Todo sobre la impactante declaración de Tareck El Aissami en el juicio Pdvsa-Cripto: torturas, denuncias y corrupción

En su primera declaración en el juicio por el caso Pdvsa-Cripto, el exministro Tareck El Aissami aseveró que su aprehensión fue una represalia por haber denunciado ante el exfiscal Tarek William Saab tres tramas de corrupción que el exjefe de la Fiscalía habría «engavetado» para proteger a su entorno. El exfuncionario describió un sistema de tortura sistemática y exigió un juicio público.

Tras dos años de aislamiento absoluto en una «celda del castigo» –como él mismo la calificó–, el exministro de Petróleo Tareck El Aissami transformó su banquillo en una tribuna de denuncia. Su declaración ante el Tribunal 3° de Juicio está recogida en una transcripción de 14 páginas a las que ha tenido acceso TalCual, y describe un sistema de reclusión que califica de «barbárico» y señala al exfiscal general Tarek William Saab de orquestar un «sicariato judicial» para encubrir tramas de corrupción que salpican a la cúpula del Ministerio Público.

El hombre que una vez fue el zar de la economía venezolana reapareció ante el estrado no para pedir clemencia, sino para pasar a la ofensiva. Tareck El Aissami, identificado ahora como el «preso 11-A», relató durante la audiencia N.º 8 del pasado 8 de mayo los detalles de un cautiverio que, según sus palabras, busca el «homicidio moral» de quienes cayeron en desgracia tras la purga del caso Pdvsa-Cripto.

En su testimonio, El Aissami responsabiliza directamente de la violación de sus derechos humanos, torturas y vejaciones a una cadena de mando específica: el exfiscal Tarek William Saab; los fiscales Eddie Rodríguez y Farik Karin Mora; el juez Carlos Liendo; el mayor general Iván Hernández Dala, jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim); el mayor general Javier Marcano; el director de investigaciones de la Dgcim, Montilla Seijas; y el funcionario Frank Campos.

*Opiniones consultadas: Expediente Pdvsa-Cripto: Esto se sabe del juicio por desfalco contra exjerarcas chavistas

¿Qué denunció El Aissami sobre Tarek William Saab?

Lejos de limitase a su defensa, El Aissami lanzó una contraofensiva. Afirmó que su detención fue la respuesta de Tarek William Saab a investigaciones que el propio exministro impulsaba contra el entorno de la Fiscalía:

Casos engavetados: Mencionó tres tramas de corrupción en Pdvsa («Llamosa», «Atlantic 1» y «Atlantic 2») que asegura fueron encubiertas para proteger a allegados de Saab.
Amenaza de «el universo» y Canserbero: Relató que Saab lo amenazó con involucrarlo en el caso Canserbero para destruir su imagen pública. Además, supuestamente le advirtió: «Estás muerto. Hoy te odia todo el país, pero yo voy a encargarme de que te odie todo el universo».
Desmontaje técnico: Calificó de «absurda e incongruente» la cifra de 23.000 millones de dólares de desfalco, argumnetando que la producción petrolera real del periodo no generó tales ingresos.

El exministro fue enfático al señalar las irregularidades del fiscal Eddie Rodríguez, a quien acusó de mentir al afirmar que existió una defensa efectiva. Denunció que Rodríguez asumía el rol de «poli malo» en los interrogatorios, afirmando que «nadie lo iba a llorar». Durante la audiencia del 8 de mayo, El Aissami protestó airadamente cuando Rodríguez se rió de su relato sobre los maltratos físicos, calificando su actitud como una muestra de la descomposición moral del proceso. Asimismo, calificó la actuación del juez Carlos Liendo como un «sicariato judicial».

De la detención violenta al aislamiento en Fuerte Tiuna

La cronología del desplome de El Aissami comenzó el 9 de abril de 2024. Según su relato, hombres encapuchados y armados irrumpieron violentamente en su residencia sin orden de captura ni identificación. El exministro denunció que fue sometido y esposado, mientras su esposa era golpeada durante el procedimiento. Tras esta captura, fue trasladado inicialmente al Batallón de la Policía Militar en Fuerte Tiuna, donde permaneció en situación de desaparición forzada e incomunicación total durante un año y nueve meses.

Fue en ese periodo de aislamiento en una «celda del castigo» que, según dijo, solo tenía una cama de cemento y una poceta rota. Agregó que era totalmente hermética, sin ventanas y con una luz artificial muy intensa, proveniente de un reflector gigante sobre la cama de concreto, sin colchoneta. Indicó que esa luz permaneció encendida las 24 horas del día durante ocho meses consecutivos.

Fue allí donde supuestamente tuvo intercambio clave con Montilla Seijas cuando cuestionó el trato recibido y recordó el artículo 25 de la Constitución sobre la responsabilidad de los funcionario. Contó en sede judicial el exministro que el director de investigaciones de la Dgcim supuestamente le respondió «Tienes razón y me hago responsable. Mira, si a ti, que fuiste vicepresidente de la República, te tienen así, imagínate lo que me pueden hacer a mí, que no soy nadie, si me niego a cumplir órdenes».

Luego fue trasladado al Rodeo I.

La declaración del imputado describe condiciones de reclusión desde que estuvo en el Batallón de la Policía Militar en Fuerte Tiuna, y que el exministro tilda de propias de «la época de las cavernas». El Aissami denunció métodos de tortura psicológica y física durante un año y nueve meses.

Tortura blanca: Permaneció en la celda 11-A, un espacio de menos de tres metros cuadrados, sin ventanas y con un reflector de alta potencia encendido las 24 horas del día durante ocho meses seguidos.
Privación sensorial: Describió un entorno de ventilación artificial con temperaturas de «cava», donde se le prohibió el contacto con el sol y se le mantuvo en incomunicación total, incluso ocultándole información sobre la salud de su hijo, quien estuvo en terapia intensiva.
Sedación forzada: Denunció que un psiquiatra enviado por el Ministerio Público le suministraba Clonazepam para interrogarlo y amenazarlo mientras estaba bajo efectos psicotrópicos. Afirmó que fue drogado reiteradamente para quebrar su voluntad.
Higiene y degradación: Aseguró que pasó sus primeros 100 días de cautiverio sin acceso a cepillo de dientes, cortaúñas o afeitadora, recibiendo trato de «no humano» por parte de los custodios.

El Aissami denunció que la «indolencia» estatal agravó su salud. Padece hipercoagulación (factor V Leiden) y desarrolló el Síndrome de Raynaud debido a las temperaturas extremas de su celda. Recordó un episodio de junio de 2024, cuando reportó una inflamación testicular severa; la respuesta de sus custodios fue burlarse y recomendarle tomar «orégano orejón», retrasando la atención de un urólogo por casi un año.

Asimismo, recordó su cirugía de hernia el 8 de noviembre de 2025: fue devuelto a la celda apenas cuatro horas después de la operación, siendo trasladado en una camioneta y no en ambulancia, donde cayó al suelo y sintió un dolor «inimaginable» debido a las heridas aún abiertas.

Al cierre de su intervención, El Aissami exigió a la jueza Alejandra Romero Castillo que se permita el acceso irrestricto del público y medios de comunicación al juicio. También solicitó la publicación del expediente completo y la nulidad del proceso, alegando que las torturas sufridas no pueden ser subsanadas.

Proceso sacado del congelador

El sistema de justicia sacó del congelador el caso Pdvsa-Cripto. Tres años después de que se destapó la trama, finalmente comenzó el juicio que, en teoría, pudiera esclarecer un desfalco multimillonario en el que el petróleo y las criptomonedas fueron los protagonistas. Según la acusación del Ministerio Público (MP), el daño supera los 5.550 millones de dólares, aunque organizaciones como Transparencia Venezuela calculan que el perjuicio patrimonial real excede los 16.900 millones de dólares.

El juicio comenzó formalmente el 20 de abril de 2026 en el Palacio de Justicia de Caracas. El proceso, radicado en el Tribunal 3° de Juicio con competencia en Terrorismo, involucra a 64 personas. Entre los imputados figuran exjerarcas que alguna vez se consideraron «intocables»: además de El Aissami figuran el exministro de Economía Simón Zerpa; el exvicepresidente de Comercio de Pdvsa Antonio Pérez Suárez; y el exdiputado del PSUV Hugbel Roa.

El grupo fue presentado ante la jueza Alejandra Romero Castillo bajo una pesada lista de cargos que van más allá de lo económico: traición a la patria, apropiación de patrimonio público, legitimación de capitales y asociación para delinquir, entre otros. Hay más de 60 acusados, incluyendo operadores financieros y figuras que controlaban los hilos de la industria petrolera.

Ni el Ministerio Público ni el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) han ofrecido información oficial del caso. Como denuncia Transparencia Venezuela, este hermetismo viola el principio de publicidad del artículo 15 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), dado que el caso no cumple con ninguna de las excepciones legales para celebrarse a puerta cerrada.

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*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

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