Gestión de crisis sísmica: Comparativa entre la respuesta de Colombia y Venezuela ante desastres naturales
Mientras Colombia desplegó un sistema técnico de alertas en minutos, balances locales inmediatos y presencia en el terreno, Venezuela enfrentó la catástrofe con retrasos en reportes sismológicos, inacción inicial del brazo militar y datos agregados que diluyeron la magnitud real del desastre.
La capacidad de respuesta de un Estado ante un desastre natural no se mide únicamente en la fuerza de sus instituciones, sino en la velocidad con la que transforma la incertidumbre en información técnica y acción en el terreno.
Con pocas semanas de diferencia, Venezuela y Colombia enfrentaron desastres de potencia equivalente: los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que golpearon la costa venezolana el 24 de junio y el sismo de 7,4 en el Chocó colombiano el 10 de agosto.
Pero la atención a estos eventos expuso dos modelos opuestos de gestión de crisis. Por un lado, Colombia afrontó la emergencia sin sanciones económicas y con sus capacidades operativas e institucionales intactas. Por el otro, la tragedia en suelo venezolano evidenció las costuras de una larga emergencia humanitaria compleja y el progresivo abandono de las obligaciones constitucionales del Estado para garantizar la protección ciudadana.
El reporte de los organismos sismológicos
En Colombia, los organismos técnicos actuaron en cuestión de minutos. El sismo de magnitud 7,4, con epicentro en San José del Palmar (Chocó), ocurrió a las 7:34 a. m. A esa misma hora, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) emitió su primer boletín preliminar y, siete minutos después, a las 7:41 a. m., publicó el boletín actualizado con los datos procesados.
Poco después, el director general del SGC, Julio Fierro Morales, asumió la vocería pública y confirmó mediante canales oficiales que se trataba del sismo de mayor magnitud registrado en Colombia en la última década.
Por su parte, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) tardó 4 horas y 26 minutos en publicar la información detallada sobre el doblete sísmico del pasado 24 de junio, cuando el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) promedia 20 minutos para procesar y publicar eventos fuera de su territorio. Entonces, durante las primeras horas del desastre natural, la población dependió de este y otros institutos geológicos internacionales para conocer la magnitud y profundidad real del evento.
A la demora del reporte se sumó la ausencia de las autoridades competentes. El general de división (G/D) Luis Alejandro Jiménez Villarruel, presidente de Funvisis, no ofreció declaraciones públicas ni balances técnicos tras el evento que dejó miles de víctimas fatales. En su lugar, la información quedó centralizada en el Ejecutivo, con explicaciones asumidas directamente por la encargada Delcy Rodríguez y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.
Cabe destacar que Jiménez es un militar egresado de Ingeniería del Ejército, mientras que su homólogo colombiano es geólogo de profesión, con maestría en Geotecnia.
La actuación del Ejecutivo
En Colombia, a dos horas del sismo (9:35 a.m.), el presidente Abelardo De La Espriella difundió un mensaje en video anunciando su traslado a Bogotá para instalar y liderar personalmente el Puesto de Mando Unificado (PMU) desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Posteriormente, hacia el mediodía, el mandatario colombiano ofreció un primer balance oficial exhaustivo: 111 fallecidos, 87 heridos, 1.575 viviendas averiadas, 37 destruidas y 61 edificios colapsados, además de precisar daños en 18 centros de salud, 52 escuelas, 18 vías y afectaciones en siete terminales aéreas.
En Venezuela, quien ofreció las primeras declaraciones sobre el doblete sísmico fue Diosdado Cabello, ministro de Interior, Justicia y Paz, a las 6:50 p.m., ofreciendo detalles sobre los estados afectados y las zonas específicas de la capital que sufrieron daños.
El pronunciamiento de Delcy Rodríguez ocurrió casi tres horas después de los sismos, concentrándose en medidas de contingencia urbana, como la paralización del Metro, la suspensión del gas doméstico y el cierre del aeropuerto de Maiquetía, sin dar datos sobre víctimas.
El primer reporte oficial tardó más de seis horas en llegar y apenas arrojó cifras generales: 32 muertos y más de 700 heridos, excluyendo a La Guaira, que ya había sido declarado zona de desastre natural. Por otra parte, mientras el mandatario colombiano estuvo ese mismo día visitando Cali y el Chocó, zonas afectadas por el terremoto, Rodríguez tardó cerca de 24 horas en bajar a La Guaira.
Respuesta militar
La actuación de los estamentos militares en ambos países expuso realidades operativas opuestas. En Venezuela, el rol de las Fuerzas Armadas estuvo marcado por la inacción en las primeras horas. Así lo registraron medios de comunicación y organizaciones civiles. También la misma ciudadanía, especialmente en La Guaira, fue testigo de ello.
Aunque la encargada del Ejecutivo, Delcy Rodríguez, aseguró públicamente haber desplegado 4.000 funcionarios en las primeras horas, ese número representó apenas el 12,6% del pico total de la fuerza movilizada por el Estado, según Transparencia Venezuela.
Igualmente, la ONG reportó que el tope máximo anunciado por el gobierno (31.837 efectivos) no se logró sino hasta el 12 de julio, es decir, 18 días después de la tragedia. Una brecha notoria al comparar con referencias regionales como el terremoto de Chile de 2010, donde el Estado movilizó a más del 71% de sus efectivos en las primeras 48 horas.
A esta lentitud cuantitativa se sumaron parálisis operativas y disputas de mando. Mientras Rodríguez designó al comandante de la Guardia Nacional, Juan Sulbarán Quintero, como «autoridad única», un decreto paralelo otorgaba facultades especiales al ministro del Interior, Diosdado Cabello, lo que generó superposición de competencias, vacíos de decisión e incertidumbre, de acuerdo con la agencia Reuters.
Ante estas circunstancias, los propios ciudadanos asumieron las labores de rescate con picos, palas y herramientas rudimentarias durante los dos primeros días. Esta desprotección quedó reflejada en las cifras de opinión pública. Según la encuesta Latam Pulse Venezuela de AtlasIntel para Bloomberg (realizada entre el 26 y el 30 de junio de 2026), solo el 19,3% de los consultados aprobó la gestión del Gobierno y de los organismos competentes frente a la catástrofe.
El 2 de julio, al ser interrogada por los periodistas sobre quién había dado las órdenes a los militares, Delcy Rodríguez afirmó que los «laboratorios mediáticos» habían creado una percepción de caos, aunque no aportó pruebas.
En contraste, las Fuerzas Militares en Colombia activaron sus protocolos de emergencia desde las primeras horas posteriores al sismo. De acuerdo con el medio colombiano El Tiempo, el Ejército Nacional puso en disponibilidad inmediata a sus unidades especializadas, lideradas por la Brigada y el Batallón de Atención y Prevención de Desastres, mientras se habilitaban frecuencias sísmicas y canales de comunicación para coordinar la búsqueda de personas desaparecidas.
El despliegue contó con la acción coordinada de los distintos componentes de la fuerza pública. La Armada Nacional movilizó capacidad de transporte naval en el departamento del Chocó, pues su frágil red de carreteras no comunica entre sí a todo el departamento y tiene conexiones problemáticas con el resto del país, mientras que la Fuerza Aeroespacial de Colombia (FAC) dispuso de sus aeronaves para realizar evacuaciones aeromédicas a solicitud de los puestos de mando unificados.
Ayuda internacional
La administración de Delcy Rodríguez priorizó la burocracia y el control, demorando el ingreso al país de grupos rescatistas durante las horas críticas. Así pasó con los de Alicante y Castellón, los cuales quedaron varados temporalmente en el aeropuerto de Madrid debido a las trabas de la Embajada de Venezuela en España para emitir las acreditaciones exigidas.
Entrar no solo fue cuesta arriba, sino también trabajar en terreno. Los topos chilenos, por ejemplo, denunciaron que los militares impedían el reingreso de sus médicos e ingenieros estructurales en los derrumbes, alegando «órdenes superiores», al igual que confiscaron teléfonos por supuesto «espionaje».
La administración de Abelardo De La Espriella, por su lado, ha declinado los ofrecimientos de ayuda de otros países para atender la emergencia, con excepción de los EEUU de Donald Trump.
Según reveló El País, el Gobierno de Colombia emitió este martes una nota verbal en la que solicita apoyo de la comunidad internacional para complementar la ayuda que está brindando, con solicitudes muy específicas, aunque ese mecanismo no es formalmente un llamamiento internacional y el Ejecutivo parece estar distinguiendo el apoyo inmediato para los rescates de las ayudas en insumos para la atención de mediano o largo plazo.
A esta postura se suma un freno burocrático. Debido a la falta de empalme con el gobierno saliente de Gustavo Petro, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) encaró la emergencia sin director designado. En teoría, la UNGRD tiene que esperar hasta que estén copadas las capacidades nacionales para convocar la ayuda internacional a través de la Cancillería.
Una fuente del alto gobierno dijo para el medio español que son pocas las personas por rescatar y los equipos de otras ciudades de Colombia ya están en camino. Sin embargo, el sistema de salud está bajo presión. En Cali, Pereira y Chocó, las zonas más afectadas por el evento, hospitales e instituciones de salud han reportado múltiples daños, cierres de servicios, traslados de pacientes y una mayor demanda de atención, un escenario crítico que pone en duda la decisión del Ejecutivo de frenar el auxilio internacional.
Capacidades de los equipos locales de rescate
De acuerdo con El Tiempo, Colombia cuenta con 23 equipos de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR, por sus siglas en inglés), los cuales pertenecen a las siete entidades operativas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres: la Cruz Roja Colombiana, la Defensa Civil, los cuerpos de bomberos, la Armada Nacional, el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional.
De esos 23 grupos nacionales, Colombia conforma un equipo de élite que reúne a los mejores rescatistas del país: el USAR COL-1, integrado por cerca de 170 personas seleccionadas de los distintos grupos regionales. Este grupo además cuenta con una clasificación internacional ante el Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate (INSARAG), adscrito a la ONU.
Ese aval convierte a Colombia en uno de los cuatro países del continente con un equipo de búsqueda y rescate certificado por Naciones Unidas, y en el primer país de la región en obtener ese reconocimiento para poder desplegarse y apoyar a otras naciones cuando lo requieran, como fue el caso de Venezuela.
En Venezuela, la escasez de equipos especializados e insumos técnicos complicó severamente la respuesta ante el doble terremoto. Sin herramientas avanzadas de perforación o rastreo sísmico, un parque automotor obsoleto y un personal calificado diezmado por la crisis socioeconómica, el personal de rescate se vio desbordado desde el primer momento.
Esta falta de recursos no solo retrasó la búsqueda de sobrevivientes durante las horas más críticas, sino que obligó a las comunidades a asumir las tareas de remoción de escombros con herramientas rudimentarias, mientras las familias afectadas terminaron en refugios improvisados sin protocolos mínimos de atención ante desastres.
Identificación de los fallecidos
A un día del terremoto en Colombia, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses anunció que ha identificado plenamente (nombre, edad, género y localidad) a 93 de los 180 cuerpos recibidos tras el terremoto.
A 49 días del doblete sísmico en Venezuela, no se conoce la identidad de las ya más de 6.000 víctimas fatales. TalCual preguntó a trabajadores del Servicio Nacional de Medicatura Forense si había una lista de nombres de fallecidos. Su respuesta fue: «Sí, pero eso todavía no puede salir», argumentando que todavía se recuperan cuerpos y se están haciendo pruebas de ADN.
Lo que cuentan los reportes oficiales y lo que no
En Venezuela, el flujo informativo se canalizó a través de alocuciones televisadas por Jorge Rodríguez, quien asumió la difusión de los balances oficiales. Aunque los reportes enumeraban variables como el total de fallecidos, rescatados, personas atendidas en hospitales, viviendas entregadas, estatus de inmuebles evaluados y cantidad de escombros recogidos, la información careció de un elemento fundamental: la desagregación territorial. Los informes omitieron el desglose por regiones, sin precisar cuántas víctimas o daños correspondían a La Guaira, a Caracas o a otros estados afectados.
Por su parte, los reportes en Colombia difundidos por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), una instancia que agrupa a las principales urbes del país —territorios que concentran el 47% de la población y generan cerca del 55% del Producto Interno Bruto (PIB)—, ofrecen un nivel de detalle mucho mayor.
Los balances muestran de manera específica el número de heridos, fallecidos, atrapados entre escombros y la cifra exacta de desaparecidos. Asimismo, incluyen la cuantificación y tipología de las viviendas y edificaciones afectadas, el estatus operativo de las infraestructuras, además de incorporar recomendaciones directas ante posibles réplicas y un inventario pormenorizado de los requerimientos operativos en cada zona.
Reportes de las autoridades locales
El contraste en la gestión de la crisis también se reflejó en los gobiernos locales y regionales. A las 8:00 a.m., autoridades locales como el gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y alcaldes de capitales como Jorge Eduardo Rojas (Manizales) y Alejandro Eder (Cali) emitían las primeras evaluaciones a través de sus canales digitales y medios de comunicación.
Para las 10:00 a.m., la gobernadora del Valle del Cauca ya realizaba recorridos de inspección en las zonas afectadas, mientras que el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, daba el primer reporte preliminar de fallecidos en su jurisdicción.
Mandatarios de otras entidades sumaron reportes continuos durante la jornada: en Caldas se decretó la calamidad pública a la 1:35 p.m., mientras que gobernadores como Juan Diego Patiño (Risaralda) y Juan Miguel Galvis (Quindío) asumían la vocería directa ante la prensa para confirmar afectaciones y víctimas fatales.
El despliegue informativo se dio incluso en la zona del epicentro (Chocó), aunque con severas dificultades y gracias a los esfuerzos de las autoridades locales. El alcalde de Quibdó, Rafael Bolaños, ofreció declaraciones a medios nacionales a primera hora. Hacia las 9:40 a.m., la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, entregaba un desglose inicial de los graves daños en la infraestructura departamental.
No obstante, el alcalde de San José del Palmar, León Fabio Marín Moncada, describió una situación límite desde el primer día: debido a las fallas en la señal telefónica intermitente, hubo dificultades para contactarse con las autoridades y tomó horas hablar con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la encargada de la atención de urgencia en el país vecino. «El municipio no tiene con qué suplir o atender esta calamidad», declaró para medios locales.
El ministro del Interior de Colombia, Rodrigo Lara Restrepo, generó controversia al confesar que no tenía reportes precisos sobre la situación en el departamento del Chocó tras un terremoto de magnitud 7,4, argumentando problemas de conectividad con la frase «pensamos que nos iba a funcionar el wifi y no fue. No sé qué pasa en Chocó, para serle muy franco».
En Venezuela, la comunicación de las autoridades locales y regionales no fue inmediata. En el estado La Guaira, epicentro del desastre en el litoral costero, la reaparición pública del gobernador José Alejandro Terán se dio con un retraso significativo. Hay que precisar que Terán se encontraba en la entidad al momento de la catástrofe, lo que pudo haber dificultado sus comunicaciones iniciales en medio del colapso de los servicios y las telecomunicaciones.
Sin embargo, cuando finalmente se pronunció el 25 de junio, su mensaje no estuvo enfocado en entregar cifras ni un balance preliminar de la tragedia en su estado, sino en reafirmar la línea política del gobierno central: «Tal como lo indicó nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez, como Gobierno Bolivariano estamos abocados en dar respuestas a nuestro pueblo ante esta tragedia que nuevamente golpea a mi amada Guaira. Nuestros cuerpos de prevención y de seguridad están desplegados y haciendo un gran trabajo para salvar vidas y atender a los heridos».
Y no fue sino hasta tres días después, el 28 de junio, cuando difundió información operativa sobre la atención en 10 refugios habilitados, manteniendo las cifras oficiales de víctimas fuera del debate regional.
Por otro lado, 41 días después de la tragedia —el 3 de agosto— el gobernador Terán ofreció por primera vez una cifra oficial de desaparecidos: 1.579 personas registradas mediante un censo oficial de familias. El dato no se conoció a través de las instituciones locales ni en los balances del Estado, los cuales primero se difundían a diario y luego pasaron a frecuencia semanal, sino durante una entrevista concedida al medio colombiano Caracol Radio.
En cuanto a Caracas, la vocería y el tiempo de respuesta de las autoridades locales variaron entre municipios. El alcalde de Baruta, Darwin González, informó sobre las incidencias en su jurisdicción desde el propio 24 de junio. Fernando Melena, alcalde de El Hatillo, también avisó ese mismo día que no se registraban novedades de gravedad en su zona. Por su parte, el alcalde de Chacao, Gustavo Duque, confirmó cuatro estructuras comprometidas, el rescate de 18 personas con vida y la habilitación de puntos de asistencia desde el primer día.
La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, comunicó el mismo 24 de junio la activación de los equipos municipales en coordinación con los organismos de Seguridad Ciudadana y el Estado Mayor de Emergencia para la atención de incidencias. No obstante, omitió balances sobre heridos o fallecidos. Mientras tanto, en el municipio Sucre, el alcalde Diógenes Lara dio a conocer el despliegue de un operativo integral de atención seis días después del evento, el 30 de junio.
Esta variabilidad en la diligencia informativa también abarcó a otras jurisdicciones del estado Miranda. En el municipio Zamora, el alcalde Raziel Rodríguez reportó el mismo día de los terremotos la situación de Guatire mediante un video donde reconoció que la alcaldía no contaba con la capacidad logística para asistir a los vecinos de edificios dañados por falta de electricidad y señal telefónica.
De igual modo, el alcalde de Guarenas, Antonio Galíndez, informó la instalación de un Puesto de Comando Municipal en la Plaza Bolívar con despliegue de Protección Civil y habilitación de líneas telefónicas directas para atender las emergencias.
Durante las primeras horas, tampoco se vieron intervenciones públicas de las autoridades locales y regionales del resto de estados afectados, como Falcón o Carabobo.
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