La Verdad Detrás del Discurso de Delcy Rodríguez sobre la Crisis Ambiental en Venezuela en la COP31

Antalya. Delcy Rodríguez defendió la expansión petrolera y presentó a Venezuela como un país que protege sus ecosistemas durante la 31.ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), que se celeba en Antalya, Turquía. Para respaldar esa imagen, aseguró en su discurso presentado en una sesión plenaria este miércoles 12 de noviembre que más de 64% del territorio nacional está protegido por ley, que se han reforestado casi 70.000 hectáreas desde 2018 y que la quema de gas por barril lleva cuatro años disminuyendo.

Esas cifras, sin embargo, no cuentan toda la historia de Venezuela, que ha perdido millones de hectáreas de cobertura arbórea y alberga territorios protegidos presionados por la minería ilegal auspiciada por el propio Estado a través de reformas legales que legitiman el modelo del Aco Minero.

Y sí, algunas de las afirmaciones de la funcionaria tienen respaldo en registros internacionales, pero necesitan contexto; otras no estuvieron acompañadas de información suficiente para comprobarlas. TalCual, en cobertura desde la ciudad anfitriona de la cumbre climática, presenta los datos que quedaron fuera de su alocución.

Áreas protegidas bajo presión minera

«Más del 64% de nuestro territorio está protegido por ley y cerca del 22% son parques nacionales», dijo Rodríguez.

La protección legal no garantiza que esos espacios estén a salvo de actividades que los degraden. En Bolívar y Amazonas, la minería de oro y otras actividades extractivas siguen presionando territorios bajo figuras de resguardo ambiental.

Clima21 ha advertido que el problema no es solo declarar un territorio protegido, sino garantizar vigilancia y capacidad para frenar las actividades que lo amenazan. Las denuncias sobre minería en los parques nacionales, como Canaima por ejemplo, muestran las dificultades para hacer cumplir esas restricciones. La organización también ha cuestionado la mercantilización de espacios naturales mediante actividades y proyectos sin controles suficientes.

Así, el porcentaje mencionado por la encargada del Ejecutivo describe la extensión del territorio que cuenta con protección legal, mas no demuestra que dicha protección sea efectiva. Para evaluar el estado de esos espacios también hay que evaluar qué actividades se desarrollan dentro de ellos y qué hace el Estado para impedir, o no, su devastación.

Reforestar mientras desaparecen los bosques

«Desde 2018 hemos reforestado casi 70.000 hectáreas», aseguró Rodríguez, quien no precisó dónde se realizaron esas jornadas ni dijo nada sobre las especies sembradas, cuántos árboles sobrevivieron o qué resultados tuvieron los programas. Sin esos datos, tampoco es posible verificar el alcance de la cifra que compartió.

Los registros de Global Nature Watch muestran otra dimensión del problema, que es que entre 2001 y 2025, Venezuela perdió 2,6 millones de hectáreas de cobertura arbórea, equivalentes a 5% de la existente para el año 2000. Esa pérdida estuvo asociada a 1,2 gigatoneladas de emisiones de dióxido de carbono equivalente. 

El registro atribuye 1,8 millones de hectáreas de pérdida a la agricultura permanente y 56.000 a actividades extractivas. Además, entre 2021 y 2025, 89% de la pérdida de cobertura arbórea ocurrió en bosques naturales. En ese mismo período, por cierto, desaparecieron 350.000 hectáreas de este tipo de bosque, asociadas a 170 millones de toneladas de emisiones de carbono. 

Alejandro Álvarez, coordinador de Clima21, lleva años advirtiendo sobre la velocidad de la deforestación en la Amazonía venezolana. En 2023, en entrevista con Mongabay Latam, afirmó que «la velocidad de crecimiento de la deforestación amazónica en Venezuela es la más alta en la región. Particularmente la del bosque primario».

La pérdida de cobertura arbórea no demuestra que el Gobierno no haya reforestado las hectáreas que anunció, pues son indicadores distintos. Pero sí evidencia que los esfuerzos de reforestación no han impedido la pérdida de bosques a gran escala y, de hecho, las proyecciones para 2030 no son nada alentadoras. Se estima que la degradación forestal podría arrasar con 1.5 millones de sabanas y bosques, es decir, medio millón más que en la década anterior. 

Menos quema por barril, pero no menos gas quemado

«Nuestro país viene reduciendo la intensidad de quema por barril durante cuatro años consecutivos» soltó Delcy Rodríguez en el segundo día de negociaciones de alto nivel en la COP31. 

La afirmación tiene respaldo en los registros del Banco Mundial, pero deja por fuera una diferencia importante, que es que en 2024, la intensidad de quema de gas en Venezuela cayó 13%, mientras que el volumen total quemado se mantuvieron prácticamente sin cambios.

Esto ocurrió porque la producción petrolera venezolana aumentó 12% ese año, principalmente por la actividad en la Faja Petrolífera del Orinoco, donde «el crudo tiene una baja relación entre gas y petróleo». En otras palabras, al producir más barriles y mantener casi igual la cantidad de gas quemado, el indicador por barril disminuyó.

«A pesar de esta marcada disminución en la intensidad de la quema en antorcha, Venezuela mantiene una de las intensidades de quema en antorcha más elevadas del mundo», reseñó el Banco Mundial en su Informe del seguimiento global de la quema de gas de 2025, en el que también señaló que el país no cuenta con un marco regulatorio nacional integral para controlar esta práctica.

Entonces, la caída de la intensidad no significa que la industria esté quemando menos gas y eso es una diferencia super relevante en un discurso que defiende ampliar la actividad petrolera y presenta la disminución de ese indicador como un avance ambiental.

También hay pobreza energética en Venezuela

«Hoy 655 millones de personas siguen sin acceso a la electricidad y 2.000 millones carecen de alternativas limpias para cocinar. La descarbonización no puede profundizar la pobreza energética ni castigar a los más vulnerables».

Las cifras que dio la funcionaria venezolana son correctas. Fueron presentadas por la Organización Mundial de la Salud en junio de este año y, por tanto, corresponden al contexto mundial. No describen directamente la situación venezolana, en donde también hay hogares que, ante la falta de gas doméstico, terminan cocinando con leña.

En Venezuela, la falta de gas doméstico también obliga a las familias a recurrir a combustibles contaminantes para cocinar. Hace cinco años, el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP) encontró que tres de cada 10 hogares utilizaban leña para preparar sus alimentos debido a la escasez de gas. En 2023, HumVenezuela registró que 13,5% de los hogares no disponía del servicio y debía recurrir a otras fuentes de energía, entre ellas leña, gasoil y carbón.

La precariedad del suministro no solo afecta la vida cotidiana de las familias, sino que también las empuja a utilizar alternativas que tienen un impacto ambiental y sanitario. Es una dimensión de la pobreza energética del país que no apreció en el discurso de Delcy Rodríguez.

Las afirmaciones expuestas en el foro multilateral no son todas falsas, pero sí ofrecen una imagen incompleta de la situación ambiental venezolana. Su discurso construyó una imagen de responsabilidad verde a partir de indicadores aislados, pero dejó sin responder una pregunta de fondo, aquella que ahonda en ¿cómo puede el oficialismo presentar a Venezuela como un país carbono neutral y defensor de sus ecosistemas mientras promueve la expansión petrolera, mantiene territorios protegidos bajo presión minera y no demuestra que sus medidas estén frenando la degradación ambiental?

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.