Inversión Petrolera en Venezuela: ¿Por qué las Compañías Internacionales se Resisten?

Un reportaje  reciente del Wall Street Journal explicó que «siete meses después de que Estados Unidos removiera al hombre fuerte Nicolás Maduro, las grandes petroleras aún no han hecho grandes movimientos en Venezuela». El reporte incluyó mis comentarios sobre el tema: «Es como cuando intentas vender tu casa», expliqué. “Tienes una jornada de visita muy exitosa, con 100 personas asistiendo, pero luego nadie llama.» 

Sin embargo, la reticencia de la inversión privada no debe sorprender.

El cambio institucional de enero de 2026

Desde el 3 de enero de 2026, la regulación del petróleo ha experimentado un cambio dramático, positivo pero de alcance muy concreto. La reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos mantuvo todos los principios de la gestión del sector, conducida por y para el Gobierno, pero otorgó base legal para que filiales y empresas mixtas de PDVSA contraten con inversores privados la realización de las actividades de exploración, producción y, eventualmente, comercialización. Este cambio fue más formal que material. 

Así, desde el 2018, PDVSA ha venido celebrando contratos similares, conocidos como contratos de participación productiva (CPP). Pero la base legal de esos contratos era muy cuestionable, debido a la inconstitucional Ley Antibloqueo.  Por ello. La Ley de reforma reconoció expresamente esos contratos. Si observamos con atención, concluliremos que el cambio se dio en el marco institucional.  

La conclusión clave es que las instituciones son cruciales. Ramón Espinasa y Lenin Balza destacaron cómo el marco institucional incide en el desempeño del sector petrolero. La Ley Antibloqueo, en ese sentido, generó dos efectos opuestos. Por un lado, apoyó el modelo CPP, que permitía a inversores privados realizar actividades petroleras que PDVSA no podía realizar; por otro lado, perjudicó la protección del inversor al concentrar poderes regulatorios sin restricciones. En equilibrio, el modelo CPP, junto con las políticas gubernamentales favorables a las licencias en Estados Unidos, impulsó un aumento modesto de la producción. Sin embargo, para avanzar más, era esencial superar la Ley Antibloqueo, tal como hicieron las reformas de enero.

Desde esta perspectiva institucional, la principal ventaja de las reformas legislativas fue que elevaron la calidad institucional de los contratos sin alterar su arquitectura comercial. El mismo CPP puede ahora ejecutarse con bases legales más sólidas. Lo que cambió no fue tanto el alcance de los derechos contractuales, sino la fortaleza de las instituciones que los respaldan. 

Aun así, el cambio no es suficiente para elevar la producción por encima del umbral de 1,2 millones de barriles diarios fijado por el gobierno de EE.UU.  Y es tanto más insuficiente para la reorganización total del sector petrolero orientada a recuperar la producción perdida desde 1998. 

Según los datos de Juan Szabo y Luis Pacheco en El Taladro Azul, hace un año la producción petrolera era de 845.000 barriles diarios. Hoy, tras la reforma de la Ley, el reglamento general, dos resoluciones ministeriales, varias licencias emitidas por la OFAC y el decidido apoyo de Estados Unidos, la producción es de 961.000 barriles diarios. La diferencia de -116.000 barriles diarios no refleja, ciertamente, los esfuerzos de cambio institucional. 

Este resultado no necesariamente revela defectos en las políticas implementadas hasta ahora, pues el avance ha sido innegable. Más bien, este resultado demuestra que la reforma institucional debe seguir avanzando, en especial si se quiere alcanzar las metas de incremento de la producción a fines de año.

Las trabas regulatorias en Venezuela 

El gobierno de EE.UU. adoptó las políticas adecuadas para avanzar en esos objetivos, entre ellas la Licencia General 52A (GL 52A), que otorga autorización abierta para celebrar contratos petroleros con las filiales y empresas filiales de PDVSA. Sin embargo, el marco institucional en Venezuela no ha terminado de evolucionar. 

Primero, el “government take”, que debería haberse definido en febrero, no se reguló hasta el 7 de julio y, además, de manera incompleta. Como resultado, solo desde el 7 de julio — una vez que entró en vigor la regulación aplicable — los nuevos inversores han podido avanzar en las negociaciones de contratos petroleros. 

En segundo lugar, las regulaciones aprobadas el 7 de julio concentran el poder regulatorio en el ministerio de petróleo, lo que aumenta la carga regulatoria y reduce la seguridad jurídica de los derechos de los inversores privados.

Finalmente, la reorganización de los contratos petroleros debería haberse completado el 28 de julio, aunque persiste una incertidumbre significativa sobre cómo se tratarán y las condiciones generales de los nuevos contratos aún deben definirse.

Cuando consideramos estas tres causas juntas, no es de extrañar que las compañías petroleras internacionales sigan valorando si seguir adelante, a pesar de las condiciones favorables creadas por las políticas estadounidenses, reafirmadas por la reforma de los hidrocarburos, y el actual aumento de precios. La brecha, en otras palabras, es institucional — y precisamente por eso es solucionable. 

Esto comprueba nuestra tesis: las sanciones económicas no son la restricción más vinculante para el crecimiento de la producción. Especialmente luego de la LG52A, las restricciones a PDVSA derivadas de las sanciones desaparecieron. Sin embargo, la producción no ha experimentado un incremento notable. En realidad, la principal restricción sigue siendo la precariedad del marco institucional en Venezuela. 

La reforma regulatoria necesaria para promover la inversión privada

Para convertir las expresiones de interés en las inversiones de capital que Venezuela realmente necesita, se deben impulsar tres reformas institucionales dentro del alcance que permite la reforma de los hidrocarburos:

Primero, los términos del “government take” deberían aclararse e, idealmente, quedar anclados en la legislación, para que los inversores puedan confiar en su estabilidad a lo largo de la vida del proyecto.

En segundo lugar, una agenda de mejora regulatoria debe reducir la carga regulatoria derivada de la concentración de funciones en el ministerio, delegando las funciones técnicas en un órgano desconcentrado que opere conforme a criterios transparentes. A falta de la agencia venezolana de hidrocarburos, un paso inicial sería la creación de una dirección dentro del Ministerio de Hidrocarburos, a cargo de la regulación del sector, orientada por criterios técnicos y con una agenda de mejora regulatoria. 

Por último, el modelo contractual debe establecer derechos específicos, claros y estables que permitan a los inversores privados llevar a cabo toda la gama de actividades, desde la exploración hasta la comercialización. Para mejorar la gobernanza contractual, PDVSA podría establecer una nueva filial que actúe como agencia técnica para supervisar nuevos contratos y cumplir con estándares generales de transparencia y rendición de cuentas. Para ello, también es necesario impulsar reformas legislativas económicas integrales para introducir instituciones promercado y derogar instrumentos como la Ley Antibloqueo. 

En conjunto, estas reformas fortalecerían sustancialmente el marco institucional del sector y proporcionarían algunos de los incentivos necesarios para atraer inversión privada a gran escala.

Además de la reforma institucional, será esencial reconstruir la capacidad del frágil Estado venezolano — sobre todo para resturar un suministro eléctrico fiable y otras infraestructuras, incluidos los activos dañados por el terremoto del 24 de junio.

Más allá de la reforma parcial 

La reforma iniciada en enero debe completarse, con un marco regulatorio que refuerce los derechos contractuales de la inversión privada.  Pero incluso con este objetivo alcanzado, es necesario reconocer que la reforma de la Ley de Hidrocarburos Orgánicos resulta claramente insuficiente para avanzar en una reorganización integral de la industria petrolera y crear las condiciones institucionales necesarias para alcanzar y superar el umbral de 3 millones de barriles diarios, que, en cifras aproximadas, correspondía a la producción de diciembre de 1998.  

Para aumentar la producción de forma duradera, Venezuela necesitará finalmente una legislación más amplia para liberalizar la industria y superar el modelo del Petro-Estado, bajo instituciones democráticas inclusivas y estables. 

Mientras las condiciones políticas evolucionan para permitir que Venezuela avance en esa dirección, es posible mejorar la calidad regulatoria de las reformas específicas introducidas en enero y sentar las bases para un nuevo sector petrolero impulsado por inversores privados.