Karelia Espinoza denuncia agresión sexual y llama a la justicia: un clamor por reparación en Venezuela

En el año 2000, Karelia Espinoza proyectaba su futuro en la política venezolana. Como estudiante de Estudios Políticos y Administrativos en la Universidad Central de Venezuela (UCV), aspira a hacer política de calle y, eventualmente, ocupar una curul en la Asamblea Nacional. Pero un episodio violento truncó sus planes.

El 4 de octubre de 2026, más de dos décadas después, decidió hacer pública su denuncia. Lo hizo a través de la red social X, donde señaló al politólogo Nicmer Evans y al funcionario público José Luis González Villegas, quienes habían sido sus amigos y compañeros de estudio, como los supuestos perpetradores.

Karelia guardó silencio en aquel entonces para proteger a su entorno más cercano y resguardarse a sí misma. Era una estudiante. Vivía sola. Tenía familiares mayores cuya salud podía verse afectada por el escándalo.

Las aulas de la UCV tampoco ofrecieron un espacio seguro. Corrieron rumores de lo sucedido bajo señalamientos que terminaron por estigmatizarla. «Dijeron que yo había hecho un trío, que me había acostado con media escuela. Intenté decírselo a algunas amigas, pero dijeron que yo había consentido hacer un trío», detalla.

Los últimos años de pregrado fueron solitarios para Karelia. Limitó su estadía en el campus estrictamente a las clases y a sus labores como auxiliar de investigación. Abandonó las actividades políticas universitarias. No dormía ni comía bien, lo que afectó su rendimiento académico. Ni siquiera asistió a su fiesta de graduación ni a otras celebraciones.

A pesar de que buscó ayuda psicológica, en ese momento no contó lo que vivió por miedo a que la presionaran para denunciar o que la especialista terminara reportando el abuso por obligación legal. Fue muchos años más tarde y ya estando fuera de Venezuela cuando finalmente pudo hablarlo en terapia.

En 2021, en el marco del movimiento «Yo te creo Venezuela» —una ola masiva de denuncias de acoso y abuso sexual en redes sociales—, se abrió con un grupo cercano de amigos de su promoción. A sus hijos les contó cuando ya tuvieron la madurez suficiente para entender lo que le había sucedido.

Aunque la denuncia ahora es pública, sus expectativas de obtener reparacion por lo sucedido son escasas. «Obviamente quiero justicia, pero nada me devolverá mi vida. Yo no puedo volver atrás. Yo soy la que soy por lo que pasó. Y rezo para que, si tienen hijas, no se encuentren jamás amigos como ellos», reflexionó Karelia en entrevista con TalCual.

«Es una infamia y es falso»

Nicmer Evans rechazó las acusaciones en su contra mediante sus redes sociales, argumentando que «la misma persona que pretende denunciar reconoce que no tiene pruebas y que el hecho que describe estaría igualmente prescrito».

Sobre una infamia que rueda en redes en las últimas horas:

Niego de forma categórica el cuestionamiento que se ha publicado en mi contra. Lo que se afirma es falso, ya que la misma persona que pretende denunciar reconoce que no tiene pruebas y que el hecho que describe estaría…

— Nicmer Evans (@NicmerEvans) October 4, 2026

El dirigente sostuvo que «acusar sin pruebas tras varias décadas no es justicia, es difamación», y adelantó que se reserva el derecho de emprender acciones legales tanto en Venezuela como en Ecuador, país de acogida de Karelia.

A su juicio, la intención detrás de la denuncia es someterlo a un «linchamiento moral en redes sociales». En una publicación en X, afirmó que no debatirá el tema públicamente ni responderá a nuevas publicaciones, al considerar que existe una intencionalidad política de desprestigio en su contra.

En conversación con TalCual, Evans enfatizó esta postura y aseguró que no se prestará a «someter esta falsedad al escarnio, en especial en nombre de quienes tienen casos reales que denunciar».

Karelia, por su parte, desmarcó su acción de cualquier agenda institucional o gubernamental. «Yo no tengo ningun tipo de poder sobre nada ni sobre nadie, solo sobre mí misma. Esto es algo personal. Esto no es un laboratorio mediático. Soy yo sola, con el apoyo de mi familia», aseveró.

Sobre el segundo hombre mencionado en su testimonio, José Luis González Villegas, es poca la informacion pública disponible. Tiene una cuenta de LinkedIn desactualizada y figura en publicaciones de 2024 del Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT). Al no haber canales de comunicación o números accesibles, no fue posible establecer contacto con él.

¿Por qué es tan complicado denunciar la violencia basada en género en Venezuela?

Karelia ha estado recibiendo asesoría de parte de asociaciones civiles especializadas en derechos de la mujer para evaluar qué acciones puede tomar más allá de la denuncia pública. Sin embargo, está consciente de que legalmente no hay demasiadas opciones.

La sentencia 14-0130 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con fecha del 15 de marzo de 2017, establece que delitos como la violencia sexual prescriben en Venezuela.

Esto significa que, una vez cumplido el lapso estipulado por la ley, los hechos no pueden ser perseguidos penalmente. De acuerdo con el artículo 108 del Código Penal, el tiempo límite para investigar y juzgar un delito está determinado por la gravedad de la pena prevista para este.

Fuente: Acceso a la Justicia

En el caso del abuso sexual, el cálculo del tiempo varía según la edad de la víctima al momento de la agresión. Si es menor de edad, el plazo comienza a transcurrir cuando cumple 18 años. En cambio, si tiene mayoría de edad, el tiempo empieza a correr desde el momento en que se perpetraron los hechos. En el caso de que la víctima fallezca, este lapso de prescripción comenzará a computarse desde el deceso.

En cambio, el impacto de una agresión no expira con el tiempo. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las consecuencias van desde trastornos de salud mental como depresión, estrés postraumático, ansiedad crónica, dificultades severas para dormir e intentos de suicidio, hasta complicaciones ginecológicas, embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual.

Asimismo, este tipo de violencia incrementa la vulnerabilidad al consumo de tabaco y drogas, y a la exposición a prácticas sexuales de riesgo.

Por otro lado, está la hostilidad del sistema hacia las mujeres que denuncian episodios de violencia. «El derecho a la justicia de las mujeres en Venezuela», publicado en 2025 por Acceso a la Justicia junto con otras 22 organizaciones de la sociedad civil, documentó la falta de disponibilidad territorial de tribunales especializados, así como una infraestructura con fallas severas de servicios básicos y espacios comunes donde las víctimas frecuentemente deben cruzarse con sus agresores.

A esto se suma el déficit de personal especializado, donde persisten sesgos de género y estereotipos machistas por parte de funcionarios que rara vez explican los procedimientos con claridad. También las víctimas enfrentan graves retrasos procesales, demoras en las experticias médico-forenses y medidas de protección ineficaces que, en ocasiones extremas, les imponen la carga de notificar a su propio agresor.

La opacidad es otro problema grave. No existen datos publicados por parte del Estado sobre femicidios, trata de personas y violencia sexual, entre otras formas de violencia reconocidas en la ley. Tampoco es posible acceder a datos correctamente desagregados (reflejando género, edades, ubicación geográfica, etc.) sobre las actuaciones del Ministerio Público (MP), señala el documento.

Pero los obstáculos no son solo en los tribunales. Estefanía Mendoza, abogada feminista y coordinadora de la ONG Mulier, señala el sesgo cultural y social que permea todo el proceso de denuncia.

Al tratarse de agresiones ocurridas en el ámbito privado, sin más pruebas directas que el testimonio de la víctima, el sistema opera para despojar de credibilidad a las mujeres y responsabilizarlas por las circunstancias del hecho.

«En estos casos donde, por ejemplo, ella señala que eran personas conocidas, ella los deja entrar a su casa, están compartiendo alimentos, licor… todas estas son cosas que culturalmente han servido para señalarla como que ella se puso en una situación de peligro o que incluso está mintiendo. Creo que más allá de si denuncia o no, hay unos aspectos psicológicos muy importantes que enfrenta la víctima en estos casos. Sabe que no solo es enfrentarse a la justicia, sino enfrentarse a una sociedad que te va a responsabilizar por la violencia que sufriste», señala.

Ante este panorama de respuestas limitadas y un sistema judicial que no garantiza reparación, Mendoza subraya que la denuncia pública y la sanción social se han convertido en una de las pocas alternativas para hacer frente a una violencia que cada vez es más fuerte y frecuente.

«Si no les gusta la sanción social, que significa una denuncia en redes sociales, entonces el sistema de justicia tiene que hacerle frente a sus fallas, corregirlas. Como sociedad tenemos que tener una actitud distinta ante las personas que han vivido violencia, y solo eso es lo que va a permitir que las mujeres consigan en este sistema una respuesta que no las orille a buscar la denuncia pública», puntualiza.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.