Reacomodo Territorial y Control del Oro en Bolívar: Claves del Despliegue Militar en las Minas Venezolanas

A la opacidad oficial sobre esta operación en las minas se suma otra interrogante: ¿qué ocurrirá con estos territorios una vez concluya el despliegue militar? Porque, ¿qué significa realmente recuperar una mina en Bolívar? O mejor dicho: ¿recuperarla para quién? La pregunta va mucho más allá de identificar quién controla hoy cada territorio. También obliga a preguntarse qué ocurrirá después. ¿Quién recibirá las concesiones, bajo qué condiciones se explotarán los yacimientos y qué papel tendrán las comunidades que durante años han vivido en torno a la minería?

Al sur de Venezuela, las minas, durante años, han tenido dueños. No oficiales, no reconocidos en gacetas ni decretos, pero sí reales. Grupos armados, sindicatos mineros, estructuras criminales y actores estatales han convivido y negociado el control de territorios enteros dentro de los 111.843 kilómetros cuadrados que delimitan el Arco Minero del Orinoco. Pero lo que está ocurriendo ahora en Bolívar, en el kilómetro 88 de Las Claritas, sugiere que ese mapa de poder informal podría estar empezando a cambiar.

Noticias sobre helicópteros militares sobrevolando campamentos, explosiones registradas desde el aire y un despliegue de seguridad sin precedentes inundaron los medios de comunicación el martes 9 de junio. Aunque hasta ahora no existe información oficial sobre el alcance del operativo, ni balances sobre detenidos o víctimas, investigadores de la dinámica minera en Bolívar consideran que lo ocurrido apunta al inicio de una nueva fase en la disputa por el control de una de las zonas auríferas más importantes del país.

No se trata de un territorio cualquiera. Según una investigación de Transparencia Venezuela, apenas 8% del valor generado por el oro llega al Banco Central de Venezuela por concepto de regalías y otro 6% por autorizaciones de exportación. Mientras tanto, las organizaciones criminales se quedarían con alrededor de 20% de las ganancias y las alianzas estratégicas vinculadas con élites políticas concentrarían hasta 66% del negocio. Aiskel Andrade, directora del Centro de Estudios Regionales de la Universidad Católica Andrés Bello Guayana, dedicado a la investigación sobre desarrollo sostenible, bienestar humano y ordenamiento territorial, advierte que el operativo no puede leerse únicamente como una acción militar contra grupos armados irregulares. A su juicio, lo que está ocurriendo forma parte de un «reacomodo territorial» de las minas.

Durante años, explicó, distintas estructuras armadas ocuparon sectores específicos del estado Bolívar, regulando el acceso a los yacimientos y controlando parte de la economía asociada al oro. Ese esquema permitió una convivencia, a veces conflictiva, otras veces funcional, entre actores estatales y grupos irregulares que terminaron ejerciendo control efectivo sobre extensas áreas mineras. Lo novedoso ahora no son las tensiones, sostiene la investigadora, sino los nuevos intereses y actores que han entrado en juego en estos territorios desterritorializados.

«Eso funcionaba de esa manera hasta ahora, pero ahora tenemos nuevos actores. No es uno solo, son nuevos actores y nuevas relaciones. Eso marca seguramente el inicio de un reordenamiento para avanzar en la estrategia».

Y es que la lectura de la investigadora se produce en un contexto particular. Han pasado tres meses desde que Venezuela y Estados Unidos firmaron acuerdos millonarios vinculados a la exportación de oro, durante la visita del secretario del Interior estadounidense, Doug Burgum, quien por cierto evitó responder preguntas sobre las condiciones de seguridad para inversionistas extranjeros en zonas afectadas por la presencia de grupos armados.

También han transcurrido casi cinco meses desde que Delcy Rodríguez prometió aumentar en 30% la producción nacional de oro durante este año. En ese momento, ¿dónde quedaron la devastación ambiental, la expansión de economías criminales y la violencia que durante años acompañaron la explotación aurífera en el sur del país? Hoy, a la sombra de una nueva Ley de Minas, presentada por el gobierno interino como una herramienta para impulsar inversiones y aumentar la producción, la respuesta pareciera estar llegando en forma de despliegues militares sobre territorios históricamente disputados.

Para Andrade, el texto legal ofrece pistas sobre la dirección que intenta tomar el Ejecutivo: «La Ley de Minas, en definitiva, no es una ley para regular la actividad minera ni garantizar mejores condiciones ambientales, sino una ley para generar un marco de actividad económica y la apertura hacia el sector privado». En ese contexto, controlar efectivamente territorios históricamente disputados se convierte en una condición necesaria para avanzar hacia un nuevo esquema de explotación minera.

En este punto coincide Luis Guzmán Balbas, director de Lazos Guayana, plataforma que agrupa organizaciones de la sociedad civil de Bolívar y uno de los autores del «Plan Maestro para la Gestión Ambiental y el Desarrollo Sostenible» del estado. Para él, los recientes acuerdos económicos chocan con una realidad difícil de ignorar: «Las minas se encuentran en una situación de anarquía y de caos de una magnitud tal que, bajo las condiciones actuales, es imposible desarrollar allí proyectos de inversión de gran escala».

Desde su perspectiva, la movilización militar busca recuperar control sobre territorios donde el Estado ha mantenido durante años una presencia fragmentada y generar condiciones mínimas de gobernabilidad para la ejecución de esos acuerdos.

Hasta este momento, ninguna autoridad nacional ha explicado oficialmente los objetivos del operativo. El Ministerio de la Defensa no ha emitido balances sobre el despliegue militar, el número de efectivos involucrados o posibles desalojos. La única declaración pública conocida fue la de la gobernadora de Bolívar, Yulisbeth García, quien negó versiones sobre una supuesta presencia conjunta de militares venezolanos y estadounidenses en minas del municipio El Callao. Sin embargo, un día después comenzaron a circular videos donde se observan explosiones lanzadas desde aeronaves militares sobre zonas mineras.

Información obtenida por TalCual señala que en la operación participaron helicópteros AS-532AC Cougar pertenecientes al Grupo Aéreo de Operaciones Especiales N.º10 de la Aviación Militar. Fuentes consultadas también indicaron la presencia de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y de la Dirección de Asuntos Especiales (DAE).

Alertan sobre riesgos para civiles por despliegue militar en el Arco Minero

Pero a la opacidad oficial se suma otra interrogante: ¿qué ocurrirá con estos territorios una vez concluya el despliegue militar? Porque, ¿qué significa realmente recuperar una mina en Bolívar? O mejor dicho: ¿recuperarla para quién? La pregunta va mucho más allá de identificar quién controla hoy cada territorio. También obliga a preguntarse qué ocurrirá después. ¿Quién recibirá las concesiones, bajo qué condiciones se explotarán los yacimientos y qué papel tendrán las comunidades que durante años han vivido en torno a la minería? «No se trata solamente de limpiar y decir: ahora se lo entrego a tal o cual empresa. Hay riesgos enormes en hacerlo de esa manera. Son los riesgos africanos, por ejemplo», advierte Andrade.

Es precisamente la vida de esa población civil lo que mantiene en alerta a las organizaciones de derechos humanos ante el avance del Ejército en Bolívar. El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) encendió las alarmas al advertir que «operativos similares en zonas mineras y populares de Venezuela, como las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) con participación de la FAN (…) dejaron cientos de abusos, incluidas ejecuciones extrajudiciales y atropellos contra población civil ajena al conflicto».

Ante este panorama, la oenegé alertó sobre el riesgo de que se repitan estos patrones y recordó que «el Estado venezolano abandonó sus obligaciones de proveer seguridad y calidad de vida a los pobladores de esta región del país; ahora, ese abandono no puede ser sustituido mediante la actuación pendular basada en el uso excesivo e indiscriminado de la fuerza pública», se lee en su cuenta oficial de X.

En este diagnóstico coincide la organización SOS Orinoco, tras señalar que la ofensiva actual se da en áreas estratégicas con enormes reservas minerales y antecedentes de disputas legales internacionales, lo que «evidencia que existen fuertes presiones políticas para reconfigurar el control del territorio».

Tras años de monitoreo en el terreno, la organización advierte que el principal riesgo de una intervención centrada únicamente en la fuerza militar y sin un enfoque integral es que «puede desencadenar de inmediato desplazamientos masivos de población, agudización de la crisis humanitaria y violencia contra civiles inocentess».

Desde la sociedad civil la conclusión es homogénea. Aseguran que la fuerza bruta sola no soluciona el problema y «es imposible para el país estabilizar el sur del Orinoco sin desmontar el modelo mafioso que permitió la expansión de economías extractivas ilegales». Por ello, la exigencia conjunta a la Defensoría del Pueblo y a la administración de Delcy Rodríguez es una sola… transparencia sobre el número de detenidos, su situación legal y una «protección efectiva e inmediata a la población civil del sector».

Otras organizaciones, como Clima 21, han incluso agregado un matiz fundamental a esta discusión: la erradicación de la actividad en las minas no debe envolver prácticas «implementadas a costo de los derechos de las personas que dependen de esta actividad, ya sea de manera directa o indirecta, en contextos legales o informales». Por ello, pidieron de manera urgente la adopción de mecanismos económicos alternos y medios de vida dignos para las comunidades afectadas.

Más allá del operativo en las minas

Para Andrade, abogada y también especialista en Gestión Gubernamental, la experiencia demuestra que una intervención armada por sí sola no resuelve el problema minero de Bolívar. Recordó el Operativo Roraima, cuyas cifras daban cuenta del desalojo de 10.000 mineros para 2024. El despliegue de propaganda fue masivo: entre enero y diciembre de ese año, el entonces jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb), Domingo Hernández Lárez, hizo al menos 124 publicaciones en su cuenta de la red social X ofreciendo datos concretos sobre las operaciones Roraima, Autana y Neblina, bajo el paraguas del «Escudo Bolivariano».

Pero en la práctica, el impacto real no pasó de la pantalla. Investigaciones de campo de Crisis Group confirmaron que la excavación en busca de oro continuó sin obstáculos y que estas operaciones militares parecieron haber sido principalmente un despliegue mediático en las minas, pues mientras los altos oficiales publicaban videos impactantes de arrestos en redes sociales, las imágenes satelitales no detectaron ninguna disminución en las prácticas mineras. Lo que ocurrió en realidad es un cambio de manos. Tras las ofensivas, las fuerzas venezolanas tomaron el control de los yacimientos, instalaron delegados para manejarlos y enriquecerse personalmente, cobrando un «impuesto» del 20% de la producción a los operadores que dejaban retomar las labores, con el derecho adicional de comprarles oro a precios más bajos a los del mercado.

Lo que ha faltado, a consideración de Andrade, es una política integral capaz de recuperar la institucionalidad en una región donde por años han prevalecido acuerdos informales. «Lo que sí habría que hacer es un proceso de control de lo que allí está ocurriendo (…) no como un reacomodo que hemos visto en el pasado, sino efectivamente como una política real de toma a cargo del Estado», aclara la investigadora, precisando que al hablar de Estado no se refiere únicamente a presencia militar: “Hablo del Estado como institución, del Estado como política minera, del Estado como política social».

Esa institucionalidad, sin embargo, parece imposible de recuperar bajo la estructura actual. Según el informe «Explotación de Oro en Venezuela 2024: devastación, caos y corrupción», de Transparencia Venezuela, la mayoría de los directivos de los cuerpos de seguridad y defensa con competencias en materia minera están sancionados internacionalmente o tienen causas penales abiertas por presuntos hechos de corrupción, narcotráfico o violación de derechos humanos. En esta cadena de mando, por cierto, como responsable de la entonces Vicepresidencia Sectorial de Economía, llegó a aparecer la propia Delcy Eloína Rodríguez.

Entonces, bajo este esquema, la complicidad es de base. La propia Misión Independiente de Hechos de las Naciones Unidas relató en 2022 que recibió información creíble de que miembros de las fuerzas de seguridad están en acuerdos con «sindicatos» y elementos criminales, en alianzas estratégicas de alto nivel que sirven para «limpiar» las minas de ciertos grupos rivales, mientras los funcionarios de bajo rango aplican la extorsión para obtener beneficios económicos.

Frente a las denuncias, el gobierno venezolano cambió su estrategia discursiva desde ese año, adoptando la conservación ambiental como el nuevo argumento para combatir la minería ilegal. Tras la aparición de Nicolás Maduro en la conferencia mundial sobre el clima COP 27, el Ejecutivo comenzó a usar un lenguaje de protección ecológica, llamando a «detener la destrucción e iniciar un proceso de recuperación» en la Amazonía.

Pero los datos demuestran el tamaño de la simulación. De los 4.472 centros de minería ilegal registrados en toda la Amazonía por la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada, 32% (1.423 centros) están concentrados en Venezuela, a pesar de que el país representa solamente el 5.6% del territorio amazónico. Las consecuencias ecológicas de esta concentración son devastadoras: según investigaciones del World Research Institute, entre 2001 y 2020 Venezuela perdió aproximadamente 23.000 hectáreas de masa forestal debido a las actividades mineras, convirtiéndose en el segundo país más afectado de la Amazonía después de Surinam. Más del 80% de esa destrucción ocurrió en bosques indígenas o comunitarios.

Ante este escenario, el director de Lazos Guayana es tajante al desmontar el discurso oficial: «Lograr una minería racional, responsable, tecnificada y ordenada es imposible bajo el actual enfoque que el Gobierno le ha dado a la actividad. No menciono que sería una ‘minería ecológica’ como la trata de vender el Estado; para nada. La minería ecológica es inexistente, ese término es científica y técnicamente inadecuado».

Para el experto, cualquier transformación exige que el Ministerio del Ambiente asuma el rol que tiene establecido en la Constitución y deje de operar como un elefante blanco. Su tarea debería ser exigir estrictamente los estudios de impacto ambiental y sociocultural, la consulta pública de los proyectos y una supervisión ambiental rigurosa que hoy son letra muerta.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

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