El Concurso Fantasma de Farruco Sesto: Una Edificación Inexistente y la Falta de Transparencia en Obras Públicas

Todo lo que se necesita para adjudicar correctamente una obra pública cabe en un párrafo, y ese párrafo lo publicó la oficina de Farruco Sesto el martes 10 de septiembre de 2013. Salió en el número 10 de OPPPERACIÓN CIUDAD, el suplemento que su oficina publicaba cada martes en el Correo del Orinoco. Se titula «Parque Bolívar 2/6. Recinto Ferial y Centro de Convenciones».

Estos cuadernillos cuentan como escritos suyos. Los textos no están firmados y Sesto aparece en el pie de imprenta como director. Pero en agosto de 2015, dos años después y ya fuera del cargo, subió los veintiún números completos a su blog personal, en dos archivos, bajo el título La OPPPE como legado del Comandante Chávez. Los publicó primero como oficina y los recogió después como obra propia.

«En septiembre de 2012 —dice allí— se convocó un concurso público para una de las instalaciones más importantes. El programa de la edificación, la redacción de las bases del concurso y su organización, lo llevó a cabo la OPPPE a través de un equipo dirigido por el arquitecto Abner Colmenares, profesor de la FAU-UCV y por dos veces decano».

Sigue la lista del jurado. El arquitecto español César Portela como participación internacional; Héctor Torres, entonces viceministro de Turismo; Juan Pedro Posani, director del Museo de Arquitectura; Gilberto Rodríguez, profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Central; y Orlando Martínez, director de obras de la propia oficina, con Colmenares de suplente.

«El 5 de febrero de 2013 tuvo lugar el fallo. El equipo ganador resultó ser un grupo de profesionales muy jóvenes dirigido por el arquitecto Servando García», consigna Sesto.

En los veintiún cuadernillos donde expuso toda su obra no aparece ningún otro concurso. Para este, las publicaciones incluyen programa, bases, convocatoria abierta, jurado con firmas de peso, fallo con fecha y un ganador que nadie conocía.

Pero el reparo lo aporta el mismo texto. Entre los cinco jurados figura Orlando Martínez, a quien el texto identifica como director de obras de la casa y quien dirigió el equipo que redactó las bases; Abner Colmenares actuó, además, como jurado suplente. Esto significa que quien escribió las reglas también se sentó a calificar.

En julio de 2017, cuatro años después del fallo, el portal El Cooperante atravesó la base aérea de La Carlota para ver la obra y no pudo ingresar. Una alcabala y un par de militares lo impidieron. Contaron entonces lo que se veía desde afuera: un terreno con montañas de arena, una estructura sin culminar, cinco obreros y una excavadora.

Es la última comprobación pública que existe de ese lugar.

Lo que sí se construyó

En el mismo período, la Opppe emprendió en Caracas y Vargas las 11.199 viviendas que Sesto contabilizó en 2015; 42 de aquellas torres se levantaron en el litoral y ninguna pasó por concurso.

Las lluvias de noviembre de 2010 dejaron algo más que la orden telefónica de tomar terrenos. Dejaron un decreto. El N.º 7.859, que Chávez firmó el 30 de noviembre y salió ese mismo día en la Gaceta Oficial N.º 39.563.

Es preciso leerlo, no por lo que dice, sino por lo que no dice.

No declara la emergencia en la Gran Caracas. La declara, dice su artículo 1, en «los estados Falcón, Miranda, Vargas y el Distrito Capital». No habla de viviendas ni de damnificados por contar y fija un plazo en esa misma línea: «Por un lapso de noventa (90) días», prorrogable por otros noventa mediante decreto.

Tampoco menciona las licitaciones. Ni una vez.

Lo que hace es facultar al Ministerio de Interior y Justicia, a través de Protección Civil, para dictar «por vía de excepción, las medidas especialísimas que estime pertinentes» y para ordenar «la ocupación temporal de instituciones y establecimientos públicos y privados, lotes de terrenos o áreas».

Lo firmaron, además de Chávez, el vicepresidente Elías Jaua y los ministros Tareck El Aissami, Jorge Giordani y Carlos Mata Figueroa.

Lo que se ha reportado sobre las contrataciones de aquella oficina es esto, y lo publicó Armando.info en julio de este año: «Las empresas constructoras que trabajaron para la Opppe fueron contratadas sin pasar por un proceso de licitación, porque este requisito quedó suspendido con el decreto de emergencia».

Hay una versión contraria y también es de la casa.

El 19 de junio de 2013, en el Museo Nacional de Arquitectura, el arquitecto Lucas Pou, director de proyectos de la oficina, dijo que habían tenido que hacerlo todo, «hasta establecer las licitaciones para la contratación de las obras y los mecanismos de seguimiento y supervisión para su ejecución en los plazos previstos». Lo reseñó Abner Colmenares en su blog dos meses después.

Lo comprobable es la asimetría. Del concurso del recinto ferial existe el relato completo, con bases, jurado y ganador, publicado en un diario nacional, pero de las licitaciones de las once mil viviendas no se ha publicado ninguna.

Una emergencia dura lo que dura una emergencia.

El decreto le dio noventa días, pero aquella oficina siguió construyendo tres años.

Penado con prisión

La Ley contra la Corrupción, publicada en la Gaceta Oficial N.º 5.637 Extraordinario del 7 de abril de 2003, estuvo vigente durante todo el período que narra esta serie. En noviembre de 2014 fue sustituida por un decreto con rango, valor y fuerza de ley del mismo nombre.

Y dice en su artículo 58:

«El funcionario público que, con el objeto de evadir la aplicación de los procedimientos de licitación u otros controles o restricciones que establece la ley para efectuar determinada contratación, o alegare ilegalmente razones de emergencia, será penado con prisión de seis (6) meses a tres (3) años. Con igual pena serán sancionados los funcionarios que otorgaren las autorizaciones o aprobaciones de tales contrataciones».

Sin embargo, no consta que exista investigación alguna, ni imputación ni condena, contra ninguna de las personas o empresas mencionadas en esta serie.

El martes 5 de noviembre de 2013, en el número 18 del suplemento que venimos citando, la oficina contó cómo se adjudicó otra pieza del mismo parque:

«El equipo de dirección de la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales quiso encargarle el diseño de la Torre Mirador en el Parque Bolívar a César Portela, como reconocimiento a un maestro de la Arquitectura de nuestro tiempo».

Quiso encargarle…

Una torre de cien metros, sin concurso, por voluntad del equipo de dirección. Y, a continuación, en la misma página, los méritos:

«César Portela, arquitecto español, no solo goza de enorme prestigio internacional, sino que, además, es un gran amigo del Proceso Bolivariano al que ha seguido de cerca. Hombre de izquierda, comprometido con las causas progresistas, está muy consciente de la importancia de lo que está ocurriendo en Venezuela».

La afinidad política, impresa como credencial, en el diario del Estado.

El propio cuadernillo recuerda que en 2005 hubo una exposición de Portela en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas. Sesto era entonces ministro de Cultura.

Nueve meses antes, ese mismo señor había sido el jurado internacional del único concurso que esa oficina llegó a contar.

Jurado de la casa en febrero, beneficiario de la casa en noviembre.

Y las dos cosas las publicó la casa.

El fallo del único concurso se dio en febrero de 2013, cuando Chávez llevaba casi dos meses operado en La Habana. El cuadernillo que lo cuenta salió siete meses después, y el último de la colección apareció doce días antes de las elecciones municipales del 8 de diciembre.

Ese mismo mes, Sesto dejó la oficina que solo adjudicó por concurso público una edificación que nadie ha visto terminada.

Para las que sí se hicieron quedaron debiendo el concurso y la instancia técnica. Y cuando esto ocurre, lo que termina decidiendo cómo se levanta un edificio es el sistema constructivo que alguien escoge.

Ellos escogieron uno, lo explicaron con orgullo y lo publicaron con fotografías.

Esa es la próxima entrega.

La opinión emitida en este espacio refleja únicamente la de su autor y no compromete la línea editorial de La Gran Aldea.