Justicia para Geraldín: La lucha de Rosa Orozco contra la impunidad en la Audiencia Nacional

A Geraldín Moreno la mataron con disparos de perdigón, en la puertta de su casa, en febrero de 2014. Doce años después, su madre, Rosa Orozco, verá comparecer ante la Audiencia Nacional de España al coronel Ephraín Verdú Torrelles, señalado en la línea de mando. Habla de su hija, de la impunidad y de la necesidad de verdad que tienen las víctimas.

Lo logró. Doce años después del asesinado de su hija, Rosa Orozco verá comparecer ante la Audiencia Nacional de España al coronel señalado en la línea de mando del caso. Geraldín Moreno, estudiante de Citotecnología, fue asesinada el 19 de febrero de 2014, en Naguanagua, estado Carabobo, durante las protestas de aquel año.

«No es solo el caso de Geraldín», dice su madre. «Esta es la puerta que se abre para miles de casos que tienen en Venezuela».

El proceso llegó a Madrid por la vía argentina. Según explica Orozco, en Argentina existe un juicio abierto bajo jurisdicción universal, y fue la Cancillería de ese país la que pidió a su homóloga española la extradición del oficial. La primera audiencia será este miércoles 10 de junio, a puertas cerradas, en la Audiencia Nacional, en Madrid, con la única finalidad de que el coronel (GN) Ephraín Enrique Verdú Torrelles, quien se había residenciado en Galicia, donde vivía muy tranquilo, fije posición ante la solicitud de extradición.

No está señalado como autor material, sino como parte de la línea de mando. Luego vendrá una segunda audiencia, esta vez públika, ante un tribunal que decidirá.

El hecho de que el expediente de su hija haya llegado tan lejos es mérito de muchas personas, abogados, activistas de derechos humanos… pero, sobre todo, de una madre que una noche espantosa corrió a los portones que delimitan el conjunto de bloques donde vivía —y aún vive— en Naguanagua para encontrar a su hija tendida en un charco de sangre, con el rostro irreconocible por tantos disparos del sargento (GN) Albin Bonilla Rojas. Geraldín tenía 23 años y en las manos, un pito y una bandera tricolor.

—Yo estuve en el juicios —cuenta Rosa— que les hicieron a los guardias nacionales que en esos días salieron a reprimir, a herir y a matar manifestantes. A todos les vi la cara. A todos los escuché negar, decir que ellos no habían sido, que no habían hecho nada. Y si ustedes no fueron, les dije, díganme quién fue. Muchas veces les hice esa pregunta. Y nunca me respondieron. Lo que hacían era mirar al piso.

Bonilla Rojas fue juzgado y condenado a 30 años de prisión en Ramo Verde, pero su jefe, el coronel Verdú Torrelles, no fue cuestionado. De hecho, en algún momento salió del país y se instaló en España, reino que ha recibido a cientos de miles de víctimas de uniformados como él. Pero el destino lo alcanzó.

Una sentencia, sin línea de mando

Que el expediente de Geraldín haya llegado tan lejos no es casual, dice su madre en entrevista telefónica con La Gran Aldea.

«Aquí, muchas veces, en los tribunales no te dan información, de manera que no tienes cómo sustentar un expediente. Geraldín sí tuvo una causa, con toda la información».

Cabe imaginar la terquedad, persistensia y capacidad de lucha de Rosa Orozco (66 años) en la tarea de reunir esos sustentos que han empujado a Verdú Torrelles ante un juez en España y, muy probablemente, luego ante uno en Buenos Aires.

Lo que no ha avanzado, denuncia la madre, es la investigación de la cadena de mando. Orozco afirma que aquel día ingresaron a la urbanizacion guardias nacionales —habla de 24 efectivos en el operativo, de los cuales 19 entraron al conjunto residencial— dirigidos por el entonces teniente coronel Fran Ozuna, posteriormente ascendido a general.

«Lejos de sancionar, el gobierno, entonces de Maduro, gratificó a quienes salieron a las calles a asesinar inocentes. El ascenso fue el regalo que recibieron».

Cada año, en el aniversario del asesinato, Rosa Orozco, relacionista industrial devenida en activista de derechos humanos, acude al Ministerio Público con un escrito en el que pide la investigación de esos funcionarios y de la línea de mando. No ha recibido respuesta.

«Pero no me cansaré de pedirlo», dice.

Total impunidad… por ahora

Orozco enmarca su caso en una cifra. De los 334 asesinados que contabiliza en el contexto de las protestas, solo tres casos han derivado en sentencias contra los perpetradores: los de Bassil Da Costa, Geraldín Moreno y David Vallecilla, todas en 2017.

“Eso supone cerca de un 98 % de impunidad, y del 100 % en lo que respecta a la línea de mando, en un país donde no tenemos separación de poderes”.

Rosa no estará en la Audiencia Nacional cuando lleven al coronel Verdú Torrelles. Pero ya ha estado varias veces en España “para visibilizar y documentar lo que está ocurriendo en Venezuela. Di ruedas de prensa y entrevistas con varios medios, estuve en el Parlamento Vasco y en el Parlamento Europeo. No me he detenido un solo día desde que mataron a mi hija”.

De cara a la audiencia, no se hace ilusiones: sabe que el oficial se declarará inocente. Pero mantiene la apuesta por la vía judicial.

“No espero una confesión. Espero una puerta… Una puerta que se abra para los cientos de padres y madres, como yo, que esperan justicia. Lo que espero es que se pongan la mano en el corazón, que escuchen a las víctimas, que se haga una investigación”.

Y aclara, “para que no haya malentendidos”, lo que sostiene desde hace doce años:

«Perdón no significa renunciar a la justicia. Si usted cometió un delito, tiene que pagar por ese delito, pero de la manera como tiene que ser: con un tribunal y un juez imparcial».

—Lo que yo quiero es la verdad. Quién mató a mi hija, por qué lo hizo, quién lo ordenó. Cuando me lo digan podré hacer el duelo por ella, porque en doce años buscando respuestas a esas preguntas no lo he podido hacer.

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