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La Verdad Oculta: La Relación Entre el Estado y las Megabandas en Venezuela, el Caso del Koki

La Verdad Oculta: La Relación Entre el Estado y las Megabandas en Venezuela, el Caso del Koki

Han pasado poco más de cinco años desde el operativo «Gran Cacique Indio Guaicaipuro», como denominaron las autoridades al asalto durante tres días en la Cota 905, una barriada caraqueña denominada «zona de paz» y que estaba controlada de facto por la megabanda que lideraba Carlos Luis Revete, alias ‘el Koki’.

Más allá de informaciones durante los primeros meses tras el operativo, donde al menos una veintena de delincuentes fue abatido por funcionarios policiales, además de muertos y heridos civiles y policiales, las autoridades no ofrecieron mayores detalles sobre investigaciones –que se desconocen si iniciaron– sobre el avance y auge de esta organización delictiva o el origen del arsenal incautado.

Recientemente, una entrevista hecha a Yarian Revete, hija de alias ‘el Koki’ también deja elementos por los cuales el Estado venezolano, hasta la fecha, no ha explicado. Según la joven, tuvo conocimiento de la entrega de armas por parte del gobierno de Nicolás Maduro a la banda que manejaba su padre junto al ‘Vampi’ y ‘el Garbi’ como mecanismo de «control».

Asimismo, sostuvo que los «encuentros» entre funcionarios de Maduro y ‘el Koki’ eran «muy constantes», aunque prefirió no revelar nombres de esas personas por seguridad. «El Gobierno lo que quería era un segundo frente en caso de invasión estadounidense o de un golpe de Estado. Ellos querían esa seguridad de que iban a tener un segundo apoyo, que iban a poder controlar las masas en caso de que se les saliera de las manos a ellos porque sabían que en cualquier momento eso podría pasar», indicó la joven.

Según Revete, la relación entre esta banda criminal y las autoridades se hizo insostenible por el presunto desacuerdo de su padre con acciones tomadas desde el Ejecutivo. A partir de allí, se desplegaron operativos no solo para recuperar la Cota 905 sino para neutralizar a los líderes criminales.

¿Cuál ha sido la respuesta de las autoridades a lo expresado por esta joven sobre ese «convenio» con el fallecido delincuente? Recordar que «no era un héroe», como expresó el director del Cicpc, Douglas Rico, o afirmar que dicha entrevista fue una estrategia mediática para «tapar el escándalo del lavado de dinero de la oposición», como acusó el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.

¿Es posible una nueva investigación por el Koki?

El abogado y profesor de Criminología Luis Izquiel señala que en un país con instituciones independientes «esa entrevista podría ameritar lo que se denomina, jurídicamente en el derecho procesal penal, una investigación de oficio… El Ministerio Público, sea por una entrevista o de cualquier otra forma, tenga conocimiento de la posible comisión de un hecho delictivo debe abrir una investigación».

Este Ministerio Público, ratifica Izquiel, no sólo debería investigar a fondo la denuncia sobre la presunta entrega de armas sino también «por la utilización de la cárcel de Tocorón como una especie de santuario criminal. Ella (Yarian Revete) dice que el Koki, después del operativo en la Cota 905, se va a resguardar a Tocorón por invitación del Niño Guerrero. Eso es grave. Ella también dice que la Cota 905 era una zona de paz donde no podía entrar la policía. Eso también es una irregularidad».

Sobre este punto, analiza el abogado, debe investigarse quién dio la orden directa de que la policía no pudiera entrar y resguardar a los ciudadanos. «Esa entrevista tiene varios aspectos que deben ser investigados, pero lamentablemente en Venezuela todavía las instituciones del sistema de justicia están secuestradas por una parcialidad política y gente interesada en no descubrir este tipo de asuntos».

Una de las grandes interrogantes luego del operativo Gran Cacique Guaicaipuro fue el destino de las armas y material de guerra incautado, además de las personas detenidas durante la acción conjunta entre la policía y los organismos de investigación. Al menos 42 hombres y mujeres fueron detenidos y acusados por diversos delitos como encubrimiento, asociación para delinquir y procesadas por tribunales antiterrorismo.

En diciembre de ese año, nueve fueron condenados a penas de cinco años de prisión y se ordenó el pase a juicio de otras 16 personas. Del destino de estas últimas no hay información.

«Eso debe estar en expedientes penales en el Ministerio Público y probablemente en tribunales. Hablas de detenciones en esos operativos, posteriores acusaciones, pero de eso nunca se informó públicamente. Sencillamente escaparon de allí los líderes de la banda criminal como el Vampi y el Garbi, que no han sido detenidos ni se sabe de ellos, y el Koki. Hubo gente abtida pero no se informó más sobre el destino judicial de miembros de la banda que hayan sido detenidos o identificados», destaca Izquiel.

El abogado dice no tener conocimiento sobre investigaciones para determinar cómo llegaron esas armas de guerra no solo a la banda del Koki, «sino dentro de la cárcel de Tocorón y a manos de mega bandas criminales como el Tren del Llano, los denominados sindicatos mineros o la banda de Carlos Capa, que ya fue abatido pero existía y sometía a la gente en los Valles del Tuy».

«Todas ellas son organizaciones criminales que usaron ametralladoras, fusiles, nueve milímetros, y que yo sepa nunca se ha abierto una investigación en los órganos de administración del sistema de justicia para determinar de dónde salen esas armas y como llegan a manos de estas organizaciones delictivas», señala el experto en seguridad ciudadana.

En el operativo para neutralizar la banda de Carlos Luis Revete se incautaron más de 22.000 municiones, según la entonces ministra de Interior y Justicia, la almiranta Carmen Meléndez. Entonces no quedó claro si al arsenal mencionado por la funcionaria en rueda de prensa (que incluía balas de distinto calibre, incluyendo para ametralladoras y fusiles, y tres lanzacohetes) se debe sumar la gran cantidad de municiones disparadas por los delincuentes durante tres días desde diferentes puntos de la zona.

Foto: Prensa MPPIJP

Según un reportaje de TalCual días después del operativo, solo las municiones tuvieron un costo de 122.650 dólares si fueron adquiridas en su totalidad a través del mercado negro. Entre los reportes de algunos periodistas en el sitio del suceso, se comprobaron cajas de balas que llevaban el sello de la Compañía Anónima de Industrias Militares (Cavim), encargada del desarrollo, fabricación y suministro de armamento, municiones, explosivos y otros bienes para la Fuerza Armada Nacional, cuerpos públicos y entes privados.

El Ministerio Público vinculó a Isaac Pérez Recao como supuesto proveedor de estas bandas criminales. Según dijeron fiscales, recogió el diario oficialista Últimas Noticias, las armas y explosivos eran de «almacenes clandestinos» propiedad de Pérez Recao, a quien acusaron de ser supuestamente financiado por el expresidente de Fedecámaras, Pedro Carmona Estanga.

Las armas, sostuvieron los fiscales, habrían ingresado al país por intermedio de los ciudadanos Luis Guillermo Sánchez Silva y Manuel Andrés Baro Freites, supuesto personal de confianza del principal señalado.

Hay «oscuridad» sobre la información del manejo del parque de armas venezolano, recuerda Izquiel. «A veces hacen operativos como el que se hizo en la cárcel de Tocorón, que se hizo en 2023, y se da un resultado de armas incautadas, otras cosas que se encontraron allí dentro, pero nunca se profundiza la investigación sobre quiénes le dieron el pitazo al Niño Guerrero y sus secuaces para que escaparan antes del operativo, nunca se abre una investigación acerca de cómo esas armas entran a Tocorón, nunca se hizo una investigación o no se hizo pública sobre qué autoridades ampararon al Niño Guerrero dentro de Tocorón. Uno puede intuir que esas investigaciones no se abrieron o se abandonaron».

¿Quiénes estaban en los puestos de poder?

Las declaraciones de la hija del Koki apuntan hacia una «colaboración» entre el Gobierno nacional y organizaciones criminales para usarlas con fines políticos o de control. ¿Pero quiénes estaban en posiciones de poder durante su auge y caída?

Para llegar a ese punto hay que recordar la creación de las llamadas «zonas de paz». Estas fueron creadas en septiembre de 2013 por decisión del Ministerio de Relaciones Interiores, bajo el mando de Néstor Reverol para ese año, y con coordinación del entonces viceministro José Vicente Rangel Ávalos.

Dichas zonas se lograron bajo acuerdo de que las policías no entraran a los territorios determinados, a cambio de que las bandas se desarmaran. Pero los recursos que entregó el Estado para contribuir con la reinserción de delincuentes fueron utilizados para adquirir armas de mayor potencia, señaló Runrunes.

«Koki», «Garvis» y «Vampi» unificaron esfuerzos y bandas en la Cota 905, El Valle y El Cementerio, con expansión hacia zonas aledañas, desde 2015. En 2017 la Cota 905 fue declarada «zona de paz». Desde entonces la banda se fortaleció y, además, el sector funcionó como aliviadero para grupos criminales que pagaban vacuna a Revete y los suyos para aprovechar los beneficios policiales de los que gozaba esa zona de la ciudad.

Por entonces, además de Reverol y Meléndez, también pasaron por el Ministerio de Interior y Justicia Miguel Rodríguez Torres y Gustavo González López, actual ministro de Defensa. Sin embargo, sí había funcionarios que podían ingresar a la Cota 905 pese a estar bajo control criminal.

Así lo hizo la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien visitó la Cota 905 en 2017 y diciembre de 2020, esta última con el objetivo de entregar juguetes para niños de la zona.

#EnVideo || Vicepdta. Ejecutiva, @drodriven2 encabeza jornada de entrega de juguetes para los niños de la Cota 905 de Caracas: Les traemos estos juguetes para mostrarles que no hay dificultad que nos permita hacer reflejar una sonrisa en sus rostros.pic.twitter.com/38TJ2tOBeI

— Vicepresidencia Vzla (@ViceVenezuela) December 23, 2020

En la primera visita de agosto de 2017 también estuvieron presentes su hermano y entonces alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, y el ahora diputado Pedro Infante. El grupo visitó el sector Las Quintas de la Cota 905 para una actividad comunitaria «a favor de la paz» con habitantes y líderes sociales.

Sin embargo, un perfil elaborado por Insight Crime y reportajes de medios internacionales como El País señalaron que sostuvieron una reunión privada con «el Koki» para pactar la «zona de paz» y garantizar la retirada policial. Esa decisión se mantuvo con los vicepresidentes Aristóbulo Istúriz y Tareck El Aissami.

El abogado Luis Izquiel recuerda que ‘el Koki’, como líder de esa banda criminal, «es un individuo que cometió asesinatos, secuestros, robos, extorsiones, microtráfico de drogas, entre otros delitos. Quien lo haya amparado desde el poder es cómplice de todos esos delitos que tiene muchísimas víctimas dentro de la población».

«Claramente aquí debió profundizarse la investigación no solo de cómo operaba esa megabanda, sino de quienes ayudaron a que tuvieran impunidad, estuvieran armados, y esa investigación nunca se ha hecho porque las instituciones del sistema de justicia (Fiscalía, tribunales) estaban secuestrados y así permanecen todavía. Quizás en un futuro instituciones independientes puedan averiguar no sólo el tema del Koki sino de otras mega bandas criminales como el Tren de Aragua que, indiscutiblemente crecieron, se fortalecieron y probablemente se crearon con gente que los ayudaba desde el poder», afirma el especialista.

Para los años del auge de ‘el Koki’ y, presumiblemente el incremento de su poder de fuego, por la Policía Nacional Bolivariana -el cuerpo al que se le prohibió el ingreso a la Cota 905– pasaron Franklin Duque, Carlos Pérez Ampueda y el general de División Elio Estrada Paredes, quien asumió el cargo justo dos meses antes del operativo para desmantelar la megabanda.

Desde 2016, Douglas Rico ha permanecido como director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), que también participó de la operación Gran Cacique Guaicaipuro. Del lado de Cavim, la compañía que fabricó municiones y armas durante esos años, estuvieron los GD Carlos José Alexander Armas López, Ángel Enrique González Salazar y Ángel Augusto González.

Tras las acusaciones de la hija de ‘el Koki’ sobre el armamento entregado presuntamente desde el Estado, el ministro Diosdado Cabello dijo que son declaraciones «carentes de sustento probatorio» y argumentó que la difusión de tales versiones no puede ampararse bajo el principio de libertad de expresión.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

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