Consulta Popular Nacional 2023: Desconfianza y Proyectos Pendientes en Comunas de Venezuela

Este domingo 18 de octubre se llevará a cabo la segunda consulta popular nacional y el oficialismo ha implementado una estrategia de incentivos financieros y objetivos organizativos para movilizar a las comunidades. El proceso contempla someter a votación más de 37.600 proyectos comunitarios a través de 5.418 circuitos comunales en todo el país, incorporando por primera vez a más de 120.000 juntas de condominio.

La convocatoria oficial contrasta con un panorama de escepticismo ciudadano, cuestionamientos sobre la asignación de recursos y un notable descontento por las deficiencias en los servicios públicos locales.

Durante un encuentro nacional llevado a cabo en el teatro Cristo Rey, en la parroquia 23 de Enero de Caracas, las autoridades del Ejecutivo anunciaron nuevas directrices para dinamizar la participación. Carmen Meléndez informó que los proyectos ganadores del primer y segundo lugar recibirán financiamiento directo, añadiendo incentivos presupuestarios específicos para los consejos comunales que logren los mayores índices de movilización en las urnas.

Esta directriz coincide con las exigencias de cuotas operativas impuestas en los territorios, donde estructuras locales como las de La Guaira fijaron metas de participación por calle, utilizando jornadas médicas y operativos casa por casa para contrarrestar la apatía. Pese a eso, en el ámbito laboral y comunitario persisten posturas de distanciamiento.

Trabajadores de la administración pública y antiguos líderes de bases sociales reportan resistencia a participar ante la falta de soluciones efectivas para la crisis económica y el deterioro de la infraestructura urbana.

Entre el llamado institucional y las denuncias vecinales

La brecha entre la narrativa institucional y la percepción de los habitantes ha quedado en evidencia en las plataformas digitales. A través de transmisiones y videos informativos difundidos en redes sociales sobre la organización de los circuitos comunales, los hilos de comentarios reflejan un flujo constante de cuestionamientos formulados por ciudadanos de varias regiones del país.

Mientras los voceros oficiales promueven el proceso como un mecanismo de autogobierno directo, las reacciones de los usuarios exponen malestar acumulador por la falta de respuesta institucional ante fallas en el suministro de agua potable, electricidad, gas domestico y el servicio de aseo urbano. Varios comentarios señalan que la ejecución de obras comunitarias se ve afectada por demoras administrativas o por la ausencia de fiscalización en la distribución de los presupuestos asignados.

Asimismo, varios sectores de la ciudadanía cuestionan la exigencia de participación en votaciones comunales para la reparación de servicios básicos, argumentando que la dotación de infraestructura y el mantenimiento de las ciudades corresponden a las obligaciones ordinarias de alcaldías, gobernaciones y ministerios, sin que deban supeditarse a procesos electorales sectoriales.

Entre las reacciones registradas en los espacios de interacción digital, los usuarios han expuesto malestar acumulado por fallas persistentes en los servicios públicos, denunciando que las soluciones locales se condicionan a procesos electorales sectoriales. Algunos participantes en los foros virtuales cuestionan el manejo de los fondos y la falta de supervisión en las comunidades:

«Hay muchos consejos comunales que no ayudan al pueblo, son oportunistas, aparte agarran los recuros para sus familiares y hacen negocios con lo que les da el gobierno», expresó un usuario en los comentarios de las transmisiones oficiales.

Asimismo, otros ciudadanos critican que la ejecución de proyectos menores no suple las obligaciones institucionales ordinarias de alcaldías y gobernaciones en materia de servicios básicos, vialidad o transporte público:

«Compañero, esas soluciones las debe dar el gobierno por sí solo, no tiene que ir la gente a votar para un proyecto; entonces, que eliminen alcaldías, gobernaciones y todos los despachos del gobierno. Les pagan para que trabajen, vayan y soluciones», apuntó otro usuario en el debate digital.

«Nos tenemos que tomar la foto»

Este domingo el chavismo usará la consulta popular para intentar mostrar músculo social. No es la primera vez que recurre a esta práctica; la diferencia es que este es el segundo proceso con Delcy Rodríguez fungiendo como encargada tras la captura y extracción de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y en un momento en el que el respaldo al oficialismo está en su momento más oscuro, según datos de encuestadoras recogidos entre 2025 y este año.

A funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) los mandaron a votar en la consulta popular. «Nos tenemos que tomar la foto», dice a TalCual un funcionario del cuerpo de seguridad, que presta servicio en Caracas, que prefiere resguardar su identidad. Otro efectivo, pero que trabaja en La Guaira expone a este medio una orden similar.

En Las Lluvias, en La Guaira, vecinos de la comunidad mencionan que no han visto muchos resultados de las consultas. Detallan que los beneficios han sido manejados por los integrantes del consejo comunal de forma discrecional: algunas veces llegaron techos, «pero no muchos y se los dieron a quienes ellos consideraron que lo necesitaban. Se regó la voz de que dieron unos créditos, pero no sabemos a quién y no explicaron nunca nada», comenta a TalCual Martha Ramos, vecina del sector. En La Guaira, las líderes de comunidad fueron instruidas para orientar a los ciudadanos a los lugares donde se estarán realizando las votaciones debido a que muchas escuelas quedaron afectadas por el doble terremoto del pasado 24 de junio.

«En la administración pública hay mucho descontento», dice a TalCual una trabajadora del Ministerio de Economía y Financias que prefiere resguardar su identidad por temor a represalías por parte de quienes ostentan el poder. «Nos mandaron a votar», dice y asegura que la idea es que «se vea movilización en los centros de votación». Al ser preguntada si ha ido a marchar en los últimos días para impulsar la campaña de las comunas, contestó que no.

«A nosotros, los empleados públicos, no nos vas a ver contentos en marchas ni por las consultas ni por nada. Hay descontento por el tema del salario. Internamente han acomodado salarios, hay instituciones que lo han ajustado pero a la gente que ocupa cargos de confianza. Eso llega a los oídos de la gente y se molestan», relata.

Cuenta que el 16 de octubre realizaron una reunión en la que se dictaron lineamientos para participar. “Debe participar todo el personal que labora en la SISS: Directivos, Personal Activo, Personal en Comisión de Servicio y HP”, le indicaron a través de un mensaje de WhatsApp tras la reunión.

De acuerdo con la fuente del Ministerio de Finanzas, el registro se realizará mediante un enlace que se les enviará por el teléfono celular. “Si en la localidad de residencia no existe consejo comunal ni proyecto registrado, el trabajador podrá trasladarse a una localidad cercana para apoyar un proyecto y cumplir con su participación”, se lee en el mensaje.

“Quien no pueda participar deberá ingresar de igual manera al sistema y reportar su inasistencia, indicando la situación correspondiente. Una vez ejercido el voto y completado el registro en el sistema, el trabajador deberá notificarlo en el grupo de WhatsApp «SISS Trabajadores», se lee en la instrucción.

«¿Vamos a votar por que se arregle el agua?», se pregunta una trabajadora del Saime. «Eso es del gobierno central no del consejo comunal. Uno lo que quiere es que la luz no se le vaya, que el agua llegue y los reales alcancen. Yo tengo una hija y te podrás imaginar como hago».

Mientras los balances oficiales del Ministerio de Comunas celebraron en marzo de este año cifras récord de participación y aseguraron que la transferencia directa de recursos garantizó la ejecución exitosa de los proyectos correspondientes a los ciclos de 2024 y 2025, la realidad reportada en los territorios dibuja un panorama dispar.

En los sectores populares, los balances institucionales sobre la supuesta consolidación de la economía comunal y la optimización de obras contrastan con las denuncias sobre servicios básicos colapsados y proyectos paralizados. Mientras voceros gubernamentales insistían en que el modelo comunal acelera la solución de problemas locales a través de la producción soberana y la participación de un tercio de propuestas orientadas a la economía comunal, los habitantes en las comunidades cuestionan la continuidad real de los fondos aprobados en consultas previas.

La segunda Consulta Popular Nacional de este 18 de octubre se efectúa bajo la sombra de la rendición de cuentas pendiente: un sector oficial que proclama la eficiencia de sus métodos de autogobierno frente a un electorado de base que exige respuestas sobre obras inconclusas, fallas estructurales en los servicios y la opacidad en el destino de los recursos asignados en convocatorias anteriores.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.