La Derogación de la Ley de Amnistía: Implicaciones para la Seguridad Jurídica en Venezuela

No sé qué tan atentos están los organismos norteamericanos que siguen las señales de todo tipo que envía el interinato, sobre todo las que manda sin darse mucha cuenta.

Ahí tenemos la derogatoria, extinción de vigencia o quién sabe qué de la Ley de Amnistía, medida tomada por la persona que ejerce el Poder Ejecutivo en Venezuela. Para utilizar la expresión española, es una decisión que tiene “mucha miga”. Tanta, que Jorge Arreaza tuvo que salir corriendo a remendar el capote que tan descuidadamente había desgarrado la autoridad interina.

De qué ley se trató es, a los efectos de este artículo, lo de menos. Lo que importa es que el Poder Ejecutivo en funciones, en manos de una abogada —para más cuento—, mostró que el Estado de derecho le importa un comino; que le es un elemento extraño, que no está en su ADN, para usar una expresión frecuente.

El CEO de Chevron, la empresa petrolera que mejores relaciones ha tenido con quienes han gobernado Venezuela en los últimos años y la que, por lo tanto, estaría en mejor posición para sacar provecho de las aperturas y recuperaciones supuestamente en agenda, ha declarado que falta mucho por hacer para que las inversiones gruesas puedan venir al país. Seguro no tenía en mente el alto ejecutivo meras reformas de leyes. Esas se pueden hacer en segundos. “Aprobado por unanimidad”. Tenía en mente un compromiso, un modo de funcionar que trasluzca una creencia real en la seguridad jurídica y el respeto a la ley.

Eso es mucho pedir del interinato. Nunca han creído en eso, así como tampoco en la soberanía popular. No tienen cómo creer en eso. Ni por formación ideológica —si algo de eso hubo o queda— ni por la ya larga experiencia de gobierno, que es toda una vitrina de las diversas maneras en que puede violarse el Estado de derecho. Son casi treinta años de aprendizaje de que el derecho no importa. El mejor lema de este ciclo se pronunció hace años: “¡Exprópiese!”.

Hoy fue la Ley de Amnistía. Mañana puede ser cualquier otra. No es necesario que esto ocurra de la manera como fue defenestrada la pobre ley. Sería raro que se repitiera una escena tan escabrosa, aunque nunca se sabe. Pero, con los remilgos formales que se quieran usar para pasar por encima del derecho, el interinato es genéticamente incapaz de ofrecer seguridad jurídica ni a las empresas ni a las personas.

Los venezolanos nos dimos cuenta pronto del desaguisado jurídico y de sus implicaciones. Al minuto surgieron numerosos comentarios en el sentido de este artículo. Ojalá la duda expresada en sus primeras líneas no sea justificada y que, así como los comentaristas vernáculos lo han dicho —y quizás lo atisbó el mismo CEO de Chevron—, los gobernantes estadounidenses saquen la misma conclusón que la extraña muerte de la Ley de Amnistía indica: mientras no haya un cambio político real, en Venezuela será imposible tener un mínimo de seguridad jurídica.

La opinión emitida en este espacio refleja únicamente la de su autor y no compromete la línea editorial de La Gran Aldea.