Venezuela: La necesidad urgente de un liderazgo auténtico ante la crisis y la tiranía institucional

Hay tragedias que pertenecen a la naturaleza y tragedias que pertenecen a la política. Las primeras son inevitables. Ningún gobierno puede impedir que la tierra tiemble. Las segundas son obra de los hombres. Son consecuencias de decisiones, omisiones, prioridades y proyectos de poder.

El 24 de junio la tierra abrió una herida enormes en Caracas, La Guaira y otras regiones del país. En cuestión de segundos desaparecieron edificios, barrios enteros cambiaron para siempre y miles de familias quedaron marcadas por un dolor que nos acompañará durante generaciones. Pero conforme pasaban las horas quedó claro que la peor parte de la tragedia no dependía ya de la naturaleza. Dependía de quienes tenian la responsabilidad de responder.

Algunos politólogos solemos decir que un Estado se mide realmente cuando todo falla. Las elecciones dicen mucho sobre una democracia; una crisis económica revela fortalezas y debilidades de un modelo; pero un desastre natural, como lo es un terremoto, desnuda al Estado. Lo obliga a demostrar si existe o no. Porque en medio de una catástrofe ya no sirven los discursos, la propaganda ni los enemigos imaginarios. Solo importa responder unas pocas preguntas muy concretas: ¿quién rescata?, ¿quién coordina?, ¿quién informa?, ¿quién protege?, ¿quién organiza?, ¿quién reconstruye?

La respuesta venezolana ha sido devastadora.

Ya sabíamos que el chavismo había destruido la democracia. Ya sabíamos que había convertido a las instituciones en cascarones vacios, que había pulverizado los servicios públicos, que había expulsado a millones de venezolanos, que había arruinado la economía y que había sustituido el mérito por la obediencia. Ya lo habíamos visto durante el gran apagón de 2019. Lo habíamos sufrido en hospitales sin insumos, en escuelas sin maestros, en carreteras destruidas, en cuerpos policiales que demasiadas veces inspiran miedo antes que confianza. Lo padecen también los más de ocho millones de venezolanos dispersos por el mundo, que descubrieron hace años que su propio Estado prácticamente dejó de existir para protegerlos.

Los terremotos no crearon esa realidad, ciertamente, pero la hicieron imposible de ocultar.

Existe un elemento histórico que no deberíamos perder de vista. Esta no es la primera vez que el chavismo enfrenta una gran tragedia nacional. De hecho, su historia política comienza prácticamente con una de ellas. El deslave de Vargas de diciembre de 1999 marcó el nacimiento del proyecto chavista. Mientras miles de venezolanos morían sepultados por el lodo y otros tantos permanecían desaparecidos, la prioridad política seguía siendo la consolidación del nuevo proyecto constituyente. Durante años miles de damnificados sobrevivieron hacinados en edificios públicos, estacionamientos y oficinas del Estado. Todo ello ocurrió cuando Venezuela disfrutaba del mayor auge petrolero de su historia contemporánea. No existían sanciones internacionales. No había restricciones financieras. PDVSA producía cerca de tres millones de barriles diarios y el petróleo alcanzó precios superiores a los cien dólares por barril. Nunca hubo tantos recursos. Sin embargo, tampoco entonces hubo una verdadera reconstrucción nacional.

Veinte años después, en 2019, el país volvió a contemplar otra escena que quedó grabada en la memoria colectiva: el bloqueo al ingreso de ayuda humanitaria internacional. Independientemente de la posición política de cada venezolano sobre aquel episodio, quedó instalada una imagen muy poderosa: un poder dispuesto a quemar comida antes que reconocer su propia incapacidad.

Hoy, en 2026, vuelven a aparecer denuncias sobre obstáculos a la solidaridad, dificultades para la llegada de rescatistas, restricciones a periodistas, problemas para movilizar ayuda y controles sobre ciudadanos que intentan organizarse.

R. G. Collingwood escribió que «la única pista de lo que el hombre puede hacer es lo que ha hecho». Los gobiernos también construyen su identidad mediante la repetición de sus actos. Esa continuidad ayuda a entender por qué millones de venezolanos ya no interpretan lo ocurrido esta semana como una suma de errores o improvisaciones. Lo entienden como la expresión más reciente de una forma de ejercer el poder. Una forma estalista y malvada. Criminal.

Mientras ciudadanos removían escombros con las manos buscando sobrevivientes, la respuesta oficial jamás llegó. Fueron los propios venezolanos quienes comenzaron a organizar brigadas, centros de acopio, cadenas logísticas, plataformas para localizar desaparecidos, redes de donaciones, bases de datos hospitalarias y sistemas colaborativos de información. En pocas horas la sociedad civil construyó mecanismos de coordinación que normalmente corresponden al Estado.

Y entonces comenzaron a acumularse denuncias que, tomadas individualmente, merecen investigación rigurosa, pero que en conjunto dibujan un patrón profundamente inquietante.

El Movimiento Estudiantil de la Universidad Central de Venezuela denunció la retención de siete camiones con ayuda provenientes del estado Bolívar y destinados para asistir a los damnificados. Equipos de rescate internacionales reportaron dificultades para ingresar al país o desarrollar plenamente sus labores. Periodistas nacionales e internacionales denunciaron restricciones para cubrir lo que ocurría sobre el terreno. Miles de usuarios comenzaron nuevamente a reportar problemas para acceder a la red social X, que se había convertido en una herramienta indispensable para localizar desaparecidos y coordinar ayuda. Sebastián Eduardo Martínez Borrego, quien colaboraba como traductor para rescatistas extranjeros, denunció amenazas y posteriormente informó el cierre de su cuenta de Facebook. Paralelamente, comenzaron a difundirse numerosos videos y denuncias de vecinos que acusaban a funcionarios armados de ingresar a edificios destruidos y apropiarse de bienes de familias que acababan de perderlo todo.

Eso explica por qué tantos venezolanos sienten hoy que el verdadero bloqueo ya no es una consigna propagandística utilizada por el chavismo para explicar todos sus fracasos. El verdadero bloqueo tiene nombres y apellidos. Bloquea periodistas. Bloquea medios digitales. Bloquea redes sociales. Bloquea rescatistas. Bloquea centros de acopio. Bloquea ayuda humanitaria. Bloquea el regreso de venezolanos que quieren ayudar a su propio país. Bloquea incluso la posibilidad de que la nación se encuentre consigo misma en la hora de mayor dolor.

La decisión de impedir el regreso de María Corina Machado debe entenderse desde esa perspectiva. No porque se trate únicamente de ella, sino porque representa algo mucho más amplio. Ella misma lo dijo desde Panamá: esto no se trata de una persona; se trata de miles de venezolanos que quieren regresar para ayudar. Tiene razón. El país necesita liderazgo además de rescatistas. Necesita coordinación además de voluntarios. Necesita una referencia política y moral que convoque a una sociedad profundamente golpeada.

Toda gran tragedia nacional termina produciendo un liderazgo capaz de organizar a la comunidad alrededor de un objetivo común. Chile lo tuvo después del terremoto de 2010. Japón lo necesitó tras el tsunami de 2011. Venezuela también lo necesita. No porque un dirigente pueda sustituir el trabajo de ingenieros, bomberos o médicos, sino porque alguien debe articular los esfuerzos de una nación que intenta levantarse.

María Corina Machado ocupa hoy ese lugar porque así lo decidió la inmensa mayoría de los venezolanos. Esa legitimidad no nace de un decreto ni de un reconocimiento extranjero. Nace de la confianza social. Y esa es precisamente la legitimidad que el régimen teme.

Ahora, frente a todo esto, surge una pregunta que ya no puede seguir evitándose.

¿Por qué Estados Unidos —o, al menos, una parte de la administración de Donald Trump— parece sentirse más cómodo administrando una transición tutelada con la tiranía de Jorge y Delcy Rodríguez todavía en el poder que apostando decididamente por el liderazgo legítimo de María Corina Machado?

La pregunta no es retórica. Es genuina. Y la hago con enorme preocupación.

Puedo entender que, después de tantos tropiezos internacionales —Irán es quizá el ejemplo más evidente—, esta administración quiera presentar el caso venezolano como uno de sus principales éxitos en política exterior. Y, en parte, tendría razones para hacerlo. La extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores el 3 de enero fue una operación extraordinaria exitosa. También lo fue la liberación de cientos de presos políticos que hoy volvieron a abrazar a sus familias (aunque cientos más siguen, inauditamente, todavía tras las rejas). Los venezolanos lo reconocemos y lo agradecemos. Sería intelectualmente deshonesto no hacerlo.

Durante estos meses muchos aceptamos —y en mi caso, incluso defendí— la idea de que existía una estrategia gradual. El plan de “tres fases” anunciado por el secretario de Estado y que buscaba desmontar, paso a paso, la estructura del chavismo mientras se construían condiciones para una transición democrática. Pero el 24 de junio cambió el país. Los terremotos rompieron ese esquema de la misma manera en que rompieron miles de edificios en Caracas y en el estado Vargas (así, estado Vargas).

Desde el 24 de junio ya no discutimos únicamente quién debe gobernar Venezuela. Discutimos quién puede hacerlo. Hay una diferencia enorme entre ambas preguntas. La primera pertenece al terreno de la legitimidad democrática. La segunda pertenece al terreno de la capacidad estatal y, en este momento, de la supervivencia nacional. Los terremotos respondieron brutalmente esa segunda pregunta y la primera ya había sido respondida hace bastante tiempo (en 2023 y en 2024).

La discusión dejó de ser exclusivamente política. Ya no estamos hablando únicamente de cómo acelerar una transición democrática o de cuándo deben celebrarse determinadas elecciones. Estamos hablando de quién tiene la capacidad de conducir a un país devastado, de coordinar su reconstrucción y, sobre todo, de proteger la vida de millones de venezolanos. Eso cambia completamente la ecuación.

Quiero ser absolutamente claro. Esto no se trata de María Corina Machado como persona. Se trata de lo que ella representa porque así lo hemos decidido los venezolanos.

Ella no es la principal dirigente política del país porque lo haya decretado ningún gobierno extranjero, ningún organismo internacional o ningún partido. Lo es porque la inmensa mayoría de los venezolanos, dentro y fuera de nuestras fronteras, le otorgó esa legitimidad. Y el liderazgo, en una catástrofe nacional, deja de ser un asunto partidista para convertirse en una necesidad pública.

Por eso la pregunta ya no va dirigida a Delcy Rodríguez.

La respuesta de la tiranía es perfectamente comprensible dentro de su propia lógica de supervivencia. Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello saben que su permanencia depende del miedo (que cada día es menor). Y saben también que la presencia de María Corina Machado en Venezuela representa exactamente lo contrario: organización, esperanza, coordinación y la posibilidad de que una sociedad profundamente golpeada vuelva a reconocerse alrededor de un liderazgo legítimo.

No espero otra conducta de ellos.

La pregunta es para Washington. Es para Marco Rubio. Es para Donald Trump. Es para John Barrett. Si Estados Unidos continúa ejerciendo una influencia determinante sobre el rumbo de la transición venezolana, ¿por qué impedir o aceptar que la dirigente con mayor legitimidad del país permanezca fuera precisamente cuando Venezuela más la necesita? ¿Qué interés estratégico puede justificar semejante decisión después de lo que acabamos de vivir?

Escuché con atención el mensaje que María Corina envió desde Panamá. Hubo una frase que resume perfectamente el momento que atravesamos: «Esto no se trata de mí». Tiene razón. No se trata de ella. Se trata de un país entero que necesita reencontrarse. Se trata de miles de venezolanos de la diáspora que quieren regresar para ayudar. Se trata de médicos, ingenieros, rescatistas, empresarios, voluntarios y familias que necesitan una conducción capaz de organizar el inmenso esfuerzo de reconstrucción que tenemos por delante.

Toda gran tragedia nacional necesita liderazgo. No para sustituir el trabajo de los rescatistas. No para reemplazar a los ingenieros. No para cargar escombros. Sino para darle dirección a una nación que intenta ponerse nuevamente de pie.

Venezuela necesita hoy ese liderazgo. Y la inmensa mayoría de los venezolanos ya decidió quién debe ejercerlo.

Si en Washington alguien considera que la presencia de María Corina Machado sobre el terreno puede resultar «desestabilizadora», me temo que está leyendo un país que ya no existe. Porque el verdadero factor de desestabilización no es la líder legítima de los venezolanos, es una tiranía que ha demostrado, frente a la mayor tragedia natural de nuestra historia reciente, que no puede, no sabe y, lo más doloroso de admitir, tampoco quiere gobernar para proteger a su propia gente. Nos odia. Y, siendo honesto, también los odian los venezolanos a ellos. Existe una ruptura moral irreparable entre la sociedad y quienes ocupan de facto el poder.

El estallido social del que tantos hablan no ocurrirá porque María Corina vuelva a Venezuela. Podría ocurrir precisamente si el país continúa sin un horizonte político claro. Si la sociedad no encuentra una conducción capaz de canalizar institucionalmente el inmenso dolor, la frustración y la rabia acumulados durante estos días.

La forma de evitar ese escenario no consiste en mantener congelada una transición. Consiste en acelerarla. Consiste en permitir que la sociedad se organice para reconstruir el país física, económica, institucional y moralmente. Consiste en comprender que estos miserables que hoy permanecen cómodamente instalados en Miraflores ya no pueden seguir al frente de un país al que han demostrado despreciar una y otra vez.

También escucho con frecuencia que Venezuela debe proyectarse ahora como un país estabilizado y lleno de oportunidades para la inversión. Ojalá lleguemos pronto a ese escenario. Pero intentar vender hoy esa imagen ignorando la realidad que dejaron los terremotos sería un profundo erro de diagnóstico.

Porque ningún inversionista serio apuesta únicamente por recursos naturales. Invierte donde existen instituciones. Donde existe seguridad jurídica. Donde existe capacidad administrativa. Donde existe un Estado capaz de responder cuando ocurre una emergencia. Y eso fue precisamente lo que esta semana quedó dramáticamente en evidencia.

Los videos de ciudadanos enfrentando a militares, las denuncias sobre obstáculos a la ayuda, el bloqueo de información y la indignación creciente de millones de venezolanos seguirán recorriendo el mundo. No hay estrategia comunicacional capaz de ocultarlo.

Y hay algo todavía más grave.

Un régimen que, según numerosas denuncias, obstaculiza la ayuda humanitaria durant una tragedia nacional envía el peor mensaje posible a cualquier ciudadano y a cualquier inversionista: que ni siquiera frente al dolor colectivo está dispuesto a renunciar a la lógica del control criminal. Si roban comida, imagínense cómo van a robar las máquinas de empresarios.

Los venezolanos seguiremos agradeciendo el respaldo de Estados Unidos. Seguiremos considerándolo un aliado natural. Pero precisamente porque somos aliados debemos poder hablar con franqueza.

El problema nunca fue solamente Nicolás Maduro. El problema es el chavismo. El problema es Delcy Rodríguez. Es Jorge Rodríguez. Es Diosdado Cabello. Es una estructura de poder que ha demostrado durante veintisiete años que destruye todo aquello que toca y que, incluso frente a una tragedia de esta magnitud, sigue actuando como un obstáculo para su propio pueblo.

Han pasado seis meses desde el 3 de enero. Ha pasado una semana desde el 24 de junio. Cada uno de esos días ha tenido un costo humano. Y los venezolanos ya no podemos seguir esperando.

Queremos caminar junto a Estados Unidos. Queremos que siga siendo nuestro principal aliado en la recuperación de la democracia. Queremos que la reconstrucción de Venezuela sea también una historia de cooperación entre dos países que comparten valores e intereses. Pero también debemos decir con claridad que nosotros no podemos esperar indefinidamente. No podemos. Y no lo haremos.

El chavismo debe llegar a su fin.

No solamente porque destruyó la democracia. No solamente porque destruyó la economía. No solamente porque destruyó el Estado. Sino porque esta semana terminó de demostrar que también es incapaz de conducir el dolor de una nación. O, peor todavía, que lo disfruta.

Si para poner punto final a esta tragedia seguimos contando con el apoyo de nuestros aliados, estaremos profundamente agradecidos. Ojalá sea así. Si ese apoyo no alcanza o no llega con la urgencia que el momento exige, los venezolanos haremos lo que ya empezamos a hacer durante esta semana. Tomaremos el martillo con el que hoy removemos escombros para reconstruir nuestras ciudades. Y, cuando llegue el momento, también para derribar el muro político que desde hace veintisiete años impide que Venezuela vuelva a levantarse.

Ya ha sido demasiado.

La opinión emitida en este espacio refleja únicamente la de su autor y no compromete la línea editorial de La Gran Aldea.