calificados como inhabitables, no quedaron en el piso.

Naciones Unidas ha recomendado también que parte de los recursos destinados a la reconstrucción no se utilicen únicamente para levantar nuevos edificios, sino que puedan llegar directamente a las familias, acompañados de supervisión técnica, materiales y reglas claras de construcción segura.

Eso permitiría que, por ejemplo, una persona como Joysen Rojas, que no quiere ir a una Opppe, pueda tener otra opción. No necesariamente elegir entre aceptar el apartamento que le asignen o quedarse sin vivienda, sino participar en la solución.

Porque el problema no es únicamente cuántas viviendas necesita La Guaira.